China: inteligencia artificial, sobreproducción y la crisis de una potencia capitalista de Estado

China se presenta ante el mundo como la gran potencia emergente del siglo XXI: compite con Estados Unidos en inteligencia artificial, lidera la producción de baterías, paneles solares y autos eléctricos, controla segmentos decisivos de las cadenas globales de manufactura y sostiene una capacidad estatal que le permite financiar industrias estratégicas a una escala inalcanzable para buena parte de Occidente. Pero detrás de esa imagen de potencia tecnológica se desarrolla una contradicción cada vez más nítida: la segunda economía mundial dispone de una formidable capacidad para producir mercancías, construir infraestructura y concentrar capital, aunque no logra garantizar empleo estable, vivienda asequible, consumo sostenido ni derechos sindicales independientes para una parte creciente de su población trabajadora. La crisis china no es un derrumbe inminente ni la repetición lineal de la recesión occidental. Es una crisis de sobreproducción y sobreacumulación: un sistema que construyó demasiada capacidad productiva, demasiado capital inmobiliario y demasiadas mercancías para una demanda interna debilitada por salarios contenidos, desigualdad, precarización y endeudamiento.

Las cifras expresan esa fractura. Durante los primeros ocho meses de 2026, la inversión fija cayó 7,2% y la inversión inmobiliaria se contrajo 19,9%. En agosto, los precios de las viviendas nuevas volvieron a caer, mientras el consumo minorista apenas creció 0,4% interanual. La industria, en cambio, conservó impulso por el empuje de la manufactura tecnológica, la inteligencia artificial, los equipos industriales y las ramas exportadoras. Hay fábricas con capacidad de producir más autos eléctricos, baterías, máquinas, bienes electrónicos y paneles solares, pero los hogares no tienen la confianza ni el ingreso suficiente para comprar al mismo ritmo. La contradicción es clásica: no falta capacidad productiva sino poder de compra socialmente distribuido; no faltan mercancías sino demanda solvente.

El derrumbe prolongado del sector inmobiliario es el centro de esa crisis, y para entenderlo hay que partir de una particularidad del capitalismo chino que no tiene equivalente directo en Occidente: nadie es dueño de la tierra. El suelo urbano pertenece al Estado y el rural a colectivos controlados por comités de aldea bajo tutela estatal; lo que las familias compran es apenas un derecho de uso por un plazo fijo, hasta 70 años para vivienda, sobre el que sí pueden ser propietarias plenas de la construcción. Durante décadas esa arquitectura funcionó como motor de expansión urbana acelerada: las familias colocaban sus ahorros en esos derechos de uso, las constructoras se financiaban con crédito y con preventas —vendiendo departamentos sobre plano y cobrando la hipoteca del comprador antes de terminar el edificio—, los gobiernos locales vendían tierras para sostener sus presupuestos, y la construcción alimentaba a su vez a la siderurgia, el cemento, la maquinaria, los bancos y el empleo de millones de trabajadores migrantes. Esa cadena se quebró cuando las grandes desarrolladoras, sobreendeudadas tras años de crecer a puro apalancamiento, dejaron de poder pagar sus obligaciones y terminar las obras ya vendidas. El caso testigo es Evergrande, la mayor inmobiliaria del país: cuando el gobierno le cortó el acceso al crédito fácil con las llamadas "tres líneas rojas" en 2020, la empresa entró en default al año siguiente con pasivos que superaron los 300.000 millones de dólares y dejó cientos de proyectos a medio construir en decenas de ciudades, con cientos de miles de familias que ya pagaban la cuota de un departamento que en muchos casos todavía hoy no existe. Fue el detonante del llamado boicot hipotecario de 2022, cuando más de trescientos grupos de compradores en todo el país anunciaron que dejarían de pagar sus créditos mientras las obras siguieran paradas, una protesta que llegó a mover cerca de dos billones de yuanes en préstamos y que expuso hasta qué punto la solidez del sistema bancario chino dependía de una cadena de promesas incumplidas. Evergrande terminó liquidada por un tribunal de Hong Kong en 2024, sin que eso resolviera el destino de la mayoría de esos edificios inconclusos.

