𝗘𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮𝘀𝗶𝘁𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗿é𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗲𝗶, 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝘂𝗺𝗽𝗲𝗻𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮 𝘆 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗺𝗼𝗿𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗜𝗧-𝗨

El 12 de agosto se conoció una nueva crisis dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad en Bariloche. Izquierda Socialista denunció ese día, coincidiendo con el vencimiento del plazo para formalizar alianzas rumbo a la elección de convencionales constituyentes del 1° de noviembre —destinada a reformar la Carta Orgánica municipal—, que el PTS rompió la posibilidad de una lista común al presentar su propia nómina junto al MST, dejando afuera a Izquierda Socialista y al Partido Obrero.

La secuencia viene de más atrás. Ya el 1° de mayo el PTS había convocado un acto por separado, lanzando comités propios en torno a la figura de Myriam Bregman y excluyendo al resto de las organizaciones del Frente de Izquierda. De ahí en más avanzó una lista electoral con el MST sin que mediara deliberación previa en el FIT-U de Bariloche ni definición política común sobre la reforma constituyente. Recién un día antes del cierre de inscripción de alianzas, el PTS comunicó que no participaría de un frente con el resto de la izquierda, cuando ya había cerrado en los hechos su acuerdo con otra fuerza. El resultado es la fractura en dos listas: PTS-MST por un lado, Izquierda Socialista-PO por otro.

Esa ruptura electoral no puede leerse aislada de los conflictos que venían atravesando al movimiento obrero, en particular en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático y en la fábrica FATE. Izquierda Socialista sostiene que en una reunión nacional del FIT-U el PTS llegó a proponer "congelar" al Frente —incluida la posibilidad de presentarse en común en Bariloche— bajo la condición de que el Partido Obrero repudiara los hechos ocurridos en el SUTNA, donde se denunciaron agresiones contra trabajadores de la Lista Negra. Que esa discusión se haya usado como moneda de cambio para fragmentar la unidad electoral dice más de la lógica de aparato que domina al frente que de cualquier diferencia de principios. Vale recordar que fuimos de los primeros en caracterizar políticamente el proceso de la Lista Negra en FATE y el acompañamiento del PTS a las lógicas de seguidismo hacia el sindicalismo peronista, cuando el PTS todavía no había fijado su postura pública. La crítica del FIT-U llegó después, y llegó más como operación de lavado de imagen que como intervención política real. La caracterización sostenida entonces, apoyada en testimonios directos de trabajadores de FATE, no fue una apuesta oportunista: fue una lectura política y social que el correr de los hechos terminó confirmando, al dejar a la vista la crisis de dirección tanto del Partido Obrero como del PTS dentro del FIT-U. Desde nuestra parte, escritores de la clase obrera, fuimos los primeros en caracterizar con informes de los propios obreros de FATE y no se trató de anticipar un escándalo, sino de decir la verdad sobre un proceso que las direcciones del frente prefirieron minimizar mientras les resultaba funcional a sus disputas de aparato.

El fondo del problema, entonces, no es una simple diferencia táctica, es una cuestión de aparato y de política centrista por parte de la dirección del FIT-U, incapaz de subordinar sus cálculos electorales a las necesidades reales de la lucha de clases. El enfrentamiento entre PTS-MST e Izquierda Socialista-PO no es un simple desacuerdo local por candidaturas: es la expresión de una ruptura de hecho de la política unitaria del FIT-U, producida justo en el momento en que la izquierda debía intervenir con una posición común frente a una constituyente municipal. La pelea se desarrolla mientras distintos sectores priorizan la delimitación de aparato, el control de listas y la acumulación de espacios propios por encima de una estrategia de frente único para intervenir en la lucha de clases. Esa no es una desviación coyuntural del PTS, es la continuidad de una política histórica de disputar hegemonía mediante bloques propios y delimitaciones permanentes, en lugar de construir organismos comunes de deliberación y acción de la izquierda revolucionaria. Cuando un frente se reduce a una negociación de candidaturas, la unidad queda subordinada a los intereses electorales de cada aparato y se vuelve, por definición, frágil.

