Subte: una elección en medio de la crisis de dirección

La elección de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, AGTSyP-Metrodelegados, prevista para el 26 de noviembre, puede ser una de las disputas sindicales más importantes del año. Será la primera desde la muerte de Roberto "Beto" Pianelli y se realizará cuando la conducción histórica del gremio atraviesa una crisis de sucesión, diferencias políticas internas, un conflicto abierto con la concesionaria Emova y una causa penal que imputa a 171 trabajadores y trabajadoras por "asociación ilícita". Desde 2011, Pianelli y Néstor Segovia dirigieron una organización nacida de la ruptura de trabajadores del subte con la Unión Tranviarios Automotor. Aquella separación fue producto de una lucha contra la burocracia de la UTA, sus patotas y la patronal Metrovías.

En las actuales elecciones sindicales hay un problema actual que no empezó con la muerte de Pianelli. La sucesión dejó expuesto un desgaste político más profundo. El sector identificado con el pianellismo debate si llevará una candidatura propia o si sostendrá una alianza con Segovia. Una división del oficialismo modificaría por completo la elección, porque la izquierda ya demostró que posee una base electoral significativa dentro del gremio. La crisis de la AGTSyP debe leerse en este cuadro político: por un lado, existe una pugna de aparato y de herencia de conducción. Por otro, hay una discusión sobre el tipo de organización, un sindicato controlado por una conducción estable, con capacidad de negociar y administrar conflictos, o una herramienta basada en asambleas, mandato de base, rotación de cargos y acción común de efectivos, contratados y tercerizados. La conquista de la jornada laboral de seis horas, vinculada con la insalubridad propia del trabajo subterráneo, fue resultado de la organización y de la lucha sostenida de los trabajadores del subte. En ese proceso incidieron tanto la intervención de una bancada obrera en la Legislatura como las movilizaciones en curso, que colocaron la cuestión de las condiciones laborales y la reducción de la jornada en la agenda pública y parlamentaria. Sin embargo, el legislador Altamira no logró transformar esa intervención en una organización clasista mayoritaria dentro del subte. Esto estuvo vinculado, por un lado, a una orientación excesivamente concentrada en el terreno legislativo y, por otro, a una política sectaria hacia las bases obreras. A ello se sumaba una herencia política marcada por la influencia del centrismo, procedente tanto de experiencias previas, como el MAS y sus divisiones (PTS, MST, IS, PSTU, DO, PRS, FOS, LS, CS y otros) como de la propia evolución del Partido Obrero, que posteriormente terminaría cediendo a una orientación de características similares. Como producto de la presión ejercida por la lucha obrera, la burguesía y el Ministerio de Trabajo se vieron obligados a reconocer jurídicamente la creación de un sindicato propio. La obtención de la personería jurídica no fue una concesión espontánea del Estado, sino el resultado de un proceso de movilización que, aunque de modo todavía parcial y circunstancial, cuestionó la subordinación de los trabajadores del subte a la vieja estructura sindical, encarnada por la UTA, y a la tutela política del peronismo y del Estado.

El antecedente de la crisis del pianellismo es 2014, y permite comprender que las tensiones políticas dentro de Metrodelegados vienen de lejos. En el paro general de abril de aquel año, Pianelli y Segovia fueron cuestionados por sectores de izquierda por haberse pronunciado contra la huelga y por haber intentado garantizar la circulación del servicio. En la Línea B se realizó una asamblea y se resolvió parar, en contraste con la orientación de la dirección del gremio. Fue un quiebre a la conciliación de clases importante, y la crítica publicada entonces por la izquierda se fundamentaba en que Pianelli y Segovia se habían alejado de la tradición de lucha que había dado origen al sindicato independiente de la UTA, y ubicaba a Pianelli en el espacio kirchnerista de Martín Sabbatella y a Segovia en MILES, la fuerza encabezada por Luis D'Elía, con pertenencia a la CTA de Hugo Yasky. El fondo del problema es político: una dirección sindical surgida de una lucha antiburocrática puede, con el tiempo, transformarse en una estructura de contención de los conflictos si sustituye la deliberación de las bases por negociaciones de cúpula. Se convirtieron en kirchneristas. El pasaje no es mecánico, pero es un riesgo real cada vez que se consolidan reelecciones prolongadas, secretarías sin renovación y decisiones alejadas de la asamblea.

