El capital contra Milei

Por Ulra 

El riesgo país argentino trepó a 797 puntos básicos el 2 de noviembre, frente a los aproximadamente 400 de julio. El dato incomoda a un Gobierno que hizo de la confianza de los mercados su principal promesa de estabilidad. La pregunta que abre no es solo financiera: ¿por qué un oficialismo identificado con las exigencias del capital financiero no consigue asegurarse su confianza?

Resulta que el riesgo país compara el rendimiento de determinados bonos soberanos con el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos usados como referencia. Cada 100 puntos básicos equivalen a un punto porcentual de diferencia: 797 puntos representan un rendimiento adicional de aproximadamente 7,97 puntos sobre esa referencia.

El indicador no es neutral. Nació en los años noventa de la mano de J.P. Morgan, que construyó la familia de índices EMBI con reglas propias para seleccionar y ponderar títulos de deuda. Fue en esa década, la de las privatizaciones y la convertibilidad, cuando "el riesgo país" pasó de jerga de mesa de dinero a noticia de apertura, y desde entonces se volvió un número que los argentinos aprendieron a leer como un termómetro. No mide el bienestar de una sociedad: registra condiciones del mercado de deuda.

Para dimensionar el nivel actual conviene recordar que en la previa del default de 2001 el indicador superó los 7.000 puntos. Hoy no estamos ahí, pero la dirección de la curva es lo que inquieta. Cuando baja el precio de un bono, aumenta el rendimiento que obtiene quien lo compra a ese nuevo precio, siempre que se cumplan los pagos comprometidos. Esa relación explica por qué las ventas de títulos pueden elevar el riesgo país. Para el Estado capitalista, la dificultad aparece cuando necesita emitir nueva deuda o refinanciar vencimientos: los compradores pueden exigir rendimientos mayores. No aumentan automáticamente los intereses de todas las obligaciones existentes, pero sí puede encarecerse o restringirse el financiamiento futuro. La interpretación oficial atribuye la suba al temor a una eventual alternancia política. Las expectativas electorales pueden influir, pero hay una explicación más cercana que el Gobierno evita, el deterioro responde también a la evolución de la economía local, y discutirlo obliga a hablar de los resultados del gobierno presente.

La deuda creció aunque haya superávit fiscal

La deuda bruta de la Administración Central alcanzó en septiembre de 2026 los US$486.628 millones, un incremento de US$61.334 millones respecto de noviembre de 2023. Es necesario distinguir ese aumento del stock de la entrada efectiva de dólares: intervienen nuevas emisiones, intereses capitalizados y cambios de valuación, entre otros movimientos. El superávit fiscal y el crecimiento de la deuda pueden coexistir porque no describen lo mismo. El primero es un resultado de ingresos y gastos de un período; la segunda es un stock de obligaciones cuyo valor también cambia por operaciones financieras y ajustes de valuación. En septiembre, el Gobierno informó un superávit financiero de $977.173 millones, mientras la deuda bruta aumentó un 0,35%. Exhibir equilibrio en las cuentas fiscales no demuestra que el problema del endeudamiento haya desaparecido.

El drenaje de divisas

Una parte importante de las divisas se dirige a la adquisición privada de activos externos. Se estima una formación de activos externos acumulada de US$48.804 millones desde el comienzo del gobierno de Milei hasta agosto de 2026, y de US$18.700 millones solo en los primeros ocho meses de este año. El mecanismo funciona sobre el balance externo. Cuando los ingresos comerciales y financieros no alcanzan para cubrir la adquisición de activos externos, los pagos de intereses, los servicios y otros egresos, la diferencia exige financiamiento adicional, utilización de reservas u otros ajustes. Para los primeros ocho meses de 2026, el superávit comercial fue de US$23.000 millones, frente a US$37.700 millones de egresos conjuntos por formación de activos externos, intereses, déficit de servicios y utilidades. En esa cuenta, es el endeudamiento lo que sostiene el desequilibrio.

Los datos del Banco Central permiten observar otro límite. En septiembre, la entidad compró US$474 millones y acumuló adquisiciones por US$14.581 millones en el año. Sin embargo, las reservas internacionales brutas terminaron el mes en US$46.092 millones, con una caída mensual de US$2.167 millones. El organismo atribuyó esa disminución principalmente a pagos de capital e intereses a organismos internacionales y a cambios de valuación de sus activos. Comprar dólares no garantiza acumularlos: los compromisos financieros pueden absorber parte de ese esfuerzo.

A eso se agrega la apreciación real del peso: el tipo de cambio real bilateral con Brasil retrocedió un 7,2% y el multilateral un 2% en el período analizado. La calma nominal del dólar puede convivir con un encarecimiento relativo de la producción argentina y con mayores exigencias de los acreedores.

