La reforma laboral de Milei y sus cómplices peronistas no crea empleo

Por Ulra

La promesa y los números

La reforma laboral se presentó como la herramienta para que las empresas contraten y los trabajadores salgan de la informalidad. Los datos disponibles no muestran ese despegue del empleo.

Según los registros del sistema previsional, el empleo asalariado registrado cayó 0,9% desde febrero de 2026. La informalidad alcanzó el 45% de los ocupados en el segundo trimestre, frente al 43,2% del período anterior, y la desocupación subió al 7,9%. Son cifras que permiten evaluar la ley por sus resultados y no por sus promesas. Es decir, mientras el empleo asalariado se achica, el monotributo crece. En febrero había 2.210.400 aportantes en el régimen común, 4,3% más que un año antes, y 247.000 en el social, 2,2% más.

Una parte significativa de quienes migran al monotributo lo hace desde una relación de dependencia. El resultado es un trabajador que factura por la misma tarea, con el mismo jefe y el mismo horario, pero sin aguinaldo, vacaciones, indemnización ni licencias. Paga de su bolsillo una obra social mínima y aporta a una jubilación reducida. La patronal se saca de encima el costo laboral y el trabajador carga con el riesgo. Es, en los hechos, un asalariado encubierto. Ese esquema se abrió desde gobiernos anteriores, el paso primero fue en limpieza, seguridad y mantenimiento eléctrico, con la complacencia de conducciones sindicales, y de ahí se extendió a otros sectores. La juventud fue la primera en pasar a esas condiciones.

Quién puso los votos

La ley no pasó por la fuerza propia de La Libertad Avanza. El Senado la aprobó a mediados de febrero por 42 votos contra 30 y la sancionó a fines de ese mes con la misma cifra. Los números salieron del radicalismo, el PRO y siete senadores de origen peronista alineados con gobernadores de Tucumán, Neuquén, Salta, Misiones y Córdoba. Del bloque justicialista salieron los votos que dieron el margen que el oficialismo no tenía. Los gobernadores negociaron fondos para sus provincias y entregaron derechos de los trabajadores.

El antecedente menemista

No es una novedad. En enero de 1996, bajo el menemismo, Fiat firmó con el SMATA un convenio por empresa para su planta de Córdoba, con vigencia hasta fines de 1998. Reemplazaba la jornada fija de 44 horas semanales por ciclos rotativos de tres semanas con turnos cambiantes, que solo en promedio respetaban esa carga. Fijaba salarios de ingreso muy por debajo de los de otras terminales. Empresarios y funcionarios lo tomaron como caso testigo para extender la flexibilización al resto de la industria. Dos años antes, el SMATA ya había firmado un acuerdo similar con General Motors para Rosario.

Fue el propio sindicato, con su dirección peronista, quien pactó la reforma dentro de su convenio, antes de que la impusiera una ley. Mientras tanto, la desocupación pasó de un dígito a un récord de 18,4% en mayo de 1995 y volvió a 17,3% en octubre de 1996. Se prometía empleo a cambio de flexibilidad y se obtuvo flexibilidad con desempleo récord.

La excusa de "al menos hay trabajo"

El gobierno de Alberto Fernández (Cuarto Kirchnerismo) mantuvo y profundizó la tercerización y la precarización con un argumento conocido, era preferible un trabajo mal pago a la desocupación. Así, el peronismo fue abandonando la defensa de las conquistas sociales y las leyes laborales. Primero las administró y después las dejó pasar. Cuando la burguesía necesitó la reforma, ya tenía el terreno preparado y los votos en el Senado.

FATE: la flexibilización que no salvó los puestos

El caso de FATE lo muestra. En mayo de 2025, empresa y sindicato firmaron un acuerdo, homologado por la autoridad laboral. Tomaba determinados conceptos salariales como no remunerativos por un plazo, otorgaba a la empresa beneficios de no pago de aportes y reorganizaba condiciones laborales. A cambio, la empresa se comprometía a no despedir sin causa hasta el 30 de junio de 2026.

En octubre pidió prorrogarlo alegando una situación económica peor. El 18 de febrero anunció el cierre de la planta. Eso ocurrió seis días después de la media sanción de la reforma y nueve antes de su sanción definitiva. Los trabajadores entregaron salario indirecto y condiciones de trabajo y terminaron con la fábrica cerrada.

