El delito de discutir a Marx y Lenin en Rusia: Putin castiga lo que Stalin no pudo borrar

Por Ulra

Hay una escena que resume mejor para un militante que cualquier análisis el momento que atraviesa Rusia. En febrero de este año, un tribunal militar condenó a dos años de colonia-asentamiento a Harry Azarián, un estudiante kazajo de 23 años que cursaba una maestría en ciencia política en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Su delito fue haber hablado, en una reunión de un grupo de compañeros trotskistas, de revolución, de odio de clase y de la fuerza de la calle. Mientras eso ocurría, por iniciativa de la burocracia de la oligarquía del gobierno de Putin en las plazas y en los manuales escolares de ese mismo país crecía, año tras año, el culto oficial a la figura de Stalin, el hombre que exterminó físicamente a la corriente política a la que ese estudiante efectivamente pertenecía. Entender por qué esas dos cosas suceden al mismo tiempo, y por qué no es casualidad, exige mirar de cerca cómo funciona hoy el capitalismo ruso en pie de guerra. Con Putin no se va al socialismo, es pura fruta abrillantada. 

El 17 de septiembre, el gobierno de Vladimir Putin puso bajo "administración temporal" las filiales rusas de dos multinacionales de consumo masivo, la suiza Nestlé y la francesa Auchan, junto con activos ligados a la ex Leroy Merlin y a un par de empresas de logística. El control operativo de esos negocios pasó a una empresa rusa, sin que se anunciara indemnización alguna ni un precio de venta. Sucede que el Estado ruso se queda con el control real —quién administra, quién invierte, a quién se le compra, a quién se le vende— sin tocar la propiedad de fondo. Nestlé y Auchan dejaron de ser dueñas de sus negocios en los hechos, aunque sigan siéndolo en el papel. Y no es un caso aislado, es el mismo camino que ya recorrieron antes Danone y la cervecera Carlsberg, ambas expulsadas de la administración de sus filiales rusas en los últimos años, en operaciones donde el Kremlin fijó como regla que cualquier empresa "no amistosa" que quiera irse del país debe vender con un descuento mínimo del 60% y entregarle al Estado hasta un 35% del valor de la operación. Salir de Rusia, para el capital extranjero, se convirtió en una forma más de financiar la guerra.

Esta maniobra tiene un nombre en la tradición marxista, y vale la pena detenerse en él porque explica mucho más de lo que parece a primera vista. León Trotsky llamó bonapartismo a una situación en la que el aparato del Estado —su burocracia, sus fuerzas de seguridad, su cúpula administrativa— se eleva por encima de las clases sociales y de las distintas fracciones del capital, arbitrando entre ellas, imponiéndoles condiciones, e incluso expropiándoles funciones enteras de gestión, sin que eso signifique en absoluto una transformación socialista de la propiedad. Es, dicho de otro modo, una centralización autoritaria del poder que refuerza a la casta burocrática que controla el Estado, no a los trabajadores ni a ningún proyecto de socialización de la economía. Cuando Putin le saca a Nestlé el manejo de sus fábricas rusas, no está expropiando al capital en beneficio de nadie más que del propio aparato estatal y de los empresarios afines a él que terminan quedándose con esos negocios, como ya ocurrió con Danone. Una burocracoa de estado que pretende convertirse en burguesía de estado.No hay ahí ni un gramo de socialismo, hay una burocracia estatal reforzando su control sobre la economía de guerra, exactamente lo que Trotsky describió hace casi un siglo al analizar cómo el Estado bonapartista se vuelve árbitro supremo cuando las clases dominantes no pueden resolver sus contradicciones por sí solas.

La invasión a Ucrania y guerra actual, el Kremlin nunca la llame por su nombre, sigue hablando de "operación militar especial" para evitar las consecuencias jurídicas y políticas de una declaración formal de guerra. Pero las cifras no dejan margen para el eufemismo. El gasto militar ruso llegó en 2025 a unos 16 billones de rublos, el 7,5% del PBI y casi el 40% de todo el gasto federal, con una proyección para este año que ronda niveles similares. Es una movilización económica de guerra en toda regla, que subordina cada vez más al capitalismo ruso —que sigue siendo capitalismo, con sus grandes fortunas privadas y su desigualdad social intacta— a los contratos militares, al crédito estatal y a los grupos empresarios leales al poder.

En ese terreno es donde crece, no por casualidad, la recuperación oficial de la figura de Stalin. No hay que confundirse: nadie está reconstruyendo la Unión Soviética, tampoco es una etapa. Lo que el Estado ruso rescata de Stalin es una imagen recortada a medida dexsu brutalidad historica, el símbolo de la industrialización acelerada, de la disciplina social impuesta desde arriba, de la capacidad de un país para sacrificarse colectivamente frente a un enemigo externo. Hay más de cien monumentos a Stalin en Rusia hoy, y su número creció con fuerza durante los años de Putin; un relevamiento independiente contó al menos 213 nuevos monumentos, bustos y placas entre 1995 y julio del año pasado, dieciséis de ellos inaugurados solo en los primeros siete meses de 2025. Los manuales escolares reordenan la historia alrededor de la "Gran Guerra Patria", exaltan la victoria de 1945 y le bajan el volumen a las purgas, las deportaciones y el Gulag, la religión, la familia patriarcal, contra el aborto, la persecución a los homosexuales, el ataque al feminismo obrero, a los derechos democráticos, contra las organizaciones de trabajadores combativos y antiburocráticos, contra la democracia obrera y la libertad de tendencia, y por otro lado, las escuelas y universidades rusas atraviesan una militarización política creciente desde que empezó la invasión a Ucrania en 2022. No es nostalgia inocente, es la construcción, ladrillo a ladrillo, de una genealogía burocrática y de muerte por un líder contrarrevolucionaro para el presente. Una nación que se presenta cercada por enemigos externos necesita, para sostener esa narrativa, un Estado que concentre recursos, discipline a la sociedad y silencie cualquier disidencia interna. Por eso, en paralelo, el régimen viene persiguiendo a organizaciones como Memorial, dedicada durante décadas a documentar las represiones del thermidor soviético, no hay lugar, en esa genealogía oficial, para la memoria de las víctimas del terror estalinista.

