IOMA: la crisis de salud que desgasta a los docentes antes y después de jubilarse

La crisis de IOMA no es un accidente administrativo ni una simple consecuencia de la falta de turnos. Es la forma que adopta la adaptación del gobierno bonaerense a una crisis nacional de la salud de los trabajadores: salarios que pierden contra el costo de vida, empleo registrado que se destruye, obras sociales que recortan prestaciones, prepagas que expulsan afiliados por precio y hospitales públicos que absorben una demanda creciente con recursos insuficientes. Esa crisis nacional golpea con dureza a las obras sociales docentes de cada provincia. La huelga docente de 46 días en Tierra del Fuego —prácticamente invisibilizada por el gobierno nacional y por gran parte de las conducciones sindicales— mostró que ese silenciamiento no es casual: sirve para administrar el ajuste provincia por provincia e impedir que se transforme en una respuesta nacional.

IOMA cumple, en ese cuadro, una función decisiva. Al cierre de 2025 informó más de 2,13 millones de afiliados obligatorios y voluntarios; otras estimaciones que incorporan grupos familiares y distintas categorías de afiliación acercan su universo a 2,5 millones de personas. Es una de las mayores obras sociales del país. Su presupuesto para 2026 asciende a casi $2,5 billones, pero ese volumen nominal no se traduce automáticamente en atención efectiva cuando medicamentos, prácticas de alta complejidad, discapacidad y tratamientos crónicos aumentan a un ritmo que la masa salarial no puede seguir.

Explicamos el nudo del problema: IOMA se financia sobre salarios deteriorados y debe pagar servicios sanitarios cuyos precios corren a otra velocidad. Los trabajadores estatales bonaerenses aportan obligatoriamente 4,8% de su remuneración; los jubilados del IPS, 4,5% de su haber. Pero ese aporte no evita bonos, coseguros, falta de especialistas ni turnos postergados. En mayo, mientras los prestadores recibían entre $8.900 y $15.200 por consulta, los afiliados debían afrontar bonos de $30.000 o más. Tampoco se puede elegir médico de cabecera y los cuidados domiciliarios no están garantizados.

Una docente describe la situación que atraviesan muchas personas afiliadas, una cobertura que, pese a los descuentos mensuales y a los aportes que se realizan, no garantiza una atención médica suficiente ni oportuna. Según relata, acceder a una consulta, un estudio o una práctica básica suele convertirse en un recorrido complejo, con demoras, escasez de especialistas y gastos adicionales que recaen sobre los propios afiliados. Para consultas simples, estudios clínicos, análisis de sangre, ecografías, radiografías o atención odontológica, los pacientes deben pagar bonos que pueden ir hasta $30.000. Muchos profesionales argumentan que IOMA no les paga adecuadamente o demora los pagos, por lo que trasladan parte del costo a los pacientes mediante bonos cada vez más caros.

La dificultad no se limita al aspecto económico. Conseguir turnos también es un problema frecuente: en algunos casos hay pocos médicos disponibles y en otros directamente no se puede elegir profesional dentro de la cobertura. Esto obliga a muchas personas a atenderse de manera particular o a buscar alternativas fuera de la obra social, aun cuando continúan aportando todos los meses. La situación se vuelve más grave en especialidades como psicología y psiquiatría, donde encontrar atención puede ser especialmente difícil. También cuestiona la calidad de algunos centros de diagnóstico: aunque los estudios pueden ser solicitados a través de la obra social, no siempre existen garantías sobre la calidad de la atención, los equipos disponibles o las condiciones en que se realizan las prácticas.

