Te explico el derrumbe político del peronismo. Y lo que pasa en Jujuy con el PTS y el PO oficial en base a un informe de una compañera con fuerza teórica y luchadora que me pasó el informe.

Por Raúl Valle

El gobierno de Milei suele presentarse como un experimento excéntrico, casi individual, de un economista ultra rodeado de una secta libertaria sin raíces en la clase dominante ni en el aparato tradicional de la política argentina. Sin embargo, la dinámica real que se consolidó desde diciembre de 2023 muestra otra cosa, una reorganización del poder burgués a escala nacional, apoyado por Trump, con un gobierno minoritario en el Congreso sostenido por una constelación de gobernadores, bloques parlamentarios, jueces, cúpulas sindicales y viejos cuadros del peronismo reciclados como gestores del ajuste. No se trata de “Milei contra todos” sino de un bloque de poder donde La Libertad Avanza funciona como punta de lanza de una ofensiva contra las masas, articulada con la complicidad activa o pasiva de la oposición tradicional, empezando por el peronismo en todas sus variantes, desde el PJ institucional hasta el kirchnerismo y la conducción burocrática de la CGT.

Esta reorganización se ve con nitidez en el terreno institucional. Milei asumió en minoría, pero logró avanzar con piezas clave de su programa mediante una combinación de decretos y leyes pactadas con la llamada “oposición responsable”. El mega DNU desregulador, con centenares de artículos, fue el primer intento de reescribir a decretazo limpio el marco regulatorio de la economía, el trabajo y los servicios públicos, otorgando al Ejecutivo facultades extraordinarias de hecho para desregular contratos, privatizar, abaratar despidos y avanzar en una ofensiva antiobrera estructural. Luego, la Ley Ómnibus y más tarde la Ley Bases y el paquete fiscal obtuvieron aprobación en Diputados gracias a acuerdos con el PRO, la UCR, bloques provinciales y fracciones del peronismo que pusieron por delante la “gobernabilidad” y la señal a los mercados antes que el bloqueo de conjunto al programa de guerra de clases del gobierno. El Partido Justicialista, a través de sus gobernadores y bancadas, actuó como un factor de regulación del conflicto, impidiendo un choque frontal entre Congreso y Ejecutivo y garantizando que las principales iniciativas del gobierno atravesaran al menos una primera instancia legislativa. Lo más catastrófico para el peronismo es haber votado hace unos meses la reforma laboral de Milei que lo saca de la historia obrera del escenario de lucha y dignidad de la clase trabajadora.

La composición del elenco de gobierno refuerza la idea de una reorganización de personal político antes que de una ruptura de régimen. Entre ministros, secretarios, operadores y cuadros “técnicos” hay una presencia consistente de figuras provenientes del peronismo o formadas en su aparato estatal que hoy gestionan áreas del ajuste, la privatización o la represión. Eso se inscribe en una matriz histórica, en la trayectoria del Partido Justicialista no hay casos ejemplares de expulsión de dirigentes por aplicar políticas antiobreras estructurales. Carlos Menem, que encabezó privatizaciones masivas, destrucción de empleo industrial y endeudamiento bajo el Consenso de Washington, nunca fue expulsado del PJ. Daniel Scioli, asociado a una política de gobernabilidad fiscal y alineamiento con el capital financiero, siempre mantuvo su pertenencia al dispositivo peronista. Miguel Ángel Pichetto, que giró hacia el rol de garante derechista del orden y articulador de bloques pro-ajuste en alianza con Cambiemos, tampoco fue expulsado ni tratado como límite infranqueable. Tampoco hubo sanciones ejemplares contra los sectores peronistas que colaboraron con Macri, ni contra la burocracia sindical que garantizó la paz social durante su gobierno.

