La sepsis política de Milei y el agotamiento del tiempo político, cuando también se termina el tiempo del peronismo para sostenerlo

Por Raúl Valle

La presidencia de Javier Milei combina dos dimensiones que, en la coyuntura actual, ya no es posible analizar por separado, por un lado, un programa económico de ajuste extremo, orientado a satisfacer al capital financiero y a los organismos internacionales; por otro lado, una arquitectura política frágil, sin partido de masas ni anclaje territorial propio, que se sostuvo de hecho sobre la pasividad –y en buena medida la complicidad– del peronismo institucional y de la burocracia sindical. Durante 2024 y 2025 el oficialismo y buena parte de los medios construyeron la idea de una “tabla de salvación” económica, el sacrificio social presente se justificaría por la promesa de una rápida estabilización, baja de la inflación, ordenamiento de las cuentas públicas y eventual recuperación de la actividad. Resulta que no hay empleo, ni buenos salarios y no hay vivienda, lo que promete el lumpen de Milei es pobreza, y ya solo un sector minoritario compra el relato lumpen. Si se examinan los datos de deuda, empleo, salarios y consumo, esa tabla solo existe desde el punto de vista del capital; desde el punto de vista de la clase trabajadora, lo que se consolida es más deuda, más desocupación, salarios reales deprimidos y caída del consumo. El punto decisivo es que ese esquema se sostuvo mientras el peronismo y el kirchnerismo aceptaron el rol de oposición pasiva; cuando esa capacidad de contención se agota, se agota también el tiempo político de Milei.  

Milei es solo deuda, no da trabajo. En el frente de la deuda pública, las cifras de cierre de 2025 son elocuentes. La deuda bruta de la administración central se ubicó en torno a los 455.000 millones de dólares a diciembre de ese año. El verso mileista se basa que a lo largo de 2025, respecto del pico alcanzado a fines de 2024 (cerca de 467.000 millones), se produjo una reducción del orden de los 12.000 millones de dólares. Sobre ese dato se monta el relato de “desendeudamiento” y “se dibuja del perfil de vencimientos”, menor stock que el máximo reciente, pagos netos que superan las nuevas colocaciones, cierta extensión de plazos. Sin embargo, si se compara con el punto de partida de la gestión, noviembre de 2023, el resultado es el inverso, la deuda entonces rondaba los 425.000 millones de dólares, de modo que el nivel de 2025 implica un incremento superior a los 29.000 millones, equivalente a una suba cercana al 7% en dólares. Es decir, Milei puede mostrar una baja relativa sobre el pico generado bajo su propio gobierno, pero el país está más endeudado que cuando asumió.  

La estructura de esa deuda refuerza la dependencia. La mayor parte se mantiene denominada en moneda extranjera, con fuerte peso de títulos del Tesoro y pasivos frente a acreedores financieros y organismos multilaterales. La reducción del financiamiento monetario directo del Banco Central se compensa con un aumento de la colocación de deuda en pesos ajustables y con el reordenamiento de bonos en manos de entes públicos a favor de instrumentos que facilitan la operatoria de los grandes fondos. Sobre este esquema se montan los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, un programa de varios años, con desembolsos por miles de millones de dólares, condicionado al cumplimiento de metas de déficit fiscal, reservas y reformas estructurales. El FMI califica positivamente las medidas “restrictivas” del gobierno y habilita desembolsos precisamente porque el ajuste se ha aplicado con rigor sobre el gasto social, las jubilaciones y el salario público. La supuesta “tabla de salvación” económica es, en realidad, la tabla de salvación de la relación con los acreedores, el sacrificio interno es el precio para garantizar el pago puntual de la deuda.  

El costo de ese ordenamiento se verifica en el mercado de trabajo. Los datos de empleo indican que la tasa de desocupación pasó de alrededor del 6,4% en el cuarto trimestre de 2024 al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025. La suba de 1,1 puntos porcentuales en un año supone decenas de miles de desocupados adicionales, sobre una población económicamente activa que ya venía golpeada por años de deterioro. La información disponible señala, además, una tasa de informalidad cercana al 43% de los ocupados, lo que implica que casi la mitad de la fuerza de trabajo se encuentra en empleos sin protección laboral ni estabilidad. Sectorialmente, se observa estancamiento y caída del empleo en ramas ligadas al mercado interno (industria manufacturera, construcción, comercio, servicios personales y comerciales), mientras los sectores primario-exportadores y algunos nichos de servicios basados en recursos naturales concentran las expectativas de inversión. Desde la óptica del capital, se trata de recomponer la rentabilidad sobre la base de un ejército de reserva abundante y disciplinado; desde la óptica de la clase trabajadora, de una degradación generalizada de las condiciones de empleo.  

