Fallo de clase: la Justicia ordena desalojar Fate y deja a los despedidos sin salida

La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro —integrada por los jueces Juan Eduardo Stepaniuc, Leonardo Pitlevnik y Luis Cayuela— resolvió el 17 de septiembre hacer lugar al desalojo de los trabajadores despedidos de Fate que ocupan la planta desde hace más de medio año, en la causa I-87976-2026 caratulada "Crespo, Manuel Alejandro y otros s/incidente de apelación -lanzamiento- (part. damn.) Fate". Es decir, un tribunal penal, actuando contra un grupo de trabajadores despedidos que resisten el cierre de su fuente de trabajo, ordenó devolverle la fábrica a la empresa que los dejó en la calle.

El camino hasta esta resolución tiene su historia, y conviene reconstruirlo porque muestra que no fue un fallo espontáneo sino el resultado de una apelación insistida por la parte patronal. Quien apeló, en este caso, fueron los apoderados de Fate S.A.I.C.I., contra el auto dictado el 17 de junio por el juez de garantías Esteban Rossignoli, que había rechazado el pedido de lanzamiento. No era la primera vuelta: la misma Cámara ya había intervenido dos veces antes en esta disputa. El 9 de marzo había revocado una primera orden de reintegro del inmueble, sosteniendo entonces que la instancia penal no debía interferir en una crisis laboral mientras hubiera negociación abierta. El 16 de junio volvió a intervenir, esta vez para revocar una denegatoria del mismo juez de garantías y obligarlo a resolver de nuevo, por entender que no había valorado que la conciliación obligatoria ya estaba terminada. Rossignoli, aun así, volvió a denegar el lanzamiento por segunda vez, y fue esa segunda negativa la que Fate apeló y la que la Cámara, ahora sí, terminó revocando de manera definitiva para esta instancia, ordenó la restitución del inmueble a la empresa y le exigió al propio juez de garantías que ejecute el desalojo.

Clarificamos a nuestros lectores a detenerse en el andamiaje legal detrás de esa decisión, porque no es neutral, cada norma que la sostiene juega a favor de los capitalistas. A favor de la patronal jugaron, en primer lugar, los artículos 144 y 146 "a contrario" del Código Procesal Penal bonaerense —las figuras de usurpación que Fate invocó desde el inicio para calificar la ocupación como delito, tratando una medida de defensa sindical de la fuente de trabajo como si fuera un simple despojo de propiedad—. Y sobre todo jugó el artículo 231 bis del mismo código, la norma más polémica de todo el expediente: le da a la Justicia penal la potestad de ordenar la restitución de un inmueble sin esperar una sentencia de fondo, antes de que se determine ninguna responsabilidad penal concreta. Es la herramienta que permite el desalojo "exprés", y es exactamente lo que terminó aplicando el tribunal contra los ocupantes.

A favor de los trabajadores, en cambio, solo había una norma con verdadero peso, el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que manda privilegiar la conciliación en los conflictos laborales y mantener a la Justicia penal al margen mientras haya negociación en curso. Ese artículo fue el que la propia Cámara invocó en marzo para frenar el primer intento de desalojo. Pero es una protección con fecha de vencimiento: alcanza solo mientras la conciliación administrativa sigue abierta, y en cuanto el Estado —nacional y provincial— dejó caer sus propios plazos de conciliación sin ofrecer una salida, esa misma norma dejó de operar como escudo y la balanza volvió a inclinarse del lado de la propiedad.

Ahí está la asimetría legal del marco burgués de fondo: el artículo 39 que protege a los trabajadores es condicional y temporal —depende de que una negociación estatal siga viva—, mientras que el artículo 231 bis que protege a la patronal es permanente y ejecutable en cualquier momento del proceso, incluso contra un juez de garantías que dos veces había dicho que no correspondía desalojar. No es que la Justicia haya cambiado de criterio entre marzo y septiembre, es que el propio diseño legal solo le da a los trabajadores una protección de emergencia, mientras a la propiedad le da una garantía de fondo que una Cámara de apelaciones puede activar contra la voluntad de la instancia inferior.

