𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 ¿𝗤𝗨É 𝗣𝗔𝗦𝗔 𝗘𝗡 𝗙𝗔𝗧𝗘 𝘆 𝗣𝗜𝗥𝗘𝗟𝗟𝗜? ¿𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗠𝗔𝗡 𝗟𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦?

Por Raúl Valle

raulvallemore@gmail.com

El conflicto de Fate sigue abierto y la reapertura de la planta depende de una definición judicial que aún no llega. A más de cinco meses del cierre, la empresa mantiene sus puertas cerradas y la disputa se dirime en los tribunales, mientras el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) sostiene que el cierre fue un lock out patronal ilegal y exige la nulidad de los despidos. El 21 de mayo de 2025, Fate firmó un acuerdo homologado ante la Secretaría de Trabajo. A cambio de acceder a una reducción de aportes patronales y otros beneficios impositivos, la empresa se comprometió a mantener todos los puestos de trabajo hasta el 30 de junio de 2026. Pero el 18 de febrero de 2026, cuando los 920 trabajadores regresaron de las vacaciones, se encontraron con la planta cerrada y un cartel que anunciaba el cese de actividades y la extinción de todos los contratos. Para el SUTNA, esa decisión violó el acuerdo y constituyó un lock out patronal, una medida no permitida por la legislación argentina. A partir de ahí comenzó la batalla judicial. El 19 de febrero, el juez de Garantías de San Fernando, Esteban Rossignoli, ordenó desalojar la planta ocupada por los trabajadores. Pero el 9 de marzo, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó por unanimidad esa medida, al considerar que no se trataba de una usurpación sino de un conflicto laboral, y que un desalojo afectaría el derecho constitucional de huelga. Días después llegó otro fallo favorable. A fines de marzo y comienzos de abril, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la plena vigencia del acuerdo de mayo de 2025 y ordenó a Fate seguir pagando los salarios de los 920 trabajadores hasta el vencimiento del compromiso. En abril, la Justicia dispuso un embargo de 3.000 millones de pesos sobre los bienes de la empresa para garantizar el pago de esos salarios. En paralelo, el empresario Javier Madanes Quintanilla impulsó una causa penal por presunta usurpación contra el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, y otros trabajadores. Las indagatorias se hicieron en junio, y el sindicato denunció que la Fiscalía de San Fernando actuó en favor de la patronal. Pero este rol de la justicia y de jueces, que en estos días y en otros conflictos, también, han fallado a favor depende de la elevación del conflicto y el crecimiento de relación de fuerzas de la lucha de clases para que empiecen a ponerse en movimiento en forma imperativa y consciente.

Pero la cuestión de fondo sigue sin resolverse. La Justicia todavía tiene que definir si los despidos son nulos y si la empresa debe reabrir la planta. Esa decisión es la que puede definir el futuro inmediato de los trabajadores. Incluso si el fallo es favorable al sindicato, Fate podría presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y alargar el proceso. El conflicto también se trasladó a la política. El SUTNA con la dirección del Partido Obrero impulsan en la Legislatura bonaerense un proyecto de ocupación temporánea de la planta, basado en la Ley Nacional 21.499, para que la provincia administre las instalaciones durante un año sin expropiar ni modificar la propiedad, tomando como antecedente otros casos en la provincia. Sin embargo, el gobierno de Axel Kicillof dijo que esa alternativa no es factible, aunque reconoció que la provincia tiene facultades para intervenir y señaló como prioridad garantizar el cobro completo de las indemnizaciones. Esa postura generó diferencias dentro del propio oficialismo, sobre todo con sectores del Ministerio de Trabajo provincial. Mientras tanto, la empresa asegura que más del 70% de los trabajadores despedidos ya aceptó las indemnizaciones y firmó acuerdos de desvinculación, por lo que actualmente quedarían unos 250 trabajadores sin acuerdo. También argumenta que la salida de personal especializado dificultaría una eventual reanudación segura de la producción. Por eso, hoy no hay una fecha cierta para la reapertura de Fate. Entonces, el futuro de la planta depende de estos factores, el fallo judicial sobre la nulidad de los despidos y la reapertura que hay que presionar, el avance o no del proyecto de ocupación temporánea en la Legislatura bonaerense y la resolución de la situación de los trabajadores que siguen en la toma y hay que fortalece.

