Es Milei una bolsa de bosta capitalista?

𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮𝗹: 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀, 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗲𝗶 𝘆 𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗼𝗻𝗶𝘀𝗺𝗼. 𝗘𝗹 𝗱𝗲𝗿𝗿𝘂𝗺𝗯𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗹𝗲𝘆 𝗱𝗲 𝗧𝗶𝗲𝗿𝗿𝗮𝘀 𝘆 𝗹𝗮 𝗹𝘂𝗰𝗵𝗮 𝗼𝗯𝗿𝗲𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗰𝗲. 

La ofensiva de deportaciones masivas impulsada por Donald Trump no es sólo una política de persecución contra trabajadores migrantes, constituye un sistema de negocios sostenido por fondos públicos, contratistas privados y una expansión acelerada de la infraestructura de detención. Bajo este esquema, cada migrante puede ser convertido en una fuente de facturación mediante el arresto, el encierro, el traslado, el monitoreo electrónico, el procesamiento administrativo y la deportación.

Las principales empresas beneficiadas son GEO Group y CoreCivic, operadores de cárceles privadas y centros de detención migratoria. La política de emergencia fronteriza habilitó una ampliación de contratos existentes, reaperturas de establecimientos y adjudicaciones sin competencia abierta. ICE apuntó a superar las 100.000 camas de detención, mientras la población migratoria bajo encierro alcanzó niveles récord. La política migratoria combina así xenofobia, disciplinamiento laboral y negocio corporativo.

La escala económica muestra que no se trata de un aspecto marginal. CoreCivic y GEO Group han ampliado su peso en el sistema de detención, aprovechando contratos públicos, ampliaciones de capacidad y la reactivación de instalaciones. El Estado avanza incluso sobre infraestructura propia, pero sin abandonar la dependencia de proveedores privados de encierro, transporte, seguridad, alimentación, vigilancia y control electrónico.

En esa maquinaria, el trabajador migrante cumple una doble función para el capital. Mientras está fuera de los centros de detención, es mano de obra vulnerable frente al chantaje patronal, los salarios bajos y el temor a perder su estatus migratorio. Cuando cae bajo custodia, se convierte en población rentable para toda la cadena empresarial ligada al encierro. La deportación deja de ser el final de un trámite estatal: es una cadena integral de acumulación.

Los casos de argentinos detenidos en Estados Unidos vuelven visible esta realidad. Matías Pourrain, futbolista argentino de 34 años, fue detenido por ICE el 6 de agosto de 2026 en Fort Lauderdale, cuando viajaba con su equipo hacia Los Ángeles. Iliana Noelí Lick, niñera argentina de 30 años radicada en Filadelfia, fue detenida el 11 de julio. Más allá de las particularidades de cada expediente, estos casos muestran la vulnerabilidad de quienes migran y quedan expuestos a un régimen que puede detener a trabajadores mientras viajan, trabajan o aguardan la resolución de trámites.

No son episodios aislados. Son la expresión concreta de una política de disciplinamiento que instala miedo en comunidades enteras y fortalece la capacidad de las patronales para imponer peores condiciones. Estados Unidos necesita trabajadores migrantes para sostener buena parte de su economía, pero al mismo tiempo los mantiene bajo la amenaza permanente de la persecución, el encierro y la expulsión.

La relación con la Argentina es directa. La caída del poder adquisitivo, la precarización, la destrucción de puestos de trabajo y el aumento del costo de vida bajo el régimen de Milei empujan a miles a buscar una salida en el exterior. Para sectores de la juventud, de la pequeña burguesía empobrecida y de la clase trabajadora, migrar aparece como una respuesta individual a una crisis que se profundiza. Sin embargo, al llegar a Estados Unidos, esa búsqueda se choca con un aparato que necesita mano de obra barata y disponible, pero que puede convertir a esa misma población en mercancía para el negocio carcelario y deportador.

Hay una continuidad histórica en la política migratoria norteamericana. Durante la administración de Barack Obama se expandió con fuerza la detención de familias migrantes, especialmente en Texas, con centros destinados a madres, niños y niñas. Bajo el actual gobierno de Trump se produce un salto de escala, cárceles privadas, compras de inmuebles, contratos directos, reactivación de centros cerrados, megaproyectos de procesamiento, transporte y monitoreo electrónico. El capital gana en cada instancia. El trabajador migrante es explotado cuando está libre y fuente de renta cuando es capturado.

Un ascenso que busca expresión

Desde la izquierda de combate caracterizamos que existe un ascenso de luchas, todavía desigual, con ritmos contradictorios y sin una expresión política unificada, que busca abrirse paso frente al ajuste, la precarización y la crisis del gobierno. No se trata de un proceso terminado ni de una victoria consolidada, es un clima social que acumula bronca, comienza a plegarse y encuentra puntos parciales de irrupción en los lugares de trabajo, las escuelas, los barrios y expresiones populares más amplias.

