"Un sindicato que exige no despedir y despide puertas adentro: la paradoja del SUTNA"

Por Ulra con un informe de un trabajador de Fate y un trabajador del sindicato.

Ha salido una denuncia importante del Frente Multicolor del Neumático que cuestiona la prolongación de elecciones y la falta de representación en la seccional. Bajo la consigna "¡Crespo sin dar la cara en fábrica anuncia la extensión del abandono!", el espacio reclama elecciones inmediatas y acusa a la Comisión Directiva del SUTNA de postergar otros seis meses la recuperación de la representación gremial, sin convocar a una asamblea que discuta la decisión. Vincula además la falta de delegados elegidos democráticamente con la debilidad de los trabajadores frente a los atropellos patronales.

El planteo expone un problema de democracia sindical. En un gremio atravesado por despidos, cierres, deterioro sanitario y cuestionamientos a su administración, la representación de fábrica no es una formalidad: es estratégica. Es lo que permite que los trabajadores resuelvan cómo luchar, controlen las negociaciones y fiscalicen a quienes los conducen. La crítica de la Multicolor coincide con los testimonios públicos de trabajadores de Fate que objetan la escasez de asambleas y el rumbo del conflicto.

Fate: una lucha emblemática frente al cierre patronal

El conflicto de Fate está en el centro de esta crisis. El 18 de febrero de 2026 la empresa anunció el cierre de su planta de San Fernando, que afectaba inicialmente a unos 920 trabajadores. La resistencia incluyó la permanencia dentro de la fábrica y un acampe de familiares en la puerta. Por septiembre, los  trabajadores estuvieron apostados en los techos  y un real acampe en la vereda con las familias sosteniendo la carpa con más de siete meses de conflicto. Hoy se cumplen más de ocho meses desde el anuncio.

Esa continuidad hizo de Fate una lucha emblemática contra la destrucción de puestos de trabajo. Son trabajadores heroicos y nos marcan un camino desde la base. Detrás de los expedientes hay familias que pasaron noches de acampe y soportan el desgaste de una incertidumbre sin fecha. En una entrevista publicada el 9 de octubre, trabajadores de la Lista Marrón y compañeros independientes hablaron de agotamiento, estrés y una distancia creciente entre quienes sostienen la fábrica y la orientación sindical. Expresaron el balance de un sector que no se tiene en cuenta y al que no se deja representar como expresión de minoría; no se los puede descartar sin discusión. Es una tendencia real en la fábrica y la lucha.

La amenaza de desalojo es concreta. La orden dictada en septiembre agravó la tensión, hasta que el 29 de septiembre la Sala II concedió el recurso de Casación presentado por el SUTNA y la medida quedó suspendida. Los entrevistados subrayaron que suspensión no es anulación: es una amenaza judicial que sigue abierta, sin que corresponda presentarla como una ejecución inminente. También señalaron las hostilidades concretas de la seguridad privada y posibles episodios de presión policial.

Crespo y el Partido Obrero: los límites de una orientación

La responsabilidad política de Alejandro Crespo y del Partido Obrero es que mostró un límite en su capacidad de convertir la resistencia de Fate en una lucha de conjunto. Los trabajadores entrevistados por Izquierda Web cuestionaron una orientación "legalista, administrativa, jurídica", denunciaron pocas asambleas y señalaron que se desaprovechó la disposición inicial a pelear. Reclamaron extender el conflicto y coordinarlo con otros sectores, como salud, estudiantes y jubilados.

Aunque hubo acciones —el SUTNA impulsó movilizaciones y obtuvo resoluciones favorables—, las mismas quedaron dentro de la legalidad del conflicto. Según lo publicado el 20 de octubre, el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 17 dispuso transferir cerca de $1.200 millones para unos 200 trabajadores, por salarios devengados entre marzo y junio. La medida excluía a quienes firmaron retiros voluntarios y no resolvía la reapertura. Tampoco está comprobado que todos esos pagos se hayan efectivizado, y fueron muy por lo bajo de lo esperado por los compañeros.

Sostenemos la pregunta estratégica de qué valor ocupa el expediente. Recuperar salarios es una conquista material para familias que llevan meses de incertidumbre. Pero un fallo favorable no devuelve el trabajo ni reactiva la producción. El problema empieza cuando la vía judicial deja de ser una herramienta de la organización obrera y pasa a ser su sustituto. El balance debe examinar esa relación entre lucha, negociación y tribunales, sin negar los resultados parciales para cantar victoria artificialmente.