Por otro lado, el negocio privado sobre el subte no nació con Milei ni con Emova. La última dictadura abrió un ciclo de desmantelamiento de empresas públicas y transferencia de infraestructura al capital privado que los gobiernos constitucionales no revirtieron. La concesión concreta de la red se formalizó bajo Carlos Menem: el decreto 2.074/1990 dispuso privatizar el servicio, la resolución 1.386/1993 adjudicó la operación a Metrovías S.A. y el decreto 2.608/1993 la confirmó. Desde el 1° de enero de 1994, Metrovías operó el subte y el Premetro, mientras SBASE conservó la propiedad, el desarrollo y el control formal de la red. Esa concesión se prolongó, con prórrogas y renegociaciones, a través de los gobiernos de Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández. En 2020, SBASE adjudicó un nuevo contrato a Emova Movilidad S.A. por 12 años, con opción a 3 más, y Emova asumió la operación cotidiana en diciembre de 2021. Emova está controlada por el mismo grupo Benito Roggio Transporte que es dueño de Metrovías: es una fracción parasitaria de la burguesía que siempre vivió del Estado capitalista. Metrovías dejó de ser la marca visible del subte y pasó a ser socia de la nueva concesionaria, conservando además la línea Urquiza. El cambio de nombre sirvió para reciclar un negocio de tres décadas. La continuidad es política: gobiernos peronistas, radicales y macristas preservaron la rentabilidad privada sobre un servicio público, mientras la plantilla laboral, el mantenimiento y la salud de quienes trabajan bajo tierra quedaron subordinados al contrato de concesión.

Esa continuidad llega hoy a la gestión de Jorge Macri, primo de Mauricio Macri, con apoyo a las políticas liberales de Milei y como jefe de Gobierno de la Ciudad. Bajo su administración, Emova opera la red, SBASE pierde peso efectivo y el Gobierno porteño avanza en una orientación de externalización de estudios, obras y funciones técnicas. La tercerización no es una cuestión administrativa: crea distintos empleadores dentro de un mismo lugar de trabajo, separa condiciones laborales, divide la organización sindical y vuelve más vulnerables a quienes trabajan mediante contratistas. Funciona como política patronal en estos planos: permite pagar salarios y cargas laborales bajo esquemas diferentes para tareas similares, facilita despidos o reemplazos porque el vínculo laboral formal no es con la empresa principal sino con una contratista, y fragmenta la representación colectiva, ya que efectivos, contratados y tercerizados pueden depender de convenios, sindicatos y empleadores distintos aunque sostengan el mismo servicio.