El FIT-U no caracteriza este proceso de la misma manera. Su dirección, de orientación centrista, tiende a subordinar la perspectiva de la lucha de clases a un reacomodamiento electoral hacia 2027. La expectativa de un gran caudal de votos para Myriam Bregman, de llegar a un balotaje e incluso conquistar la presidencia —bajo la consigna de que “la izquierda debe llegar al poder”— reemplaza una estrategia de organización independiente y movilización de la clase trabajadora por una adaptación electoralista.

Para nosotros, ese electoralismo no prepara a los trabajadores para los enfrentamientos que vienen. Por el contrario, puede profundizar tensiones internas ya existentes en el PTS y en el FIT-U, una coalición sostenida por equilibrios precarios y contradicciones que sus propias prensas buscan disimular. La realidad de la crisis, el deterioro de las condiciones de vida y la emergencia de nuevos conflictos puede poner a prueba esa estrategia, basada en esperar una acumulación electoral futura antes que intervenir de manera consecuente en las luchas presentes.

Una de esas contradicciones aparece en la relación con el peronismo. No se trata de definirlo como una fuerza “moderada”, como hace el PTS, sino de caracterizar su papel concreto: una burocracia sindical y política colaboracionista, integrada al sostenimiento del régimen capitalista. Sus sectores dirigentes contribuyeron a votar y viabilizar reformas antiobreras de la bolsa de mierda de Milei, mientras sus aparatos sindicales administran la crisis en lugar de impulsar una respuesta de conjunto.

Esa burocracia conserva sindicatos como estructuras separadas de las bases, en muchos casos gestionados con criterios empresariales, recursos propios y vínculos permanentes con las patronales y el Estado. En vez de poner esas organizaciones al servicio de organizar la lucha de clases, contener el ajuste y preparar medidas de fuerza, las utiliza para negociar los límites de cada conflicto, descomprimir la bronca y evitar que las luchas se coordinen.

La tarea no es esperar o exigirle la lucha a la dirección de la CGT, porque es una actitud pasiva que se adapta al calendario electoral, ni adaptarse a las direcciones que frenan la movilización. Es intervenir ahora para organizar la bronca desde abajo, fortalecer asambleas y cuerpos de delegados con mandato, coordinar los conflictos obreros y populares y desarrollar una alternativa política independiente de todas las variantes patronales, incluido el peronismo y su burocracia sindical colaboracionista.

Por otro lado, consideramos que el último mundial fue uno de los canales de la pasión y la expresión antiimperialista, también nos diferenciamos de los populistas que dicen que la patria no se vende porque nosotros estamos con las clases obreras de todos los países que luchan contra el imperialismo con sus métodos, tiempos de maduración y creaciones de sus propios imaginarios de clase, no nos sonrojamos al decirlo. Sucede que muchos ocultan lo que pasa en EEUU con los argentinos migrantes, dado que se registran detenciones a trabajadores y futbolistas argentinos en EEUU por ser latinos y por haber desplegado la bandera antiimperialista. La exposición de los futbolistas argentinos por su condición de clase y raza latina detenidos hace una semana por ICE puso rostro y nombre a una política que suele presentarse como una cuestión lejana o burocrática. Pero está en ascenso. Su situación permitió que miles identificaran que la persecución migratoria no golpea a una abstracción, sino a trabajadores y jóvenes que, como tantos otros, emigraron buscando vivir de su trabajo.

La bandera que afirma que las "Malvinas son argentinas" , prohibida por el Gobierno y la FIFA, también adquirió relevancia porque se replicó como una expresión popular. No corresponde reducir ese fenómeno a una “malvinización” vacía o artificial. Esa lectura superficial desconoce que, en el sentido común de amplios sectores, la cuestión Malvinas conserva un contenido antiimperialista, remite al rechazo al dominio extranjero, a la entrega nacional y a la subordinación ante las grandes potencias. Y esa lucha solo lo puede llevar a un buen curso la clase obrera.

Eso no implica idealizar ni confundir el sentimiento popular con una política acabada. Implica reconocer que esas expresiones pueden convertirse en un canal para que sectores de la clase trabajadora exterioricen una bronca más profunda, contra el ajuste, contra la entrega, contra la pérdida de derechos y contra un gobierno que pretende subordinar al país a intereses ajenos. La tarea de una izquierda de combate no es burlarse ni ubicarse por fuera de esos procesos, sino intervenir en ellos, darles perspectiva de clase y vincularlos con la pelea por salarios, empleo, vivienda y soberanía efectiva.

