La lucha de los jubilados. De miércoles a miércoles.

Por Ulra

En 2026 el gobierno destinó algo más de 2.000 millones de pesos a los operativos de seguridad desplegados los miércoles frente al Congreso para contener y reprimir las marchas de jubilados, con un promedio de unos 48,5 millones de pesos por operativo y 43 operativos en el año, es decir, casi 50 millones por cada miércoles de protesta. Traducido a términos previsionales, ese monto anual equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono de un mes, lo que muestra con claridad el sentido de la prioridad fiscal, antes que reforzar los haberes erosionados por la inflación y el ajuste, se elige financiar combustible, logística y equipamiento represivo para blindar la política de recorte. Bueno, el dato, además, puede ser  conservador, porque sólo computa combustible y equipos y deja afuera el costo laboral completo de los efectivos federales desplegados, que se estima en decenas de miles de agentes a lo largo del año, lo que elevaría aún más el peso real de la partida destinada al control violento de la protesta.  

Si uno lo mira desde la lógica de la ganancia capitalista, no es un “negocio” clásico, el gasto en represión no genera plusvalía directa ni ingresa como beneficio en un balance empresario, sino que aparece como un costo fiscal más en un presupuesto que al mismo tiempo recortó en torno a un 29% el gasto real de la administración nacional, con golpes especialmente duros sobre educación, salud, ciencia y programas sociales. Pero desde la lógica del capital como relación social, sí funciona como una inversión estratégica del bloque de poder, se desfinancia ciencia y tecnología, se achica la masa salarial del sector público, se lleva la inversión en investigación a mínimos históricos y, en paralelo, se incrementan partidas en seguridad, defensa e inteligencia, consolidando un aparato capaz de garantizar por la fuerza la continuidad del programa de ajuste. El Estado actúa como “comité ejecutivo” de la burguesía reorganizando el presupuesto, lo que se niega en medicamentos, alimentos y jubilaciones se afirma en balas de goma, gases y operativos, de modo que la miseria planificada pueda ejecutarse sin que la resistencia de los sectores más vulnerables —en este caso los jubilados— logre imponer una correlación de fuerzas distinta.  

S lo pensamos así, la pregunta de si “es un negocio” se resignifica, no se trata de un negocio contable para la Tesorería, sino de un negocio político de la clase buerguesa. El disciplinamiento de quienes ya están en el tramo final de su vida laboral y dependen por completo del ingreso previsional tiene un efecto ejemplificador sobre el resto de la clase trabajadora, muestra qué puede pasarle a quien cuestione la reestructuración regresiva de la distribución del ingreso. Al mismo tiempo, el blindaje represivo reduce el riesgo de que el conflicto escale al punto de afectar la estabilidad macroeconómica exigida por acreedores, fondos de inversión y grandes grupos locales, lo que vuelve “rentable” el gasto en seguridad como un seguro relativamente barato frente al peligro de una crisis política o una derrota del programa de ajuste. En ese sentido, la inversión multimillonaria de cada miércoles en uniformados, equipamiento y gases alrededor del Congreso sintetiza el corazón del proyecto, no hay plata para jubilaciones dignas, pero sí hay, y mucha, para sostener un orden basado en la precarización de la vida de quienes ya trabajaron toda su existencia. Si uno toma esa masa de recursos y la proyecta hacia la mejora de los haberes, se vuelve obsceno lo evidente: con lo que hoy se gasta en disciplinar, podría empezarse a reconstruir un piso de jubilación que permita comer, medicarse y vivir sin miedo al fin de mes. Justamente ahí está el núcleo del régimen capitalista que encarna Milei, no garantiza trabajo estable, ni vivienda, ni salud, ni una vejez protegida para la clase trabajadora; lo único que asegura es el despliegue de fuerzas para impedir que quienes producen la riqueza cuestionen la dirección del ajuste. La apuesta estratégica es clara, se invierte en represión para que los jubilados no puedan torcer el rumbo y, al mismo tiempo, enviar un mensaje nítido al conjunto de la clase obrera sobre el costo de resistir. Pero ese mensaje puede leerse al revés: cada operativo millonario, cada gas y cada escudo alrededor del Congreso señalan con precisión el camino a seguir, porque muestran que, si hay un punto sintético del programa, es el miedo a que los de abajo se pongan de pie; y es precisamente ese temor el que abre la posibilidad de que la clase trabajadora, lejos de replegarse, comprenda su fuerza, se organice y transforme la bronca dispersa de los miércoles en una lucha capaz de disputar el rumbo en su conjunto.