El precio de la conciliación: Lula, Alckmin y los límites del frente popular brasileño

Por Mario y Ulra

El Partido de los Trabajadores nació en 1980 al calor de las huelgas metalúrgicas del ABC paulista, cuando un obrero tornero llamado Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió en la cara visible de un sindicalismo que había decidido dejar de pedir permiso. Tres años después, en 1983, esa misma vanguardia fundó la Central Única dos Trabalhadores, la CUT, sellando un vínculo orgánico entre el partido nuevo y una porción decisiva de la clase obrera organizada. Ese origen no es un detalle de archivo, es la razón por la cual todavía hoy, cuatro décadas después, hay quien confunde el pasado del PT con su presente.

Pero un partido no se define por su acta de nacimiento sino por el programa que sostiene cuando gobierna. Y lo que el PT sostiene desde hace veinte años, con interrupciones, es una fórmula de conciliación de clases que hoy tiene nombre y apellido: Lula da Silva y Geraldo Alckmin, compartiendo la fórmula presidencial que gobierna Brasil. Alckmin es un burgués. No es un aliado circunstancial ni un tecnócrata neutral: se formó políticamente en el PSDB, gobernó el estado de San Pablo durante años y encarna, con más precisión que cualquier otro dirigente vivo, a la derecha liberal paulista. Su historia con el PT no es de alianza sino de enemistad. Durante el golpe parlamentario de 2016 contra Dilma Rousseff, Alckmin respaldó el impeachment y llegó a declarar que la salida de la entonces presidenta era, textualmente, una cuestión de tiempo; su partido se alineó con el bloque que terminó entregándole el gobierno a Michel Temer. El PT necesitó apenas seis años para transformar a ese mismo dirigente en su vicepresidente.

Queremos clarificar para nuestros lectores ese recorrido porque no es una anécdota biográfica, es la definición política de un frente popular, categoría que el trotskismo reservó siempre para algo muy preciso. No cualquier acuerdo electoral contra un enemigo común constituye un frente popular, sino específicamente aquella alianza estratégica en la que organizaciones obreras o de origen obrero se subordinan programáticamente a fracciones de la burguesía bajo la bandera de defender la democracia o frenar a la extrema derecha. En ese pacto los trabajadores ponen los votos, la movilización y la base social; la burguesía pone el límite, que es siempre el mismo, no tocar la propiedad, no cuestionar el poder patronal, no alterar la estructura del Estado. Ese límite no es solo administrativo, es ideológico. El discurso burgués, en el habla y en los hechos, repite siempre la misma tríada sacrosanta: la propiedad privada no se toca, la familia como institución de autoridad no se toca, el Estado represivo no se toca. Y frente a esa tríada sacrosanta niega, como si fuera una fantasía abstracta, el programa opuesto, la socialización de la propiedad, una familia liberada de la opresión y fundada en el afecto antes que en la ley, y la disolución del Estado burgués en organismos de autogobierno de los propios trabajadores, los soviets.

Lula, para derrotar a Jair Bolsonaro en 2022, no apostó a movilizar a la clase trabajadora brasileña detrás de un programa propio, sino a reconstruir el arco institucional que había sido cómplice del golpe contra su propia compañera de partido.

Conviene no minimizar a quién se enfrentaba esa estrategia. Bolsonaro no fue un accidente brasileño sino la expresión local de una oleada internacional de derechización que en esos mismos años produjo a Donald Trump en Estados Unidos, a Giorgia Meloni en Italia, a Vox en España, a Marine Le Pen en Francia y, más cerca, a Javier Milei en Argentina. Capitalizó el desgaste de los gobiernos petistas anteriores, la ofensiva judicial y mediática del Lava Jato, el descrédito de la política tradicional, el peso creciente de las iglesias evangélicas y años acumulados de precarización social. Su fuerza electoral no es un dato menor ni superado: en 2018 ganó la presidencia con 57,8 millones de votos, el 55,13% en segunda vuelta; en 2022, ya derrotado, sumó igual 58,2 millones de votos frente a los 60,3 millones de Lula, en la elección más ajustada desde la redemocratización. Bolsonaro perdió la presidencia pero salió de esa elección con más votos absolutos que en la que había ganado. Eso es lo que un frente popular puede contener en las urnas y lo que no puede disolver en la sociedad: la base material que sigue ahí, intacta, esperando su próxima oportunidad.