El comportamiento de los salarios sintetiza el mecanismo de transferencia de ingresos. Tomando como referencia el índice general de salarios y la serie de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), se observa que en 2024 los aumentos nominales corrieron por detrás de la inflación disparada tras la devaluación de diciembre de 2023. En ese año, la caída del salario real fue abrupta, especialmente en los primeros meses del gobierno, cuando el tipo de cambio oficial se multiplicó y los precios se reacomodaron a gran velocidad. En 2025, con una inflación mensual que comienza a descender a un dígito por efecto del ajuste fiscal y monetario, aparecen períodos donde los salarios nominales crecen algunos puntos por encima del índice de precios. El RIPTE, por ejemplo, mostró subas mensuales que, anualizadas, implican variaciones reales levemente positivas en algunos tramos del año. Sin embargo, estos avances se dan sobre un piso que ya fue licuado, las comparaciones interanuales muestran que a fines de 2025 el salario real promedio se mantiene por debajo del nivel de 2023 y muy lejos de los máximos de la década anterior. El “ordenamiento” de la macroeconomía no supone una recomposición estructural de la participación de los asalariados en el ingreso, sino una consolidación de la pérdida previa y un rebote marginal sobre ese nuevo piso.  

La demanda interna y el consumo masivo expresan las consecuencias de esta dinámica. Las estadísticas de ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros comerciales revelan caídas interanuales significativas en términos de volumen físico. En marzo, por ejemplo, las ventas a precios constantes en supermercados llegaron a registrar contracciones del orden del 5% respecto del mismo mes del año anterior, mientras que en shoppings las bajas superaron el 10% en algunos relevamientos. En el acumulado del primer trimestre también se observaron descensos en torno al 3% en la comparación interanual. Esta continuidad de la caída del consumo muestra que la baja de la inflación y ciertos repuntes sectoriales no se traducen en una mejora concreta en la vida cotidiana de la mayoría trabajadora. Los hogares responden ajustando el changuito, endeudándose con la tarjeta de crédito para comprar pan, leche y azúcar (nunca visto en la historia del mundo), recortando gastos no esenciales, endeudándose en cuotas, recurriendo al pluriempleo o a actividades informales para sostener niveles básicos de reproducción.  

En este contexto, la estabilidad inicial del gobierno de Milei no se explica solo por variables económicas, sino por un dispositivo político concreto, la ausencia de una resistencia organizada a la altura del ajuste. La coalición libertaria no dispone de un partido de masas ni de una red territorial comparable a la del peronismo. Su poder parlamentario es minoritario y su inserción en el movimiento obrero es prácticamente nula. Sin embargo, durante 2024 y buena parte de 2025 pudo avanzar con su programa de recortes, liberalización y ofensiva contra derechos sociales porque encontró enfrente un peronismo y un kirchnerismo paralizados, y una burocracia sindical más preocupada por administrar sus estructuras que por organizar una respuesta. El PJ se fragmentó en gobernadores que negociaron recursos con la Casa Rosada, intendentes concentrados en defender sus cajas locales y bloques legislativos que combinaron gestos de oposición con acuerdos puntuales sobre leyes clave. Ni qué decir como el PJ cordobés votó que sus bases peronistas y la población pasen frío y lo festejo en el parlamento con fotos de abrazos que se difundieron en las redes sociales. Un resultado con peso histórico y cómplice de la nueva forma de hacer política con gestión y el abandono de la palabra "pueblo'', es la responsabilidad del kirchnerismo, golpeado por la derrota electoral y las causas judiciales de sus líderes, que quedó atrapado en una disputa interna por el rumbo y la conducción, con un discurso de denuncia pero sin voluntad de desarrollar una estrategia de confrontación abierta.  