El relato incorpora además un problema serio en la atención de urgencias. La docente afirma que ya no habría guardias disponibles en algunas clínicas, lo que obliga a trasladarse grandes distancias incluso ante situaciones urgentes. Cuenta como ejemplo el caso de una fractura de su hijo, para ser atendido, tuvo que viajar alrededor de diez kilómetros porque en su zona no encontraba una guardia que recibiera afiliados de la obra social. Menciona que antes existían más opciones, pero que actualmente la red de atención se habría reducido de manera considerable. Finalmente, vincula estas deficiencias con una situación más amplia de abandono y precarización. Sostiene que muchas personas mayores quedan postradas o dependen de sus familias porque el sistema de salud no responde adecuadamente a sus necesidades. Para quienes trabajan y deben cuidar a padres, madres u otros familiares mayores, esa falta de cobertura implica una carga adicional: faltar al trabajo, organizar traslados, pagar consultas particulares y asumir cuidados que deberían estar acompañados por una atención sanitaria pública o de obra social de calidad.

En conjunto, su testimonio muestra una obra social que continúa descontando aportes, pero cuya cobertura aparece debilitada por los altos copagos, la falta de especialistas, las dificultades para obtener turnos, la reducción de guardias y una atención que muchas veces obliga a los afiliados a pagar nuevamente por servicios que, en teoría, ya deberían estar garantizados. El docente, el auxiliar, el administrativo o el jubilado aporta obligatoriamente y después puede verse obligado a pagar de nuevo por una parte de la misma atención. La cobertura sigue existiendo en los papeles; en la práctica se convierte en una protección parcial cuyo déficit se cubre con el propio bolsillo.

"Diagnosticar SA", una de las prestadoras de estudios de diagnóstico por imágenes de la cartilla, concentra de manera especialmente aguda el malestar de los afiliados. Las denuncias recurrentes apuntan a demoras, desorganización y deficiencias en la atención. Al mismo tiempo, los estudios de tomografía, ecografía y otras prácticas de alta complejidad pueden terminar trasladando costos adicionales al afiliado, sea mediante bonos, diferencias, prestaciones no disponibles o la necesidad de resolverlas en el sector privado. La tercerización y concentración de prácticas esenciales vuelven más frágil la atención cuando el prestador no responde en tiempo, forma y calidad.

En Mar del Plata ese patrón llegó a un punto crítico. Afiliados, familiares y organizaciones denunciaron demoras, dificultades de acceso a camas, problemas con derivaciones y discontinuidades de atención. El caso de Silvia Nancy González, afiliada de 56 años que sufrió un infarto el 27 de abril y murió el 30 de abril tras una cadena de derivaciones, se transformó en emblema de esa crisis. Según la denuncia de su hija, primero se autorizó un traslado a Berisso, a más de 350 kilómetros de Mar del Plata; luego fue derivada a un sanatorio que, de acuerdo con la familia, no contaba con la unidad coronaria requerida. Finalmente fue trasladada a La Plata, donde falleció ese mismo día. La familia reclama que se investiguen las responsabilidades de IOMA y de los establecimientos involucrados; no hay todavía una sentencia judicial firme que haya determinado responsabilidades definitivas.

El hecho no puede reducirse a una tragedia individual. Cuando una obra social no cuenta con una red prestacional capaz de resolver una urgencia cardiovascular en una ciudad como Mar del Plata, el problema excede cualquier explicación burocrática. La salud deja de ser un derecho garantizado y queda sometida a la disponibilidad de camas, autorizaciones, convenios, empresas y traslados. Los familiares denunciaron, además, gastos adicionales en estudios y alimentación durante la internación. Esa es la forma concreta de una cobertura degradada: el afiliado aporta durante años, pero en el momento crítico debe esperar, trasladarse o pagar.

La deuda con prestadores revela la dimensión material de esa degradación. La Agremiación Médica Platense intimó a IOMA por prestaciones de enero, febrero y marzo de 2026 y reportó una deuda de $1.190.897.751; había advertido que, si el pago no se regularizaba, suspendería por 48 horas la atención a afiliados. IOMA respondió que la cadena de pagos no estaba cortada. El conflicto no se resuelve con esa afirmación, lo que está en discusión es si los valores, plazos y mecanismos de actualización alcanzan para sostener la atención sin que prestadores y afiliados terminen absorbiendo la diferencia.