La empresa presentó cifras que dan cuenta del alcance del desguace mientras esas apelaciones se sucedían, entre el 18 de febrero y el 4 de mayo de 2026 se informaron 900 bajas tempranas ante ARCA, dejando la dotación de personal en cero. De los que no aceptaron acuerdo, 196 fueron despedidos; un informe notarial contabilizó 662 acuerdos firmados en ese mismo período, y la causa por la ocupación tiene 24 imputados. La Cámara usó esa reducción —producto directo de la ofensiva patronal y del vencimiento de las conciliaciones estatales— como argumento adicional, sostuvo que la toma, pasados ya siete meses, quedó "erosionada por el paso del tiempo y la cantidad de participantes", esto, también, refiere a la política reproductivista de Crespo y el Partido Obrero que con su política hicieron caer la mayoría de los trabajadores durante el conflicto y luego, solo quedó, una guardia minima y perdió la virtud de convertirse en motor de una reapertura.

La sentencia admite, en el mismo texto, que los trabajadores despedidos pueden quedar sin salario, sin obra social y sin sostén familiar en un mercado laboral diezmado, y que ese conflicto económico y social "no encuentra en esta jurisdicción el ámbito institucional adecuado para su solución". Pero ordena igual el desalojo. Ahí está el carácter de clase del fallo, la Justicia se declara incompetente para asegurar trabajo, salario o reapertura, pero se considera plenamente competente para desalojar a quienes resisten. La patronal de Fate puede llevar a cero su nómina y conservar intacto su derecho sobre la planta; los trabajadores que ocuparon para impedir que el cierre liquidara sus empleos terminan imputados y expulsados por orden de una Cámara de Apelaciones actuando, en los hechos, contra ellos.

Hay un antecedente que vale la pena traer a colación, porque muestra que la salida que hoy la Justicia bloquea una supuesta utopía de trabajadores para recuperar Fate sino algo que ya ocurrió en la Argentina reciente. Un escenario político distinto, pero no justifica el abandono de fortalecer las bases obreras y las tomas de los trabajadores. Tras la crisis de 2001, decenas de fábricas abandonadas por sus dueños —Zanón en Neuquén, Brukman e IMPA en Capital, entre muchas otras— fueron puestas a producir por sus propios trabajadores organizados en cooperativa, y varias de ellas lograron años después leyes de expropiación provinciales que reconocieron ese control obrero de manera legal. Esas experiencias no cayeron del cielo, se sostuvieron con ocupación, con solidaridad de otros gremios y con una batalla política sostenida durante años frente a la Justicia y los gobiernos de turno. Más allá de la trayectoria política y de las dificultades propias de sostener en el tiempo cada una de esas experiencias, ese camino fue posible en el pasado — y eso vuelve más grave lo sucedido con Fate: la ausencia de una estrategia obrera equivalente frente a una Cámara que, apelación tras apelación, terminó fallando a favor de la patronal.

Autocrítica necesaria

La responsabilidad principal del cierre y del desalojo es de Fate, del Estado que dejó vencer las conciliaciones sin garantizar los puestos de trabajo, y de una Justicia que priorizó la propiedad privada. Pero la derrota parcial también exige discutir cómo quedó aislada la toma frente a una ofensiva patronal que insistió con apelaciones hasta conseguir el fallo que necesitaba.

Desde esta crítica, la Lista Negra, el Partido Obrero, el PTS y el FIT-U deben responder políticamente por la orientación sostenida durante el conflicto. No alcanza con acompañar declarativamente una ocupación ni con denunciar el desalojo cuando ya está ordenado. Hacía falta organizar una campaña nacional de solidaridad, asambleas comunes, un comité de lucha elegido por los despedidos, medidas de acción directa coordinadas con el conjunto del gremio del neumático y una pelea activa contra cada uno de los acuerdos que fueron fragmentando a la plantilla mientras Fate acumulaba apelación tras apelación.

La crítica a Crespo, la Lista Negra y al PO apunta a haber privilegiado una salida de negociación y acuerdos, sin desarrollar una estrategia capaz de extender, sostener y dotar de fuerza nacional a la toma. La crítica al PTS es que un acompañamiento inicial, si luego retrocede bajo presiones o patoteadas, no constituye una defensa consecuente de una lucha decisiva. Y la crítica al FIT-U es que su silencio o su insuficiente intervención frente a una ocupación de fábrica y despidos masivos expresa una falla política grave: el Frente no puede limitarse a declaraciones electorales ni delegar la salida en el peronismo, la burocracia sindical o el gobierno de Axel Kicillof.

No es posible afirmar, sólo con esta resolución judicial, los detalles concretos de cada intervención, giro o responsabilidad de esas organizaciones. Pero sí corresponde exigirles un balance público: qué hicieron mientras la Cámara resolvía tres veces sobre el mismo desalojo, y qué hicieron para romper el aislamiento de la toma antes de que Fate consiguiera, a la tercera apelación, el fallo que buscaba. Sin ese balance, el riesgo es repetir una política que deja a los trabajadores atrapados entre la patronal, la conciliación estatal y la represión judicial.

