''Las terciarizadas de seguridad son otras empresas que trabajaban para Fate, son las que se llevan "sus" herramientas y los robos directos vienen por parte de ellos'' (trabajador de la toma)

En la toma de fábrica, la patronal de Fate realiza un saqueo hormiga sobre instalaciones, herramientas, máquinas, armarios y elementos de trabajo mediante tercerizadas de seguridad privada. La denuncia de los trabajadores debe ser tratada con la máxima gravedad: mientras regia la conciliación obligatoria, y ahora la paz social, la empresa no puede aprovechar el conflicto para modificar unilateralmente las condiciones dentro de la planta, retirar recursos productivos, obstruir sectores o montar un dispositivo de hostigamiento destinado a quebrar la organización obrera. Teniendo en cuenta que con las máquinas e insumos los trabajadores podrían producir tranquilos casi por un año si se expropiara la fábrica y bajo control obrero.

Fate anunció el cese de actividades en su planta de Victoria, San Fernando, el 18 de febrero de 2026 y comunicó el despido de 920 trabajadores. Ese mismo día, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria por 15 días y ordenó retrotraer las acciones al inicio del conflicto, dejando sin efecto los despidos mientras se buscaba una salida. El lector debe tener en cuenta que venció la conciliación obligatoria, cuyo precedente ya se había usado en otros conflictos fabriles, en la época menemista, como refuerzo de la burguesía ante la clase obrera: primero para frenar la acción directa y luego para debilitar y desmoralizar a los trabajadores con una promesa de arreglo a la larga. Ahora el proceso queda bajo el paraguas de la Paz Social que firmó la patronal con la justicia, pero no hay que confiarse y hay que construir fuerzas de reserva para responder a un futuro ataque patronal. Igual, ante el rebrote de la acción directa, la patronal no quedó habilitada a proceder como si la planta fuera un territorio privado sin trabajadores, sino obligada a preservar el estado de cosas anterior al lockout por un año y ante el juez.

Pero Madanes Quintanilla eligió otro camino. En vez de cumplir con la obligación de reincorporar a los trabajadores, garantizar salarios y conservar intactas las condiciones de la fábrica, mantuvo la paralización patronal y dejó de pagar los haberes. Esa conducta no es una infracción administrativa cualquiera: la ley 14.786, que regula la conciliación obligatoria, establece que el incumplimiento de la intimación a retrotraer una medida de acción directa da a los trabajadores derecho a percibir los salarios como si la medida nunca se hubiera adoptado, y habilita al Ministerio de Trabajo a aplicar multas por cada trabajador afectado. A eso se suma la paz social y la propia Ley de Ordenamiento Laboral tipifica el desacato a una conciliación obligatoria como infracción grave, con escalas de sanción que se calculan por trabajador y que en otros conflictos gremiales del país ya derivaron en multas millonarias contra la parte incumplidora. El incumplimiento patronal también puede calificarse como práctica desleal en los términos de la ley de asociaciones sindicales, lo que debilita jurídicamente la posición de Fate en cualquier instancia judicial posterior y refuerza el reclamo obrero de que se trata de una empresa que actúa al margen de la ley, no de una víctima de las circunstancias.

La Justicia laboral terminó ordenando un embargo cercano a 3.000 millones de pesos para garantizar los salarios de los 920 trabajadores afectados desde el 18 de febrero y hasta el final del período comprometido en el acuerdo vigente. El embargo, integrado aproximadamente por 2.600 millones de pesos de salarios y 300 millones entre intereses y costas, da una dimensión concreta de la magnitud del incumplimiento. Pero un embargo no agota las responsabilidades posibles, si además se comprueba que hubo retiro o destrucción de bienes productivos durante la vigencia de la conciliación obligatoria y la paz social, esa conducta puede configurar maniobras de vaciamiento empresarial, con consecuencias que exceden el fuero laboral y alcanzan responsabilidades civiles y eventualmente penales para quienes dispusieron u ordenaron esas acciones.