Quien no puede sostener esos pagos no tiene demasiado margen. El comprador que dejó de pagar la hipoteca de un departamento nunca entregado sigue debiéndole al banco aunque el edificio no exista; el que ya vive en su casa y pierde el ingreso enfrenta la ejecución hipotecaria y el remate, sin una red de protección social equivalente a una moratoria fuerte; y el que debe reubicarse porque su barrio fue declarado zona de reurbanización choca con que, muchas veces, el organismo que ordena el desalojo y el que lo autoriza son la misma oficina del gobierno municipal, lo que vacía de garantías reales cualquier negociación por compensación. El propio código civil de 2020 dejó sin resolver una pregunta clave, si la renovación del derecho de uso al cumplirse los 70 años será gratuita o exigirá un nuevo pago, una incertidumbre que sigue pesando sobre millones de propietarios. La caída de los precios inmobiliarios, entonces, no es un problema sectorial: reduce la riqueza percibida de las familias, posterga compras, debilita las finanzas locales, deja a empresas y contratistas sin liquidez y transforma a la vivienda, antes presentada como garantía de ascenso social, en una fuente de incertidumbre y de deuda impaga. A esto se suma un dato que suele pasarse por alto y que explica por qué la crisis golpea tan duro a los municipios: buena parte de los gobiernos locales financiaron durante años escuelas, hospitales y obra pública con la venta de esos derechos de uso de suelo a las constructoras, un mecanismo conocido como financiamiento por tierra. Cuando ese circuito se corta, no solo quiebran empresas inmobiliarias: se vacían las cajas municipales que sostenían buena parte del gasto social de base.

Desde un punto de vista marxista, esta situación puede definirse como una crisis de sobreacumulación. El capital se acumuló a una velocidad extraordinaria en fábricas, infraestructura, vivienda y tecnología, pero la rentabilidad encuentra límites porque los mercados se saturan y el consumo popular no acompaña. El Estado puede contener la crisis mediante bancos públicos, rescates, restricciones al movimiento de capitales, subsidios, crédito dirigido y grandes planes industriales; lo que no puede hacer sin tocar intereses sociales profundos es resolver la distancia entre una capacidad productiva gigantesca y salarios, pensiones, derechos laborales y servicios públicos insuficientes para sostener una demanda interna equivalente. La respuesta predominante ha sido sostener la inversión en ramas tecnológicas de punta y empujar la salida exportadora. Eso retrasa y desplaza las contradicciones, pero no las elimina, y en eso reside buena parte de lo que anticipa el título de esta nota: la inteligencia artificial funciona como amortiguador de una sobreproducción que no encuentra mercado interno, no como su solución.

La juventud concentra una de las manifestaciones más duras de este proceso. En agosto de 2026, el desempleo urbano entre quienes tienen de 16 a 24 años, excluyendo estudiantes, alcanzó 18,9%, frente a 17,9% en julio, el registro más alto en un año. Entre los jóvenes de 25 a 29 años fue 7,5%, mientras la tasa urbana general se ubicó en 5,3%. La estadística oficial ya muestra una crisis seria, aunque no contabiliza enteramente la retirada de jóvenes de la búsqueda laboral, el empleo informal, los trabajos ocasionales por plataformas, el regreso al hogar familiar ni el subempleo de graduados que aceptan ocupaciones muy por debajo de su formación. Ese fenómeno tiene incluso un nombre popularizado en las redes chinas, tang ping o "tumbarse", con el que una generación entera describe la renuncia silenciosa a competir por un ascenso social que ya no está garantizado, y que las autoridades llegaron a censurar por considerarlo una amenaza ideológica al relato oficial de progreso.

Cada año egresan millones de universidades y centros técnicos con la expectativa de lograr empleos calificados, estabilidad material y acceso a vivienda. Sin embargo, la contracción inmobiliaria, la desaceleración de la inversión privada y la automatización de numerosas tareas administrativas reducen las oportunidades justamente en los puestos de entrada. La expansión de inteligencia artificial, semiconductores y automatización no soluciona en sí misma esa contradicción. Son sectores intensivos en capital, altamente concentrados y capaces de absorber una fracción limitada de la fuerza laboral total. Un país puede avanzar en modelos de inteligencia artificial y, al mismo tiempo, condenar a una parte importante de sus jóvenes a la competencia por empleos mal pagos, temporarios o sin cobertura social. La productividad técnica no se transforma automáticamente en bienestar colectivo cuando la inversión está dirigida a valorizar capital, ganar cuotas de mercado y competir geopolíticamente, no a organizar la producción según necesidades sociales democráticamente definidas.

