La Justicia no reincorpora, la patronal quiere cerrar y la continuidad de Fate exige una salida obrera

A más de seis meses del cierre de Fate, la situación de los 920 trabajadores despedidos sigue abierta, pero en condiciones cada vez más duras. La patronal de Madanes Quintanilla paralizó la planta de Victoria, en San Fernando, el 18 de febrero, anunció el cese "definitivo" de actividades y dejó en la calle a una de las principales concentraciones obreras de la industria del neumático. La empresa habló de cambios en las condiciones de mercado y apertura de importaciones, pero detrás de ese argumento hay una decisión empresarial concreta, cerrar una fábrica con capacidad instalada, maquinaria, materia prima y trabajadores calificados para sostener la producción nacional de neumáticos.

Vale la pena detenerse un momento en lo que significa esto en términos de escala, Fate llegó a ser, durante décadas, la planta que abastecía de neumáticos a buena parte del transporte de cargas y pasajeros del país. No es una empresa que fabrique un insumo secundario, sino un eslabón crítico de la cadena logística nacional. Cerrarla no es cerrar un comercio, es amputar una pieza de la infraestructura productiva argentina en nombre de la rentabilidad de un grupo económico.

El último fallo de la Cámara laboral mostró con nitidez los límites de depositar la salida en los tribunales. La Justicia rechazó el pedido de reincorporación de los 920 despedidos, es decir, se negó a obligar a Fate a reabrir la planta y devolver los puestos de trabajo. Al mismo tiempo, preservó los salarios cobrados durante la cautelar y dejó abierta la puerta a nuevos reclamos económicos. Es una tutela patrimonial parcial, impide que la empresa recupere esos montos, pero no toca el problema decisivo, que es la continuidad laboral y productiva.

La contradicción es evidente. La Justicia reconoce que hubo salarios adeudados y que los pagos correspondientes al período cautelar deben mantenerse, y hasta llegó a intimar a la patronal a saldar quincenas pendientes. Muchas quedan pendientes. Pero esa misma institucionalidad se niega a establecer la única medida capaz de impedir que el cierre se consolide, la reapertura de Fate bajo garantía efectiva de los puestos de trabajo. De este modo, el derecho al salario queda reducido a una discusión posterior al despido, mientras el capital conserva intacto el poder de cerrar, paralizar la producción y dejar a familias enteras libradas a la desocupación.

La movilización del 26 de agosto a Plaza de Mayo expresó que el conflicto está lejos de terminado. Bajo la consigna "Fate no se cierra", el SUTNA reclamó continuidad laboral, fin del lock out y puesta en marcha de la planta. La convocatoria volvió a instalar en el espacio público una idea central, la fábrica no es un galpón vacío, sino una unidad productiva cuya paralización golpea a centenares de familias y a toda la industria nacional. El sindicato insistió, además, en que Fate está en condiciones técnicas de reabrir y en que existen los recursos para retomar la actividad. Sin embargo cada vez defiende menos la moral dentro de la toma de la fábrica.

Consideramos que la toma y la permanencia obrera dentro de la planta han sido un punto de apoyo fundamental en esta pelea. La Justicia penal terminó rechazando el desalojo, al reconocer que se trataba de un conflicto laboral ligado al ejercicio del derecho de huelga y no de un simple caso de usurpación. Esa conquista defensiva no equivale a ganar la reapertura, pero preserva una posición desde la cual los trabajadores pueden vigilar el predio, impedir que el cierre derive en vaciamiento y sostener la pelea contra la liquidación de la fábrica.

Sin embargo, la continuidad no se va a conseguir solamente con nuevos expedientes o apelaciones. La experiencia de estos meses demuestra que la patronal usa el tiempo como arma, demora pagos, presiona para arrancar acuerdos individuales, apuesta al desgaste económico de los despedidos y busca instalar que no hay alternativa fuera de la compensación monetaria. Para los trabajadores, cobrar lo adeudado es una necesidad inmediata e irrenunciable, pero nada reemplaza un puesto de trabajo, no mantiene en funcionamiento una planta industrial y no resuelve el problema de fondo de cientos de familias expulsadas de la producción.

La salida tiene que partir de la defensa de la fábrica como patrimonio social. Hace falta sostener asambleas de despedidos y trabajadores en lucha, con un comité electo y revocable que centralice las decisiones; exigir la apertura de los libros contables de Fate y del grupo empresario; organizar el control obrero sobre maquinaria, stocks, herramientas y materias primas para impedir cualquier intento de retiro o vaciamiento; y profundizar la coordinación con las demás fábricas del neumático, los sindicatos de la zona norte, las organizaciones de desocupados, estudiantes y sectores que enfrentan despidos y cierres similares.

Fate no es una fábrica cualquiera, es la única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos del país, y su cierre implica una mayor dependencia de importaciones en un rubro estratégico para el transporte, la logística y la economía nacional. La apertura comercial puede explicar una parte del contexto, pero no exime de responsabilidad a quienes deciden destruir capacidad productiva instalada para preservar su rentabilidad.

Si la patronal sostiene que no quiere o no puede volver a poner en marcha Fate, debe abrir sus libros contables, exhibir el destino de sus activos y demostrarlo ante quienes hicieron funcionar la planta durante décadas. Pero si, como todo indica, persiste en el lock out y en el intento de convertir el cierre en un hecho consumado, la respuesta no puede limitarse a una negociación de cúpula ni a una espera pasiva de nuevos fallos. La salida es la expropiación sin indemnización de la fábrica, bajo control de sus trabajadores y con financiamiento estatal para garantizar salarios, insumos y la inmediata reanudación de la producción.

La orientación actual de la dirección del SUTNA y del Partido Obrero, basada en mantener expectativas en el gobierno de Axel Kicillof y en la Justicia burguesa, no logró torcer la voluntad patronal ni resolver las necesidades urgentes de los despedidos. A más de seis meses del cierre, siguen sin completarse que a más de veintiseis compañeros no cobraron las quincenas prometidas. La patronal utiliza la demora, el desgaste económico y los acuerdos individuales para fragmentar una lucha que necesita recuperar iniciativa colectiva.

No hay una salida testimonial ni un problema que pueda resolverse con promesas oficiales. Frente al cierre patronal, la expropiación sin pago y el control obrero son la única perspectiva capaz de colocar el derecho colectivo a trabajar, producir y defender una industria necesaria por encima de la propiedad privada de un grupo empresario parasitario.