Por otro lado, en la planta de Pirelli en Merlo, sobre la calle Cervantes 1901, se reinicia un conflicto que atraviesa ahora una etapa de disputa de jurisdicciones, también, y que retrasa cualquier resolución de fondo. El viernes 25 de julio de 2026, en una audiencia en la Delegación Regional Morón del Ministerio de Trabajo bonaerense, el SUTNA amplió la denuncia que había presentado el 7 de julio contra la empresa, mientras Pirelli pidió que el expediente provincial quede suspendido porque el mismo conflicto ya está bajo tratamiento de la Secretaría de Trabajo de la Nación desde el 2 de junio. La maniobra no es nueva ni inocente, multiplicar instancias e invocar superposición de competencias es una forma clásica de licuar en el tiempo un reclamo que, de resolverse rápido, obligaría a la empresa a retroceder. La próxima audiencia quedó fijada para el 18 de agosto, lo que implica casi un mes más de vigencia del esquema que el sindicato denuncia como ilegal. Lo que está en juego, en concreto, es la imposición unilateral de un nuevo régimen de turnos —5x2, 5x2 y 6x1— en reemplazo del sistema 4x3, aplicado mediante acuerdos individuales con trabajadores y no por la vía de la negociación colectiva, en violación del Convenio Colectivo de Trabajo N° 636/11, su anexo específico para Pirelli y el acuerdo homologado en 2015 que regula la organización de los turnos. El sindicato agregó ahora una denuncia por rebaja salarial encubierta, la reorganización de jornadas, descansos y adicionales altera el cálculo de la remuneración sin garantizar que el ingreso mensual se mantenga igual al que percibían los trabajadores bajo el esquema anterior. El reclamo pide que el Ministerio intime a la empresa a dejar sin efecto el nuevo sistema, retrotraiga la situación mientras dure el conflicto, disponga inspecciones en la planta y garantice que cualquier cambio futuro pase por negociación colectiva homologada. La empresa, por su parte, rechazó todas las acusaciones, sostuvo que cumple la normativa vigente y pidió el archivo del expediente, calificando la postura sindical como una búsqueda de conflicto permanente.

Este es el patrón que se repite en la historia reciente de Pirelli con este sindicato. En febrero de 2025, en el marco de la apertura de importaciones dispuesta por el gobierno de Javier Milei y la consecuente caída del consumo interno, la planta de Merlo ya había suspendido actividad durante una semana por sobrestock de neumáticos, y el SUTNA había denunciado despidos ilegales y aprietes a trabajadores para forzar renuncias individuales que reemplazaran esas cesantías, además de bloqueos al ingreso de delegados gremiales, incluido el secretario de Higiene y Seguridad, justo cuando se habían registrado accidentes graves en planta. Ya en noviembre de 2023 el SUTNA había señalado a Pirelli como la fábrica que paga los salarios más bajos de toda la industria del neumático, hasta un 40% por debajo del resto del sector, y había llevado el reclamo a movilización hasta la Municipalidad de Merlo. Conviene ubicar a la patronal en su escenario internacional. Pirelli es una multinacional italiana cuyo principal accionista individual es Sinochem, un conglomerado estatal chino que controla cerca del 34% del capital, aunque desde 2023 el gobierno de Giorgia Meloni aplicó su régimen de golden power para impedir que los representantes chinos ocupen la presidencia o la conducción ejecutiva, dejando la gestión cotidiana en manos de Camfin, el vehículo de inversión de Marco Tronchetti Provera, con alrededor del 26% del capital. Es decir, una corporación transnacional disputada por capital estatal chino y capital financiero italiano, que en la Argentina opera bajo la misma lógica que el resto de las multinacionales del sector —Fate y Bridgestone—, usando la negociación con el sindicato como variable de ajuste frente a la caída del mercado interno, mientras a nivel internacional pelea posiciones de poder en un mercado de neumáticos completamente distinto al que enfrentan sus obreros en Merlo.