El patrón se repite, el peronismo se muestra menos como un “frente nacional y popular” sometido a desviaciones individuales y más como una maquinaria flexible al servicio del capital, que en cada coyuntura reacomoda a sus figuras entre oficialismo y oposición sin romper con la estructura de intereses que lo sostiene. Incluso hoy, con peronistas que cogobiernan con Milei a nivel provincial o garantizan la gobernabilidad mediante acuerdos parlamentarios, no existe un mecanismo real de depuración en el PJ. Los que gestionan el ajuste, pactan con la derecha o se integran al dispositivo represivo no son expulsados; se los reubica. La tradición no es romper con quienes gobiernan contra el pueblo trabajador y a favor del capital, sino integrar, tolerar o negociar con quienes garantizan la continuidad de la explotación, siempre que mantengan algún hilo con la identidad peronista.

En esa arquitectura de poder, la CGT ocupa un lugar central como correa de transmisión entre el Estado, el capital y el movimiento obrero. La cúpula cegetista administra derrotas, convoca actos, emite declaraciones altisonantes, organiza paros generales esporádicos y controlados, pero impide que la bronca obrera se transforme en un plan de lucha sostenido contra el gobierno y sus aliados. Al mismo tiempo, el gobierno, despliega una ofensiva judicial sobre sindicatos y organizaciones obreras para destruirlos y con el objetivo de disciplinar al movimiento, mediante intervenciones y fallos que afectan la democracia sindical. Desde Mauricio Macri hubo 23 intervenciones de la justicia en los sindicatos de la CGT y el peronismo siempre fue cobarde y no luchó para recuperarlos, y no llamó a la huelga general para defenderse y defender a los trabajadores, sino que negoció para mantener sus privilegios y tercerizar y convalidar la baja salarial en los trabajadores y trabajadoras y en la juventud. En la actualidad la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica es un caso emblemático, la Cámara Nacional del Trabajo suspendió las elecciones de la UOM, dejó sin efecto la elección nacional que ratificaba la conducción encabezada por Abel Furlán y dispuso la intervención del gremio, en un fallo dictado por los mismos jueces que avalan la reforma laboral regresiva del gobierno. Diversas corrientes sindicales y políticas denunciaron que se trata de un ataque directo a una de las organizaciones industriales más grandes, con el objetivo de disciplinar a la clase obrera metalúrgica y de enviar un mensaje al conjunto del movimiento obrero.

Frente a estos ataques, la respuesta de la burocracia peronista ilustra su rol de contención. La conducción de la UOM rechazó públicamente la intervención, la señaló como una maniobra política y judicial contra la democracia sindical y recordó que provenía de los mismos poderes que respaldan el plan antiobrero del gobierno, pero limitó la respuesta a comunicados, acciones judiciales y medidas parciales sin un verdadero plan nacional de lucha que unifique a los metalúrgicos con otros gremios atacados. La CGT en su conjunto se mueve de manera similar, hace declaraciones, realiza conferencias de prensa, convoca alguna jornada puntual, pero bloquea la posibilidad de que la vanguardia y las bases construyan coordinaciones, comités de lucha y estructuras permanentes de autoorganización. La burocracia sindical peronista produce una puesta en escena de confrontación, pero su función estratégica es paralizar o dosificar la lucha de clases para preservar su lugar como socia menor del bloque de poder.

Todo esto se monta sobre cuatro décadas de democracia que fueron, para la mayoría trabajadora y para la juventud, una experiencia de frustración sistemática. Durante ese período, el peronismo en sus distintas variantes gobernó o cogobernó la mayor parte del tiempo, administrando sucesivos ciclos de ajuste, endeudamiento y reformas estructurales que nunca resolvieron las demandas elementales de trabajo, salario y vivienda. Sobre esa trayectoria se edificó una sociedad en la que la pobreza ronda o supera el 40 por ciento, el empleo formal se achica, la precarización laboral se expande y amplias zonas urbanas se estructuran en torno a la informalidad y los barrios populares. En ese proceso, una porción de la dirigencia peronista, política y sindical, dejó de ser sólo mediadora para convertirse en una burguesía plena, empresariado ligado al Estado, contratistas, gestores de obras sociales millonarias, socios de grandes grupos privados en la provisión de servicios y en esquemas de tercerización. Son los mismos que, desde ese lugar privilegiado, llaman a “cuidar la gobernabilidad” al mismo tiempo que aceptan techos salariales, recortes y reformas regresivas.

