Corrrupción en la Armada. Bajo la integración del armado político y pro-imperialista de Milei.

Por Ulra

La pulcritud y honestidad de la Fuerzas armadas para los futuros golpes de estados se debilita otra vez. El escándalo por maniobras fraudulentas en la Armada Argentina no es un caso de desvío de fondos, es una ventana a cómo funciona el poder dentro de una institución armada capitalista, y a quién protege cuando algo se rompe. La investigación judicial y administrativa sobre la liquidación irregular de haberes, viáticos y suplementos alcanza un mecanismo que habría operado durante años en áreas de la estructura naval, sostenido por jerarquías cerradas, controles internos debilitados y una disciplina corporativa que funciona, sobre todo, hacia adentro. La causa no solo pone en duda a quienes cobraron o administraron pagos indebidos, pone en duda la voluntad misma de los altos mandos para detectar un circuito que operaba dentro de su propia institución capitalista. La denuncia surgió de abajo hacia arriba, desde los sectores subalternos de la fuerza, y arrastró en su caída a toda la estructura jerárquica y oficial, incluido el poder ministerial y el propio Ejecutivo. Nada que ver con la versión que instalaron los medios comerciales y capitalistas, según la cual habría sido un alto mando el que se enteró y decidió investigar. Fue exactamente al revés.

La denuncia abarca operaciones realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. La cifra inicial consignada en la presentación judicial asciende a 938 millones de pesos, mientras que fuentes navales citadas por la prensa estiman que el perjuicio total bajo investigación podría llegar a 1.600 millones. La hipótesis incluye falsos viáticos por viajes al exterior, acreditaciones a identidades que no debían percibir esos fondos, y suplementos salariales cobrados por tareas o especialidades —horas extras, buceo, adicionales— que no se habrían realizado, con retornos de una parte del dinero hacia quienes controlaban el circuito. La pesquisa ya identificó a 23 personas entre militares y civiles, 645 acreditaciones irregulares y un monto histórico de 981.148.567 pesos, antes de descontar devoluciones posteriores. La distancia entre esa cifra, el perjuicio judicial inicial y la estimación periodística más alta muestra que la dimensión económica final todavía se está terminando de establecer, pero ya alcanza para descartar cualquier lectura de error administrativo aislado.

La Armada pasó a disponibilidad a ocho capitanes de corbeta y un suboficial, entre ellos el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la fuerza. Según la denuncia, María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff y ajena a la institución, recibió 152,2 millones de pesos mediante 46 acreditaciones; otras personas sin relación con la Armada, como Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia, cobraron sumas que rondan los 90 y los 99 millones cada una. La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2, a cargo de Sebastián Ramos.

Pero el dato más revelador no está en los montos, sino en cómo salió a la luz. Según la información disponible, fue un sector subalterno que descubrió la maniobra y que no estaba en la cadena jerárquica de la institución y la corrupción, fue una teniente de navío quien advirtió las irregularidades en la liquidación de viáticos, y habría recibido un ofrecimiento de dinero para no elevar la situación a sus superiores. Recién después la Armada abrió una actuación administrativa y presentó la denuncia penal. El caso no lo destapó una auditoría preventiva de la cúpula ni una intervención espontánea de la Justicia, lo destapó una subordinada que se plantó adentro de una estructura diseñada, precisamente, para que eso no ocurriera. El apartamiento de nueve efectivos es una medida preventiva, no una condena, pero no responde las preguntas de fondo, por qué los controles internos no detectaron antes cientos de acreditaciones irregulares, quién tenía acceso para modificar registros, y qué mandos debían supervisar esas liquidaciones y no lo hicieron. Esas respuestas son responsabilidad de la Justicia en el plano penal, y del poder político en el institucional. No debe quedar en la propia investigación interna o justicia militar como pretende Milei.

En verdad, el gobierno de Javier Milei no inventó un esquema que empezó a tejerse en 2022, antes de su asunción. Pero es peor porque gobierna desde diciembre de 2023 y conduce la política de defensa, la auditoría presupuestaria y la respuesta institucional frente a irregularidades que, según la propia denuncia, siguieron activas hasta enero de este año. De tanta auditoría y ataque político a la universidad y sectores piqueteros, al tratarse de una fuerza represiva no explicó y ocultó dar explicaciones sobre qué ocurrió bajo su gestión y qué controles se aplicaron o se dejaron de aplicar.