No hay intervención formal de IOMA. La obra social sigue bajo la presidencia de Homero Giles y bajo la responsabilidad política directa de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. La Provincia atribuye buena parte del deterioro a la política nacional —caída del empleo formal, desregulación de las prepagas, encarecimiento de medicamentos y retiro de recursos para discapacidad— y esos factores son reales. Pero esa explicación se vuelve excusa cuando se la usa para tapar lo que depende del Ejecutivo bonaerense: Kicillof define prioridades presupuestarias, ejecuta convenios, negocia aranceles, organiza auditorías y decide si se garantiza una cartilla real o una cobertura fragmentada. La misma falta de respuesta de fondo que el gobierno mostró ante los despidos y la ofensiva patronal en FATE reaparece en este terreno. Se denuncia el ajuste nacional, pero no se transforma el control de los recursos provinciales en una política efectiva de defensa del salario, la salud y el empleo. El gobierno provincial no es un comentarista de la crisis de IOMA, es su administrador político.

Una crisis nacional que atraviesa a toda la docencia

IOMA concentra de manera aguda un proceso que se repite en el país entero. La destrucción de empleo formal reduce aportes a las obras sociales sindicales; la desregulación de las prepagas expulsa a asalariados y sectores medios hacia coberturas estatales y hospitales públicos ya saturados. Según datos citados por el gobierno bonaerense, la caída del empleo formal dejó a unas 742.000 personas sin obra social ni prepaga y cerca de 80% de las obras sociales nacionales no recaudaría lo suficiente para cubrir costos mínimos. Son cifras que exigen auditoría y apertura de datos, pero describen una tendencia real: cuanto más se precariza el trabajo, más se debilita la cobertura ligada al empleo y más presión recibe el sistema público.

Jujuy muestra la misma lógica con otro nombre propio. El Instituto de Seguros de Jujuy acumuló atrasos con prestadores que llevaron al Colegio Médico local a confirmar una suspensión de atención a afiliados. Según las denuncias publicadas, profesionales que atendieron en noviembre seguían sin cobrar y las deudas se arrastraban desde diciembre. La crisis de una obra social provincial se expresa, otra vez, como transferencia del costo hacia el afiliado: cuando el prestador deja de atender por falta de pago, el trabajador debe pagar particular, postergar la consulta o depender de un hospital público sobrecargado.

Un estudio de la UNLP difundido por Infocielo indicó que 51,3% de las personas encuestadas conoce a alguien que dio de baja su prepaga desde el inicio de la actual gestión nacional. El mismo informe registró el ingreso de 7.500 nuevos afiliados a IOMA durante el primer trimestre: 70% proveniente de PAMI, 22% de prepagas privadas y 8% de otras obras sociales. Estas cifras deben ser atribuidas al estudio hasta contar con publicación metodológica completa y registros administrativos abiertos. Su significado, sin embargo, es contundente: no son personas que eligen libremente una cobertura mejor; son trabajadores y jubilados expulsados de alternativas que ya no pueden pagar.

Esta dinámica tiene una dimensión que rara vez se nombra con precisión, lo que está en crisis no es sólo un conjunto de instituciones sanitarias, sino la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo. El salario nunca alcanza por sí solo para cubrir alimentación, vivienda, salud, descanso, cuidados y crianza. La posibilidad de trabajar depende de una red colectiva, total o parcialmente socializada: escuela pública, hospital público, obra social, jubilación, transporte, servicios y licencias. Cuando ese entramado se degrada al mismo tiempo que cae el salario, la crisis deja de ser sectorial. Los gobiernos capitalistas empiezan a retirar, incluso de modo precario, las condiciones que permiten renovar día a día a quienes sostienen la producción, la educación, los servicios y los cuidados.

