𝗣𝗲𝗿ú, 𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽. 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗮𝘆 𝘆 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘆𝘂𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗪𝗮𝘀𝗵𝗶𝗻𝗴𝘁𝗼𝗻 𝘆 𝗕𝗲𝗶𝗷𝗶𝗻𝗴

Por Ulra 

La estrategia de Washington para contener el avance chino en América Latina encuentra en Perú uno de sus límites más claros. El gobierno de Donald Trump intenta reconstruir una influencia directa sobre la región a través de la diplomacia, las fuerzas armadas, los tratados comerciales y la presión sobre los gobiernos nacionales, pero en suelo peruano choca con un terreno donde el capital chino ya se instaló con fuerza en sectores decisivos de la economía.

Esa vocación de tutela militar no es nueva ni discursiva, tiene una infraestructura concreta desplegada por todo el continente. Distintos relevamientos, que varían según se cuenten instalaciones permanentes, destacamentos compartidos o simples acuerdos de cooperación, calculan entre 70 y 80 bases e instalaciones militares estadounidenses activas en América Latina y el Caribe, con una fuerte concentración en Panamá, Puerto Rico, Colombia y Perú, y presencia consolidada también en Honduras, donde funciona desde hace más de cuatro décadas la base aérea de Soto Cano. Esa red, administrada por el Comando Sur, no es un simple dispositivo logístico contra el narcotráfico o de asistencia humanitaria, como gusta presentarla la propaganda oficial: históricamente sirvió para sostener golpes de Estado, entrenar y adoctrinar a oficiales locales —incluso en técnicas de tortura, a través de la tristemente célebre Escuela de las Américas— y garantizar que ningún gobierno de la región se saliera demasiado del libreto trazado por Washington. Es sobre ese trasfondo de dominio militar directo, y no solo comercial o financiero, que hay que leer la reacción norteamericana frente al avance de la infraestructura china: lo que está en discusión no es únicamente quién gana una licitación portuaria, sino quién conserva la capacidad de intervención armada sobre un continente que Estados Unidos considera, desde hace más de un siglo, su patio trasero natural.

El símbolo más visible del avance chino es el puerto de Chancay, inaugurado en noviembre de 2024 por Xi Jinping junto a la entonces presidenta Dina Boluarte, con una inversión inicial de 1.300 millones de dólares dentro de un proyecto total estimado entre 3.500 y 3.600 millones. La empresa estatal china COSCO Shipping Ports controla el 60% de la sociedad operadora, mientras que la minera peruana Volcan retiene el 40% restante. Chancay no es una obra aislada, sino una pieza central en el reordenamiento de las rutas comerciales del Pacífico sudamericano. La infraestructura busca conectar de manera más directa la producción minera, agroexportadora y comercial de Perú, y potencialmente de otros países de la región, con los mercados asiáticos, recortando el viaje marítimo hacia China de unos cuarenta días a apenas veintitrés. El puerto empezó a operar comercialmente en junio de 2025 y en el primer semestre de 2026 ya procesaba unos 200.000 contenedores equivalentes de veinte pies, un 71% más que en el mismo período del año anterior. Pero la presencia china en el país no nació con esta terminal: las relaciones diplomáticas datan de 1971 y el Tratado de Libre Comercio bilateral rige desde 2010. En las últimas décadas, Beijing se consolidó como principal socio comercial peruano y sus compañías se expandieron sobre minería, electricidad, telecomunicaciones, comercio y grandes obras de infraestructura. Chancay es apenas la síntesis más elocuente de esa penetración económica, porque combina en un mismo proyecto propiedad extranjera, extracción de recursos, logística internacional y proyección geopolítica.

Washington observa impotente este avance con una genuina alarma. Funcionarios norteamericanos vienen advirtiendo que el control chino sobre una infraestructura portuaria estratégica puede comprometer su sometimiento imperial y allanar el terreno para una futura presencia militar en la región. La disputa incluso llegó a los tribunales, una sala judicial peruana restituyó el 1 de julio de 2026 las facultades del regulador Ositrán para supervisar y sancionar al operador del puerto, revirtiendo decisiones previas que habían recortado esa capacidad de control estatal. Pero el discurso de Washington choca con una contradicción que no puede resolver con declaraciones altisonantes: durante décadas fue precisamente Estados Unidos, junto con los organismos financieros internacionales, quien empujó la apertura económica, las privatizaciones y la libre movilidad de capitales en toda América Latina. Cuando los capitales occidentales no aparecieron para financiar infraestructura estratégica, fueron las corporaciones chinas las que ocuparon ese vacío. Ahora Washington denuncia la pérdida de soberanía peruana, aunque fueron exactamente esas políticas de subordinación, privatización y desregulación, alentadas históricamente por las potencias imperialistas occidentales, las que abrieron la puerta al dominio extranjero sobre sectores clave de la economía nacional.