La crisis de FATE y del SUTNA exhibe ese problema con mayor crudeza todavía. Las denuncias de violencia contra trabajadores y militantes combativos debieron ser tomadas de inmediato por todo el FIT-U, con una campaña pública, una investigación independiente y una movilización común en defensa de quienes enfrentan ataques. En cambio, según reconstruye la propia Izquierda Socialista, solo el PTS emitió una denuncia en el momento de los hechos, mientras que la respuesta del resto de las fuerzas llegó tarde y terminó incorporada a una disputa electoral interna —cuando no directamente usada como excusa para romper listas. Esa demora tiene consecuencias concretas, cuando una agresión en una fábrica se convierte en material de negociación entre aparatos, se debilitan las condiciones para construir comisiones internas independientes, listas clasistas, cuerpos de delegados, coordinadoras y formas de autoorganización capaces de enfrentar tanto a las patronales como a las burocracias sindicales. La prioridad no puede ser quién capitaliza una denuncia en plena campaña, sino cómo se organiza una respuesta colectiva de los trabajadores.

Falta discutir, además, la orientación política que acompaña esta fragmentación. El giro hacia una campaña centrada en figuras, expectativas electorales y proyecciones institucionales —incluida la hipótesis de que Myriam Bregman pueda imponerse en un balotaje— corre el riesgo de desplazar la estrategia socialista basada en la independencia de clase. Un verdadero fracaso que va a desmoralizar a su propia base. Una perspectiva revolucionaria no se construye sobre ilusiones de ascenso electoral desligadas de la organización de los sectores explotados, de la intervención en los lugares de trabajo y de la lucha por organismos propios de la clase obrera. Es una política marginal, adaptada a sectores alienados por el capitalismo, frente a la política estructural que exige el movimiento obrero.

Pero el chisporroteo electoral del FIT-U no puede entenderse desligado de su función objetiva dentro del régimen. La forma en que sus direcciones procesan la pelea por listas termina operando, en los hechos, como un factor de desmoralización sobre el propio activismo que dice representar. Cada vez que una denuncia de violencia patronal, un despido o un ataque a militantes se subordina al cálculo de aparato, el mensaje que reciben los luchadores de base es que su lucha vale menos que la acumulación de un sello electoral. Esa lógica no eleva al activismo: lo empuja al estado depresivo, lo desgasta y termina rindiendo, sin que sea la intención declarada de nadie, un servicio funcional al orden capitalista, que necesita precisamente eso: un movimiento obrero fatigado, desconfiado de sus propias direcciones y encerrado en peleas de café. En lugar de usar cada conflicto para relevar a las direcciones sindicales que traicionan o llegan tarde, y para templar cuadros capaces de disputar la conducción real de los gremios, el activismo termina caracterizado como un proceso agotado, "fundido", y queda fuera del debate estratégico, fuera de la agenda de los boletines internos, fuera de las reuniones de círculo donde se decide de verdad. Ese desplazamiento no es un detalle de funcionamiento interno: es la forma concreta en que un frente que debería ser herramienta de la clase obrera termina, en los hechos, reproduciendo el desánimo que el capitalismo necesita para que nadie dispute el poder en la fábrica, en el sindicato ni en la calle.

La salida de la crisis del FIT-U no puede consistir en nuevos acuerdos de cúpula ni en una competencia interminable por cargos de aparato. Hace falta una política de frente único obrero que parta de las luchas reales, que defienda sin vacilaciones a los trabajadores perseguidos o agredidos y que convierta cada conflicto en un terreno de organización democrática y combativa. Hace falta, sobre todo, una prensa de trabajadores independiente de los aparatos partidarios y sindicales, capaz de informar, investigar y organizar desde las fábricas, las universidades, los barrios y cada frente de lucha: una organización de escritores militantes y luchadores combativos al servicio de la autoorganización obrera, no de la disputa electoral entre aparatos. Y hace falta, también, un partido de trabajadores que se proponga recuperar los sindicatos de sus burocracias, construir asambleas soberanas y organismos de doble poder, y formar militantes que dejen de ser espectadores para pasar a la ofensiva, cuadros templados en reuniones de círculo verdaderamente politizadas, en el estudio sistemático de la literatura revolucionaria y en la intervención cotidiana en cada lugar de trabajo.

