El PAMI que Milei destruye: camas cerradas, quirófanos ociosos y jubilados como rehenes

La destrucción del PAMI por Milei constituye una crisis sanitaria, social y política de escala nacional, que afecta a la principal obra social de jubilados y pensionados del país y revela un problema más profundo: el deterioro de las condiciones de vida y de reproducción de la clase trabajadora durante toda su vida, desde su ingreso al mercado laboral hasta la vejez. Lo que está en discusión no es solamente quién paga una deuda, cuántas camas permanecen habilitadas o qué clínica interrumpe prestaciones. Está en discusión si quienes produjeron la riqueza social durante décadas pueden llegar a su retiro con alimentación suficiente, nutrientes adecuados, ingresos dignos, medicamentos, atención oportuna, autonomía, cuidado y una vida libre de la angustia cotidiana de no saber dónde atenderse.

El PAMI brinda asistencia médica y social a más de cinco millones de jubilados y pensionados, y por su tamaño, presupuesto, red de prestadores y capacidad de intervención territorial no es una obra social más: es una pieza central del sistema sanitario argentino. La crisis de su cobertura no queda encerrada dentro del organismo. Cada prestación denegada, cada medicamento demorado, cada cirugía postergada y cada cama cerrada se desplaza hacia los hospitales municipales y provinciales, hacia el gasto directo de las familias y hacia el trabajo de cuidado no remunerado que recae mayoritariamente sobre las mujeres.

La conducción real del organismo depende de Milei y está bajo la órbita del Ministerio de Salud, encabezado por el ministro Mario Lugones: no depende de los jubilados, de los trabajadores de la obra social ni de las comunidades que usan sus servicios, sino de la orientación política del gobierno y de las decisiones que toma su Ministerio de Salud. Esteban Leguízamo sigue siendo mencionado como director ejecutivo, con Carlos Zamparolo como subdirector, pero a comienzos de septiembre hubo un recambio de peso en la Coordinación Ejecutiva: Verónica Gabriela Pérez, abogada y escribana que se desempeñaba en la Unidad de Gestión Local de San Martín, reemplazó a Juan Cruz Montero y fue presentada con respaldo político del asesor presidencial Santiago Caputo. En paralelo, María Florencia Zicavo renunció a la Sindicatura General sin que se informara reemplazo. Ese recambio no corrigió nada de fondo, la coexistencia entre una crisis asistencial profunda, cambios en la cúpula, tensiones internas y falta de claridad sobre las responsabilidades de conducción expresa una institución sometida a decisiones políticas autoritarias, sin ningún control democrático efectivo de quienes trabajan y se atienden en ella.

En ese camino, el ministro Lugones debe dar explicaciones ante la Justicia por su responsabilidad política en la causa del fentanilo contaminado —que ya provocó más de cien muertes y llevó a la detención de dos exfuncionarias de su propio ministerio, mientras él mismo evitó presentarse ante la comisión investigadora de Diputados— y no puede seguir al frente de una cartera cuyo titular, ante empresarios reunidos en la cumbre de AmCham, describió a los afiliados de PAMI mayores de 80 años como "una carga muy grande", al señalar que hay alrededor de un millón de octogenarios y casi seis mil centenarios sobre un total de cinco millones de afiliados. El lumpen libertario de Lugones tiene 79 años. Que el ministro de Salud presente la existencia de una población longeva como un problema a resolver, y no la deuda impaga con farmacias y prestadores que él mismo reconoció no poder explicar con precisión, resume con crudeza la lógica que hoy rige la gestión del organismo, los cuerpos envejecidos de quienes sostuvieron el sistema durante toda su vida activa, aparecen en el discurso oficial, como un costo que sobra y no como un derecho que hay que garantizar.

Vamos al hueso, la ausencia actual de trabajadores o sindicatos en la conducción no es el único problema que hay que resolver, porque la explicación real va al núcleo de la contradicción entre capital y trabajo. El PAMI tuvo, en los años noventa, dirigentes peronistas al frente del organismo, y esa experiencia terminó siendo uno de los casos de corrupción más resonantes de la década, bajo la interventora Matilde Menéndez, muy ligada al sindicalismo peronista, el PAMI fue sinónimo de vaciamiento, sobreprecios en contratos con prestadores y uso discrecional de fondos destinados a jubilados. Ese antecedente importa porque muestra que la sola presencia peronista, o de una funcionaria ligada al gremialismo peronista, en la cúpula no resuelve nada si esa presencia reproduce la misma lógica capitalista, burocrática, verticalista y desconectada de las bases que hoy tiene el organismo bajo control directo de Milei. Lo que se necesita no es reemplazar una burocracia estatal por una burocracia sindical, sino instalar mecanismos de control desde abajo: asambleas de trabajadores y jubilados, mandatos revocables, rendición de cuentas pública. La diferencia entre gestión obrera democrática y cogobierno burocrático es, para esta discusión, tan importante como la diferencia entre gestión obrera y gestión estatal-empresarial.