En medio de esa disputa entre potencias se mueve el gobierno de Keiko Fujimori, que no puede darse el lujo de romper con China sin golpear directamente los intereses centrales de la burguesía peruana. China es hoy un mercado decisivo para las exportaciones del país, una fuente central de inversión y un actor ya instalado en áreas estratégicas de la economía. Por eso, aunque Fujimori representa a una derecha dispuesta a profundizar la colaboración con Washington en materia de seguridad, defensa y negocios, su gobierno intenta al mismo tiempo conservar intacto el vínculo económico con Beijing. Lejos de tratarse de una estrategia soberana, esa política es apenas una maniobra de equilibrio entre dos potencias rivales: el fujimorismo busca aprovechar el capital chino en minería, puertos, energía y comercio, mientras refuerza en paralelo la relación política, militar y de seguridad con Estados Unidos, que a su vez considera a Fujimori una aliada regional potencial para contener a China y fortalecer operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado. La contradicción, en el fondo, es una contradicción de clase: la burguesía peruana no aspira a recuperar para el país el control de su riqueza, de sus puertos o de sus rutas comerciales, sino simplemente a conseguir mejores condiciones para asociarse con uno u otro bloque capitalista. Necesita a China como comprador, financista e inversor, y busca en Estados Unidos un respaldo político, militar y financiero. El resultado de esa doble subordinación es una soberanía apenas formal, mientras la economía real queda atravesada de punta a punta por los intereses de potencias extranjeras.

Es cierto que Chancay puede reducir costos logísticos, ampliar la circulación de mercancías y fortalecer la actividad exportadora peruana. Pero el beneficio para los trabajadores no está garantizado por el simple hecho de que exista más comercio. Si la infraestructura queda en manos de una empresa estatal extranjera asociada con capitales privados locales, si las ganancias se concentran en exportadoras, mineras y navieras, y si el país sigue organizado en torno a la extracción de materias primas para el mercado mundial, el megapuerto puede terminar reforzando la dependencia estructural en lugar de superarla. Y ahí aparece el punto que la izquierda latinoamericana no puede permitirse pasar por alto: la expansión china confronta de hecho con la hegemonía norteamericana, pero eso no la convierte en una alternativa emancipatoria ni antiimperialista. China actúa en Perú y en el resto del continente como lo que es, una gran potencia capitalista que necesita asegurarse minerales, alimentos, mercados, infraestructura logística, rutas de transporte y posiciones financieras. La diferencia de bandera con Estados Unidos no borra la relación desigual que se establece entre una potencia industrial, tecnológica y financiera de primer orden, y economías latinoamericanas especializadas históricamente en la exportación de materias primas.

La experiencia regional confirma ese diagnóstico. Los principales destinos de la inversión china en América Latina son Brasil, Perú, Chile y Argentina, con una fuerte concentración en recursos naturales e infraestructura. Esas inversiones pueden financiar obras que los propios Estados nacionales nunca llegaron a realizar, pero al mismo tiempo consolidan una estructura donde los países sudamericanos siguen exportando cobre, litio, soja, petróleo y carne, mientras importan tecnología, maquinaria y productos industriales de mayor valor agregado. Por eso celebrar a China como un simple "contrapeso" frente a Estados Unidos, sin discutir quién controla realmente las inversiones y bajo qué régimen laboral, ambiental y fiscal operan, equivale en los hechos a aceptar otra forma de subordinación con un acento distinto. La soberanía no consiste en elegir qué embajada presiona menos a un gobierno, qué banco refinancia una deuda con mejores condiciones, qué multinacional extranjera termina controlando un puerto estratégico, o cuántas banderas militares se reparten el territorio. Consiste, en cambio, en que sea la propia población trabajadora la que controle democráticamente sus recursos y decida un plan económico en función de las necesidades sociales, y no de la rentabilidad de los grandes grupos empresarios ni de la geopolítica de las potencias, sean estas occidentales u orientales.

Para la clase trabajadora argentina, el caso peruano ofrece una enseñanza que no admite demasiadas vueltas. Argentina tampoco logró construir soberanía alguna mediante el equilibrio entre potencias rivales. El peronismo, en sus distintas etapas, buscó negociar simultáneamente con Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, los acreedores privados, la Unión Europea y China, y esa política pudo en algún momento mejorar transitoriamente las condiciones de financiamiento o abrir determinados mercados, pero nunca logró superar la estructura de fondo hecha de endeudamiento crónico, fuga de capitales, dependencia de exportaciones primarias y escasez recurrente de dólares. El swap con China expone con crudeza ese límite estructural. Argentina mantiene con el Banco Popular de China un acuerdo de monedas por unos 18.000 millones de dólares, cuyo tramo activado, de 5.000 millones, fue renovado en abril de 2025 y funciona como respaldo directo de las reservas del Banco Central. El propio FMI reconoció en 2026 que la autoridad monetaria argentina negociaba la extensión de ese acuerdo y el refinanciamiento del tramo activado.