Todo esto sucede, en definitiva, ante un cuadro político donde Milei usa los fondos públicos para maquillar el déficit cero mientras crece la deuda externa. Su gobierno presenta el "déficit cero" como una hazaña de disciplina fiscal, pero detrás de esa consigna hay una maquinaria que drena recursos públicos destinados a fines específicos, los inmoviliza en papeles del propio Estado y los usa para sostener la deuda. Durante 2024 y 2025, los fondos fiduciarios que permanecieron activos o en liquidación recaudaron más de 8,2 billones de pesos y registraron un superávit financiero acumulado de 3,09 billones, equivalente a cerca de 3000 millones de dólares: 1,86 billones en 2024 y 1,23 billones en 2025.

Los fondos fiduciarios no son una caja libre de recursos. Fueron creados para financiar objetivos establecidos por ley: infraestructura, transporte, energía, vivienda, desarrollo productivo u otros destinos concretos. Sin embargo, una parte relevante de lo recaudado no se aplicó a esas finalidades, sino que fue invertida en letras y títulos públicos emitidos por el Tesoro. El mecanismo es simple: el fondo recauda dinero para un objetivo específico, compra deuda estatal y el Tesoro obtiene financiamiento para cubrir vencimientos, intereses y necesidades de caja. Así, el Estado toma prestados recursos que ya le pertenecen, pero que estaban asignados a políticas públicas determinadas.

Esta contabilidad permite exhibir un resultado fiscal ordenado mientras se degradan las funciones que justificaban esos fondos. El superávit no expresa una abundancia social: expresa, en buena medida, obras no realizadas, subsidios no ejecutados, programas postergados y recursos públicos convertidos en crédito para el propio Tesoro. El "ahorro" fiscal funciona como una transferencia: desde servicios, infraestructura y derechos colectivos hacia el circuito de la deuda pública y sus acreedores.

La operación revela el carácter parasitario del programa de Milei. El capital financiero no genera esas riquezas, cobra intereses sobre recursos producidos por el trabajo y concentrados por el Estado mediante impuestos, tarifas y recortes. El gobierno no elimina el Estado, lo reorganiza para que sea más útil a los acreedores, a los grandes tenedores de bonos y a los organismos financieros internacionales. Cuando un fondo fiduciario compra letras del Tesoro, el dinero deja de financiar su propósito legal y pasa a respaldar la solvencia inmediata de un Estado comprometido con el pago de deuda.

La otra cara del "déficit cero" es el endeudamiento. Al cierre de 2025, la deuda externa bruta argentina alcanzó 320.305 millones de dólares, un récord nominal, con un aumento de 44.168 millones frente al mismo trimestre de 2024. Desde la asunción de Milei, el stock externo creció 34.354 millones de dólares. La deuda pública bruta de la Administración Central llegó a 455.067 millones de dólares al cierre de 2025; el 58% estaba nominada en moneda extranjera y el 76,6% correspondía a títulos y letras del Tesoro.

La suba no se explica por una sola fuente. El Tesoro renueva bonos y letras en pesos, emite nuevos títulos, toma préstamos de organismos multilaterales y recibe desembolsos del FMI, el BID y el Banco Mundial. Esos préstamos pueden engrosar reservas o permitir pagos inmediatos, pero también elevan el capital adeudado y dejan futuras cuotas de intereses y amortizaciones. Hacia fines de 2025, la deuda con el FMI ascendía a 57.230 millones de dólares, y la deuda con organismos internacionales creció 1810 millones solo durante el cuarto trimestre de ese año.