En la docencia el impacto es todavía mayor. Enseñar no es sólo transmitir contenidos: es realizar una parte decisiva del trabajo social de formación, cuidado, contención y reproducción de la vida cotidiana. Cuando se degradan los salarios docentes, las condiciones escolares y la cobertura de salud, se golpea a quienes sostienen esa red y también a las familias que dependen de la escuela pública. Por eso la crisis de IOMA no puede pensarse como un problema técnico de gestión sanitaria: expresa una ofensiva más amplia contra las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Tierra del Fuego mostró ese proceso de forma concentrada. La huelga docente por tiempo indeterminado impulsada por SUTEF comenzó el 3 de agosto y se extendió durante 46 días, hasta el 18 de septiembre. Fue una huelga docente provincial, no una huelga general de toda Tierra del Fuego, y combinó reclamos salariales, devolución de descuentos, financiamiento educativo, infraestructura escolar y una mesa de salud docente. La docencia fueguina reclamó un salario equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil calculado por el sindicato en $3.000.352 mensuales. El acuerdo final con el gobierno de Gustavo Melella incluyó la declaración de emergencia salarial docente, la continuidad de la discusión salarial, una ley o discusión de financiamiento educativo, obras escolares y una mesa de salud docente. Fue aceptado por 69% de los mandatos en el congreso de delegados, mientras 29,5% votó por rechazarlo y sostener la medida.

Pese a su magnitud, el conflicto recibió una cobertura nacional acotada y no fue tomado como eje de un plan de lucha por las conducciones sindicales nacionales. La prensa predominante y comercial lo redujo a la suspensión de clases; los gobiernos buscaron encerrarlo como un conflicto provincial; y las organizaciones sindicales nacionales no impulsaron una coordinación efectiva que convirtiera siete semanas de huelga sostenida en asambleas en una respuesta común contra el ajuste educativo, salarial y sanitario. No hace falta suponer una conspiración para comprobar el resultado: el aislamiento provincial debilitó la capacidad de la huelga para irradiar sobre el resto de la docencia.

En Buenos Aires, esa fragmentación tiene un responsable sindical concreto: la conducción Celeste de SUTEBA. La burocracia encabezada históricamente por Roberto Baradel no puede presentarse como defensora consecuente de la salud docente mientras sostiene una subordinación política al gobierno de Kicillof. Realizó jornadas y reclamos sobre IOMA, pero evitó convertir el deterioro de la obra social en una pelea sostenida, con asambleas, mandatos, movilización provincial y exigencia pública de soluciones verificables. La responsabilidad de la Celeste no es meramente discursiva. Desde mayo de 2026, SUTEBA ocupa la vocalía docente del directorio de IOMA y otra UPCN. Esa presencia no implica que SUTEBA controle el directorio, cuya conducción efectiva responde al Poder Ejecutivo provincial, pero sí vuelve insostenible cualquier postura de espectador. La conducción debe informar qué plantea, qué vota, qué objeta y qué medidas exige dentro del organismo.

El problema no es solamente que SUTEBA "no hizo suficiente". Una conducción que prioriza preservar su alianza con el gobierno provincial limita el alcance del reclamo, convierte una crisis estructural en una sucesión de gestiones reservadas y deja a cada afiliado enfrentado en soledad a turnos, auditorías, expedientes y copagos. La FUDB pidió en septiembre una convocatoria urgente para discutir salarios, estabilidad, IOMA, jubilaciones y titularizaciones. Pero pedir garantías no alcanza si no se publica el estado de las deudas, no se abren los convenios con prestadores, no se transparenta la ejecución del presupuesto y no se organiza a la docencia para controlar que esos compromisos se cumplan.

La docencia combina grupos numerosos, tareas administrativas, correcciones, capacitaciones obligatorias, conflictos institucionales, violencia social trasladada a la escuela y pluriempleo por salarios insuficientes. El concepto que describe con precisión la consecuencia subjetiva de ese cuadro es burnout: un fenómeno vinculado al estrés laboral crónico no gestionado, caracterizado por agotamiento, distanciamiento respecto de la tarea y deterioro de la eficacia percibida. También puede llamarse superexplotación laboral. El cuadro docente dominante es de sobreexigencia, no de falta de exigencia, aunque pueda convivir con extrañamiento respecto de un trabajo cada vez más subordinado a plataformas, formularios y obligaciones administrativas.