El cuadro de situación de las elecciones sindicales próximas es el siguiente: la campaña electoral del gremio se desarrolla mientras persisten los conflictos con Emova. En 2026 hubo denuncias de descuentos salariales, sanciones disciplinarias y malas liquidaciones de haberes. Metrodelegados realizó medidas de fuerza y aperturas de molinetes en la Línea B contra lo que define como persecución gremial. La empresa sostiene, por el contrario, que los descuentos obedecen a inasistencias o incumplimientos de horario que no fueron justificados. Esa controversia sigue abierta. El caso más grave fue el despido de Araceli Pintos, trabajadora de Emova que denunció acoso sexual de un integrante de la Policía de la Ciudad mientras cumplía tareas. Una denuncia importante fue realizada en el programa de Pablo Bush "La hora de los trabajadores". Tras su desvinculación, Metrodelegados, organizaciones feministas y fuerzas de izquierda realizaron liberaciones de molinetes, movilizaciones y campañas por su reincorporación, pero el grupo de Pianelli la dejó en banda. El caso concentra los elementos de la situación actual: violencia contra las trabajadoras, despido, disciplinamiento patronal y necesidad de una respuesta colectiva independiente. No hay, en las fuentes públicas relevadas, una cifra confiable de despidos masivos de contratados o tercerizados durante 2026, y la patronal esconde el número de cesantías sin presentar documentación concreta. Lo que sí está confirmado es el despido de Pintos, el uso de sanciones y descuentos como mecanismo de presión, y un proceso de precarización mediante externalización de tareas. A eso se suma, desde abril de 2026, una causa penal por "asociación ilícita" contra 171 trabajadores y trabajadoras del subte, impulsada por SBASE y la propia Emova y tramitada ante la Fiscalía PCyF N.º 35 a cargo de Celsa Ramírez, por medidas gremiales realizadas entre 2024 y 2025. No es la primera vez que esa fiscal instruye una causa de este tipo contra el gremio: en 2019 ya había abierto un expediente similar contra siete representantes de la entidad. El propio gremio señaló como irregularidad que Emova actúa a la vez como denunciante, aportante de pruebas y notificante de la causa contra los denunciados, y pidió la nulidad de las notificaciones y la recusación de la fiscal. Es la judicialización de la protesta como método, convertir paros y medidas de fuerza legítimas en una imputación penal equiparable al crimen organizado, para disciplinar al gremio con el peso de la Justicia porteña. La respuesta no puede reducirse a exigir controles sobre las contratistas, debe plantear la reincorporación de toda persona despedida por reclamar, igualdad salarial y de condiciones para toda la plantilla, pase a planta permanente de quienes realizan tareas estructurales, y responsabilidad solidaria de Emova y del Gobierno porteño ante cada incumplimiento laboral o de seguridad.

El costo humano del negocio concesionado ya no es una hipótesis. Hasta 2026 se confirmó el fallecimiento de al menos seis trabajadores por exposición al asbesto en el subte porteño. Metrodelegados registró entre las últimas muertes a operarios con cáncer de pulmón y mesotelioma: Walter Berhovet, de la Línea D, Jorge Navarro, Jorge Gabriel Pacci, Juan Carlos Palmisciano y Jorge Visquet. En octubre de 2025, Pianelli confirmó la quinta muerte y advirtió que había más de un centenar de operarios afectados. Berhovet integraba la lista de 114 trabajadores reconocidos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como afectados por asbesto. Hay más de 1.800 empleados que cada año deben realizarse un control neumonológico por esa exposición, y faltan ingresar alrededor de 1.700 trabajadores al seguimiento médico. El 1° de junio la Línea C estuvo paralizada hasta las 15.30 por una medida de fuerza vinculada a la denuncia de presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000. Metrodelegados sostuvo que los coches continuaban en circulación pese a compromisos previos de retiro; Emova respondió que sostiene desde 2018 un plan de desasbestización, bajo supervisión de organismos ambientales, y anunció descuentos contra quienes participaron de la huelga. Para la empresa, el problema es técnico y se resuelve con procedimientos de remediación; para los trabajadores, es un riesgo de salud laboral que ya produjo muertes. Ante la exposición a un material cancerígeno, el criterio no puede ser la continuidad del servicio ni la reducción de costos empresariales. Emova está judicialmente denunciada por el asbesto y, al mismo tiempo, conserva la concesión. Esa coexistencia resume el negociado: se privatiza la ganancia del transporte y se socializa la enfermedad, y la enfermedad se paga con la vida de los que bajan todos los días a los túneles para que la ciudad se mueva.

La pelea por el asbesto se combina con el deterioro del servicio y el tarifazo. La Ciudad proyectó aumentos mensuales para el boleto de subte durante 2026, partiendo de una tarifa de $1.260 y proponiendo llevarla a $1.336, mientras el transporte conserva problemas de frecuencia, mantenimiento y accesibilidad. El resultado es una combinación regresiva: quienes viajan pagan más por un servicio con deficiencias, y quienes trabajan enfrentan sanciones, presión laboral y riesgo de muerte por un mineral prohibido en el país. La defensa de los trabajadores del subte debe estar unida a la defensa de los usuarios. La salida no es enfrentar a quien viaja con quien trabaja, sino cuestionar el modelo de concesión que convierte el transporte público en fuente de rentabilidad privada, descarga el ajuste sobre la tarifa y presiona sobre la plantilla laboral.