El origen y el destino de esos fondos son, en sí mismos, reveladores del verdadero papel que cumplen. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el dinero activado se utilizó para pagar obligaciones externas, incluidos compromisos con el propio FMI, y para financiar importaciones corrientes. No formó parte de ningún programa de transformación industrial planificada ni de recuperación pública de recursos estratégicos: sirvió, lisa y llanamente, para postergar una crisis de reservas y sostener la rueda de pagos de la deuda. Javier Milei llevó la subordinación a Washington, al Fondo y al capital financiero internacional a un nivel abierto y hasta programático, aplicando un ajuste brutal sobre salarios, jubilaciones, empleo público, educación, ciencia y salud con el objetivo declarado de garantizar el pago de la deuda y atraer capitales. Pero ni siquiera ese alineamiento explícito con Washington le permitió romper con China: mientras proclama su devoción por Estados Unidos, su gobierno necesita que el Banco Popular de China siga refinanciando una porción central de las reservas disponibles. En abril de 2025, en pleno proceso de negociación de un acuerdo de 20.000 millones de dólares con el FMI, China renovó por un año más el tramo activado de 5.000 millones. La conclusión que se desprende de estos hechos es difícil de discutir: Milei no representa ninguna salida real de la dependencia mediante una alianza privilegiada con Estados Unidos, del mismo modo que el peronismo tampoco la construyó apelando a un discurso de "multipolaridad" y acuerdos con Beijing. Ambos, con métodos, ritmos y discursos bien distintos, terminan administrando una misma economía subordinada a acreedores, organismos internacionales, grandes exportadores, bancos y capitales extranjeros.

De ahí que los trabajadores latinoamericanos no tengan absolutamente ningún interés en alinearse ni con Trump ni con Xi Jinping, y tampoco en depositar expectativas en burguesías nacionales que se presentan como mediadoras patrióticas mientras negocian puertos, minerales y reservas con corporaciones extranjeras a espaldas de sus pueblos. En Perú, el fujimorismo intenta captar simultáneamente los negocios de Beijing y el blindaje geopolítico de Washington, con sus decenas de bases desplegadas en la región como garantía última de ese blindaje. En Argentina, Milei busca el respaldo político de Estados Unidos y del FMI sin resignar el oxígeno financiero que le da el swap chino, mientras el peronismo, en sus distintas variantes, utilizó su relación con Beijing sin romper jamás ni con el Fondo ni con la lógica de la deuda externa. Una política obrera y socialista tiene que partir de una delimitación clara frente a ese doble juego: ni tutela estadounidense, ni tutela china, ni FMI, ni bases militares extranjeras, ni acuerdos secretos de endeudamiento, ni dominio privado o extranjero sobre puertos, minerales, energía, banca y comercio exterior. Eso supone, para el conjunto de la clase trabajadora latinoamericana, avanzar hacia la recuperación bajo propiedad pública y sin indemnización de los recursos estratégicos, los puertos, la energía y la banca; exigir la apertura completa de los contratos firmados con COSCO, con las mineras, con las energéticas y con los organismos de crédito; rechazar de plano el pago de una deuda ilegítima y cualquier programa del FMI que descargue el ajuste sobre salarios y derechos sociales; exigir el desmantelamiento de toda base y todo acuerdo militar extranjero en territorio latinoamericano; imponer control obrero sobre las condiciones laborales y ambientales en los enclaves extractivos y en las grandes obras de infraestructura; y avanzar hacia una planificación regional de la producción y el transporte que permita a los trabajadores de la región dejar de competir entre sí a fuerza de salarios bajos, precarización y destrucción ambiental para seducir inversiones extranjeras.

La discusión de fondo, entonces, no pasa por si Chancay debe terminar respondiendo a Beijing o a Washington, sino por si ese puerto, la riqueza minera peruana y las rutas del comercio regional van a estar puestos al servicio de las grandes corporaciones y de la exportación de ganancias, o al servicio de un desarrollo planificado por y para las mayorías trabajadoras del continente. Exactamente lo mismo vale para la Argentina: el problema real no es si el Banco Central debe depender del FMI o del swap chino, sino cómo terminar de una vez con una economía entera organizada en función de pagar deuda, garantizar rentas empresariales, alojar bases militares extranjeras y transferir riqueza hacia el exterior. La clase trabajadora argentina tiene que sacar de todo esto una conclusión política concreta: la subordinación abierta de Milei a Estados Unidos no la libra de la dependencia china, la relación con Beijing no elimina el peso del FMI sobre la economía nacional, y un eventual regreso de una administración peronista que simplemente aprenda a negociar mejor con ambos polos tampoco resolvería absolutamente nada de fondo. Sin una ruptura efectiva con la deuda, con la fuga de capitales, con el dominio bancario, con el extractivismo exportador, con la presencia militar extranjera y con la propiedad privada de los resortes estratégicos de la economía, la dependencia va a seguir estando ahí, cambiando apenas de bandera, de acreedor y de discurso, mientras la única salida real —la de una economía puesta bajo control de quienes la hacen funcionar con su trabajo— sigue esperando ser conquistada.