La situación de la clase trabajadora desmiente la imagen de armonía social que busca proyectar el régimen. Las protestas recientes no forman todavía una huelga general ni una oleada coordinada a escala nacional, pero revelan una conflictividad persistente y defensiva. Obreros de la construcción reclaman sueldos adeudados luego de la paralización de proyectos inmobiliarios; trabajadores fabriles protestan ante cierres, traslados o reducciones salariales; migrantes exigen indemnizaciones y pago de aportes; empleados de servicios y plataformas enfrentan jornadas extensas y derechos fragmentados. En 2024 se registraron 1.509 acciones laborales colectivas y el 88% estuvo vinculado a salarios impagos o pérdida de empleo sin compensación. Esos datos proceden de observatorios independientes, no de una estadística estatal completa, por lo que deben leerse como un piso y no como la totalidad del conflicto existente.

Durante enero de 2026, un observatorio independiente registró 50 incidentes colectivos. Predominaron protestas por salarios atrasados, especialmente en la construcción y en cadenas de subcontratación asociadas a proyectos inmobiliarios o de infraestructura. Hubo bloqueos de accesos, concentraciones ante oficinas públicas, sentadas en lugares de trabajo y reclamos a empresas que intentaban desmantelar plantas o sacar maquinaria sin pagar las compensaciones correspondientes. En julio, centenares de siderúrgicos de Fujian bloquearon una carretera nacional después de que una empresa anunciara una suspensión de actividades y un ingreso mensual de apenas 1.000 yuanes, unos 140 dólares; la medida fue retirada tras varias horas de conflicto. Un dato de contexto ayuda a dimensionar ese conflicto: buena parte de esos trabajadores migrantes carecen del hukou urbano, el registro de residencia que condiciona el acceso a salud, educación y vivienda social en la ciudad donde trabajan. Aunque produzcan la riqueza de las metrópolis costeras, siguen formalmente atados a un régimen administrativo rural, lo que multiplica su vulnerabilidad frente a un despido o un salario impago: no solo pierden el ingreso, pierden también cualquier red de contención institucional en el lugar donde viven.

El rasgo decisivo es que estos conflictos se desarrollan sin sindicatos independientes. La Federación Nacional de Sindicatos de China, la ACFTU, es la única central reconocida legalmente y forma parte de una estructura subordinada al Partido Comunista Chino. La creación de sindicatos autónomos por fuera de esa organización es ilegal. Las organizaciones sindicales existentes pueden mediar, asistir, negociar casos particulares o colaborar con autoridades locales, pero no constituyen una herramienta independiente de los trabajadores frente a las empresas privadas, las empresas estatales y el propio Estado.

Por eso la estatización sindical no es un detalle burocrático sino un mecanismo político central. Allí donde los trabajadores no pueden elegir libremente delegados, organizar sindicatos autónomos, coordinar huelgas entre empresas y sectores o constituir una central nacional propia, cada conflicto tiende a permanecer aislado. La protesta emerge ante el salario no pagado, el despido o el cierre, pero se enfrenta a un aparato que combina negociación administrativa, vigilancia, censura y, cuando es necesario, represión. El Estado puede intervenir para forzar a una empresa a abonar salarios y evitar una explosión local, pero al mismo tiempo impide que la clase trabajadora transforme una suma de reclamos defensivos en una fuerza política independiente.

Esto obliga a precisar el carácter de la economía china, que es lo que da sentido a la fórmula del título: una potencia capitalista de Estado. La magnitud de la propiedad estatal, el peso de los bancos públicos, el control de capitales y la planificación sectorial no alcanzan para caracterizarla como una sociedad socialista. Existen relaciones capitalistas: trabajo asalariado, subordinación de la producción a la rentabilidad, competencia entre empresas, acumulación de capital, desigualdad, disciplina laboral y expansión internacional en busca de mercados y ganancias. El Estado no abolió la ley del valor; administra sus contradicciones y regula una parte decisiva de la acumulación. Es más exacto definir al régimen como una forma de capitalismo de Estado, en la cual una burocracia estatal-partidaria concentra instrumentos de mando económico y político, mientras la clase trabajadora permanece excluida de las decisiones fundamentales sobre qué se produce, cómo se distribuye la riqueza y bajo qué condiciones se trabaja. Sobre este cuadro se proyecta además un problema demográfico que agrava todo lo anterior: la población en edad de trabajar viene cayendo desde hace más de una década, y hacia 2050 se espera que la proporción de mayores de sesenta años supere ampliamente un tercio del total. Un régimen que necesita empujar el consumo interno para absorber su propia sobreproducción enfrenta, al mismo tiempo, una base de trabajadores jóvenes cada vez más reducida y una masa de jubilados creciente sin un sistema previsional equivalente al de las economías centrales.