Sobre esa misma red, Jorge Macri reitera la promesa electoral de una línea nueva que nunca se construye. La Línea F está autorizada por la Ley 670 desde 2001 para unir Barracas, Constitución, Recoleta y Palermo. Desde 2013, SBASE estudia su factibilidad. En aquel año electoral se anunció que los estudios preliminares estarían listos en 2015 y que el sucesor de Mauricio Macri la construiría. Jorge Macri llegó al Gobierno porteño prometiendo, otra vez, la Línea F. En 2025, también año electoral, autorizó una licitación de consultoría para el proyecto de arquitectura e ingeniería —no la obra, el proyecto de la obra— por $3.400 millones. En 2026 volvió a anunciar que la línea tendrá 11 estaciones, una primera etapa de 1.050 millones de dólares y puesta en servicio en 2031. Al mismo tiempo, reprogramó por segunda vez la apertura de sobres de la licitación, primero de abril a julio y luego al 10 de septiembre, y avanzó con proyectos que recortan potestades de SBASE sobre las futuras líneas F, G, H e I. Un cuarto de siglo de ley, anuncios, estudios, consultorías y postergaciones, sin una línea nueva en funcionamiento. La campaña promete expansión; la gestión conserva a Emova, el asbesto, el tarifazo y una red que no crece. Cada elección porteña reedita la misma escena: se corta una cinta de anuncios donde no hay ni una sola vía tendida, y el apellido Macri vuelve a prometer lo que ningún Macri construyó.

La UTA, también, elegirá autoridades nacionales y seccionales el 7 y 8 de octubre. Roberto Fernández, al frente del gremio desde 2006, busca una nueva reelección y enfrenta una situación inusual: cuatro listas fueron oficializadas para competir, además de la suya la Lista Marrón de Alberto Patiño, actual secretario de Organización; la Lista Negra de Maximiliano Escriba; y la Lista Bordó encabezada por Claudio Gómez, vinculada al sector de Rubén "Pollo" Sobrero. La candidatura de Patiño demuestra que el conflicto no se limita a oposiciones externas: es una ruptura desde el interior de la conducción de Fernández, quien además pierde a Mario Calegari, histórico secretario de Prensa y pieza relevante de su estructura. La crisis de la UTA expresa desgaste de una conducción prolongada, malestar por salarios, subsidios y condiciones de trabajo, y el cuestionamiento a mecanismos estatutarios que durante años restringieron casi por completo la competencia electoral. Hasta ahora, para aspirar a la secretaría general se exigía presentar listas en todas las seccionales del país; un fallo judicial dejó sin efecto esa traba, permitiendo que haya listas opositoras aunque no tengan despliegue nacional pleno. Eso no asegura una derrota de Fernández, que conserva aparato, recursos y presencia nacional, pero transforma una elección históricamente cerrada en una disputa incierta. La UTA adhirió al paro general de febrero contra la reforma laboral, junto con La Fraternidad, y eso tuvo impacto nacional porque paralizó colectivos y trenes, aun bajo amenazas del Gobierno de avanzar con sanciones contra los gremios del transporte. Pero una adhesión puntual a una huelga general no resuelve el problema de fondo: los aparatos sindicales pueden sumarse a una medida cuando la presión social es alta y, al mismo tiempo, desactivar la continuidad de un plan de lucha, negociar por arriba o contener reclamos desde las bases.