Esta crisis interna convive con una redefinición estratégica y nueva descomposición de la política militar argentina. Desde 2024 el gobierno impulsó un acercamiento sostenido a Estados Unidos y a la OTAN, y solicitó el estatus de socio global de la Alianza —una categoría que ya ostenta Colombia en la región y que no garantiza defensa colectiva automática, pero sí habilita cooperación política, técnica y militar. Ese giro se completa con el rechazo al ingreso a los BRICS, el vínculo estrecho con Donald Trump, ya existe tropas yanquis sin autorización en Ushuaia haciendo relevamientos e incursiones, hay un visto bueno de la penetración sionista al estado y al territorio, y la construcción de la rivalidad con China como eje de lectura geopolítica. Y abrió, también, canales de diálogo militar con el Reino Unido, la potencia que ocupa Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

Para este marco, al menos en el capital simbólico y el lenguaje, hay que leer las declaraciones del ministro de Defensa, Carlos Presti, sobre el hundimiento del ARA General Belgrano. Consultado en abril de este año, Presti sostuvo que los tripulantes "estaban en combate" y que el ataque fue "un acto de guerra", una fórmula que busca poner el hundimiento en el terreno neutro de las hostilidades regulares. El problema es que esa versión choca con lo que organismos de veteranos, especialistas en derecho internacional y buena parte del arco político y sectores de izquierdas que vienen denunciando desde hace más de cuatro décadas: el Belgrano fue torpedeado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror el 2 de mayo de 1982, navegando fuera de la zona de exclusión que el propio Reino Unido había declarado unilateralmente, y en curso de alejamiento de las islas. Esa combinación —fuera de la zona fijada por el atacante y retirándose del área de combate— es exactamente lo que sostiene, desde 1982, la denuncia internacional de que el ataque constituyó un crimen de guerra, no un episodio regular de combate. Murieron 323 tripulantes, casi la mitad de las bajas argentinas de toda la guerra. Hay un dato que rara vez se menciona y que agrega una capa más a esa historia: el crucero que la Armada argentina rebautizó Belgrano había nacido como el USS Phoenix, y había sobrevivido, casi intacto, al ataque japonés sobre Pearl Harbor en 1941. El mismo barco que resistió una guerra en el Pacífico terminó hundido cuarenta años después por una potencia aliada de Estados Unidos, en una maniobra que la propia comunidad jurídica internacional puso bajo sospecha de crimen de guerra desde el primer día.

Que un ministro de Defensa argentino relativice hoy esa denuncia, mientras el país profundiza su alineamiento militar con Washington, la OTAN y Londres, no es un desliz retórico aislado. Es la traducción, en el terreno simbólico, del mismo movimiento que en el terreno militar busca subordinar la agenda nacional a una arquitectura atlántica donde el Reino Unido conserva un peso decisivo y donde Malvinas corre el riesgo de convertirse en una cuestión administrada, no reivindicada. No se trata de negar que existan relaciones diplomáticas ni de fantasear con una escalada imposible: se trata de señalar que estás relaciones carnales con esas potencias se construyen silenciando la ocupación, despolitizando a las víctimas y adoptando, sin discusión, el lenguaje que la propia potencia ocupante usó para lavar su crimen.

La causa por los haberes irregulares abre crisis que no deberían separarse. En lo judicial, investigar a fondo, individualizar responsabilidades y evitar cualquier protección corporativa. En lo político, explicar por qué tuvo que ser una subordinada quien advirtiera lo que la cadena de mando no vio —o no quiso ver—, y qué tipo de Fuerzas Armadas está construyendo un gobierno de Milei que, puertas adentro, tolera un circuito de corrupción sostenido durante años, y puertas afuera, relativiza un crimen de guerra cometido contra sus propios soldados para no incomodar a sus nuevos socios estratégicos. Una fuerza armada parasitaria y orientada a la defensa de intereses yanquis ante la sociedad y disciplinada solo hacia adentro no fortalece la soberanía nacional. La debilita. Y si esa descomposición avanza en paralelo con un realineamiento hacia Washington, la OTAN y una conciliación cada vez mayor con Londres, el resultado es una clarificación de las políticas del imperialismo: recursos públicos capturados por redes de privilegio, y soberanía subordinada a las prioridades de potencias extranjeras.