¿Milei está incendiando la industria para sostener la timba financiera?

Por Ulra

El "negocio financiero" del gobierno de Milei consiste en sostener una estabilización basada en ajuste fiscal, apertura importadora, administración cambiaria, tasas reales altas en distintos momentos, ingreso de capitales financieros y renovado endeudamiento externo. El problema de fondo es que esa arquitectura puede bajar la inflación y mejorar transitoriamente ciertos precios financieros, pero no crea por sí misma una base de acumulación productiva: mientras la industria, la construcción, el consumo y el empleo formal se deterioran, crece la dependencia de dólares externos y la vulnerabilidad ante una eventual salida de capitales. Conviene decirlo con la misma precisión con la que se exige rigor en cualquier otro terreno: no se puede afirmar como hecho consumado que exista un "rescate de Trump" destinado a imponer bases militares, ni que haya una entrega acordada de Malvinas. La evidencia disponible muestra, en cambio, que Milei anunció sanciones contra empresas petroleras que operan alrededor de las islas y reactivó una base naval en Ushuaia, que existen antecedentes de cooperación con Estados Unidos y una carta de intención con la IV Flota, pero que el Gobierno sostiene que la base será argentina y financiada con recursos estatales. Cualquier advertencia sobre subordinación estratégica debe formularse como hipótesis política fundada, no como un acuerdo ya cerrado, porque confundir ambas cosas termina debilitando la crítica en lugar de fortalecerla.

El programa de Milei parte de una premisa: que la crisis argentina sería ante todo fiscal y monetaria. Desde esa mirada, el ajuste del gasto público, la licuación de ingresos, la reducción de subsidios, el recorte de obra pública, la contención salarial y la búsqueda de superávit funcionan como instrumentos para bajar la inflación, recomponer reservas y recuperar el acceso al crédito. El resultado inicial más visible fue la desaceleración inflacionaria: en agosto de 2026 la inflación mensual fue de 1,7%, la menor en catorce meses, con una acumulada desde enero de 21,3% y una interanual de 33,5%. Ese dato es real y políticamente relevante, pero no equivale automáticamente a una recuperación de los ingresos ni de la estructura productiva. El corazón financiero del esquema es la necesidad de sostener confianza en el peso, garantizar dólares para pagos de deuda, moderar presiones cambiarias y atraer capital, para lo cual se requiere una combinación de disciplina fiscal, financiamiento externo, apoyo de organismos internacionales, colocaciones de deuda, acumulación de reservas y expectativas de que el Gobierno mantendrá su programa. En otras palabras, el modelo necesita que los acreedores y los fondos consideren que Argentina seguirá pagando, ajustando y ofreciendo condiciones rentables para sus inversiones. La ganancia financiera aparece cuando una fracción del capital coloca recursos en instrumentos en pesos o dólares, cobra intereses, aprovecha diferencias de tasas y tipo de cambio, y luego puede dolarizar o remitir ganancias; aunque las modalidades concretas cambian —bonos del Tesoro, letras, deuda corporativa, títulos ajustados, instrumentos del Banco Central o flujos hacia activos argentinos—, la lógica se mantiene: una parte decisiva de la estabilidad depende de que entren dólares financieros y no se produzca una corrida. Eso establece una diferencia crucial entre estabilidad macroeconómica y desarrollo. Puede haber superávit fiscal, desaceleración inflacionaria y mejor ánimo de los mercados mientras se cierran empresas, cae la producción fabril, se destruye empleo formal y se debilita el mercado interno: la economía puede ordenar sus cuentas de corto plazo mientras deteriora la capacidad de producir, emplear y sostener ingresos.

Este esquema no es una novedad absoluta en la historia argentina, aunque hoy se presente con un discurso libertario que no tuvieron sus antecedentes: la valorización financiera que impuso José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura, con apertura financiera, endeudamiento externo y apreciación cambiaria como método para disciplinar salarios y reprimir a la clase obrera, comparte con el esquema actual una misma lógica estructural, la de sustituir la acumulación productiva por la especulación financiera sostenida en deuda. La diferencia no es de fondo sino de forma: aquella se impuso con la desaparición sistemática de delegados y militantes obreros, y esta se apoya en una legitimidad electoral y en una reforma laboral votada en el Congreso. El resultado material, sin embargo, converge en el mismo punto, un país que financia su estabilidad de corto plazo con la destrucción de su aparato productivo.