El PAMI fue creado como una institución de la seguridad social cuya función debería ser garantizar derechos de salud y cuidado a quienes aportaron durante su vida laboral. Bajo la actual conducción, sin embargo, queda subordinado a Milei que modifica prioridades, recorta recursos y nombra funcionarios sin que jubilados, trabajadores del organismo y personal de salud tengan control vinculante sobre esas decisiones. Una obra social financiada socialmente, que atiende a trabajadores retirados y cuya actividad depende del conocimiento de equipos sanitarios, no puede ser gobernada como una dependencia burocrática sometida a los vaivenes de una camarilla ministerial.

El deterioro de las condiciones de vida explica por qué esta crisis tiene consecuencias tan graves. La reproducción de la fuerza de trabajo no es automática ni se reduce a la supervivencia biológica: requiere alimentación adecuada, vivienda en condiciones, energía, transporte, descanso, acceso a cultura, vínculos, prevención sanitaria, medicamentos y atención médica de calidad, y el salario es para la mayoría trabajadora el mecanismo fundamental para acceder a todo eso. Cuando el salario real cae de forma sostenida, no solo baja el consumo, se deterioran las condiciones físicas y psíquicas necesarias para vivir y trabajar. La reducción de ingresos obliga a reemplazar alimentos frescos por productos más baratos, a postergar controles médicos, a suspender tratamientos, a vivir con hacinamiento o humedad y a trabajar con sobrecarga, y esa degradación acumulada agrava enfermedades cardiovasculares, metabólicas, respiratorias y de salud mental, transformando problemas tratables en patologías graves por falta de atención temprana. Estamos en una fase del capital donde no solo el capital destruye capital para sobrevivir, sino que ataca a su propia fuerza de trabajo, a su "propia riqueza". Sabemos que la enfermedad de un trabajador tiene una dimensión biológica, pero sus causas, su distribución y sus desenlaces están atravesados por las relaciones sociales de producción, por la desigualdad de ingresos y por las condiciones materiales de existencia.

La vejez condensa, también, esa historia. Los jubilados que hoy esperan turnos, remedios o internaciones no aparecen de repente como una población "costosa" para el sistema, llegan a esa etapa después de décadas de trabajo asalariado, informal, precario, doméstico o de cuidado, después de haber producido riqueza y sostenido la reproducción social. El retiro debería ser una etapa de buen vivir, con descanso, autonomía, participación comunitaria y atención sanitaria integral, pero cuando las jubilaciones son insuficientes y la obra social pierde capacidad, se vuelve una etapa de elecciones forzadas, comer o comprar medicamentos, pagar un estudio o una factura, usar el transporte para una consulta o guardar el dinero para lo básico.

El PAMI debería actuar como garantía contra esa degradación, pero la crisis nacional muestra el proceso inverso. Durante agosto, más de cien clínicas, sanatorios y hospitales privados de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza suspendieron durante 48 horas la atención programada a afiliados del PAMI por demoras en los pagos y retraso de aranceles. Se mantuvieron las urgencias de riesgo vital, pero quedaron afectadas consultas, estudios, prácticas y cirugías no urgentes, y para una población mayor donde una práctica "programada" puede ser decisiva para diagnosticar o tratar una enfermedad, esa interrupción tiene consecuencias concretas sobre la salud y la calidad de vida. También circularon estimaciones de una deuda superior a los 500.000 millones de pesos con clínicas, sanatorios, farmacias y otros prestadores. Es imprescindible que el PAMI publique un registro íntegro, abierto y actualizado de acreedores, montos, contratos y pagos: sin esa información, la población solo recibe anuncios parciales, denuncias cruzadas y el resultado final del conflicto, que son servicios restringidos. Pero la falta de transparencia no reduce el impacto material. Cuando una clínica no cobra, restringe servicios; cuando una farmacia acumula pagos atrasados, limita la dispensa; cuando un profesional recibe un arancel depreciado, busca otro empleo; cuando una institución pierde personal, las camas dejan de ser operativas.