El capital no da lealtad política

La contradicción no consiste en que los mercados hayan abandonado sus principios y se hayan vuelto contra un gobierno favorable a sus intereses. Consiste en que el capital no ofrece lealtad política a cambio de disciplina, exige condiciones de valorización. Un programa puede favorecer a los propietarios de activos y, al mismo tiempo, enfrentar desconfianza sobre su capacidad para sostener los pagos futuros. La afinidad ideológica con los acreedores no reemplaza los dólares necesarios para cumplir los vencimientos. Podría objetarse que el riesgo país también sube por factores globales o por la incertidumbre electoral. Es cierto que influyen. Pero ninguno de esos factores explica por sí solo por qué las garantías ofrecidas hasta ahora no alcanzan para que los inversores acepten financiar al Estado en las mismas condiciones que meses atrás.

"El capital contra Milei" no significa necesariamente el capital contra su programa social. La presión financiera puede convertirse en una exigencia de profundizarlo, mayores garantías de cobro, nuevas fuentes de financiamiento y más recursos destinados al servicio de la deuda. El conflicto decisivo aparece cuando esas exigencias se presentan como una necesidad de toda la sociedad y se pretende que los trabajadores absorban sus costos mediante menores salarios, jubilaciones deterioradas o recortes en los servicios públicos.

La pregunta de fondo

La deuda, la adquisición privada de activos externos y la presión de los acreedores deben analizarse como partes de una misma disputa por el excedente social. El Estado capitalista compromete recursos futuros, mientras los propietarios privados conservan capacidad de decidir dónde colocar su riqueza. Si las pérdidas y las obligaciones terminan socializándose, pero las ganancias y las decisiones de inversión permanecen privatizadas, la estabilidad financiera se construye sobre una relación de clase. La pregunta central deja de ser cómo convencer al capital de que confíe en Milei y pasa a ser por qué las condiciones de vida de la mayoría deben quedar subordinadas a esa confianza. El riesgo país mide eso, no el bienestar, sino el precio que la sociedad paga por la desconfianza de unos pocos.

Conclusión para los lectores y lectoras

Una huelga general puede derribar a Milei, pero solo si deja de ser una protesta y se vuelve, a la vez, en una crisis económica y política.

En las primeras 48 horas pararían el transporte y buena parte de la industria. Hasta ahí, el Gobierno puede resistir, como resistió los paros de la CGT: se anuncian con fecha, se levantan a tiempo y sirven para negociar y descomprimir el conflicto, no para ganarlo. La situación cambia si la huelga se prolonga. Entran los puertos y los aceiteros, y se corta la entrada de dólares. Con los bancarios frenando los pagos, se desata la corrida cambiaria y se disparan el dólar y el riesgo país. Los hospitales siguen funcionando con guardias mínimas, bajo control de sus propios trabajadores.

Hacia la segunda semana, con desabastecimiento de combustibles y con gobernadores y legisladores tomando distancia, el Gobierno queda frente a una disyuntiva: ceder en lo central, aumentar salarios, dar de baja la reforma laboral antiobrera, o reprimir. Reprimir puede ampliar el conflicto en lugar de contenerlo, como pasó en 2001.

El obstáculo no es la fuerza del Gobierno, sino quienes lo sostienen. El peronismo le garantiza gobernabilidad en el Congreso y en las provincias, y la dirección de la CGT frena el paro cada vez que amenaza con desbordarla, porque mientras en una época su lugar estaba entre el capital y los trabajadores, en la actualidad está con el capital, con el voto peronista y necesario de la reforma laboral de Milei contra los trabajadores y con el FMI. Una huelga que aguante solo puede venir de abajo: de las bases, los cuerpos de delegados y los gremios combativos, coordinados en comités de huelga, piquetes y asambleas por fábrica y por zona.

Esa organización decide el desenlace. Si cayera Milei y los trabajadores no tuvieran un poder propio, asumiría Villarruel: caería el presidente, pero no el rumbo. Por eso la huelga no puede detenerse en la salida de Milei. Tiene que continuar hasta que la clase trabajadora, organizada desde sus lugares de trabajo, se plantee gobernar.

A quienes dicen que hay que combatir el fascismo defendiendo la democracia formal, hay que responderles que ese camino ya fracasó: la democracia que deja intactos el poder del capital y la deuda es el terreno donde crecen los Milei. El fascismo no se derrota con más institucionalidad, sino quitándole su base material, que es el dominio del capital financiero y del imperialismo sobre el país. Eso solo lo puede hacer la clase trabajadora con su propia fuerza. Huelga general.

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