La reforma laboral de Milei fue sancionada en febrero de 2026. Modifica el régimen de indemnizaciones, habilita mecanismos de flexibilización de la jornada y las horas extra, limita derechos sindicales y de huelga, y reduce costos laborales para las empresas. El Senado la aprobó por 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. Los votos favorables provinieron de La Libertad Avanza, PRO, UCR, peronistas disidentes y fuerzas provinciales; los 28 votos negativos pertenecieron al interbloque peronista, con dos legisladores santacruceños que se abstuvieron. Eso no exime de responsabilidad política a los sectores peronistas que colaboraron con el oficialismo, ni a los gobernadores y legisladores provinciales peronistas que facilitaron acuerdos con la Casa Rosada. La crítica más sólida no consiste en igualar todos los aparatos, sino en mostrar una continuidad política más amplia, durante los gobiernos de Cristina Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof, las conducciones sindicales ligadas al peronismo y al kirchnerismo ocuparon espacios decisivos de negociación y contención, aceptaron techos salariales, priorizaron la gobernabilidad sobre planes de lucha, administraron conflictos y sostuvieron formas de precarización laboral que no empezaron con Milei. No puede afirmarse que Cristina, Kicillof y Massa constituyan un bloque político idéntico ni que hayan ejecutado las mismas políticas en todos los planos, pero existe una continuidad de adaptación al ajuste, al pago de deuda, a los pactos con empresarios y a la subordinación de los reclamos obreros a estrategias electorales y de gobernabilidad. Y sobre todo, ahora sí como bloque político, de una entrega de la soberanía al FMI y al imperialismo. Estamos en una época donde el peronismo, en todas sus variantes, entrega las conquistas y los derechos sociales. Es una época confusa y gris donde la izquierda combativa debe tener claridad para denunciar esta complicidad del peronismo con Milei. Milei profundiza esa orientación con una ofensiva abierta contra el derecho laboral, y las burocracias sindicales peronistas y kirchneristas contribuyeron a que la resistencia no se transformara en una lucha nacional sostenida. Son administradores de la crisis, no impulsan el conflicto contra el capital. La CGT convocó al paro general de febrero, pero no sostuvo un plan de lucha capaz de impedir la aprobación definitiva de la reforma. La huelga mostró capacidad de paralización; la dirección sindical mostró su límite al no continuar la movilización hasta derrotar la ley. Ninguna huelga general como la que se hizo en Portugal, donde se tiró abajo la reforma laboral.

El Frente de Sindicatos Unidos, FreSU, surgió hace poco y es puro humo: parió una nueva demagogia de otra burocracia sindical en 2026 como un agrupamiento de sindicatos de distintas centrales, con participación de ATE, UOM, Aceiteros, gremios aeronáuticos, organizaciones del transporte y las dos CTA. Se presentó como respuesta a la pasividad de la conducción de la CGT frente a la reforma laboral y reunió a más de 140 organizaciones sindicales, con movilizaciones, paros regionales y el objetivo declarado de avanzar hacia una huelga nacional antes de fin de año. Planteó un programa que incluyó recomposición salarial, defensa de la universidad y la salud pública, oposición al endeudamiento de las familias y rechazo a la reforma laboral, y en sus declaraciones de agosto sostuvo que el salario mínimo debería ubicarse en $3.065.161 según su propia medición de julio. Formular un reclamo salarial y convocar a acciones contra la reforma expresa un límite frente a la parálisis de la CGT, pero no resuelve el problema político de orientación que enfrenta el movimiento obrero. Su impotencia consiste en que su acción no se plantea como una ruptura consecuente con el peronismo, las burocracias sindicales y los gobiernos que administran el ajuste. Reúne conducciones que, aun cuando chocan con Milei, mantienen una estrategia de presión, negociación y preparación electoral alrededor del peronismo, y funciona como una estación sindical para contener la bronca obrera y reorientarla hacia la conciliación de clases y su derrota, hacia una futura salida institucional encabezada por Axel Kicillof, con Cristina Fernández como principal referencia política del espacio. Ese límite se expresa en la distancia entre las declaraciones y los resultados: el FreSU realizó convocatorias nacionales, movilizaciones al Congreso, anunció planes de lucha, llamó a movilizar el 27 de febrero mientras el Senado trataba de nuevo el proyecto, y aun así no consiguió impedir la sanción de la reforma. Mostró capacidad de convocatoria, pero llegó sin una estrategia capaz de paralizar el país de manera sostenida, imponer asambleas resolutivas en los lugares de trabajo o preparar una huelga general activa hasta derrotar la reforma. Convocó un plenario para el 1° de mayo con una expectativa de 1.500 delegados y más de 140 organizaciones, presentado como primer paso para elaborar un programa del movimiento obrero. Pero un programa no se mide sólo por sus consignas: se mide por la clase social a la que responde, por los intereses con los que rompe y por la estrategia que propone frente al Estado, los empresarios y las direcciones sindicales tradicionales. Una alternativa obrera no puede tener como horizonte preparar el proceso electoral de Kicillof ni una eventual recomposición política de Cristina Fernández. Kicillof gobierna la provincia de Buenos Aires, el principal distrito obrero del país, y administra un presupuesto atravesado por el ajuste, el pago de deuda, los límites fiscales y la subordinación a los acuerdos con los grandes grupos económicos: es el primer organizador de la derrota de FATE. Cristina Fernández y Sergio Massa, desde diferentes ubicaciones, fueron parte de gobiernos que preservaron negocios patronales, sostuvieron formas de precarización laboral, negociaron con el Fondo Monetario Internacional y descargaron el peso de la crisis sobre salarios, jubilaciones y condiciones de vida. Después de esos gobiernos kirchneristas llegó el ascenso de Milei, que lleva esa política a una escala superior, con reforma laboral, caída del salario real, ataques al derecho de huelga, privatizaciones, endeudamiento y disciplinamiento de los trabajadores. Enfrentar esa ofensiva no exige volver a las direcciones que administraron los límites previos, sino construir una organización de clase que no dependa de la alternancia entre gobiernos libertarios y gobiernos peronistas.