La violencia, el odio y la impotencia que atraviesan en la actualidad los trabajadores y juventud no son un fenómeno cultural suelto ni un efecto exclusivo de la retórica ultra de Milei. Son el sedimento social de décadas de promesas incumplidas, en las que el peronismo gestionó el ajuste y el saqueo en nombre del “pueblo”, mientras los indicadores materiales se deterioraban. No hay vivienda, los trabajos son basura o no hay trabajo estable, no hay salario, la educación es de baja calidad, y no hay posibilidad de construir una familia. La bronca hacia “la política” en general se alimenta de la experiencia concreta con una burocracia que promete defender el salario pero firma paritarias por debajo de la inflación, que promete empleo pero administra la precarización, que habla de vivienda digna pero convive con una expansión masiva de asentamientos sin servicios básicos. La burocracia peronista no es sólo “traidora” a sus bases, es una capa social que se ha transformado en gestora orgánica de la explotación capitalista, responsable de administrar la derrota y de generar el clima de frustración que hoy se traduce en odio, violencia hacia los sectores más débiles e impotencia social.

Sobre este escenario nacional se inscriben las tácticas de las corrientes de izquierda y, en particular, las de la dirección del PTS y del PO oficial. A nivel general, ambas corrientes reclaman unidad y frente único obrero contra el gobierno, denuncian la colaboración del peronismo y critican a la burocracia sindical. Pero cuando se observan experiencias concretas, aparecen contradicciones muy fuertes entre ese discurso y la práctica real. El caso de Jujuy es clave, porque allí se combinan el laboratorio represivo y de saqueo que encarnó la reforma constitucional de 2023, el rol del peronismo como socio de Gerardo Morales y la intervención de la izquierda, en particular del PTS, en el movimiento obrero docente y en la escena política provincial.

La reforma constitucional jujeña, impulsada por Morales y aprobada con el apoyo decisivo del peronismo local, consolidó un esquema que refuerza el saqueo del litio, restringe derechos de protesta y vulnera derechos de las comunidades originarias. Esa reforma provocó una enorme movilización indígena y popular, con cortes de ruta, asambleas y una represión brutal que puso a Jujuy en el centro de la escena nacional. Informes de organismos de derechos humanos, crónicas periodísticas y análisis académicos coincidieron en señalar la violación del derecho a la consulta de los pueblos originarios y el carácter exprés y antidemocrático del proceso constituyente. En esa coyuntura, las comunidades originarias cumplieron un rol protagónico en la resistencia, articulando demandas históricas de territorio y autonomía con la denuncia del extractivismo y del régimen político provincial.

El peronismo jujeño no fue un opositor a ese laboratorio de saqueo y represión; fue uno de sus pilares. La representación peronista en la Convención Constituyente aportó votos clave para la aprobación de la reforma, y el liderazgo de figuras como Rubén Rivarola se integró en esa ingeniería política que combinó al radicalismo de Morales con el PJ para sacar adelante el nuevo texto constitucional. Esta constatación es central: cuando se mira Jujuy, no se ve a un peronismo víctima de la derecha sino a un peronismo articulado con la derecha para garantizar el ajuste, el extractivismo y la represión de las comunidades.