El fallo de Fate debe ser denunciado como una resolución de clase. La lección no es abandonar la ocupación como método, sino fortalecerla, con la experiencia de las fábricas recuperadas como prueba de que otro desenlace fue y sigue siendo posible, la defensa de una fábrica no puede depender de conciliaciones que vencen sin acuerdo, gestiones ante gobiernos peronistas ni acuerdos individuales, sino de una organización obrera independiente, unificada y nacional, capaz de enfrentar el cierre, impedir los despidos y plantear que toda planta que cierre debe pasar a manos de quienes la hicieron funcionar. Hace falta un sindicato que se plante contra la entrega nacional de los puestos de trabajo y enfrente al régimen de Javier Milei, alineado con el imperialismo y con un programa de destrucción de derechos laborales, apertura económica,  subordinación a los intereses del capital y la guerra mundial. También hay que romper con el peronismo que, desde el Congreso y los gobiernos provinciales, terminó votando, avalando o dejando pasar aspectos centrales de la reforma laboral y del ajuste impulsado por Milei.

La dirección de la CGT abandonó el conflicto de Fate y no organizó una respuesta real para defender los puestos de trabajo, impedir el cierre y sostener la ocupación. Esa burocracia sindical administra despidos, negocia indemnizaciones y acuerdos individuales, pero no impulsa un plan de lucha nacional contra los capitalistas que cierran fábricas, vacían empresas y descargan la crisis sobre los trabajadores.

En ese marco, Crespo y el Partido Obrero deben dar una explicación política por haber mantenido expectativas en una burocracia sindical que no iba a romper con esa orientación. No se puede combatir un ataque de esta magnitud subordinando la lucha a quienes aceptan la lógica de las conciliaciones, los despidos y la negociación de la derrota.

La salida exige una organización obrera independiente de las patronales, del Estado, de la burocracia sindical y del peronismo: asambleas de base, comités de lucha, coordinación con otras fábricas y sindicatos, ocupación y defensa de toda planta que cierre o despida. Para enfrentar los cierres, el ajuste y la reforma laboral, hace falta preparar una huelga general activa, con un programa por la prohibición de despidos, la reapertura de Fate bajo control de sus trabajadores y la expropiación sin indemnización de toda empresa que cierre, vacíe o despida.

Hace falta un sindicato que se plante contra la entrega nacional de los puestos de trabajo y enfrente al régimen social de Javier Milei, alineado con el imperialismo y con un programa de destrucción de derechos laborales, apertura económica y subordinación a los intereses del capital. También hay que romper con el peronismo que, desde el Congreso y los gobiernos provinciales, terminó votando, avalando o dejando pasar aspectos centrales de la reforma laboral y del ajuste impulsado por Milei.

La dirección de la CGT abandonó el conflicto de Fate y no organizó una respuesta real para defender los puestos de trabajo, impedir el cierre y sostener la ocupación. Esa burocracia sindical administra despidos, negocia indemnizaciones y acuerdos individuales, pero no impulsa un plan de lucha nacional contra los capitalistas que cierran fábricas, vacían empresas y descargan la crisis sobre los trabajadores.

En ese marco, repetimos: Crespo y el Partido Obrero deben dar una explicación política por haber mantenido expectativas en una burocracia sindical que no iba a romper con esa orientación. No se puede combatir un ataque de esta magnitud subordinando la lucha a quienes aceptan la lógica de las conciliaciones, los despidos y la negociación de la derrota.

La salida exige una organización obrera independiente de las patronales, del Estado, de la burocracia sindical y del peronismo: asambleas de base, comités de lucha, coordinación con otras fábricas y sindicatos, ocupación y defensa de toda planta que cierre o despida. Para enfrentar los cierres, el ajuste y la reforma laboral, hace falta preparar una huelga general activa, con un programa por la prohibición de despidos, la reapertura de Fate bajo control de sus trabajadores y la expropiación sin indemnización de toda empresa que cierre, vacíe o despida.

Por eso, ante el fallo de desalojo, la tarea inmediata es rodear de solidaridad a los trabajadores de Fate: sindicatos, comisiones internas, organizaciones estudiantiles, sociales y políticas deben movilizarse masivamente a las puertas de la fábrica. No puede permitirse que la patronal, el Estado y la Justicia descarguen en silencio el costo del cierre sobre quienes defendieron sus puestos de trabajo. La defensa de Fate es la defensa de toda la clase trabajadora frente a los despidos, el ajuste y la criminalización de quienes luchan.