El papel del gobierno de Milei en todo esto no es solo el de un cómplice con el ataque a los puestos de trabajo, es ,tambien, su política estratégica contra la clase obrera y su vanguardia. La apertura indiscriminada de importaciones desde diciembre de 2023 fue, según el propio SUTNA, uno de los factores que llevó a Pirelli, Fate y Bridgestone a frenar líneas de producción y avanzar sobre el empleo del sector, priorizando la importación de neumáticos por sobre la producción nacional. La Secretaría de Trabajo de la Nación, que abrió su propio expediente sobre este conflicto el 2 de junio de 2026, funciona hoy como el ámbito que la empresa prefiere invocar para intentar frenar la instancia provincial, en momentos en que a nivel nacional el propio gobierno impulsa cambios en la legislación laboral en sentido de mayor flexibilización. El Ministerio de Trabajo bonaerense, por su parte, mantiene abiertas las audiencias, recibe denuncias y fija nuevas fechas, pero hasta ahora no forzó ningún retroceso concreto de la empresa, administra el conflicto en el tiempo antes que resolverlo a favor de los trabajadores.

El antecedente más relevante de todo el sector ocurrió entre 2021 y 2022, cuando Fate, Pirelli y Bridgestone protagonizaron cinco meses de paros y bloqueos que llevaron a un freno total de la producción de neumáticos y arrastraron a parte de la industria automotriz, hasta que los trabajadores tomaron el propio Ministerio de Trabajo y lograron un acuerdo muy por encima de la oferta patronal inicial. Ese antecedente de lucha unificada de las tres fábricas es exactamente lo que hoy está ausente y lo que este conflicto necesita recuperar. Porque en paralelo al caso Pirelli se desarrolla el conflicto de Fate, controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, cuya planta de San Fernando permanece cerrada desde el 18 de febrero de 2026 pese a que la empresa había firmado en mayo de 2025 un acuerdo homologado que le garantizaba fuertes beneficios impositivos y reducción de aportes patronales a cambio de no despedir hasta julio de este año. Fate fue el que rompió ese compromiso, avanzó con alrededor de 920 despidos, mantiene un lockout patronal que el SUTNA denuncia como ilegal, fue obligada por la Justicia a seguir pagando los sueldos adeudados, enfrenta una ocupación de planta por parte de los trabajadores y una movilización a Plaza de Mayo, en un cuadro que el propio sindicato describe como la punta de un iceberg de una crisis industrial en la que se estima el cierre de una empresa cada 30 a 35 horas en todo el país. Vale detenerse en el cierre de Fate porque no fue un cierre cualquiera: fue, en los términos que usa el propio sindicato y que la Justicia terminó avalando, un cierre trucho. La empresa había firmado el 21 de mayo de 2025 un acuerdo homologado ante la Secretaría de Trabajo por el cual, a cambio de acceder a la reducción máxima de aportes patronales, se comprometía a no despedir a nadie hasta el 30 de junio de 2026. El 18 de febrero de 2026, al regreso de sus vacaciones, los 920 trabajadores de la planta de San Fernando se encontraron con un cartel que anunciaba el cese de actividad y la extinción de todos los contratos, un lock out patronal, es decir, una huelga de la patronal, figura que la legislación argentina no admite. Cuando la empresa pidió el desalojo de la planta ocupada por los trabajadores, el juez de Garantías Esteban Rossignoli lo ordenó el 19 de febrero, pero la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó esa orden por unanimidad el 9 de marzo, al considerar que se trataba de un conflicto laboral y no de una usurpación, y que un desalojo forzoso causaría un gravamen irreparable al derecho constitucional de huelga. En paralelo, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó a fines de marzo que el convenio de mayo de 2025 sigue vigente hasta el 30 de junio de 2026 y que Fate debe continuar pagando los sueldos de los 920 trabajadores que estaban en la nómina al momento de la firma; en abril, la Justicia trabó además un embargo de 3.000 millones de pesos sobre la empresa para garantizar esos pagos. Madanes Quintanilla respondió con una denuncia penal por usurpación contra Alejandro Crespo y otros trabajadores, que derivó en indagatorias a fines de junio, mientras el sindicato acusa a la fiscalía de San Fernando de actuar bajo presión de la patronal. Lo que falta, y por eso el conflicto sigue judicialmente abierto, es el fallo sobre la cuestión de fondo, la nulidad de los despidos y la reapertura efectiva de la planta, algo que según los trabajadores denuncian que estaba a punto de tratarse a comienzos de julio de 2026. Si la Cámara falla a favor del sindicato, la empresa todavía puede recurrir por vía extraordinaria ante la Corte Suprema, lo que alargaría los plazos. Existe además una vía política, el SUTNA impulsa desde marzo un proyecto de ley de ocupación temporánea, basado en la ley nacional 21.499, para que el gobierno de Axel Kicillof administre la planta por un año —sin expropiarla ni transferir su propiedad—, con el antecedente de otros procesos. El proyecto tiene estado parlamentario en el Senado y Diputados bonaerenses, impulsado entre otros por el senador Federico Fagioli, pero la administración provincial respondió en mayo que la propuesta no es factible, aunque reconoció su competencia para intervenir en el conflicto y se comprometió a garantizar el pago íntegro de las indemnizaciones bajo el esquema previo a cualquier reforma; en el medio, hay tensión no resuelta entre Kicillof y el sector de La Cámpora que conduce el Ministerio de Trabajo bonaerense a través de Walter Correa. No hay, en síntesis, una fecha cierta de reapertura: depende de que se resuelva primero el fondo judicial, de que la Legislatura bonaerense trate y apruebe la ocupación temporánea pese a la resistencia del propio gobierno provincial, y de que se revierta el desgaste de la nómina que la empresa usa como argumento para declarar el cierre definitivo y preparar el desalojo.

