𝗠𝗶𝗹𝗲𝗶 𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘁á 𝗰𝗿𝗲𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼𝘀, 𝗲𝘀𝘁á 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗻𝗲𝗴𝗼𝗰𝗶𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮

Por Ulra

El gobierno de Javier Milei impulsó la reforma laboral que se convirtió en la Ley 27.802, "Ley de Modernización Laboral", promulgada por decreto y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. El proyecto lo envió el Ejecutivo al Congreso en diciembre de 2025 y prometía reducir "costos" y favorecer el empleo formal; en los hechos, abarata el despido, recorta la base para calcular indemnizaciones, amplía la jornada y le quita poder a los sindicatos, en un país que ya arrastra fuerte pérdida de empleo registrado y una informalidad que supera el 40%. Es un negocio capitalista en el sentido más literal, cada peso que un empresario deja de pagar en indemnizaciones, aguinaldo o aportes es un peso que se traslada directamente a su tasa de ganancia. No es una externalidad ni un efecto colateral de la ley, es su función central. Es explotación.

La ley no fue un decreto, la votó el Congreso, con apoyo decisivo de sectores del peronismo provincial. En el Senado obtuvo media sanción el 11 y 12 de febrero por 42 votos a favor y 30 en contra, con los veinte senadores de La Libertad Avanza, catorce del PRO y la UCR, y siete senadores de extracción peronista que rompieron con el bloque de Unión por la Patria: Beatriz Ávila y Flavia Royón, ligadas a los gobernadores de Tucumán y Salta; Carlos Arce y Sonia Decut, del Frente Renovador de la Concordia Social misionero; y Alejandra Vigo y Carlos Espínola, de Provincias Unidas, con respaldo del gobernador de Córdoba. En Diputados se aprobó el 19 y 20 de febrero por 135 a favor y 115 en contra, y el Senado le dio sanción definitiva el 27 de febrero por 42 a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

Por eso a los empresarios, en su conjunto, les conviene apoyar esta ley, no como favor político sino como interés de clase. Da igual si son grandes grupos exportadores, pymes o cámaras sectoriales; todos comparten el mismo lugar en la relación de producción, y esa posición estructural los empuja a coincidir en los procesos políticos que enfrentan al capital con el trabajo, más allá de matices o diferencias coyunturales entre ellos. Ahí está la división de clases desnuda: de un lado, quienes viven de la ganancia que genera la fuerza de trabajo ajena, y que necesitan abaratarla para sostener su rentabilidad en un contexto de recesión; del otro, quienes viven de vender esa fuerza de trabajo y que con esta ley cobran menos, tienen menos protección y quedan más expuestos al despido como amenaza cotidiana.

Desde su plena vigencia, ya reflejada en las liquidaciones de julio, el aguinaldo, las vacaciones no gozadas, los bonos y las horas extra quedan fuera de la base con la que se calcula la indemnización por despido. El trabajador cobra menos al ser echado, y ese abaratamiento refuerza su subordinación al patrón en una economía con recesión y alta desocupación. La complicidad de los senadores peronistas que la votaron, sumada a direcciones sindicales de la CGT que no organizaron una lucha sostenida para frenarla, permitió que avanzara sin la resistencia que en el mismo período sí logró tumbar una reforma similar en Portugal.

Frente a este cuadro, la clase trabajadora tiene que mirar hacia los sectores de izquierda pero con el movimiento obrero combativo que luchan de forma independiente, sin financiamiento empresarial ni subordinación a las variantes patronales que administran el ajuste desde el Estado o desde la burocracia sindical. Esa independencia de clase —no depender de los mismos capitalistas contra los que hay que organizarse— es la condición para construir una resistencia real, y no una oposición de café que negocia por izquierda lo que el capital necesita por derecha. Afirmar que Milei no está proponiendo empleos sino despidos como negocio capitalista no es solo un juicio político, es lo que muestran la ley, los datos y la alineación de clase detrás de este régimen que lo hizo posible.