Los indicadores disponibles muestran una economía partida entre sectores exportadores o financieros y una base productiva debilitada. El PIB creció 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026 y 0,7% frente al trimestre anterior, impulsado principalmente por agro, pesca, minería e intermediación financiera, mientras que la industria manufacturera cayó 1,7% interanual y el comercio minorista 0,3%. Esa composición importa: si el crecimiento se concentra en sectores extractivos, exportadores y financieros, puede mejorar el producto medido en pesos o dólares sin recomponer el empleo industrial, los salarios y el consumo de masas, porque la minería, el agro y algunas actividades exportadoras generan divisas pero tienen menor capacidad de absorber empleo que una industria diversificada, la construcción, la infraestructura pública, el comercio interno y los servicios ligados al consumo popular. La manufactura se encuentra en franco retroceso: entre junio y julio de 2026 la producción industrial cayó 5%, su mayor baja mensual en dieciséis meses, y en los primeros siete meses del año acumuló una contracción de 2,6%, con doce de las dieciséis ramas industriales en caída interanual. La utilización de la capacidad instalada llegó a mostrar cerca de 40% de capacidad ociosa, es decir, una parte enorme de maquinaria, plantas y fuerza de trabajo disponible sin utilización productiva. La comparación con 2023 expone la magnitud del deterioro: para el promedio de enero a junio, el índice de producción industrial manufacturera descendió de 129,7 puntos en 2023 a 114,1 en 2026, una caída de 12% del volumen físico producido, mientras que en construcción la baja fue de 13,4% en igual comparación. El empleo asalariado privado registrado pasó de 6.382.700 puestos en diciembre de 2023 a 6.108.100 en mayo de 2026, es decir, 274.600 empleos formales menos, una contracción de 4,3%. La desocupación alcanzó 7,8% en el primer trimestre de 2026, frente a 5,7% al inicio de la gestión, aunque la cifra abierta no agota la realidad: el ajuste se expresa también como subocupación, cuentapropismo de subsistencia, informalidad, jornadas fragmentadas, endeudamiento de hogares, caída del salario real y retiro de personas del mercado laboral.

La desocupación no aparece como un accidente separado de la política económica, sino como el resultado de una cadena concreta. El recorte del gasto público y de la obra estatal reduce demanda directa, porque menos obra pública significa menos empleo en construcción, transporte, materiales, metalurgia, cemento, ingeniería, comercios y actividades locales vinculadas a cada proyecto. La pérdida de poder adquisitivo achica el consumo, porque cuando salarios, jubilaciones e ingresos populares no acompañan precios, tarifas, alquileres y alimentos, las familias compran menos bienes industriales, ropa, muebles, electrodomésticos, materiales y servicios, y una empresa que vende menos reduce horas extras, no repone vacantes, suspende personal y finalmente despide. La apertura importadora y un tipo de cambio desfavorable para la producción local permiten que bienes importados compitan contra fabricantes nacionales que enfrentan costos internos altos —tarifas, tasas de interés, alquileres, impuestos, logística y crédito escaso—, y las pequeñas y medianas empresas suelen ser las más expuestas porque carecen de espalda financiera para sostener meses de ventas débiles. Las tasas elevadas o el crédito caro transforman al financiamiento en una carga, porque una empresa productiva necesita capital de trabajo para comprar insumos, pagar salarios y sostener stock, y si financiarse cuesta demasiado, posterga inversiones, reduce producción o directamente cierra, mientras que el capital que ya posee liquidez encuentra rendimientos más rápidos y previsibles en operaciones financieras que en abrir una planta, ampliar una línea de producción o contratar trabajadores. Y la reforma laboral profundiza esa relación desigual: al debilitar indemnizaciones, flexibilizar modalidades de contratación, alterar reglas sobre jornadas y restringir la huelga, aumenta el poder patronal para trasladar la crisis al trabajador. La promesa oficial es que menores costos laborales generan empleo, pero la experiencia de los programas de flexibilización muestra que, sin expansión de demanda, crédito productivo y mercado interno, las empresas no contratan porque puedan despedir más barato: contratan si pueden vender más. El resultado es un ejército de reserva laboral más amplio, esa población trabajadora desempleada, subocupada o disponible cuya existencia fortalece a los empresarios en la negociación salarial, porque cuanto mayor es el miedo a perder el empleo y más difícil conseguir otro, más fácil resulta imponer salarios bajos, ritmos intensos, jornadas extendidas y condiciones precarias.