La crisis interna explica también la ofensiva externa de Beijing. Frente a un consumo estancado, una inversión inmobiliaria desplomada y una capacidad industrial excedente, China necesita colocar fuera de sus fronteras automóviles eléctricos, baterías, paneles solares, maquinaria, productos electrónicos y capitales. En 2025 registró un superávit comercial récord cercano a 1,2 billones de dólares, superior al 6% de su producto interno bruto. Ese superávit no es simplemente una muestra de fortaleza: revela, también, que China produce mucho más de lo que absorbe su mercado interno y necesita que otros países absorban una porción creciente de su producción. Es la sobreproducción del título trasladada al plano internacional.

La política cambiaria forma parte de esa estrategia. Una depreciación del yuan respecto del dólar puede abaratar las mercancías chinas en el exterior y contribuir a sostener márgenes de ganancia y ventas exportadoras. Sin embargo, es incorrecto afirmar que Beijing devalúa automáticamente o sin límite cada vez que necesita exportar más. El Banco Popular de China administra el tipo de cambio dentro de un sistema con controles de capital y objetivos múltiples: competitividad externa, estabilidad financiera, control de la inflación importada, protección de reservas y prevención de fugas de capital. Una depreciación demasiado intensa encarece importaciones, puede estimular la salida de fondos, agravar tensiones con socios comerciales y provocar medidas proteccionistas. Es más preciso hablar de una administración estatal del yuan para defender la competitividad internacional de la industria china, no de una devaluación incesante y mecánica.

La cuestión de los bonos del Tesoro estadounidense muestra hasta qué punto la rivalidad sino-estadounidense está atravesada por una interdependencia contradictoria. China acumuló grandes reservas en dólares porque durante años exportó más de lo que importaba y necesitaba colocar esa masa de divisas en activos líquidos, seguros y fácilmente negociables. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos cumplían esa función. Beijing no financió a Washington por afinidad política: administró sus excedentes en el mercado financiero más profundo del mundo y, al hacerlo, ayudó indirectamente a sostener la centralidad del dólar.

No es cierto que China "no pueda cobrar" los bonos estadounidenses. Puede venderlos en el mercado secundario, cobra intereses y, cuando llegan a vencimiento, recibe el capital correspondiente o lo reinvierte. Lo que no puede hacer sin costos es vender masivamente y de una vez su cartera: una liquidación abrupta reduciría el valor de los bonos que todavía conserve, afectaría sus propias reservas, alteraría el tipo de cambio y produciría turbulencias en mercados de los que sigue dependiendo. Estados Unidos, por su parte, no tendría que pagar de inmediato toda su deuda a China: renueva buena parte de sus títulos en el mercado y se financia en su propia moneda. El poder del dólar no se limita a que otros países tengan bonos norteamericanos; descansa en una red mucho mayor de mercados financieros, comercio, bancos, instituciones internacionales, alianzas militares y capacidad de imponer sanciones.

China viene reduciendo su exposición directa a la deuda estadounidense. Sus tenencias de bonos del Tesoro registradas directamente cayeron a 633.400 millones de dólares en junio de 2026, el nivel más bajo desde 2008. Pero esto no equivale a una ruptura con el dólar ni a una imposibilidad de cobro. Expresa una estrategia gradual de diversificación hacia oro, otros activos, otras monedas y eventualmente custodios financieros no contabilizados del mismo modo. China continúa teniendo reservas internacionales enormes, estimadas en alrededor de 3,36 billones de dólares a fines de 2025, y no puede desprenderse bruscamente de los circuitos financieros dominados por el dólar sin dañarse a sí misma.

La disputa con Estados Unidos debe ubicarse dentro de la estructura imperialista mundial. China no es una alternativa socialista ni antiimperialista porque confronte con Washington. Es una gran potencia capitalista de Estado que busca ampliar su participación en los beneficios, mercados, recursos, rutas comerciales, estándares tecnológicos y zonas de influencia de un orden mundial históricamente dominado por Estados Unidos y las viejas potencias imperialistas. El antagonismo entre Beijing y Washington no enfrenta dos sistemas sociales opuestos: expresa una lucha entre fracciones estatales y capitalistas por la apropiación de riqueza, tecnología, fuerza de trabajo y posiciones estratégicas en el mercado mundial.

China participa activamente de esa estructura imperialista mediante la exportación de capitales, el crédito externo, la inversión en infraestructura, la expansión de sus empresas, la búsqueda de recursos estratégicos y el control creciente de cadenas de suministro. La Franja y la Ruta funciona como una de sus herramientas centrales. Sus inversiones y contratos alcanzaron 213.500 millones de dólares en 2025, con una orientación creciente hacia minería, procesamiento de metales, vehículos eléctricos, baterías, puertos, ferrocarriles e infraestructura digital. Esto permite abrir mercados para capitales chinos, asegurar rutas logísticas, garantizar abastecimiento de minerales, energía y alimentos, y disputar influencia en Asia, África, América Latina y Europa.