En ese marco, el saqueo hormiga denunciado dentro de la planta no puede ser presentado como una cuestión administrativa menor. Si se retiran herramientas, se alteran armarios, se desplazan insumos, se cierran pasillos con maderas engrampadas o se restringe la circulación mediante retenes de seguridad, se está afectando la capacidad material de producción y la preservación de una fábrica que pertenece socialmente al trabajo acumulado de generaciones obreras. El hostigamiento no se limitó al plano productivo, personal de seguridad roció con matafuegos los sectores de descanso de los trabajadores, arrojó gusanos sobre los colchones y cerró los baños con candado, en una maniobra tan miserable como deliberada, orientada a degradar las condiciones de vida de quienes sostienen la toma y quebrar su resistencia por el cansancio y el asco antes que por la fuerza. A eso se sumó el pintado de vidrios, tanto los que dan hacia el sector hoy ocupado por Aluar como los del depósito, para impedir que los trabajadores pudieran ver los movimientos hacia el exterior de la planta, un intento de aislarlos y de operar sin testigos mientras avanza el vaciamiento. La denuncia incluye además la participación de tercerizadas, vigiladores privados y ex integrantes de la Policía Bonaerense en recorridos internos; corresponde documentar cada hecho, identificar responsables, conservar filmaciones y exigir intervención inmediata para impedir cualquier retiro o destrucción de bienes de producción.

Fate no es una empresa en quiebra. La propia compañía presentó el cierre como resultado de condiciones de mercado, competencia importada y reorientación de su negocio, mientras los trabajadores sostienen que la planta cuenta con recursos e insumos estratégicos cuya preservación resulta decisiva para cualquier continuidad productiva. La patronal pretende convertir una decisión empresaria de cierre y liquidación de activos en una fatalidad económica, pero la realidad indica que existe una unidad industrial, trabajadores calificados y medios de producción que deben ser protegidos del vaciamiento.

El objetivo político de las maniobras internas es claro: desmoralizar a los trabajadores, fragmentarlos con salidas individuales, debilitar la toma y vaciar de contenido la conciliación obligatoria y la paz social actual. Sin embargo, las filmaciones y la vigilancia colectiva realizadas por quienes sostienen la defensa de la planta muestran que ese plan no logró imponerse. La respuesta debe pasar por una comisión obrera de inventario y control, con registro público de máquinas, herramientas, stocks e insumos; por el cese de toda operación de tercerizadas sin fiscalización de los trabajadores; y por la exigencia de reincorporación efectiva, pago íntegro de salarios y apertura de los libros contables de Fate.

Junto a esa tarea, es necesario que los trabajadores de base evalúen una coordinación interna con aquellos compañeros que renunciaron, en su mayoría de entre cincuenta y sesenta años, que hoy no consiguen trabajo y que, más allá de las presiones familiares y las circunstancias particulares de cada uno, enfrentan la misma necesidad material de fondo, volver a tener un salario, un trabajo y el sustento para seguir viviendo. Por eso, el proceso de reencuentro con estos compañeros debe quedar abierto, a través de llamados telefónicos, conversaciones por WhatsApp, con paciencia y fraternidad, y también en un vínculo más cercano mediante la invitación a acercarse a la fábrica o a un café cercano para debatir juntos una reorientación que convoque al resto de los compañeros que no consiguen trabajo a sumarse a la perspectiva de reabrir la planta bajo control obrero. Cada compañero que reingrese por el trabajo y a la lucha se gritará como un gol. Nadie que haya sido parte de esta lucha debería quedar afuera de ella por el desgaste o la necesidad; recuperarlos para la organización es también parte de la pelea por reabrir Fate.

El gobierno de Axel Kicillof dictó la conciliación, y el gobierno nacional intervino también en el conflicto a través de la Secretaría de Trabajo. Ahora ambos Estados tienen que responder por su cumplimiento efectivo, incluyendo el uso de las multas y sanciones que la propia legislación laboral prevé para estos casos. No alcanza con firmar disposiciones mientras la patronal conserva el control para paralizar, retacear salarios y eventualmente vaciar instalaciones. Frente al lockout y al pillaje capitalista, la moralización y la recuperación de fuerzas para la lucha es con la defensa consecuente: es la organización independiente de los trabajadores, la custodia colectiva de los medios de producción y la lucha por la reapertura de Fate bajo control obrero. Expropiación.