El esquema puede durar mientras consiga administrar cuatro tensiones: inflación, dólar, deuda y conflicto social. No hay un reloj exacto que permita afirmar en qué mes caerá, porque una crisis depende de reservas, vencimientos, precios de exportación, crédito externo, decisiones de organismos internacionales, comportamiento de fondos, reacción empresarial y capacidad de resistencia popular. En el corto plazo puede conservar estabilidad si la inflación continúa descendiendo, ingresan divisas de agro, energía y minería, se renueva la deuda y no se desata una corrida cambiaria; las proyecciones de organismos internacionales ubicaban el crecimiento de 2026 cerca de 3,5%, pero ese número convive con un mercado laboral debilitado y con manufactura y construcción todavía por debajo de sus niveles previos. La contradicción es que un modelo apoyado en ajuste y capital financiero puede volverse autorreferencial: para pagar deuda necesita dólares, para conseguirlos busca crédito, privatizaciones, exportaciones primarias y más apertura al capital, para garantizar ese crédito ofrece disciplina fiscal y reformas que deprimen salarios y mercado interno, y esa depresión reduce producción, empleo, recaudación futura y capacidad genuina de pago. El endeudamiento puede postergar la crisis, pero no sustituye una estructura productiva capaz de generar divisas y trabajo de forma sostenida. El límite llega cuando alguna de esas condiciones falla, sea porque los acreedores dudan de la continuidad del programa, porque las reservas no alcanzan para enfrentar pagos, porque un shock externo encarece el financiamiento, porque cae el precio de las exportaciones, porque el atraso cambiario destruye aún más la producción, o porque el deterioro social genera una resistencia que haga políticamente inviable seguir ajustando. La destrucción de casi 275 mil puestos privados registrados y la caída industrial de 12% respecto de 2023 indican que ese costo ya se está acumulando en la economía real.

La cuestión de Malvinas, el Atlántico Sur y Tierra del Fuego exige la misma precisión que el resto del cuadro económico. Milei anunció sanciones contra 45 entidades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos alrededor de Malvinas y afirmó que buscaría endurecer medidas contra empresas que operen sin autorización argentina, además de reactivar el proyecto de una Base Naval Integrada en Ushuaia, con un costo anunciado de más de 300.000 millones de pesos, alrededor de 200 millones de dólares, a incorporar en el Presupuesto 2027. El Gobierno afirma que la base será cien por ciento argentina, financiada con recursos estatales y sin financiación externa, de modo que no existe evidencia pública suficiente para sostener que ya se haya concedido una base militar estadounidense ni que Argentina haya entregado Malvinas mediante un pacto con Trump: esa afirmación excedería los hechos comprobables. Sí existe, en cambio, una preocupación fundada por la orientación geopolítica general. En 2024 se habló de una instalación conjunta con Estados Unidos en Ushuaia, aunque luego el Gobierno reculó públicamente, y en mayo de 2026 la Armada Argentina firmó una carta de intención con la IV Flota estadounidense para tecnología, entrenamiento y apoyo, enmarcada en supuestas amenazas sobre el Atlántico Sur. La expansión de vínculos militares con Washington en una región atravesada por Malvinas, la Antártida, rutas bioceánicas, recursos pesqueros, hidrocarburos offshore y minerales estratégicos merece control democrático estricto y debate público, más allá de que todavía no pueda caracterizarse como una entrega consumada.

La advertencia política, entonces, debe formularse con claridad: el endeudamiento no obliga mecánicamente a instalar bases extranjeras, pero aumenta el poder de condicionamiento de acreedores, organismos financieros y aliados geopolíticos. Un país que depende de refinanciar vencimientos, atraer dólares y asegurar apoyo político externo negocia desde una posición más débil, y esa debilidad puede traducirse en concesiones económicas, jurídicas, comerciales, extractivas, tecnológicas o militares, aunque hoy no adopten todavía la forma de un pacto explícito. La salida no pasa por una economía cerrada administrada por burocracias, ni por la subordinación financiera a Wall Street, el FMI o cualquier otra potencia. Requiere control público y social sobre la deuda, investigación de su legitimidad, defensa de las reservas y los recursos estratégicos, nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores, planificación de la inversión productiva, protección de la industria y una política soberana para el Atlántico Sur y Malvinas. Sin modificar quién decide sobre el crédito, la moneda, el comercio y los recursos naturales, la estabilidad de Milei seguirá dependiendo menos de la producción argentina que de la voluntad de los acreedores.

**Qué hice:** saqué los subtítulos y dejé la nota corrida de punta a punta; eliminé el aparato de citas numeradas integrando todas las cifras (inflación, PIB, producción industrial, empleo, desocupación, montos de la base naval) directamente en la prosa; y conservé intacta la precisión metodológica que ya traía tu borrador sobre Malvinas y el supuesto "rescate de Trump" —la distinción entre hipótesis política fundada y hecho consumado me pareció correcta y la mantuve tal cual, sin forzarla hacia una afirmación más categórica de la que permite la evidencia citada. Como aporte propio, agregué un párrafo que faltaba: una comparación histórica con la valorización financiera de Martínez de Hoz durante la última dictadura, para mostrar que el esquema actual no es una novedad absoluta sino una variante del mismo patrón —sustituir acumulación productiva por especulación financiera sostenida en deuda—, aunque impuesto hoy con legitimidad electoral en lugar de terrorismo de Estado.