No corresponde reducir toda inversión china a una caricatura de "trampa de deuda". Las deudas externas también dependen de las clases dominantes locales que firman contratos, de la arquitectura financiera internacional, de la volatilidad de precios de materias primas y de políticas de ajuste promovidas por otros acreedores. Pero tampoco es posible presentar esos créditos como solidaridad desinteresada entre pueblos. Cuando bancos y empresas chinas financian una represa, un puerto, un ferrocarril, una mina, una red digital o una planta de procesamiento, procuran retornos financieros, contratos para sus corporaciones, acceso a insumos y posiciones geopolíticas. La expansión exterior china responde a la necesidad de realizar capital excedente y asegurar condiciones de reproducción para su propia acumulación.

El caso de los minerales críticos es particularmente claro. China no se limita a comprar litio, cobre, cobalto, níquel o hierro. Busca intervenir en la cadena entera: extracción, puertos, refinación, fundición, procesamiento químico, fabricación de celdas, baterías, vehículos eléctricos y tecnologías asociadas. En 2025, las inversiones chinas ligadas a la Franja y la Ruta en metales y minería alcanzaron 32.600 millones de dólares, y el 61% se dirigió al procesamiento, especialmente fundiciones. La prioridad no consiste solamente en asegurarse materias primas, sino en retener los eslabones industriales de mayor valor y convertir a otros países en proveedores subordinados o mercados dependientes.

Para América Latina, y también para Argentina, esta cuestión tiene consecuencias directas. La compra de soja, carne, minerales, petróleo o litio puede aportar divisas y sostener negocios de corto plazo. Las inversiones en infraestructura o energías renovables pueden resolver necesidades reales. Pero si la relación se limita a exportar productos primarios e importar vehículos, maquinaria, componentes tecnológicos, telecomunicaciones y manufacturas de alto valor agregado, se reproduce una división internacional del trabajo desigual. Cambiar la dependencia respecto de capitales estadounidenses y europeos por una dependencia de empresas, crédito, tecnología y demanda chinos no equivale a emancipación nacional ni a integración soberana.

China todavía no desplazó a Estados Unidos de la cúspide del sistema imperialista. Washington conserva el dólar como principal moneda de reserva y de pago internacional, los mercados financieros más profundos, las principales instituciones multilaterales, una extensa red militar y de alianzas, y una capacidad de coerción internacional que Beijing no iguala. Pero China ya no ocupa el lugar de una economía periférica subordinada: es una potencia ascendente que busca una parte creciente de la renta mundial y cuya expansión externa altera las relaciones entre los grandes bloques. La categoría más adecuada es la de una potencia imperialista emergente o, en una formulación más prudente, una gran potencia capitalista que disputa ascender en la jerarquía imperialista sin haber logrado todavía sustituir el predominio estadounidense.

La promesa oficial de un mundo multipolar tiene así un límite de clase. La multipolaridad puede reducir el margen de maniobra de Estados Unidos, pero no suprime la explotación, la competencia ni la subordinación de las economías dependientes. Puede redistribuir la presión entre varios centros de poder, sin abolir la lógica que enfrenta a trabajadores de distintos países por empleos, salarios, mercados y recursos. Para los trabajadores chinos, latinoamericanos, africanos y asiáticos, la alternativa no consiste en elegir qué potencia administra la acumulación y extrae riqueza, sino en construir organizaciones independientes capaces de enfrentar a los capitales nacionales y extranjeros, disputar la orientación de la producción y romper con la subordinación de la vida social a la ganancia.

La contradicción de fondo es que China posee recursos suficientes para evitar un colapso inmediato: bancos estatales, empresas estratégicas, control de capitales, reservas monumentales, capacidad de planificación e intervención administrativa. Puede rescatar desarrolladoras, subsidiar tecnología, contener quiebras, dirigir crédito y desactivar temporalmente focos de protesta. Pero no puede resolver por decreto una crisis basada en la contradicción entre producción social gigantesca y apropiación concentrada de la riqueza. Mientras el desarrollo tecnológico se mida por la competitividad global, la rentabilidad y la cuota exportadora, la inteligencia artificial podrá convivir con trabajadores sin cobrar, jóvenes sin empleo y sindicatos reducidos a oficinas del aparato estatal.