Por las dudas, aclaremos que la historia reciente del movimiento obrero argentino muestra que la creación solamente de un espacio sindical opositor no garantiza, por sí mismo, una alternativa de clase. Hugo Moyano expresó durante distintos períodos una oposición verbal y movilizaciones contra gobiernos de turno, con capacidad de arrastre en el transporte y el sindicalismo camionero, pero su orientación no rompió con la lógica de negociación corporativa, acuerdos políticos, construcción electoral peronista y administración de estructuras burocráticas. Podía movilizar decenas de miles de trabajadores y paralizar actividades estratégicas, pero no impulsó una organización democrática de base capaz de superar la subordinación del movimiento obrero al peronismo. La combatividad episódica de una conducción no equivale a independencia política, y cuando las direcciones sindicales usan la fuerza obrera para negociar lugares, recursos o candidaturas, la lucha termina subordinada a pactos de cúpula. Moyano se postuló como presidente de los trabajadores y terminó apoyando a Macri. Una variante de la que nadie habla es la Intersindical Clasista vinculada al Hotel Bauen, que plantea el mismo problema, buscar coordinar sindicatos, comisiones internas, cooperativas y sectores de trabajadores en lucha fue una respuesta positiva a la fragmentación impuesta por la burocracia sindical, pero una coordinación, incluso con lenguaje clasista, no se consolida si no desarrolla una estrategia común, una organización sostenida en los lugares de trabajo y una delimitación firme de los partidos patronales y de los aparatos sindicales. El límite de esas experiencias fue no transformar su capacidad de convocatoria en una organización nacional de trabajadores basada en delegados mandatados, revocables y elegidos desde los lugares de trabajo. Sin esa perspectiva, las coordinadoras tienden a diluirse, ser absorbidas por la dinámica electoral de los partidos tradicionales o quedar reducidas a espacios de propaganda sin fuerza material para intervenir en los conflictos.

El Movimiento Intersindical Clasista, MIC, debe ser caracterizado dentro de esta experiencia. La apelación a una coordinación clasista expresa una necesidad real: unificar luchas que aparecen aisladas, enfrentar la fragmentación entre gremios, defender a trabajadores precarizados y construir solidaridad frente a despidos, suspensiones, tercerización y persecución sindical. El contenido de una coordinación no se define por su nombre, sino por su programa, su método de funcionamiento y su independencia política. Como conclusión, el MIC limitó su horizonte a agrupar referentes sindicales, acompañar reclamos parciales o funcionar como cobertura para alianzas con sectores peronistas y kirchneristas, y por eso fracasaron las experiencias anteriores. Es importante porque todo el FIT-U se prepara a resucitar este fracaso. Muy distinto es si se organiza mediante asambleas de base, comités de lucha, plenarios de delegados con mandato, coordinación de huelgas y un programa de ruptura con el ajuste de Milei, de los gobiernos provinciales y de las burocracias sindicales: eso sí puede aportar a una alternativa real. La tarea no es sumar una nueva sigla a un mapa sindical ya saturado, sino construir una herramienta que intervenga en cada despido, en cada conflicto por tercerización, en cada ataque a las condiciones de salud y seguridad, y en cada negociación salarial. Pero la conducta de FATE, donde el PO, el PTS y todo el FIT-U optaron por seguir al peronismo y a Kicillof en lugar de fortalecer la toma de fábrica, tiró a la basura la experiencia combativa y clasista de más de 2000 trabajadores del neumático. En el subte tiene que ser diferente, y superar lo de FATE de manera positiva exige una nueva organización de base y combate socialista, unir a trabajadores efectivos, contratados y tercerizados; organizar asambleas por línea; defender a quienes sufren sanciones y descuentos; exigir la reincorporación de Araceli Pintos; luchar por el retiro total del asbesto; y coordinar con ferroviarios, colectiveros, estatales, docentes, trabajadores industriales y sectores precarizados.

