Universidades: paro, ajuste presupuestario y crisis en las obras sociales

Las universidades nacionales iniciaron este lunes un nuevo plan de lucha luego del fracaso de la paritaria con el Gobierno. Los gremios docentes y no docentes rechazaron la oferta de un 3% de aumento para septiembre y otro 3% para octubre, por considerarla muy por debajo de la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023. La UBA anunció 23 días de paros y protestas rotativas hasta el 22 de octubre, mientras se prepara una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. Los sindicatos reclaman una recomposición de alrededor del 32,5%, en un contexto en que los salarios universitarios perdieron cerca de 25% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

El conflicto se agrava por el proyecto de Presupuesto 2027, el Ejecutivo prevé $7,34 billones para las universidades, frente a los cerca de $11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional. La brecha, próxima a $4 billones, compromete salarios, becas, investigación, infraestructura, hospitales universitarios y el funcionamiento cotidiano de las facultades. Cerca del 90% de los fondos requeridos se destina a salarios docentes y no docentes, por lo que el ajuste golpea de forma directa la continuidad de las actividades académicas y de los servicios que prestan las universidades públicas.

A la crisis presupuestaria y salarial se suma la situación de las obras sociales universitarias. En Córdoba, DASPU —la Dirección de Asistencia Social del Personal Universitario, que cubre a docentes, no docentes y jubilados de la Universidad Nacional de Córdoba— atraviesa una situación crítica por la caída real de los salarios y, con ella, de los aportes que la financian. La obra social depende centralmente de los descuentos sobre los haberes de sus afiliados; el Rectorado giró partidas extraordinarias en algunas coyunturas, pero no hay transferencias regulares suficientes dentro del presupuesto universitario para resolver el déficit de fondo.

La crisis de DASPU no derivó, según su conducción sindical, en un cierre general de áreas ni en la interrupción total de las prestaciones: se mantienen las coberturas de enfermedades crónicas, tratamientos prolongados y patologías graves. Sí se deterioraron, en cambio, las condiciones de atención y la calidad de los servicios, sobre todo en los convenios con prestadores externos. Cayó la cobertura de algunos prestadores particulares, lo que obligó a afiliados a cambiar de centro de salud; crecieron las dificultades para conseguir turnos durante las renegociaciones de convenios y subieron los coseguros que los trabajadores deben afrontar de su bolsillo. En las instituciones de mayor costo, los afiliados tienen que aportar mensualmente a un fondo solidario adicional para conservar la atención.

La situación refleja un problema más amplio del sistema universitario, salarios deteriorados significan aportes más bajos para las obras sociales, justo cuando suben los costos de medicamentos, estudios, prácticas y aranceles médicos. En DASPU la caída de afiliaciones ronda las 11.000 personas en los últimos años, empujada por el encarecimiento de las cuotas de adherentes y por la pérdida de trabajadores que se jubilan o no son repuestos en la universidad. El ajuste no solo golpea la enseñanza, la investigación y los salarios: también erosiona el derecho a la salud de quienes sostienen la universidad pública día a día.

El patrón no es exclusivo de Córdoba ni de la salud universitaria. En el mismo arco de semanas, PAMI acumuló deudas con prestadores que derivaron en suspensiones de atención en Rosario, mientras otras obras sociales —como OSFA en Río Cuarto, OSEF en Tierra del Fuego e IOSFA a nivel nacional— reportaron deudas millonarias e interrupciones de servicio. El caso cordobés, entonces, no es una anomalía local sino una expresión más de una lógica común en el sistema de obras sociales argentino: cuando el ajuste fiscal recae sobre el salario, la salud financiada por aportes se vuelve la primera variable de ajuste silencioso.

El vaciamiento presupuestario no solo empuja a las universidades a pedir más recursos al Estado: históricamente también las empujó a buscar ingresos propios a través de las oficinas de extensión y los convenios de pasantías con empresas privadas, un mecanismo que hoy vuelve a discutirse en el marco del ajuste. El caso más documentado es el de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que a través de su Secretaría de Asistencia Técnica y Pasantías llegó a autofinanciar hasta un 30% de su presupuesto anual dictando cursos de capacitación y gestión para empresas como MetroGas, Peugeot-Citroën y Nobleza Picardo, entre otras, además de gestionar cientos de convenios de pasantías en organismos estatales y firmas privadas. Ese esquema, presentado por las propias autoridades como una forma de "romper con un viejo prejuicio" respecto del vínculo entre la universidad pública y el sector productivo, convive hoy con denuncias de precarización: en la Facultad de Derecho de la UBA, becarios y pasantes reclamaron en 2026 por asignaciones de apenas $15.000 mensuales por 20 horas semanales de trabajo, mientras la facultad modificaba los convenios de pasantías con entidades externas sin extender esa regulación a quienes cumplen funciones dentro de la propia universidad. El resultado es una universidad que, para sostenerse, terceriza parte de su financiamiento en el sector privado al mismo tiempo que precariza el trabajo de quienes sostienen esa tercerización.

La crisis presupuestaria convive, además, con una ofensiva sobre la libertad de expresión política dentro de las universidades, en particular sobre las manifestaciones en defensa de Palestina. En mayo de 2026 la diputada Karina Banfi denunció penalmente a la licenciada en Filosofía Clara Aldea por exhibir la bandera palestina durante un acto académico, en una causa que los centros de estudiantes calificarin de intento de "amedrentar a quienes denunciamos el genocidio contra el pueblo palestino" apelando a una redefinición de antisemitismo aprobada por la Legislatura porteña en 2020. En ese mismo marco, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, participó junto a funcionarios de la embajada de Israel y el titular de la DAIA de un acto en Ciudad Universitaria en homenaje a los rehenes israelíes, un gesto que sectores estudiantiles y gremiales cuestionaron como toma de partido institucional en medio del genocidio en Gaza.

Las medidas coinciden con la salida de Javier Milei hacia Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU y reunirse con empresarios, en un escenario de creciente tensión social y política, mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos incluso de aliados por las partidas previstas para universidades y otras áreas sensibles en el Presupuesto 2027.