𝗟𝗮 𝗼𝗹𝗮 𝗮𝘇𝘂𝗹, 𝘀𝗶𝗻 𝗹𝘂𝘇 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗮, 𝗲𝘀𝘁á 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗟𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼𝗮𝗺é𝗿𝗶𝗰𝗮 𝘆 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗲𝘀𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮

La ola azul está de fiesta en América Latina, pero lo que festeja no es solamente una sucesión de victorias electorales de la derecha. Lo que está en curso es un cambio histórico más profundo, el agotamiento del progresismo de izquierda y nacional como forma de mediación de clase, la consolidación de una reorganización burguesa del poder hacia el sometimiento imperialismo en forma de colonia y la nueva transformación de amplios aparatos sindicales de burocracia sindical a burgueses en estructuras de contención, administración y blindaje del conflicto social, llamadas empresas de administración de la crisis. En Argentina, Javier Milei aparece como la punta de lanza de esta nueva etapa regional, pero la derrota del movimiento obrero no se explica solo por la iniciativa de la derecha, sino también por la complicidad activa de las direcciones políticas y sindicales del progresismo en Latinoamérica y del peronismo en Argentina.

En la Argentina, la reforma laboral impulsada por el gobierno debe leerse en ese marco, y no como un simple avance de fuerza desde arriba. La ley de modernización laboral amplió facultades patronales en materia de contratación, jornada, negociación colectiva y derecho de huelga, y avanzó con votos decisivos en el Congreso, el Senado la aprobó por 42 contra 30 y Diputados la sancionó por 135 contra 115, el peronismo provinciano votó a dos manos la reforma laboral, en medio de protestas y de un paro dominguero convocado por las centrales sindicales. Después la Justicia suspendió de manera cautelar 82 de sus 218 artículos, pero el sentido político del triunfo oficial ya estaba planteado antes de esa medida judicial.

Sería un error, sin embargo, describir ese proceso solamente como cooptaciones o intervención de los sindicatos desde el Estado como plantea el centrista Partido Obrero, como algo que ocurrió a través de nombramientos y presiones directas. Lo que hay es una colaboración política explícita y directa con Milei de sectores del peronismo provinciano y de aparatos sindicales ligados al peronismo, que no organizaron una lucha sostenida y de conjunto para derrotar la reforma. El Gobierno consiguió quórum, mayorías y negociación a partir de modificaciones al proyecto, acuerdos con gobernadores y concesiones sobre el financiamiento sindical. En ese cuadro, la CGT osciló entre el paro limitado, la judicialización y la negociación reservada, mientras el peronismo no desplegó una estrategia nacional de confrontación capaz de convertir la resistencia en un proceso ofensivo. Fueron cómplices y capitulares conscientes. Incluimos la capitulación,  también, en el caso de Fate con la dirección del SUTNA y al Partido Obrero, también, el inicio de la complicidad en el conflicto del PTS pese a su última delimitación tardía y a todo el silencio del FIT-U en esa capitulación a la patronal y a la negativa de la toma de la fábrica que despidió a todos sus trabajadores bajo control obrero. Los del Partido Obrero los quisieron mandar a hacer Uber, por el Stream de Diagonales el 3 del mes pasado (sic). Milei no avanzó solo porque tuviera iniciativa propia; avanzó también porque enfrente tuvo una oposición que, salvo excepciones, administró el conflicto en lugar de impulsarlo. La burocracia sindical preservó sus cajas, su lugar de mediación y su capacidad de negociar, mientras los trabajadores cargaban con el costo de una ofensiva patronal de gran escala.

Para quien prefiera no leer largos desarrollos y legalistas sobre la confrontación con Milei, conviene mirar lo que pasó en Portugal, donde una reforma laboral con un contenido regresivo similar terminó derrotada. Allí, el proyecto impulsado por un gobierno de centroderecha fue rechazado en el Parlamento en junio de 2026, después de once meses de movilización sostenida, marchas múltiples y dos huelgas generales que paralizaron transporte, educación, salud y producción. La presión obrera y sindical generó un costo político tan alto que el gobierno terminó cediendo. La comparación importa porque muestra que la reforma no cayó por una simple combinación parlamentaria, sino porque hubo lucha social persistente, continuidad organizativa y una estrategia de confrontación real, dos huelgas generales en seis meses y una capacidad efectiva de afectar la normalidad económica. En Argentina, en cambio, las medidas fueron limitadas, fragmentadas y quedaron subordinadas a la lógica de negociación con el mismo aparato político y sindical que debía ser desbordado para ganar.