El círculo rojo es conocido, se contrae la deuda para pagar deuda, se refinancian vencimientos con nuevos vencimientos y se usan cajas estatales para evitar que falten pesos o dólares en el presente. El resultado no es un desendeudamiento, sino un cambio de acreedor, de moneda y de plazo. Una parte la sostienen bancos, fondos de inversión y bonistas; otra, organismos internacionales; y otra, organismos estatales y fondos públicos que deberían tener otro destino. El discurso libertario contra la "casta" termina reproduciendo la forma más clásica del capitalismo dependiente argentino: socializar recursos y sacrificios, mientras se preserva el derecho de los acreedores a cobrar.

El superávit fiscal obtenido por licuación de ingresos, recortes sociales y desvío de fondos específicos no resuelve el problema estructural de la deuda: apenas compra tiempo para mantener los pagos y la confianza de los mercados. Lo que se presenta como austeridad es, en los hechos, una administración de recursos públicos al servicio de la valorización financiera. El Estado no desaparece: se vuelve cobrador para arriba y ajustador para abajo.

Esa es, en definitiva, la clave de todo el ciclo. Milei no gobierna ya un capitalismo capaz de garantizar trabajo, vivienda y salud, sino que ya gobierna su descomposición capitalista y  parasitaria, un régimen que ya no tiene margen para sostener ni siquiera las condiciones democráticas mínimas en la vida cotidiana de los trabajadores. Donde no hay empleo estable, ni techo, ni salud pública que alcance, la democracia deja de ser un contenido real y se reduce a una simulación: un negocio electoral cuyo único producto es la papeleta que cada tanto se deposita en una urna, en un acto vaciado de sentido, alienado de cualquier poder de decisión efectiva sobre la producción, la riqueza o las condiciones de existencia. Para Milei, lo único que suma, como toda basura sionista, es la represión y el control, y resta la participación y el consenso, es decir, extrema la lucha de clases.

A ese cuadro se suma la descomposición de la principal fuerza que históricamente canalizó el descontento social por vía institucional. El peronismo atraviesa hoy su crisis más profunda de cara a las próximas elecciones, incapaz de proyectar una candidatura que exprese genuinamente a los trabajadores y de disputarle terreno real al oficialismo. Esa incapacidad no es casual: expresa el carácter cada vez más lumpenizado de su dirección, un aparato que administra punteros, negocia gobernabilidad y reparte cargos, pero que perdió la capacidad de presentarse como representante de las necesidades obreras. Lejos de constituirse en una alternativa, buena parte del peronismo profundizó su adaptación al propio Milei: acompañó leyes centrales de su programa de ajuste en el Congreso y sostuvo, a través de los gobiernos provinciales, una complicidad de fondo en torno al negocio de la tierra y la renta agraria, sin chocar con los intereses que el oficialismo protege. Esa convergencia de hecho entre el peronismo gobernante en las provincias y el programa libertario confirma que no hay, dentro del arco de las variantes patronales, ninguna salida para la clase trabajadora: solo una izquierda independiente, capaz de romper con toda variante de conciliación de clases, puede disputar ese vacío político sin subordinarse a los tiempos ni a los cálculos de un peronismo que ya eligió, en los hechos, administrar el ajuste antes que enfrentarlo.

Ese vacío de representación patronal no es un fenómeno aislado de Argentina, sino parte de un cuadro regional donde la clase trabajadora viene chocando de manera directa con los gobiernos que administran el ajuste. En Bolivia, desde el 1° de mayo de 2026 la Central Obrera Boliviana sostuvo un paro general indefinido con epicentro en La Paz y El Alto, que combinó demandas salariales, rechazo al cierre de empresas estatales y bloqueos de rutas en al menos seis departamentos, con Cochabamba como punto más álgido; para el 15 de junio, la propia COB debía definir si sostenía las medidas o abría diálogo con el gobierno de Rodrigo Paz, que luego carnereó, en medio de una movilización que ya llevaba más de 46 días y que dejó muertos y decenas de detenidos. En Perú, la Confederación General de Trabajadores del Perú encabezó en Lima la mayor movilización obrera desde la asunción de Keiko Fujimori, en rechazo a un proyecto de facultades legislativas orientado a recortar vacaciones, horas extras y estabilidad laboral, con la participación de gremios como la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, la federación de obreros municipales y el sindicato docente SUTEP. Ese proceso boliviano y peruano confirma, en los hechos, que la crisis del capitalismo dependiente latinoamericano no encuentra salida en ningún gobierno patronal, sea de signo libertario, liberal, sionista o nacionalista, y que la única perspectiva capaz de capitalizar ese descontento es la construcción de una dirección revolucionaria independiente y socialista, apoyada en la movilización directa de los trabajadores y no en la administración institucional de la crisis.