La izquierda obtuvo 40,9% en la elección de Metrodelegados de 2022 frente al 59,1% de la conducción Pianelli-Segovia, y ganó las Líneas B y C. Es un resultado de peso, construido alrededor de referentes del PTS y del Partido Obrero, con presencia destacada en la Línea B. Ese 40,9% no garantiza una victoria, pero transforma a la izquierda en una alternativa concreta. Si el oficialismo se presenta dividido entre una lista ligada al pianellismo y otra encabezada por Segovia, crece la posibilidad de que una lista independiente dispute la conducción. Si el oficialismo logra reunificarse, la izquierda deberá extender su influencia a otras líneas, sectores de mantenimiento, estaciones, talleres, contratados y trabajadores afectados por la política de sanciones. La diferencia actual entre PTS y PO es estratégica: el sector vinculado al PTS plantea la posibilidad de una lista de unidad con partes del oficialismo, condicionada a un programa que modifique el funcionamiento del sindicato, democratice la toma de decisiones y termine con las reelecciones indefinidas; lo que expresa esa posición del PTS es una política de blanqueo de la burocracia sindical, mientras el PO rechazó integrar una lista con Segovia y el pianellismo. Pero igual, las dos agrupaciones, con la política y antecedentes de FATE, el FIT-U y otras luchas, van camino a la derrota. Hace falta una organización nueva que no esconda el problema internacional de la guerra y la destrucción de fuerzas productivas, ni la falta de empleo, vivienda y salud dentro de la dictadura patronal en los lugares de trabajo y la democracia capitalista.

La discusión sindical no puede quedar restringida a la fórmula electoral del 2027, al reparto de candidaturas o a la unidad de siglas. La experiencia del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad atraviesa una crisis que ya se expresó de manera aguda en conflictos obreros y sindicales e internamente dentro del FITU, hasta en las caracterizaciones internacionales. En FATE, la recuperación de un sindicato por trabajadores de base y activistas clasistas mostró la posibilidad de enfrentar a las direcciones tradicionales, organizar sectores combativos y recuperar herramientas sindicales desde abajo: una organización apoyada en la base puede desplazar a conducciones adaptadas a la patronal y al aparato sindical tradicional. Esa experiencia también dejó expuestas tensiones dentro de la izquierda parlamentaria, la crítica de sectores de activistas es que la dirección vinculada al FIT-U actuó con seguidismo hacia el peronismo, priorizó la conciliación de clases y subordinó una experiencia obrera independiente a alianzas ajenas a una orientación clasista consecuente. No corresponde transformar esa caracterización en un hecho objetivo cerrado sin identificar resoluciones, votaciones, acuerdos o declaraciones específicas, pero sí puede plantearse como conclusión política: cuando una organización de izquierda adapta su intervención a las direcciones peronistas, a las burocracias sindicales o a los calendarios electorales, debilita la posibilidad de que una recuperación sindical se convierta en una referencia independiente para el conjunto de la clase trabajadora.

