La crisis del kirchnerismo y La Cámpora en los sindicatos

Por Raúl Valle

Si analizamos el ciclo largo 2003‑2026, la crisis de Furlán en la UOM es como una condensación final de todos los límites del dispositivo kirchnerista‑camporista en el movimiento obrero. El kirchnerismo, en su fase de ascenso, se apoyó centralmente en la burocracia sindical tradicional, sobre todo en la CGT de Moyano y luego en otras fracciones cegetistas, en el marco de un modelo de crecimiento con recuperación del salario real y reinstalación de paritarias. Esa articulación gobierno‑CGT funcionó como un pacto, el Estado garantizaba margen para recomponer ingresos, puestos en directorios, manejo de obras sociales, y la burocracia garantizaba gobernabilidad, encuadramiento de los conflictos y contención de la potencia obrera. No se trató de democratizar la vida sindical ni de construir poder de clase desde abajo, sino de reforzar a las direcciones de aparato de conciliación de clases o como mediadoras privilegiadas entre capital, Estado y trabajo. Cuando esa articulación se parte a partir de 2012, con la ruptura Moyano‑Cristina, ya se ve que el dispositivo no tiene un plan B basado en la autoorganización obrera, sino sólo en el recambio de aliados entre distintas fracciones de la misma burocracia. Cuando el camionero quiso ser el presidente de los trabajadores la multimillonaria y defensora del capitalismo Cristina Kirchner lo mando a freír churros.

La Cámpora entra a este tablero como fracción política juvenil, forjada en el Estado y en el sistema político, no en las fábricas y los sectores de trabajo. Su acumulación principal fueron cargos en ministerios, organismos, empresas públicas, bancas legislativas y el control del PJ bonaerense. Cuando intenta dar el salto al terreno sindical, lo hace tarde y desde arriba, más como “corriente del oficialismo” que como resultado de una construcción de comisiones internas, cuerpos de delegados y asambleas. Allí aparecen sus límites estructurales: su fuerza no viene de una base obrera organizada, sino del control de recursos estatales y de la identificación con el liderazgo de Cristina. Puede ganar posiciones en algunos gremios, asociándose a sectores de la burocracia o impulsando recambios, pero no consigue constituirse como corriente clasista arraigada en los lugares de trabajo. Mientras el Estado está en sus manos, esa inserción parcial y mediatizada puede sostenerse; cuando el Estado pasa a manos de un bloque abiertamente antiobrero, la debilidad de esa construcción queda expuesta.

En la UOM se ve muy claro. La conducción de Antonio Caló, aliada al kirchnerismo en su fase “oficialista”, expresaba un sindicalismo industrial tradicional, con fuerte control de aparato, que acompañó al gobierno pero siempre cuidando sus márgenes de negociación con la patronal. El recambio de 2022, con la llegada de Abel Furlán a la secretaría general, fue leído como un triunfo de la fracción más cercana a Cristina y a La Cámpora, frente a un sector considerado demasiado moderado. Furlán venía de la seccional Zárate‑Campana, con trayectoria como diputado del Frente para la Victoria y vínculos estrechos con el núcleo duro kirchnerista; su elección simbolizaba que el kirchnerismo lograba colocar una conducción “más propia” en un sindicato metalúrgico clave. Pero la forma de esa construcción seguía siendo la misma, una disputa de cúpulas, con base real pero sin transformación profunda de la democracia interna ni de las formas de participación cotidiana de la base metalúrgica. No se trató de abrir un proceso masivo de autoorganización obrera, sino de reorientar políticamente la cúspide del aparato UOM hacia el kirchnerismo duro.

Cuando cambia la correlación de fuerzas a nivel estatal y asciende un gobierno que impulsa una ofensiva abierta contra derechos laborales y organizaciones sindicales, la UOM de Furlán se vuelve un objetivo estratégico. Desde el materialismo dialéctico, esto hay que verlo como una relación de fuerzas entre fracciones de clase: de un lado, un sindicato industrial cuya conducción expresa una fracción de la burocracia ligada al proyecto kirchnerista‑camporista; del otro, un bloque burgués (capital industrial, financiero, fracciones del agro y del capital extranjero) que busca aumentar la tasa de explotación, acompañado por una fracción del Estado que incluye al Poder Ejecutivo y a sectores del Poder Judicial. La intervención judicial que anula las elecciones de la UOM, desplaza a Furlán y coloca un interventor afín a ese bloque no es un accidente jurídico, sino una forma específica de la lucha de clases mediada por el Estado, bajo el lenguaje universalista de la “democracia sindical” y la corrección de irregularidades, una fracción de la clase dominante interviene directamente en la organización obrera para reconfigurar su dirección.

La clave de la crisis, está en que la conducción de Furlán no se apoya en un movimiento obrero autoorganizado capaz de defenderla, sino en una red de relaciones con un sector del Estado y con fracciones del empresariado ligadas al kirchnerismo. Su fuerza política vino de la alianza con Cristina, Máximo, La Cámpora, del peso en el PJ bonaerense, y también de acuerdos y manejos de recursos en los márgenes del capitalismo realmente existente; por eso podía negociar con patronales, articular con el Estado, armar su propia red de poder. Pero cuando la fracción del Estado con la que articulaba es desplazada por otra fracción burguesa, esa fuente de poder se convierte en vulnerabilidad, pierde la protección institucional, queda expuesta a causas judiciales, a denuncias sobre manejo de fondos, a intervenciones que lo presentan como una burocracia corrupta que viola la democracia sindical. La misma mediación estatal‑empresarial que le daba fuerza en un momento, se transforma en la causa de su caída cuando la correlación de fuerzas cambia.

La crisis de Furlán es la síntesis de varias contradicciones, la contradicción entre el carácter objetivo de la UOM como organización de una fracción central del proletariado industrial y la forma subjetiva de su dirección, atrapada entre la lógica de aparato y la lógica de un proyecto político que nunca rompió con la burocracia; la contradicción entre la retórica de defensa del trabajo y la práctica de gestión de recursos y acuerdos capitalistas; la contradicción entre la necesidad histórica de un sindicalismo de clase, democrático y combativo, y la reproducción de direcciones que dependen de fracciones del Estado más que de la movilización obrera. Cuando la lucha de clases entra en una fase abiertamente ofensiva del capital, esas contradicciones estallan, la Justicia, como forma concreta del Estado burgués, interviene; el empresariado aprovecha para disciplinar; el gobierno celebra en silencio o abiertamente; y la conducción kirchnerista‑camporista de la UOM descubre que no tiene detrás un movimiento propio, autónomo, que salga a la calle a defenderla con la misma fuerza con la que ella defendió durante años la mediación del Estado.

En última instancia, la crisis de Furlán no es sólo la caída de un dirigente o de una fracción interna; es la expresión histórica del límite de todo un ciclo de relación entre kirchnerismo, La Cámpora y el movimiento obrero organizado. Un ciclo en el que se eligió, sistemáticamente, apoyarse en la burocracia sindical y en el aparato estatal en lugar de apostar a la construcción de una subjetividad obrera independiente, capaz de sostener sus propias organizaciones frente a cualquier fracción del capital y del Estado. 

La historia le pasa la factura a Furlan y al kirchnetismo, un juez a firmado la intervención del sindicato, y la burocracia de Milei con su interventor entra al sindicato, los empresarios aplauden por lo bajo y la base metalúrgica mira, fragmentada, sin una herramienta propia que sienta verdaderamente como suya.