Madrid: la plaza donde quedarse sin casa dejó de ser un problema privado. La acampada de Sol, la amenaza nazi y la disputa por el alquiler. Una tarea socialista.

La Puerta del Sol volvió a llenarse de gente, pero esta vez no para celebrar una victoria electoral ni fulboto ni para despedir el año. En el centro de Madrid se levantaron tiendas de campaña para defender algo más elemental, la posibilidad de seguir viviendo en la ciudad. La acampada nació tras la movilización contra el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, y llegó a su quinta noche con nuevas personas sumándose y con organizaciones sindicales planteando que la pelea por la vivienda se una a la de los salarios y los servicios públicos. No hay todavía una huelga general convocada. Hay una discusión abierta sobre cómo construirla. Veremos.

La diferencia importa. Una protesta puede ser muy grande y, sin embargo, no haber cambiado todavía las relaciones de fuerza que sostienen el problema. Pero también puede mostrar dónde empieza a cambiar algo, jóvenes que hasta ayer buscaban una habitación por su cuenta, trabajadores que intentaban negociar solos la renovación de un contrato e inquilinos amenazados de desahucio empiezan a reconocerse como parte de un mismo conflicto. El alquiler deja de aparecer como un asunto privado entre dos personas cuando miles ocupan una plaza para discutir quién decide el destino de los edificios y a qué precio se puede vivir en ellos.

En Madrid, una habitación anunciada para alquiler de larga estancia costaba una media de 550 euros mensuales en el segundo trimestre de 2026. Un apartamento de un dormitorio llegaba a 1.277 euros. Son precios de oferta, no una descripción de lo que paga cada inquilino, pero alcanzan para medir la barrera de entrada. Quien no puede afrontar un piso se desplaza hacia una habitación; quien tampoco puede pagarla permanece en casa de su familia, se aleja del lugar de trabajo o acepta compartir un espacio que no eligió. El mercado llama «opciones» a lo que muchas veces es una reducción progresiva de alternativas.

Los datos del Consejo de la Juventud de España permiten precisar el alcance de esa reducción. En 2025, solo el 14,5% de las personas de entre 16 y 29 años vivía fuera del hogar familiar, el mínimo de su serie. El alquiler medio de una vivienda equivalía al 98,7% del salario medio joven. Incluso compartir piso tenía un costo mediano de 400 euros por habitación a escala española. Entre jóvenes trabajadores que alquilan, el riesgo de pobreza pasaba del 25,9% antes de pagar la vivienda al 43% después. La educación tampoco garantizaba la salida: el 31,4% de los jóvenes tenía estudios superiores, pero solo el 20,4% de quienes habían cursado estudios universitarios estaba emancipado. La vieja promesa —estudiar, conseguir empleo y luego construir una vida independiente— ya no describe la experiencia de una parte considerable de esa generación.

No se trata simplemente de que «faltan casas», aunque la oferta insuficiente sea un componente real. El Banco de España estimó un desajuste acumulado de entre 400.000 y 450.000 viviendas entre la formación de hogares y la nueva construcción durante 2022-2024, concentrado en buena medida en las grandes áreas urbanas y sus entornos. La pregunta política es qué viviendas se construyen, quién puede pagarlas y qué ocurre con las que ya existen. Levantar inmuebles que solo sean accesibles para rentas altas o preservar viviendas vacías a la espera de mejores rendimientos no resuelve la necesidad de quien trabaja en la ciudad y no puede residir en ella.

La presión turística es una pieza de ese problema, no una explicación única ni una excusa para omitir las demás. En los barrios donde el alquiler por días promete más ingresos que el residencial, la vivienda puede dejar de competir por vecinos y empezar a competir por visitantes. También operan el alquiler temporal, la división de pisos en habitaciones y la compra de inmuebles como activos para revender o extraer rentas. Los datos exigen, además, evitar una caricatura, la estadística experimental del INE registró una disminución de viviendas turísticas ofertadas en España entre agosto de 2024 y mayo de 2026. Que ese segmento haya retrocedido no significa que el alquiler permanente se haya vuelto asequible; significa que la crisis no se puede atribuir mecánicamente a una sola plataforma o modalidad de negocio.

El negocio inmobiliario dispone de otro mecanismo y novedoso para la extracción de valor capitalista,  comprar un edificio habitado. La operación cambia al dueño, no borra por sí misma los contratos. La ley española establece protección para el alquiler de vivienda habitual cuando se transmite la propiedad, con condiciones que dependen del régimen y la fecha del contrato. Pero cuando una relación arrendaticia termina o se discute su continuidad, la distancia entre una renta antigua y el precio actual de mercado puede convertirse en el centro del conflicto. Para una empresa, esa diferencia es una expectativa de ingresos; para una persona mayor o una familia, puede ser la distancia entre permanecer en su barrio y perder su casa.

Eso explica por qué el desahucio de Maricarmen tuvo una repercusión que excedió su expediente judicial. El edificio donde vivía cambió de manos en 2018 y su vivienda terminó en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión. Ella pagaba alrededor de 440 euros al mes bajo un régimen antiguo. La empresa sostuvo que las posibilidades legales de subrogación de ese contrato se habían agotado, interpretación avalada por el Tribunal Supremo; también se le planteó permanecer mediante un alquiler de entre 1.600 y 1.650 euros mensuales. Tras la protesta, se alcanzó un acuerdo para su regreso a la vivienda. Presentar ese resultado como si todos los inquilinos hubieran quedado protegidos sería engañoso. Reducirlo a un simple trámite legal también lo sería: el caso mostró cómo una operación formalmente permitida puede desembocar en una pérdida socialmente devastadora.