Esa base material se alimenta de un terreno sindical particularmente favorable a las patronales. Brasil tiene, según el propio Ministerio de Trabajo, más de doce mil seiscientos sindicatos de trabajadores con registro activo, una cifra que a primera vista sugiere fortaleza organizativa pero que en los hechos describe una fragmentación extrema por rama, territorio y categoría. Cuando el sindicalismo se atomiza en organizaciones pequeñas, burocratizadas y sin coordinación nacional, quien gana no son los trabajadores sino las empresas, que negocian por separado con cada fragmento aislado mientras evitan cualquier conflicto que se generalice. La CUT sigue siendo la referencia sindical más importante y mantiene su histórico cordón umbilical con el PT, pero esa cercanía tiene un costo: buena parte de su dirigencia terminó ocupando ministerios y secretarías de Estado, y una dirección sindical convertida en gestora del gobierno tiende a administrar el conflicto antes que a organizarlo.

La política laboral del gobierno confirma ese diagnóstico más que lo desmiente. La contrarreforma laboral que Michel Temer impuso en 2017 —la que flexibilizó contrataciones, debilitó protecciones y reforzó el poder de negociación empresarial— sigue vigente en lo esencial; Lula no la derogó. Lo único que avanzó fue un proyecto, enviado al Congreso el 14 de abril de 2026, para eliminar la jornada 6x1 y bajar el límite semanal de 44 a 40 horas sin quita salarial, con dos días de descanso remunerado y un alcance estimado en 37 millones de trabajadores. La Cámara de Diputados lo aprobó a fines de mayo con una transición escalonada —42 horas a los sesenta días, 40 horas recién a los doce meses— pero el proyecto seguía trabado en el Senado hacia fines de agosto, cuando el propio Lula debió salir a reclamar públicamente su tratamiento, a semanas de las elecciones. No es una conquista consolidada: es una promesa legislativa que todavía depende de la voluntad de un Congreso donde gobiernan los mismos equilibrios capitalistas de siempre.

Y aun si se aprobara tal como está, cuatro horas semanales menos sin afectar el salario serían una mejora real, pero no una respuesta a la explotación estructural del trabajo brasileño. Un programa obrero de verdad plantearía una reducción de la jornada a 36 horas semanales sin rebaja salarial, la prohibición de despidos y suspensiones, el reparto de las horas de trabajo disponibles entre ocupados y desocupados, el pase a planta permanente de los trabajadores tercerizados y precarizados, y el control obrero sobre los ritmos y las condiciones de trabajo. La diferencia no es aritmética, es la diferencia entre una concesión administrada desde arriba y una conquista que discuta, aunque sea parcialmente, quién manda en el proceso de trabajo.

El PT, entonces, ocupa un lugar contradictorio que ninguna épica retrospectiva puede resolver. Tiene raíces obreras genuinas, capacidad de movilización, apoyo sindical y una base electoral popular real; también puede funcionar, en los hechos, como dique de contención frente al avance de la extrema derecha. Pero el gobierno que ese mismo partido conduce junto a Alckmin es, en su arquitectura misma, un pacto con el capital financiero, el agronegocio y las multinacionales que operan en Brasil, sostenido por representantes de la misma derecha que ayudó a voltear a Dilma Rousseff. Frenar a Bolsonaro con esa coalición puede ganar una elección. Lo que no puede hacer es tocar las condiciones —salarios bajos, empleo precario, poder patronal intacto— que hicieron posible que Bolsonaro existiera en primer lugar. Mientras esas condiciones sigan ahí, la derrota electoral de la extrema derecha brasileña seguirá siendo, en el mejor de los casos, provisoria.