Un estudio sobre docentes de secundaria del AMBA registró 27,5% de agotamiento emocional alto, 35,3% de despersonalización elevada y 25,5% de baja realización personal; 9,8% de la muestra concentraba las tres dimensiones. La muestra es acotada y no permite extrapolar sus resultados a toda la Provincia, pero coincide con revisiones que ubican el burnout docente alto entre 11,6% y 36,7%, asociado a sobrecarga, conflictos laborales, falta de reconocimiento y dificultades organizacionales.

En Buenos Aires, el régimen especial docente permite jubilarse, según la trayectoria, a los 50 años con 25 de servicio o a los 55 con 30. Es una conquista que reconoce el desgaste específico de la tarea. Pero el derecho formal no alcanza si se llega al final de la carrera con enfermedades acumuladas, ingresos insuficientes y una obra social que no responde cuando hacen falta médicos, estudios, rehabilitación o medicamentos. Todavía no existen datos públicos y privados sólidos que permitan afirmar que los docentes argentinos mueren o se enferman gravemente antes de jubilarse en una proporción mayor que otros trabajadores. Lo que sí existe es evidencia de agotamiento, malestar psíquico y riesgo asociado al estrés laboral, junto con una omisión estatal grave: faltan registros sistemáticos y públicos que crucen ocupación, edad, enfermedades laborales, licencias, suicidios y condición previsional. La ausencia de esos datos no es neutral: el daño se administra como problema individual en lugar de prevenirse como problema colectivo.

Para los docentes jubilados, la continuidad de IOMA debería ser una garantía de cuidados. En cambio, continúan realizando un aporte de 4,5% de su haber y enfrentan, precisamente en la etapa de mayor demanda sanitaria, obstáculos que se agravan con las demoras, las cartillas insuficientes, los cobros adicionales y la discontinuidad de tratamientos. Un futuro en paz no equivale solamente a cobrar una jubilación: significa llegar al retiro sin estar obligado a trabajar por necesidad, disponer de un ingreso suficiente, poder acceder a especialistas, medicamentos y rehabilitación sin endeudamiento y no convertir la vejez en una carrera de trámites ante una obra social que ya fue financiada durante toda la vida laboral.

El día después de la protesta

Tierra del Fuego, Jujuy, Mar del Plata, las deudas impagas, los bonos, las cartillas deterioradas y la subordinación de la Celeste convergen en una misma conclusión: los conflictos provinciales y sectoriales muestran el agotamiento de las respuestas fragmentadas. La docencia necesita una coordinación nacional que una salario, salud, infraestructura, condiciones de trabajo y jubilación. La perspectiva de una huelga general no puede quedar reducida a una consigna ritual: debe servir para unificar los reclamos de trabajadores docentes, estatales, de la salud, jubilados y usuarios del sistema público.

Pero una medida nacional o huelga general, por sí sola, no resolverá el problema si concluye en negociaciones cerradas y acuerdos de cúpula que dejan intacta la estructura que produjo la crisis. La cuestión decisiva es qué programa puede imponer una movilización de ese alcance.

La recuperación de la obra social bajo control de los trabajadores debe ser parte de ese programa. Implica terminar con la designación discrecional de una conducción subordinada al Ejecutivo provincial y garantizar que los representantes de afiliados sean elegidos democráticamente, con mandato revocable y obligación de rendir cuentas. Implica publicar de manera accesible cada convenio, arancel, deuda, pago, auditoría, reintegro y modificación de cartilla. Implica que trabajadores de la salud —médicos, enfermeras, técnicos, administrativos—, afiliados activos, jubilados y familias usuarias intervengan directamente en la definición de prioridades y en el control efectivo de la atención.

Ese control no puede limitarse a revisar planillas. Debe orientarse a resolver los problemas cotidianos de salud: que no existan bonos, que las tomografías se realicen a tiempo, que haya camas disponibles, que los tratamientos oncológicos no se interrumpan, que los medicamentos se entreguen sin demoras y que ningún afiliado deba recorrer cientos de kilómetros para encontrar la complejidad que necesita. Una obra social controlada por quienes la financian y utilizan dejaría de funcionar como espacio de designación política, negocio de intermediarios y administración del ajuste, para convertirse en una herramienta colectiva de cuidado y defensa de la salud de los trabajadores.