La caída real de los recursos agrava esta dinámica. Un relevamiento basado en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que las transferencias al PAMI habían caído 28,7 por ciento en términos reales hasta julio de 2026, tras la eliminación de recursos vinculados al impuesto PAIS, con una diferencia potencial de alrededor de 1,2 billones de pesos entre lo que habría ingresado con el esquema anterior y las compensaciones proyectadas. Son cifras que exigen explicación oficial y control público, pero describen una orientación clara, menos recursos reales para una población cuya necesidad de atención sanitaria no deja de crecer.

La provincia de Buenos Aires muestra de manera dramática cómo el deterioro del PAMI traslada su costo a la salud pública. En Mar del Plata, el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende llegó a no tener camas disponibles de internación, con 45 personas atendidas en guardia y otras 17 de la Región Sanitaria VIII esperando derivaciones de mayor complejidad, y el Ministerio de Salud bonaerense relacionó esa saturación con las dificultades de atención de pacientes de PAMI. La contradicción es evidente si se mira al lado, mientras el Hospital Alende está sobrecargado, ATE denunció que el Hospital Bernardo Houssay, dependiente del PAMI en la misma ciudad, tiene 25 camas y tres quirófanos nuevos sin usar por falta de personal. No hay una escasez natural de infraestructura, hay infraestructura inutilizada por ausencia de recursos humanos, salarios adecuados, insumos y planificación caídos,  una cama solo es una cama disponible cuando cuenta con enfermería, médicos, limpieza, camilleros, diagnóstico, alimentación, farmacia y mantenimiento.

En Rosario el mismo proceso adquiere una forma igual de grave. En los policlínicos PAMI I y PAMI II fueron cerradas alrededor de 30 camas, y los trabajadores denuncian la falta de 36 enfermeros en el PAMI I y de 56 en el PAMI II —cerca de cien puestos necesarios solo para enfermería—. Si se agotan las horas extras y no ingresan trabajadores, los gremios advierten que otras 30 camas podrían cerrarse hacia diciembre, y también faltan médicos, mucamas, camilleros y personal de ropería, que no son puestos secundarios sino la condición misma de posibilidad de la atención hospitalaria. ATE Rosario indicó además que se pierden aproximadamente dos médicos por mes por falta de actualización de honorarios, algo especialmente peligroso en terapia intensiva y unidad coronaria, donde la continuidad del servicio depende de equipos completos y guardias cubiertas, cuando se vacían esas áreas, los pacientes deben ser derivados, y en un contexto de clínicas endeudadas y hospitales públicos saturados esa derivación puede volverse un recorrido incierto y riesgoso.

El patrón se repite en el resto del país. En Neuquén se denunció una deuda de 1.500 millones de pesos con clínicas, junto con demoras en medicamentos y turnos. En la Patagonia, el conflicto con los prestadores alcanzó a Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, con más de 300.000 afiliados afectados por la interrupción de servicios. En La Rioja la propia conducción local señaló la falta de camas como una urgencia, y Córdoba, Mendoza y San Juan fueron parte de la suspensión de atención programada impulsada por clínicas y sanatorios. La crisis no se distribuye igual en todo el territorio, pero comparte un núcleo: una obra social nacional debilitada, trabajadores de la salud exigidos o expulsados y jubilados que reciben una cobertura cada vez más incierta.

La conclusión necesaria es que el PAMI no puede seguir bajo una dirección burocrática designada desde el Poder Ejecutiva, tampoco puede seguir Milei y su régimen social, porque son dependientes de los intereses capitalistas y de  políticos circunstanciales del gobierno de turno, y sin control democrático de quienes sostienen y usan el sistema. Debe ser dirigido por sus trabajadores, por equipos de salud idóneos elegidos por sus pares y por representantes de jubilados y pensionados electos de manera directa, con mandato limitado, revocable y sujeto a rendición pública de cuentas, y —a la luz de lo que pasó en los noventa— esa dirección tiene que construirse desde asambleas de base y no desde la cúpula de un aparato sindical o político capitalista. La participación de los trabajadores de la salud debe ser real y decisoria, con voz y voto en la definición del presupuesto, el ingreso de personal, la política salarial, la red de prestadores, la provisión de medicamentos y el funcionamiento de los hospitales propios, en una dirección asentada en una mayoría de trabajadores de la salud y del organismo junto con jubilados y pensionados representantes de los afiliados. No se trata de reemplazar una burocracia estatal por una gestión corporativa, sino de poner el conocimiento concreto de quienes atienden, administran, cuidan, limpian, trasladan, diagnostican y sostienen cotidianamente los hospitales al servicio de una planificación sanitaria guiada por necesidades sociales y no por la rentabilidad privada, el ajuste fiscal o las internas gubernamentales. Las direcciones hospitalarias y de las unidades de gestión local deberían ser elegidas por las comunidades de trabajo y controladas mediante asambleas periódicas, balances públicos y mecanismos de revocatoria cuando incumplan los mandatos acordados.