También hay que precisar las cifras. Los "920 afectados" por el cierre ya no son "más de 2.100 trabajadores de Fate". Esa cifra, si alude a una intervención conjunta del neumático, es una propuesta de movilización del sector y no la plantilla de la fábrica. La discusión defendible es otra: por qué no se logró una intervención sostenida del gremio en su conjunto que modificara la relación de fuerzas.

El Partido Obrero sostiene la lectura opuesta. En un artículo del 12 de agosto, Prensa Obrera defendió la actuación del SUTNA y reivindicó la permanencia junto a los trabajadores, pero no se tomaron las máquinas con la totalidad de los trabajadores: solo se montó una carpa en los pasillos de las instalaciones, no dentro de los cuartos de las máquinas que fueron custodiados por la seguridad privada. Cuando esta política fue cuestionada, respondieron con golpes a las corrientes opositoras. Como superación de esta política, sostenemos que la controversia se resuelve examinando decisiones, convocatorias, actas y propuestas, no convirtiendo las acusaciones de una corriente en intenciones confesadas de la otra.

El gobierno de Kicillof y el riesgo de subordinación política

La relación con el gobierno bonaerense forma parte del balance. En septiembre, Crespo reclamó que Axel Kicillof se pronunciara y actuara frente al desalojo. Muchos compañeros expresaron que se había presentado un proyecto de ocupación temporal sin obtener respuesta. En octubre, trabajadores entrevistados por Izquierda Web volvieron a señalar la distancia entre los discursos del gobernador sobre la crisis industrial y la ausencia de una solución concreta para Fate.

Exigir una intervención provincial no es, en sí mismo, seguidismo al peronismo. Una organización obrera puede exigirle medidas al Estado sin depositar confianza en él. La subordinación aparece cuando el reclamo se vuelve espera indefinida, cuando se atenúa la denuncia a la responsabilidad gubernamental o cuando las necesidades políticas del oficialismo condicionan la lucha. Los testimonios de los compañeros permiten discutir ese riesgo de cristalización de una política legalista.

La asamblea: quién decide la continuidad de la resistencia

En la próxima asamblea que mencionan los trabajadores se concentra un temor: que se use para imponer el levantamiento de la permanencia en los tanques y pasar a una distancia "más legal", en lugar de discutir cómo fortalecerla. Ese temor merece ser escuchado, aunque todavía no hay una propuesta documentada de Crespo que permita afirmar que la decisión está tomada.

Lo central es que quienes sostuvieron la resistencia decidan con información completa. La situación judicial, los fondos, las negociaciones y las alternativas tienen que discutirse abiertamente. Si la asamblea se limitara a ratificar lo resuelto por la dirección, profundizaría el problema que denuncia la Multicolor: reemplazar la deliberación de los trabajadores por decisiones tomadas fuera de la fábrica.

Crisis interna en el propio aparato del sindicato

Hay otra crisis, menos visible, que no ocurre en las puertas de Fate sino puertas adentro del SUTNA. Según las denuncias que llegaron a esta redacción, trabajadores que se desempeñaban en tareas administrativas, sectores de gestión, en el funcionamiento de los espacios recreativos, los hoteles y otras dependencias del sindicato fueron desvinculados o dejados en el limbo. Los relatos hablan de contrataciones bajo monotributo, sin reconocimiento de la relación de dependencia, con salarios adeudados que en algunos casos llegarían a nueve meses de trabajo sin cobrar. Todavía no hay expedientes ni documentación individual que corroboren estos casos, por lo que se presentan como denuncias.

Según esos testimonios, muchos ya se consideran despedidos, aunque todavía no iniciaron juicio por sus derechos. Cuentan que se les niega el reconocimiento de la obra social y que no acceden al seguro por desempleo. Sobre este último punto conviene una aclaración: la prestación por desempleo está ligada al trabajo registrado en relación de dependencia, y un vínculo encubierto bajo la figura del monotributo suele dejar a la persona fuera. Si esa fuera la situación, el reconocimiento de la relación laboral sería la llave de todo lo demás: salarios, obra social y cobertura.