La lección de FATE para el subte no es copiar mecánicamente una experiencia de fábrica, sino extraer un criterio clasista, el punto de apoyo debe ser la organización de base, no la negociación entre aparatos ni la subordinación a fracciones del peronismo, del kirchnerismo o de la burocracia sindical. Las asambleas por sector, los cuerpos de delegados revocables, la unidad de efectivos y tercerizados, el control de las medidas de lucha y la independencia frente a todos los gobiernos son condiciones para que un triunfo electoral no quede absorbido por la rutina sindical. Ante la crisis del FIT-U, manifestada en sus disputas internas, sus divergencias sobre alianzas sindicales y las críticas surgidas de experiencias como FATE, se vuelve necesaria una organización construida desde los conflictos, desde los activistas que enfrentan despidos y sanciones y desde quienes rechazan la conciliación de clases: en el subte, esa alternativa debería partir de una lista y una organización de base independiente de la conducción Pianelli-Segovia, de la UTA, de Emova, de SBASE, del Gobierno de la Ciudad, de las burocracias vinculadas al peronismo y al kirchnerismo, de los límites del FreSU y de cualquier adaptación del FIT-U a esos sectores. Su programa tendría que incluir asambleas resolutivas por línea y lugar de trabajo; mandato y revocabilidad de delegados; límite a las reelecciones; reincorporación de despedidos; defensa de Araceli Pintos; desprocesamiento de los 171 trabajadores imputados por asociación ilícita y fin de la persecución judicial contra la actividad gremial; fin de sanciones y descuentos por luchar; pase a planta de contratados y tercerizados; retiro efectivo de formaciones con asbesto; reconocimiento y reparación para las familias de los trabajadores muertos por esa exposición; y coordinación con ferroviarios, colectiveros y el conjunto de la clase trabajadora. La elección de noviembre puede definir cargos, pero lo que está en juego es qué organización necesitan los trabajadores del subte para enfrentar el ajuste. Si la disputa se reduce a reemplazar una conducción por otra sin modificar la vida interna del gremio, la burocratización continuará bajo nuevos nombres. Si, en cambio, emerge una organización independiente de base, capaz de intervenir en cada conflicto, el subte puede volver a ser una referencia para el conjunto de los trabajadores.

Nada de esto se sostiene si queda en manos de la prensa que ya existe. Los diarios que hoy deciden qué es noticia sobre el subte tratan el asbesto como un detalle técnico, la causa por asociación ilícita contra 171 compañeros como una nota policial más, y presentan cada anuncio de Jorge Macri como una novedad en lugar de como la repetición de una estafa de veinticinco años. Esa prensa no va a contar la muerte de un compañero por mesotelioma con la misma urgencia con la que cuenta un aumento de tarifa que afecta a la empresa, ni va a sostener durante meses la exigencia de reincorporar a Araceli Pintos. Esa tarea sólo la puede sostener una prensa que nazca de los propios trabajadores y trabajadoras: corresponsales en cada línea, en cada taller, en cada turno, que escriban lo que ven y lo que sufren sin pedirle permiso a ninguna patronal ni a ninguna burocracia sindical. Una prensa obrera de combate no es un panfleto ocasional ni una gacetilla del gremio de turno: es una herramienta de organización, que documenta cada despido, cada sanción, cada enfermo de asbesto, cada promesa incumplida de la Línea F, y que circula de mano en mano hasta convertirse en memoria colectiva y en argumento de asamblea. Los trabajadores del subte, de la UTA, de los ferrocarriles, de las fábricas como FATE, de las escuelas y de los hospitales tienen algo que la prensa patronal jamás va a tener: la experiencia directa de la explotación y la capacidad de nombrarla sin eufemismos. Esa capacidad, organizada, es poder. Por eso la tarea no termina en la elección sindical ni en ninguna lista: empieza donde cada trabajador y cada trabajadora deciden que su palabra vale tanto como su fuerza de trabajo, y se ponen a escribir, grabar, fotografiar y difundir lo que pasa en su lugar de trabajo. Que cada línea del subte, cada depósito, cada taller, tenga su corresponsal. Que la próxima muerte por asbesto no se entere el país por un comunicado de la empresa, sino por la voz de los propios compañeros. Que esta nota no sea el final de una lectura, sino el comienzo de una redacción obrera: vengan a construir, con nosotros, una prensa de los trabajadores.