Una reorganización del PAMI por los trabajadores requeriría recuperar y ampliar su red propia de hospitales, policlínicos, centros de atención primaria, salud mental, cuidados domiciliarios y residencias de larga estadía, con personal suficiente, estabilidad laboral, salarios que recuperen poder adquisitivo y condiciones de trabajo seguras. Requeriría también terminar con el secreto comercial y la complicidad en las contrataciones —publicación abierta de cada convenio, cápita, factura, pago y deuda, auditorías realizadas por trabajadores, jubilados y universidades públicas— y la prohibición de que los recursos destinados a la salud de las personas mayores se conviertan en ganancias extraordinarias o negocios privados. El financiamiento debe provenir de una política redistributiva que garantice los recursos necesarios sin recortar prestaciones ni trasladar costos a familias jubiladas que ya enfrentan ingresos insuficientes, y la planificación debe partir de indicadores sanitarios territoriales —cantidad de personas mayores, prevalencia de enfermedades crónicas, demanda de medicamentos, dotación de enfermería, tiempos de espera— porque la salud no debe organizarse según cuánto rinde un contrato privado, sino según qué necesita cada comunidad para prevenir enfermedad, recibir atención temprana y transitar la vejez con autonomía y dignidad.

El principio que debe orientar esta reconstrucción es simple: quienes producen y sostienen el sistema deben decidir democráticamente sobre él, y los recursos sociales deben organizarse para satisfacer necesidades humanas, no para garantizar negocios, privilegios burocráticos o superávit construido a costa de derechos. Un PAMI dirigido por trabajadores, personal idóneo de salud y jubilados podría transformar las camas cerradas en capacidad efectiva, los quirófanos ociosos en servicios operativos, las deudas en cuentas auditadas públicamente y la incertidumbre de los afiliados en un derecho exigible. Defender el PAMI no significa defender una estructura burocrática ni administrar mejor el ajuste, significa disputar qué tipo de sociedad se construye con los recursos producidos colectivamente. La salida requiere una obra social pública, universal en sus derechos, financiada de manera suficiente y conducida democráticamente por trabajadores, profesionales, jubilados y pensionados, para que el retiro pueda dejar de ser una etapa de abandono y volver a ser lo que debe ser: descanso, cuidado, participación y buen vivir para quienes dedicaron su vida a trabajar. La huelga general y el gobierno de los trabajadores está más vigente que nunca. Demos paso a lo nuevo en la vida cotidiana. 

Programa de trabajadores y jubilados para el PAMI:

1. No al vaciamiento y ajuste: rechazo total a los recortes en prestaciones, medicamentos y personal. Ni un afiliado ni un trabajador menos.

2. Medicamentos 100% gratuitos para todos los jubilados y pensionados, sin topes ni "vademécum reducido". Fin de los descuentos parciales que hoy expulsan a los jubilados de los tratamientos.

3. Fuera Milei, Lugones y la gestión parasitaria y liberal con la complicidad peronista, tambien, los prestadores privados y las droguerías especuladoras: PAMI no puede seguir siendo un botín de negocios para clínicas, laboratorios y cadenas de farmacias. Estatización bajo control de trabajadores y afiliados de las áreas hoy tercerizadas.

4. Paritarias libres y salario igual a la canasta familiar para todo el personal de PAMI, sin techos ni "productividad" que disfracen ajuste.

5. Basta de precarización: pase a planta permanente de todos los contratados y monotributistas que cumplen tareas estables.

6. Control obrero y de los afiliados sobre la gestión, presupuesto y auditoría de contratos con prestadores, para terminar con la connivencia con las patronales de la salud.

7. Ampliación de la cobertura: prótesis, audífonos, salud mental, geriátricos y cuidados domiciliarios cubiertos al 100%, no como negocio de terceros.

8. No al PAMI como caja política capitalista: fin del reparto clientelar de cargos y contratos entre burocracias sindicales y punteros.

9. Jubilación mínima igual a la canasta del jubilado, ajustada por inflación real, como condición para sostener cualquier prestación de salud digna.

10. Unidad de trabajadores de PAMI, jubilados y organizaciones de salud para enfrentar en las calles cualquier intento de privatización o cierre de agencias. Huelga general y organicemos nuestras vidas para el bienestar y la salud. Democraticemos el PAMI, elección de autoridades por la base de trabajadores y jubilados.