Lo más grave del relato no es solamente la deuda. Es la respuesta que habrían recibido: estos trabajadores pidieron solidaridad a sus compañeros del sindicato y la respuesta habría sido que esperen, mientras otros, cercanos a la conducción, siguen cobrando sus sueldos. Si se acredita, la contradicción es grave: una organización que existe para defender derechos laborales estaría pidiendo paciencia a quienes sostienen sus propios servicios, sin garantizarles el ingreso mínimo para vivir.

Ahí aparece una paradoja política en un sindicato que se autoproclama de izquierda y clasista. El argumento más fuerte de cualquier sindicato frente al cierre de una fábrica es que nadie debe quedar afuera y que el trabajo existente se defiende entre todos. Esa lógica, que la tradición trotskista condensó en la consigna del reparto de las horas de trabajo entre todos los brazos disponibles sin afectar el salario, no puede valer para la patronal y dejar de valer en la puerta de al lado, dentro de la estructura del propio gremio. Un sindicato que le exige a Fate que no despida no puede resolver su propia crisis despidiendo, o dejando sin cobrar, a quienes le sirven a diario.

Desde nuestra perspectiva, la salida es otra: hay que pelear para ganar, pero si caemos luchando, caemos todos juntos. El sindicato tiene que ponerse al frente de la lucha contra el lockout patronal, y el norte de esa lucha es la recuperación de la fábrica sin indemnización y su puesta bajo control de los trabajadores. Esa es la única salida de fondo, y es también la enseñanza que debe dejar este conflicto: las fábricas que los patrones cierran o vacían se disputan, y se disputan hasta el final.

Mientras tanto, la conducción argumenta que no tiene ingresos para sostener a sus contratados ante esta situación excepcional. Aun si el lockout redujo la recaudación, eso no justifica dejar a nadie sin cobrar: los ingresos del sindicato deben tratarse como una cuestión política y repartirse de manera democrática y transparente. Frente a la patronal, planteamos repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, porque la empresa tiene ganancias con qué pagarlo. El sindicato no es una empresa: no tiene ganancias, en parte, que tocar y su única fuente son las cuotas de sus afiliados y recursos de hoteles y otras actividades que argumentan que dan pérdidas. Con ese ingreso limitado, repartir el trabajo para no despedir a nadie implica que el salario también se reparta, y que todos, empezando por quienes dirigen, cobren menos.

La alternativa, que unos queden protegidos mientras otros esperan sin salario, es la que destruye la confianza que sostiene a una organización obrera.

Puse la expropiación y el control obrero en el primer párrafo, como horizonte estratégico, y la enseñanza del conflicto en la última oración de ese mismo párrafo. Si preferís que esa enseñanza cierre la nota en vez de abrir el párrafo, la muevo al final.

La exigencia concreta es transparentar cuántas personas trabajan o trabajaron para el sindicato y sus dependencias, bajo qué modalidades, qué tareas cumplían, cuánto se les adeuda y qué pasó con quienes dejaron de prestar servicios. La crisis de recaudación, aun documentada, no reemplaza una explicación sobre las decisiones de contratación y administración.

Las cuentas, la obra social y el papel de Pablo Heller

Los cuestionamientos administrativos son anteriores al cierre de Fate. El 14 de julio de 2025, Política Obrera publicó que Fernando Rey Martínez, tesorero del sindicato y vinculado a la Lista Azul, envió una carta documento a Crespo reclamando información contable, financiera y patrimonial desde el 1.º de enero: extractos bancarios, movimientos de fondos, contratos, pagos y documentación respaldatoria. La nota recogió también cuestionamientos de la Lista Granate y una denuncia sobre la renuncia de un revisor de cuentas de OSPIN. Son denuncias publicadas por una corriente opositora, no conclusiones de una auditoría independiente.

En agosto de 2025, la misma publicación identificó a Pablo Heller como contador del SUTNA y dirigente del Partido Obrero, en un artículo que mencionaba una denuncia de la Lista Independiente-Naranja sobre un supuesto desfalco en la obra social. Eso muestra que su actuación fue cuestionada públicamente, pero no que haya prueba de un desfalco ni que exista responsabilidad penal acreditada. Para atribuir responsabilidades administrativas concretas hacen falta balances, dictámenes, funciones formalmente asignadas y documentación de las operaciones. Por eso se debe un balance a los trabajadores.