Pirelli y Fate son, en rigor, el mismo conflicto de clase desdoblado en dos expedientes y dos ministerios pero una lucha sola. En ambos casos hay una patronal que usa la negociación individual, el vaciamiento de convenios colectivos, el incumplimiento de compromisos homologados y la multiplicación de instancias jurisdiccionales, a lo que se suma que la dirección del sindicato no recurre a la acción directa y se traslada a la periferia del núcleo del conflicto de las maquinas, se corre a la alambrada, se desgasta la base del sindicato, así, en el tiempo, mientras el gobierno nacional sostiene la apertura importadora que erosiona la base productiva de todo el sector. También el sindicato para ser revolucionario debe llamar a otros sindicatos Internacionales del neumático de Brasil, Méjico y todos los que quieran luchar contra el imperialismo y la guerra mundial. Frente a eso, la salida no puede ser una audiencia por planta, un expediente por empresa y un sindicato local negociando aislado con cada patronal, hace falta fusionar ambas luchas en un comite organizador obrero único, con delegados de Pirelli y de Fate coordinando de manera directa, que traspase la lógica de la mediación ministerial y construya de hecho una dirección de conjunto de los trabajadores del neumático en conflicto en la provincia de Buenos Aires. Esa coordinación puede convertirse en la base de una organización más amplia de trabajadores bonaerenses en lucha, una verdadera provincia de trabajadores, y extenderse a nivel nacional, no en un sentido administrativo sino como bloque de poder obrero organizado, capaz de unificar cada conflicto disperso en un plan de lucha común en defensa del salario, de los convenios colectivos y, sobre todo, de cada puesto de trabajo amenazado por la apertura importadora impulsada por el gobierno de Milei y la ofensiva patronal internacional. Se trata de una política consciente en defensa de la soberanía nacional contra el ataque del imperialismo sobre los medios de producción, profundizando la dependencia y el carácter colonial de la Argentina, por lo que la respuesta debe plantearse en términos de lucha directa, ocupación de fábricas, puesta en producción bajo control obrero y coordinación generalizada, como parte de una estrategia contra el imperialismo y el escenario de guerra mundial en desarrollo.

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