Frente al cierre, la conducción del SUTNA canalizó el conflicto hacia la conciliación obligatoria, las audiencias en el Ministerio de Trabajo bonaerense y los recursos judiciales. Esa vía arrancó un fallo para que se paguen salarios, pero no salvó un solo puesto. Faltó un llamado a la toma masiva y a defender la fábrica con métodos de clase, junto al conjunto del movimiento obrero. La última asamblea convocó a trabajadores en situación desesperada sin un programa y con la perspectiva de una reapertura en diciembre que ningún plan respalda. A esto se suma la crisis en el aparato sindical, con denuncias sobre trabajadores contratados por el propio gremio sin cobrar.

No era inevitable

Quienes repiten que toda reforma laboral es dañina, o que toda reforma laboral es necesaria, omiten lo central: una reforma podría ir en sentido contrario al que impone Milei. Con voluntad política se podría garantizar trabajo para todos mediante el reparto de las horas disponibles, de modo que la mayor productividad no se convierta en despidos sino en menos jornada sin recorte salarial. Se podría asegurar empleo registrado y de calidad, con convenio, estabilidad e indemnización plena, proteger la salud y la seguridad en el trabajo y fijar un piso salarial que cubra la canasta.

Y es falso que esta reforma fuera inevitable. En Portugal, el gobierno de Montenegro presentó un paquete con más de cien cambios al Código del Trabajo y se encontró con dos huelgas generales en seis meses, la primera en más de una década. El proyecto terminó rechazado en el Parlamento. En Francia, en 2006, dos meses de huelgas y movilizaciones masivas obligaron al gobierno de Villepin a derogar el contrato de primer empleo, que permitía despedir sin causa a menores de 26 años, aunque el primer ministro había jurado no retroceder.

En la Argentina, en cambio, la ley avanzó con unq huelga general , sino un paro dominguero, sin movilización, el mismo día en que Diputados la aprobaba. La reforma pasó no porque no hubiera alternativa, sino porque no se la enfrentó con un plan de lucha hasta derrotarla. Las direcciones de la CGT y la CTA administraron la derrota en lugar de organizar la pelea.

Para qué sirve la reforma laboral al capital

El capital compra fuerza de trabajo, y abaratarla no lo obliga a comprarla. Un empresario contrata si espera vender, no porque despedir le salga más barato. Con el mercado interno deprimido por el ajuste, la rebaja de costos no se convierte en puestos sino en margen de ganancia, en mayor explotación de quienes siguen empleados. A la vez, el crecimiento de desocupados, informales y monotributistas de subsistencia —el ejército industrial de reserva— disciplina al que trabaja, porque afuera hay cola.

La reforma también cumple una función fiscal. Si la rebaja de costos y aportes patronales reduce los ingresos del Estado, ese hueco puede cubrirse con impuestos al consumo y a los salarios, como el IVA y Ganancias, que pagan sobre todo los trabajadores. Primero se descarga la crisis sobre las condiciones de trabajo y después se pasa la cuenta por la vía impositiva.

El FAL: el fondo que paga el trabajador. Una injusticia más.

Un punto que suele quedar escondido es la creación del FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, que empieza a regir el 1° de noviembre. Desde ahora, y cada mes, las empresas privadas deben volcar a una cuenta propia el 1% de su nómina salarial, si son grandes, o el 2,5%, si son pymes, y ese dinero se invierte a través de fondos financieros autorizados para pagar indemnizaciones cuando el patrón despide.

Se vende como un ahorro que da previsibilidad, pero no sale del bolsillo del empresario: se descuenta de las contribuciones patronales que hoy van a la seguridad social. Lo que era salario indirecto de la clase obrera, destinado a jubilaciones y otros subsistemas, se desvía a una cuenta del patrón para que financie su propio despido, mientras las administradoras financieras se quedan con su tajada. El sistema previsional pierde recursos y el empleo sigue sin aparecer.

Conclusión

Se prometió empleo formal. Con la ley ya sancionada, el empleo asalariado registrado cae, la informalidad ronda el 45% y la desocupación subió al 7,9%. Despedir sale más barato, la seguridad social cede sus fondos para pagar las indemnizaciones patronales y el único negocio que crece es el de los administradores del FAL.

A la clase obrera no se le ponen ultimátums, se la organiza. Ninguna burocracia que vota, tolera o administra estas leyes va a defender nuestros derechos. Hay que organizarse en cada fábrica, escuela, banco y oficina, construir asambleas y un plan de lucha hasta derrotar la reforma, por la huelga general, y construir una dirección que ponga la fuerza de los trabajadores por encima de la ganancia capitalista. Que la crisis la paguen los capitalistas.