El 4 de agosto de 2026, Pablo Busch publicó en Política Obrera una denuncia sobre el deterioro de OSPIN, dificultades de acceso a tratamientos y medicamentos, cambios de prestadoras y problemas de cobertura para pacientes oncológicos y personas con discapacidad. Afirmó también que existían aportes jubilatorios y de obra social retenidos e impagos del período 2021-2025, y que una asamblea había autorizado vender inmuebles para afrontar obligaciones. La gravedad de esas afirmaciones exige una respuesta documentada y su comprobación en los registros contables y previsionales. ¿Qué espera Crespo?

La autorización de vender bienes aparece también en los testimonios recogidos por Izquierda Web. La coincidencia entre fuentes opositoras fundamenta la exigencia de saber qué bienes se autorizó vender, qué obligaciones se buscaba cancelar y cómo se controlaría el destino de los fondos. No demuestra por sí misma una administración ilícita.

Siguen sin corroborarse los juicios de prestadoras, la negativa de contadores a avalar ciertas presentaciones y el envío de documentación de los balances con solo la firma de Crespo al Ministerio de Trabajo. Deben investigarse, pero no incorporarse como irregularidades probadas. Lo mismo vale para la situación de los trabajadores contratados.

Un balance que una la defensa del empleo con el control obrero

La situación la caracterizamos de esta manera: el ataque patronal contra los puestos de trabajo, una controversia estratégica sobre la conducción de la resistencia y una crisis interna que alcanza la representación, la obra social y la administración sindical. Confundirlas impide establecer responsabilidades, pero separarlas por completo oculta cómo se condicionan entre sí. La denuncia de la Multicolor y los testimonios de Fate señalan, desde posiciones distintas, un mismo problema: la distancia entre las decisiones de la dirección y la intervención efectiva de los trabajadores.

La salida no puede ser exigir sacrificios indefinidos a quienes llevan meses sosteniendo la permanencia, ni pedir confianza sin información sobre cuentas y negociaciones, ni desconocer los fallos que permiten recuperar ingresos indispensables. La discusión es cómo poner cada recurso al servicio de recuperar el trabajo y de una organización independiente de la patronal y del poder político.

De nuestro lado caracterizamos que el balance de Crespo y del Partido Obrero se hace sobre esa capacidad de organización y no solo sobre la identidad partidaria o el lenguaje combativo. Defender a quienes enfrentan el cierre de Fate y esclarecer la situación de quienes trabajaron para el propio sindicato no son tareas contrapuestas. Una organización obrera no puede reclamarle derechos al capital y sustraer sus propias relaciones laborales, su patrimonio y sus decisiones del control de los trabajadores. Desde nuestra perspectiva, la salida es otra: hay que pelear para ganar, pero si caemos luchando, caemos todos juntos. El sindicato tiene que ponerse al frente de la lucha contra el lockout patronal, y el norte de esa lucha es la recuperación de la fábrica sin indemnización y su puesta bajo control de los trabajadores. Esa es la única salida de fondo, y es también la enseñanza que debe dejar este conflicto: las fábricas que los patrones cierran o vacían se disputan, y se disputan hasta el final.

Mientras tanto, la conducción argumenta que no tiene ingresos para sostener a sus contratados ante esta situación excepcional. Aun si el lockout redujo la recaudación, eso no justifica dejar a ningun miembro del sindicato sin cobrar: los ingresos deben tratarse como una cuestión política y repartirse de manera democrática y transparente. Frente a la patronal, planteamos repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, porque la empresa tiene ganancias con qué pagarlo. El sindicato no es una empresa: no tiene ganancias que tocar y su única fuente son las cuotas de sus afiliados. Con ese ingreso limitado, repartir el trabajo para no despedir a nadie implica que el salario también se reparta, y que todos, empezando por quienes dirigen, cobren menos.

La alternativa, que unos queden protegidos mientras otros esperan sin salario, es la que destruye la confianza que sostiene a una organización obrera. Por eso planteamos la reincorporación inmediata a la estructura del sindicato de todos los compañeros contratados que hoy están sin cobrar, porque una organización obrera no puede exigirle a la patronal lo que ella misma no cumple con sus propios trabajadores.

¡Defendamos a todos los trabajadores de Fate! ¡Que los trabajadores del sindicato sean reincorporados! ¡No dejemos tirados a ningún compañero! ¡Todos adentro para luchar con más fuerza! ¡Sumemos a luchar!