En ese contexto se desarrolla el crecimiento del PTS en la provincia. El PTS se expande en el CEDEM y en sindicatos docentes que pertenecen a la CGT y a la CTA, a través de agrupaciones peronistas como la Marina Vilte en el CEDEM, es un sindicato docente que integra la CGT, que todos los sindicatos docentes tienen referencias en CGT o CTA, que la UDA y otros gremios funcionan dentro de esas centrales, y que la agrupación Marina Vilte es un punto de apoyo para el PTS, pero en un terreno donde el peronismo mantiene una presencia estructural. El peronismo votó la reforma constitucional que convirtió a Jujuy en un laboratorio para que Milei recicle a escala nacional una combinación de radicalismo, peronismo y empresas del litio; y esa política se replica con gobernadores peronistas, radicales y de otros sellos en la actualidad y a nivel nacional. Antevesto crece el PTS en Jujuy, porque en 2023 hubo una experiencia de izquierda muy fuerte, donde la única referencia electoral estable era el FIT-U, con Alejandro Vilca como figura principal, mientras que el peronismo sufrió un descrédito pronunciado asociado a la proscripción y a la política nacional de Alberto Fernández. Pero también avanzaron los libertarios porque “no hay opciones”, y el PO oficial quedó muy centrado en el movimiento de desocupados y en algunas franjas estudiantiles, mientras que los socialistas en las universidades y sectores juveniles son todavía numéricamente reducidos, mientras el PTS capitaliza esa vacancia desde una base fuerte en el Ingenio y en sectores docentes.

El PTS crece sobre la base de una inserción real en sindicatos docentes y en franjas obreras, pero también tiene una estrategia ambivalente, por un lado, se reivindica independiente del peronismo y se apoya en la bronca profunda que genera el rol del PJ en la reforma; por otro lado, su práctica cotidiana se despliega dentro de estructuras y acuerdos donde el peronismo sigue siendo un actor de peso, y esto abre la puerta a escenas donde la delimitación política se diluye. El gran acto del PTS-FITU en Jujuy con Myriam Bregman y Alejandro Vilca es el ejemplo más reciente. La prensa de izquierda lo presentó como un acto multitudinario, dedicado a lanzar el desafío de construir un “gran partido” de la clase trabajadora y unir la fuerza social que enfrenta a Milei y a Morales. En los discursos se subrayó que “ellos tienen sus partidos y nosotros tenemos que poner en pie el nuestro” y se insistió en la necesidad de comités en lugares de trabajo, estudio y barrios para organizar esa fuerza.

Sin embargo, la forma concreta que tomó ese acto abre una discusión estratégica. Mientras a nivel nacional el PTS y el PO oficial reclaman unidad y frente único, en Jujuy el PTS organizó su propio acto con Bregman y Vilca, sin una tribuna compartida con el resto del FIT-U ni un esfuerzo real para hacer de ese evento un punto de convergencia de toda la izquierda jujeña. Paralelamente, el PO, junto con otras corrientes, impulsó un acto distinto, lo que confirma que en una provincia clave por la reforma constitucional, las comunidades originarias y el laboratorio represivo, el frente único se fractura en la práctica. Además, en el acto del PTS hubo presencia de sectores peronistas de la provincia, mientras el tema de las comunidades originarias y su papel en la rebelión de 2023 apareció mencionado sólo de pasada, subordinado al relato de la “clase trabajadora” y de la construcción partidaria. El foco estuvo puesto en la proyección del PTS y de Vilca como referencia principal, mientras la crítica al peronismo jujeño que votó la reforma y la reivindicación de las comunidades como sujeto político protagónico tuvieron un peso menor al que exige la realidad de la provincia.

Esta combinación marca un límite político claro. Por un lado, el PTS denuncia con razón que el peronismo fue clave para aprobar la reforma constitucional y que el PJ jujeño está integrado al régimen de Morales. Por otro lado, en la práctica organiza un gran acto sin una política sistemática de frente único con el resto del FIT-U, no coloca en el centro a las comunidades originarias y admite la presencia de sectores peronistas sin una delimitación tajante. De este modo, la consigna de construir un “gran partido” y de unir “la fuerza social que derrotó a Morales” convive con una orientación que se apoya en la lógica de aparato y en acuerdos locales que terminan relativizando la ruptura con el peronismo. En paralelo, el PO oficial denuncia el divisionismo del PTS y reclama unidad, pero también responde con su propio acto separado, en alianza con otras corrientes y sin ofrecer una alternativa práctica de frente único estable con organismos comunes de base y con una política sistemática hacia las comunidades originarias.