Los datos del mercado laboral argentino muestran que la crisis no es un episodio pasajero sino una tendencia estructural. El ataque a los trabajadores del sector privado es durante todo el gobierno de Milei, es hoy  y promete más luego del 2027. Analicemos, en abril de 2026 el empleo asalariado formal privado volvió a caer en 12.000 puestos, y desde noviembre de 2023 ya se perdieron 235.000 empleos registrados en ese segmento. La secuencia reciente es reveladora, 4.000 puestos menos en febrero, 8.000 en marzo y 12.000 en abril, una aceleración de la caída que desmonta la narrativa oficial de una recuperación en marcha y muestra que la economía no se está reordenando para expandir empleo, sino para abaratar trabajo, descargar el ajuste sobre la masa asalariada y ampliar el espacio de la precarización. Al mismo tiempo, la informalidad laboral trepó al 44,2 por ciento en el primer trimestre de 2026, y más de cuatro de cada diez trabajadores quedaron fuera de la protección laboral, previsional y sanitaria. La desocupación se ubicó en 7,8 por ciento, pero ese dato ya no expresa por sí solo el alcance del deterioro, porque convive con subocupación, pluriempleo, sobreocupación y expansión del trabajo de supervivencia. El salario mínimo perdió alrededor del 40 por ciento de su poder adquisitivo desde fines de 2023, y el fenómeno del trabajador pobre dejó de ser excepcional para convertirse en una condición cada vez más extendida.

Un informe último de la UBA agregó la dimensión social de ese deterioro: el 32 por ciento de los trabajadores informales vive en hogares pobres y otro 27 por ciento se ubica en situación de vulnerabilidad, mientras que entre el quintil más bajo de ingresos el 84,8 por ciento tiene empleo inseguro. El trabajo dejó de funcionar como garantía de reproducción social estable y pasó a ser, para millones, una forma incompleta de supervivencia atravesada por ingresos fragmentados, endeudamiento y ausencia de derechos efectivos. Y se reemplazó por promesa de disciplinamiento y represión a las protestas y a la clase obrera, con la colaboración de la CGT y la oposición burguesa que se apoya en el hombro de la burocracia peronista convertida en burgueses con buen pasar y lujos.

La crisis de los sindicatos en América Latina debe analizarse a partir de este mismo problema estratégico. La CGT argentina no puede verse solo como una central con un peronismo moderado como sostiene el PTS en sus actos y comites, actúa cada vez más como un aparato de administración del conflicto y de preservación corporativa. La Central Obrera Boliviana de Evo Morales ofrece un ejemplo todavía más agudo. Bajo la conducción de Mario Argollo, firmó acuerdos con el gobierno de Rodrigo Paz orientados a la "pacificación" del país, levantó medidas de presión y ayudó a desactivar la dinámica de lucha mientras se profundizaban el estado de excepción, la represión y las causas judiciales contra organizaciones obreras y campesinas. Esa capitulación se produjo, además, en medio de uno de los peores cuadros sociales de la región, entre 2024 y 2025 el ingreso real de los trabajadores bolivianos se desplomó un 13,4 por ciento por la aceleración de una inflación que llegó al 20,4 por ciento, y las proyecciones para 2026 hablan de una inflación en torno al 20,7 por ciento, una contracción del producto de entre 3,2 y 3,3 por ciento y una desocupación que subiría del 3,3 al 4,5 por ciento. Es un cuadro de estanflación abierta, con el poder adquisitivo real de los salarios cayendo incluso en los tramos donde el salario mínimo nominal siguió creciendo, y con buena parte de los trabajadores refugiándose en la informalidad ante la falta de un seguro de desempleo. Que la dirección de la COB haya elegido en ese contexto la pacificación con el gobierno, en lugar de la movilización, confirma hasta qué punto la burocracia sindical funciona como amortiguador del conflicto y no como su vehículo.