Las direcciones sindicales acompañaron esta lógica. Las centrales mayoritarias convocaron algunas medidas de fuerza aisladas y tardías, sin propuestas de plan de lucha sostenido, y aceptaron en la práctica la idea de que “había que dejar gobernar” a pesar del impacto devastador sobre salarios, jubilaciones y empleo. Una muestra es que en vez de defenderse con toda contra la intervención a los sindicatos como la UOM, el PJ, el Kirchnerismo y el peronismo se hacen los giles y hacen declaraciones pero no convocan a la huelga general, abandonan a sus bases trabajadoras en su rol de burguesía nacional descompuesta. Esto expresa el agotamiento de un tipo de alianza entre fracciones burguesas locales (ligadas a la industria, al mercado interno y al Estado como distribuidor de rentas) y la burocracia peronista, alianza que funcionó como mediación en etapas previas pero que sale derrotada frente a la ofensiva del capital financiero y los sectores primario-exportadores. La “ala burguesa” del peronismo, la que podía presentarse como representante de un capitalismo productivo nacional, terminó desarticulada y sin proyecto frente a un gobierno que prioriza la apertura, la reprimarización y el alineamiento con el FMI.  

En este marco, la necesidad política de Milei es avanzar sobre los sindicatos y sobre el propio PJ. Para consolidar un nuevo régimen de dominación más regresivo necesita quebrar o al menos neutralizar las estructuras que todavía organizan a amplias capas de la clase trabajadora, intervenir sindicatos, imponer reformas laborales que debiliten la negociación colectiva, condicionar el financiamiento de las obras sociales, disciplinar gobernadores e intendentes, forzar una “modernización” del sistema político donde el peronismo deje de ser una herramienta potencial de recomposición popular. El problema es que el gobierno llega a esta ofensiva con una base social desgastada, la mitad de la población ve que la prometida mejora en la economía no se traduce en alivio, el desempleo crece, el consumo se contrae, los salarios no se recuperan al nivel que se prometió. El margen para pedir más sacrificio se acaba para Milei. El tiempo de Milei se agota porque se agota el tiempo del peronismo para sostenerlo por omisión. Mientras las direcciones peronistas y sindicales mantuvieron la apuesta a dejar que “el experimento se queme solo” sin organizar una alternativa, el gobierno pudo trasladar el costo del ajuste sobre las espaldas de la clase trabajadora sin enfrentar una resistencia generalizada. Pero esa inacción tiene un límite, a medida que el deterioro social se prolonga y la “tabla de salvación” no aparece en la vida real de la mayoría, la base tradicional del peronismo –trabajadores formales e informales, jubilados, sectores populares urbanos– comienza a percibir a sus propias direcciones como cómplices. La combinación de Milei que necesita avanzar sobre sindicatos y PJ, y un peronismo cuya fracción dirigente está destruida y paralizada, produce una situación de vaciamiento de representación política por arriba. El gobierno ya no puede sostener el relato de que “todo sacrificio se justificará en el futuro”, y el peronismo ya no puede sostener el relato de que “resiste desde adentro” mientras garantiza la gobernabilidad del ajuste.  

 

Lo que se vislumbra no es sólo una crisis de gobierno, sino una crisis del régimen de mediación con el peronismo como funcionó en las últimas décadas. La ofensiva actual del capital sobre el trabajo exige una reconfiguración de las instituciones que históricamente canalizaron y contuvieron la conflictividad social, si el peronismo y las burocracias sindicales ya no pueden cumplir ese rol de amortiguadores, el proyecto mileísta pierde una de sus condiciones clave de estabilidad. En ese sentido, el agotamiento del tiempo político de Milei no puede pensarse sin el agotamiento del tiempo del peronismo para sostenerlo, por acción o por inacción. Lo que se abre entonces es una bifurcación estructural, o una recomposición del régimen por arriba, con nuevos pactos y nuevas mediaciones que vuelvan a integrar a parte del peronismo a un esquema de ajuste administrado, o la posibilidad de que la clase trabajadora empiece a construir una alternativa política propia, por fuera y en contra de la alianza entre el capital financiero y las viejas direcciones peronistas. Esa es, precisamente, la discusión estratégica que los socialistas tenemos que poner en el centro: no cómo salvar lo mal hecho y luego continuar con lo de Milei, sino cómo organizar la ruptura de toda la estructura que hizo posible este experimento a costa de la vida de millones.