Y tampoco hay lugar, treinta años después de la caída de la URSS, para los herederos políticos de quienes ese terror quiso borrar del mapa. Volvamos a Harry Azarián. Todo empezó en marzo de 2025, cuando un grupo de estudiantes colgó de un monumento en la Universidad de San Petersburgo un maniquí que representaba a Minerva, la diosa de la sabiduría, con un cartel que decía "la ciencia está muerta", una protesta contra la represión del autogobierno estudiantil, las becas de miseria —del orden de 2.500 rublos mensuales— y el vaciamiento de la vida académica en esa universidad. La organizó un colectivo estudiantil que reclama autonomía universitaria y que no tiene nada que ver con el marxismo. Pero la policía, buscando a quién culpar, terminó apuntando semanas después a un grupo completamente distinto, "Rabóchaya Vlast" (Poder Obrero). Este dato hay que confirmarlo con precisión, porque es lo que le da sentido a todo el resto, "Rabóchaya Vlast" son trotskistas, y lo son de manera comprobable y autodeclarada, no por acusación policial. Sus propios integrantes se definen como una corriente que se apoya en las ideas de Marx, Engels, Lenin y Trotsky.

Lo que sí es una fabricación es todo lo demás que montó la propaganda estatal sobre esa base real. El primer detenido en la causa, un estudiante que nada tenía que ver con "Rabóchaya Vlast", fue sacado directamente de una clase de inglés y condenado a una multa pese a que las cámaras de seguridad probaban que, en el momento de la protesta de Minerva, estaba físicamente en otro extremo de la ciudad. A fines de abril, la agencia estatal RIA Nóvosti presentó a "Rabóchaya Vlast" como una "célula trotskista" dirigida desde Gran Bretaña por un viejo militante británico, con estudiantes supuestamente tutelados por activistas de nombres de guerra tan pintorescos como "Iván Lokh" y "Kiril Pushkin". Esa parte —la de la red extranjera con manejadores secretos y la vinculación con el terrorismo— es la caricatura estalinista clásica, la organización existe y es trotskista, en efecto, pero no hay ningún indicio de que responda a un centro de mando en Londres ni de que haya cometido delito alguno más allá de discutir ideas en una reunión de amigos. La puesta en escena fue tan literal que hasta en las redes sociales rusas circuló la broma de preguntarse en qué año estaban, si en 2025 o en algún momento de fines de los años cuarenta soviéticos, cuando cualquier disidencia se resolvía acusándola de agente del imperialismo extranjero.

El 15 de mayo la policía allanó las casas de cinco estudiantes del grupo. Azarián terminó detenido con participación de un comando especial, acusado de haber hecho, en reuniones informales de enero y febrero, declaraciones que la Justicia interpretó como apología del terrorismo. Estuvo meses en prisión preventiva, salió bajo restricciones en enero de este año, y en febrero fue condenado a dos años de colonia-asentamiento después de declararse culpable para acceder a un juicio abreviado; la fiscalía había pedido tres. Uno de sus compañeros detenidos, liberado luego como testigo, denunció haber sido golpeado durante el arresto.

Nuestra escritura muestra  el nervio de todo esto, y por eso vale la pena que lo lea alguien que trabaja o estudia en la Argentina y en Latinoamérica que nunca puso un pie en Rusia. El régimen de Putin no es el retorno literal del estalinismo, pero sí funciona con su misma lógica esencial, una burocracia estatal que se erige por encima de la sociedad, que administra los negocios sin socializarlos, que necesita enemigos internos para sostener una guerra externa, y que encuentra en el trotskismo —la corriente que históricamente denunció justamente esa burocratización del poder soviético— porque es un blanco real, no hubo que inventar de la nada un grupo trotskista, alcanzó con exagerar hasta la caricatura lo que ese grupo efectivamente era. Es la misma lección que dejó el siglo XX, y que sigue siendo válida hoy, ni el capitalismo con Estado fuerte que dice defender la nación contra el imperialismo, ni la burocracia que se disfraza de socialismo para reprimir a los trabajadores, tienen nada que ofrecerle a quienes viven de su trabajo. Esa alternativa —la organización independiente de la clase trabajadora, sin tutelas de ningún Estado ni de ninguna potencia— sigue siendo, cien años después de que Stalin mandara asesinar a Trotsky, la única salida que vale la pena discutir. La Cuarta Internacional.