La crisis de Milei y las derrotas parlamentarias expresan parte de ese cuadro. El revés en el Senado alrededor de la ley de tierras no constituye, por sí mismo, un triunfo total para los trabajadores ni garantiza una ruptura con la entrega. Durante meses, distintos sectores del peronismo brindaron apoyo político o parlamentario a iniciativas del Gobierno. Por eso, no alcanza con presentar una votación adversa como si fuera una derrota estratégica definitiva del régimen.

Tampoco puede olvidarse la trayectoria de los gobiernos peronistas. Bajo administraciones identificadas con el peronismo, incluyendo las de Cristina Kirchner y funcionarios como Aníbal Fernández, continuaron mecanismos de entrega territorial, negocios extractivos y acuerdos favorables a capitales privados. La defensa de la soberanía no se agota en discursos nacionales: exige terminar con la subordinación económica a bancos, multinacionales, fondos de inversión y grandes propietarios.

En esos gobiernos, además, los bancos hicieron ganancias extraordinarias mientras amplios sectores de la población enfrentaban inflación, endeudamiento, deterioro salarial y falta de vivienda. Cristina dijo que no hay nada fuera del capitalismo y, también, su frase más conocida: ''Los banqueros en mi gobierno se la llevan en psls''. La crítica al actual Gobierno no puede llevar a reciclar ilusiones en los viejos administradores capitalistas. El problema de fondo es un régimen económico en el que los banqueros, grandes empresarios y acreedores se llevan una parte creciente de la riqueza producida por los trabajadores.

 Huelga general y coordinación

Frente a este cuadro, crece la bronca contra la reforma laboral, el ajuste y el ataque a las condiciones de vida. La aprobación de medidas regresivas contó con apoyos políticos que incluyeron al peronismo provincial, mientras las direcciones de la CGT no convocaron una huelga general para unificar la resistencia y derrotar la ofensiva. El problema no es sólo la falta de declaraciones: es la ausencia de un plan de lucha nacional que permita coordinar la fuerza existente en fábricas, escuelas, hospitales, reparticiones públicas y barrios obreros.

Portugal aporta una referencia reciente. Las huelgas generales contra una reforma laboral regresiva lograron paralizar áreas estratégicas, afectar el transporte, cerrar escuelas y colocar el rechazo popular en el centro de la escena política. Finalmente, el Parlamento rechazó el proyecto de reforma. La experiencia no debe copiarse mecánicamente, pero deja una enseñanza, una ofensiva antiobrera puede ser frenada cuando el malestar se transforma en organización desde abajo, acción nacional y continuidad de la movilización.

En la provincia de Buenos Aires, una coordinación entre los trabajadores de Fate, Bridgestone y Pirelli, la docencia organizada en Suteba/Cetera y sus bases puede abrir un camino para unir luchas. Los obreros del neumático enfrentan ritmos de producción, salarios y condiciones laborales definidos por grandes patronales. La docencia enfrenta el deterioro del salario, la sobrecarga, los problemas de infraestructura y la crisis de la escuela pública. Ambos sectores pueden vincular sus reclamos con las necesidades cotidianas de las familias trabajadoras.

La lucha docente posee una dimensión social decisiva. No existe educación de calidad con salarios de pobreza, escuelas deterioradas, falta de cargos, cursos sobrepoblados y familias obligadas a sobrevivir con ingresos insuficientes. Defender a la docencia es defender el derecho de niños, niñas y jóvenes a aprender en condiciones dignas; y eso implica defender salario, empleo, vivienda, alimentación, salud y transporte para toda la comunidad educativa.

El horizonte no puede agotarse en una distribución algo menos desigual de la riqueza ni en impuestos progresivos a los más ricos. Esas medidas pueden tener un carácter parcial, pero no eliminan la estructura que permite a una minoría apropiarse de la riqueza producida por la mayoría. La cuestión de fondo es terminar con la apropiación privada de la riqueza social y con el poder de grandes empresas, bancos y capitalistas sobre las decisiones económicas.

La alternativa es una planificación democrática de la economía, dirigida por quienes producen la riqueza, para organizar los recursos según las necesidades de la mayoría. La clase trabajadora argentina produce una abundancia que hoy se concentra en ganancias empresariales, especulación, pago de deuda y fuga de capitales. Poner esa riqueza al servicio del salario, el trabajo, la vivienda, la educación y la salud requiere superar la lógica capitalista que, en Estados Unidos, convierte la deportación en un negocio y que, en la Argentina, profundiza la crisis social para garantizar rentabilidad a los de arriba.

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