Por eso puede afirmarse que, así como Milei es punta de lanza de la nueva ola derechista, la CGT peronista en Argentina y la conducción de la COB ligada al nacionalismo en Bolivia se transforman en puntas de lanza de la derrota obrera desde adentro del propio movimiento de masas. No porque expresen la misma política que la derecha, sino porque cumplen una función convergente, impedir que la lucha se desarrolle hasta cuestionar el orden social. Esa es la función histórica de una burocracia sindical integrada, que deja de defender la independencia de clase y se convierte en garante del control de la crisis y administradora burguesa.

La ola azul no es un simple crecimiento electoral de la derecha de Trump, sino como el fin del progresismo como forma histórica de contención de la lucha de clases. El progresismo latinoamericano administró el capitalismo sin alterar sus bases materiales, simuló la desigualdad de clases, llegó en sus países casi al 60% de pobreza, no resolvió de manera duradera los problemas del empleo, la vivienda, la salud ni enfrentó la dependencia colonial del FMI. Cuando el ciclo de crisis se profundizó, dejó detrás una estructura social más frágil, un movimiento obrero más desorganizado y aparatos sindicales cada vez más integrados al Estado y al capital. La ola azul no tiene luz propia, es la superficie visible de ese agotamiento.

A ese cuadro regional se suma una dimensión geopolítica capitalista que no puede desligarse del ajuste sobre los trabajadores, la penetración imperialista de Trump en América Latina y el intento de reordenar la región para frenar o hacer retroceder a China. Milei se alineó de manera abierta con Estados Unidos y convirtió esa relación en eje de su política exterior, con viajes reiterados a Washington, cumbres con mandatarios de derecha y una retórica de alineamiento "total y absoluto" y auto-percibirse como un escualo administrador de una colonia yanqui. Pero se alineamiento no es solo ideológico, se inserta en una disputa por recursos estratégicos, corredores logísticos, comercio exterior y control político regional, en la que China sigue siendo proveedor de swap y préstamos de salvataje al Milei ''dos puntas'', siendo un actor central en minería e infraestructura en Perú, en comercio y deuda en Ecuador, y como socio comercial decisivo de Brasil, los proyectos chinos en la Amazonia, muestran con claridad que Washington concibe la disputa regional en términos de control de recursos naturales, alimentos, minerales críticos e infraestructura estratégica, y que el bloque político que gira en torno a Trump busca condicionar o directamente bloquear los contratos que favorezcan la expansión económica china en la región.

En esta caracterización se desprende una conclusión política que no puede reducirse a la denuncia de Milei ni a la espera de un retorno del progresismo. Si el progresismo capitalista forma parte del problema porque administra la crisis y reproduce la subordinación de clase, la salida tiene que ser superadora y construirse sobre bases nuevas. No hay otra forma. Eso implica impulsar sindicatos revolucionarios, clasistas e internacionalistas; organismos de autoorganización desde abajo; asambleas por lugar de trabajo y por territorio; coordinación efectiva entre ocupados, precarizados, desocupados y trabajadores sin partido; y comités obreros de dirección capaces de unificar los conflictos, romper la fragmentación y disputar la conducción política de la lucha de clases, junto a los partidos de los trabajadores y a los sectores que todavía no tienen ninguno de partido.

La tarea no es menor. Frente a una burguesía que abraza el imperialismo, que reorganiza su poder en base al coloniaje o protectorado, con derechas más agresivas, frente a un progresismo agotado y frente a burocracias sindicales convertidas en administradoras del conflicto, la reconstrucción de una alternativa obrera exige independencia política, partidos obreros de combate, estrategia internacional y vocación de autoorganización. La ola azul está de fiesta porque encuentra enfrente aparatos adaptados y oposiciones domesticadas. Derrotarla exige romper con esa lógica y volver a poner en pie una política de clase a escala latinoamericana. Arruinarles la fiesta con el combate obrero, y que la fiesta sea nuestra, ya no distribuyendo la torta, sino haciéndola de los trabajadores y trabajadoras.

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