Madrid ya conoce decisiones políticas que trataron la vivienda protegida como un bien enajenable. En 2013, la Comunidad vendió unas 3.000 viviendas del antiguo IVIMA a Goldman Sachs-Azora y el Ayuntamiento transmitió 1.860 viviendas municipales a Fidere, vinculada a Blackstone. No fueron edificios vacíos en un plano: eran hogares con personas dentro. Tampoco fue una ley natural del mercado. Fueron decisiones de administraciones públicas sobre patrimonio creado para atender una necesidad social. Cuando se discute por qué el parque público es insuficiente, esas ventas forman parte de la respuesta.

Pero también llegó el pus fascista o nazi que invade nuevamente Europa, y se quizo meter como esbirros y parasitos, llamados como la ultraderecha, e intentaron decidir quién podía quedarse en la plaza. No lo consiguieron. 

El conflicto llegó además a un punto que ninguna democracia debería normalizar. El 29 de septiembre, una organización nazi llamada  Democracia Nacional y Desokupa difundieron llamamientos para confrontar a la acampada. El dirigente de Democracia Nacional, Pedro Chaparro, promovió una convocatoria que hablaba de echar a los manifestantes «a patadas». El Sindicato de Inquilinas pidió apoyo para proteger Sol y miles de personas acudieron. La amenaza no consiguió desalojar la plaza. Esa fue una victoria política concreta de los trabajadores, demostrar que la intimidación de la ultraderecha podía encontrar una respuesta colectiva más numerosa y decidida. Vox y la mugre facha española quedaron heridos y sangrantes en esta batalla general. Forros de Trump y el sionismo. 

Continuemos. La disputa democrática aparece precisamente ahí. Votar cada cierto tiempo parece imprescindible, pero se agota la democracia si grandes decisiones sobre la vida cotidiana quedan subordinadas a la capacidad de compra. Una persona puede tener formalmente derecho a estudiar, pero verse obligada a rechazar una plaza educativa porque no puede alquilar cerca. Puede conseguir trabajo y perder buena parte del salario para conservar una habitación. Puede tener derecho a la atención sanitaria y esperar meses para una intervención. En España, al cierre de 2025 había 853.740 pacientes en lista de espera para una operación no urgente, con una demora media de 122 días. Son problemas diferentes, con responsables y soluciones específicas; juntos describen la distancia entre disponer de derechos y poder ejercerlos a tiempo.

Esa distancia no es exclusivamente española. Eurofound advierte que la vivienda inasequible afecta a toda la Unión Europea, especialmente a los adultos jóvenes que ingresan al mercado residencial con salarios menores o empleos inseguros. El costo de vivir cerca de centros de estudio, empleo y servicios condiciona las decisiones de formación, trabajo y familia. En 2025, la edad media de salida del hogar familiar era de 30,2 años en España, frente a 26,3 en la Unión Europea. No es una cifra sobre la falta de voluntad de independizarse: es una medida de cómo se distribuyen las oportunidades para hacerlo.

Una encuesta registró que el costo de vida, la vivienda asequible, el empleo y la salud mental figuran entre sus preocupaciones, y que cerca de cuatro de cada diez reclamaban más inversión europea en vivienda accesible y apoyo frente al encarecimiento de la vida. Igual podemos decir que pasamos a una contradicción no es entre «jóvenes democráticos» y defensores del orden buergues y «jóvenes descontentos» y revolucionarios socialistas. Es que ya no se puede valorar la democracia capitalista porque cada día queda más claro que los resultados materiales de un empleo, la vivienda y la salud hoy no está garantizando para un tercio de la juventud. Y en aumento. 

La ultraderecha intenta intervenir en ese malestar con una respuesta conocida, dirigir la ira hacia personas migrantes, manifestantes o quienes reciben ayuda pública, en vez de discutir la propiedad, los salarios, el parque residencial y las decisiones de gobierno. La izquierda no debería contestar con consignas que sustituyan al análisis. Ser movimientista. Necesita mostrar quién fija las rentas, cómo se transfirió vivienda protegida al sector privado, qué protección efectiva conserva cada inquilino y qué instrumentos públicos pueden ampliar el acceso residencial. También debe discutir la crisis de un Gobierno que aprueba medidas urgentes mientras la acampada reclama cambios estructurales. Los decretos aprobados por el Ejecutivo de PSOE y Sumar afrontan una votación parlamentaria prevista para el 2 de octubre. El resultado es una maniobra y sin solución porque representa un gobierno corrupto y que defiende los intereses del régimen capitalista y oscila entre la denuncia al sionismo y los negocios de armas con el estado genocida de Israel.

Sol condensa así una discusión que recorre Europa. Si el empleo no asegura vivienda, si estudiar exige apoyo económico familiar y si los servicios públicos no llegan cuando se los necesita, la libertad de elegir un proyecto de vida se distribuye de manera cada vez más desigual. Se llama la contradicción de clase.  Esa es la dimensión política del «derecho a tener derechos» que analiza Hannah Arendt: no basta con que una garantía exista en el papel si ejercerla depende de poseer una renta que millones no tienen.

Por eso la defensa de la acampada frente a las amenazas ultras no puede separarse de la pelea por el alquiler. La plaza no resolvió la escasez de vivienda, no aprobó una reforma por sí sola y no convocó todavía una huelga general. Lo tienes que hacer y las centrales sindicales ausentes tienen que tomar el reclamo junto a otras demandas de los trabajadores. Igual está el precedente, algo anterior y necesario: reunió problemas que suelen vivirse en soledad, señaló decisiones económicas y políticas detrás de ellos e impidió que quienes amenazaban con expulsar a los manifestantes decidieran quién podía permanecer en el espacio público. En una ciudad donde quedarse en casa cuesta cada vez más, quedarse en Sol también se volvió una forma de disputar el futuro y una  presente estrategia socialista.