La ausencia de una política consecuente de unidad obrera, indígena y juvenil en Jujuy contrasta con el discurso general sobre el frente único. Si el objetivo es enfrentar un bloque que reúne a Milei, a los gobernadores, al PJ y a la burocracia sindical en una ofensiva nacional, Jujuy debería ser un punto de apoyo para mostrar en acto la unidad de la izquierda y de los sectores más combativos. En lugar de eso, se repite una dinámica en la que cada partido preserva su espacio, construye su acto, cuida su perfil electoral y su territorialidad sindical, mientras las comunidades originarias quedan relegadas y el peronismo sigue operando como un actor integrado al régimen sin ser enfrentado de manera unificada por todo el campo de izquierda. Esa fragmentación le da aire al bloque de poder que encabeza Milei y que necesita, precisamente, que no exista un polo unificado de resistencia obrera y popular.

Volviendo al plano nacional, esto refuerza la conclusión central, no se trata sólo de Milei. El núcleo del problema es cómo el peronismo opera como apoyo, como administrador del ajuste y el saqueo, y cómo incluso sectores de la izquierda, a través de caracterizaciones ambiguas, terminan tratándolo como fuerza moderada o como interlocutor inevitable. Para disputar de verdad una salida a la crisis, hace falta una alternativa socialista que parta de caracterizar al peronismo como parte del bloque burgués, no como un aliado potencial. Esa alternativa supone construir un partido de trabajadores con independencia de clase, que combine la pelea inmediata contra el ajuste –salario, empleo, vivienda, defensa de los sindicatos frente a la intervención judicial– con una estrategia para un gobierno de trabajadores apoyado en organismos de democracia obrera y popular. Supone también una política clara de frente único: unidad de acción para cada lucha concreta y, al mismo tiempo, delimitación política nítida frente al peronismo y frente a la burocracia sindical.

Ese partido no puede caracterizar al peronismo como “fuerza moderada”, como lo ha hecho la dirección centrista del PTS cuando propone rearmar campos democráticos amplios con sectores de direcciones peronistas frente a la derecha, ni puede limitarse a denunciarlos en abstracto mientras en la práctica comparte actos, estructuras sindicales y regímenes provinciales sin una estrategia para desplazar a esa burocracia. Necesita, por el contrario, partir de la experiencia de lugares como Jujuy, donde el peronismo fue coautor de la reforma antiindígena y antiobrera, y donde el aparato sindical docente condensa la trama de relaciones entre CGT, CTA, gobierno y partidos que sostienen el saqueo del litio. La construcción de un partido de trabajadores revolucionario pasa por organizar a la vanguardia en esos territorios, disputar la dirección de los sindicatos, levantar un programa que ponga en el centro la restitución de tierras, el fin del extractivismo en manos de multinacionales, la defensa de la educación pública, la reducción de la jornada laboral y la expropiación de la burguesía.

Sólo así puede empezar a revertirse el ciclo de ajuste, saqueo y frustración que atraviesa a la clase trabajadora y a la juventud desde hace más de cuarenta años. Un partido obrero socialista de trabajadores y trabajadoras, anclado en fábricas, escuelas, universidades, barrios y comunidades originarias, que no reduzca el problema a Milei, que denuncie la función de apoyo que cumple el peronismo y que intervenga en la izquierda para superar las políticas de aparato y las ambigüedades frente al PJ, es una necesidad histórica. La alternativa no es volver a un peronismo “bueno” o denunciarlo como moderado ni esperar que la burocracia sindical se regenere, sino construir una dirección nueva que se proponga, en serio, disputar el poder y terminar con el ajuste y el saqueo, en lugar de administrarlos.