En ese marco, la crisis abierta en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad en Bariloche constituye una señal política preocupante. Para la elección del 1° de noviembre de convencionales constituyentes, que reformarán la Carta Orgánica municipal, el PTS y el MST concurrirán en una lista, mientras el Partido Obrero e Izquierda Socialista formaron otra alianza. La fragmentación se produjo al cierre de las alianzas y expuso públicamente una disputa entre aparatos que el PTS presenta como una discusión interna, pero que llega a la elección con dos boletas separadas de fuerzas que integran formalmente el mismo frente.

La crisis del FIT-U no puede reducirse a una discusión de candidatos ni a una cuestión de disciplina interna. Una izquierda que interviene en la clase trabajadora debe medir su política por su capacidad de elevar la conciencia, la confianza y la organización de los luchadores, no por el control de una lista electoral o de un sello. Cuando los conflictos fabriles se procesan en comunicados de aparato y las diferencias se trasladan a la ruptura de listas, los trabajadores quedan como espectadores de una disputa que debería estar subordinada a sus necesidades de lucha.

El resultado puede ser una desmoralización profunda. Un activista que enfrenta despidos, aprietes, salarios pulverizados y persecución judicial necesita espacios abiertos de deliberación, asambleas soberanas, plenarios de delegados y coordinadoras de lucha. No necesita quedar reducido al papel de militante de campaña, asistente de reuniones cerradas o fuerza de choque de una interna. La política revolucionaria no puede convertir a los mejores luchadores en espectadores de pactos, vetos y delimitaciones permanentes: debe formarlos para que discutan programa, estrategia, historia de la clase trabajadora y métodos de organización independiente.

La ilusión de que una figura electoral, incluso Myriam Bregman, pueda resolver por vía institucional la crisis social es ajena a una estrategia de independencia de clase. No se trata de negar el uso de elecciones ni de despreciar una banca conquistada por la izquierda, sino de no invertir la relación entre medios y fines. Una candidatura puede servir para amplificar una lucha, denunciar a las patronales y defender un programa obrero; no puede reemplazar la organización en los lugares de trabajo, la recuperación de sindicatos, las comisiones internas combativas, los cuerpos de delegados y la deliberación de las bases. La lucha electoral no puede ser el centro que ordene la vida política de la izquierda mientras la clase trabajadora enfrenta despidos, precarización y hambre.

La tarea no es administrar esa desmoralización, sino romperla. Hace falta construir un partido de trabajadores arraigado en las fábricas, los hospitales, las escuelas, los barrios y la juventud precarizada; un partido que luche por recuperar los sindicatos de las burocracias y de las lógicas de aparato, que impulse asambleas soberanas, coordinadoras de lucha y organismos de doble poder capaces de disputar quién decide sobre la producción, el trabajo y los recursos públicos. Eso exige reuniones de círculo politizadas, estudio sistemático de literatura revolucionaria, prensa obrera independiente y formación de cuadros que puedan intervenir en cada conflicto con estrategia, no con improvisación electoral.

La salida no será una nueva negociación de cúpulas ni la promesa de un salvador parlamentario. Será la entrada en ofensiva con refuerzo teórico de una clase trabajadora y  que recupere confianza en su propia fuerza, convierta cada despido y cada ajuste en una instancia de organización, y enfrente el parasitismo financiero del régimen capitalista con un programa de expropiación de los grandes grupos, ruptura con el FMI, desconocimiento soberano de la deuda ilegítima y planificación democrática de la economía bajo control de quienes trabajan.