Arabia Saudita rompe el cartel petrolero de la OPEP. ¿Por qué?

 

Raúl Valle

Si Arabia Saudita se va de la OPEP en medio de una guerra de sabotajes con Irán, el resultado combinado es más inestabilidad, más poder de chantaje energético y, en el corto plazo, el petróleo seguirá más caro y volátil a escala mundial, con un impacto directo en inflación y costo de vida. Ese movimiento, además, erosiona uno de los pilares materiales de la hegemonía del dólar, el sistema del “petrodólar”, al mismo tiempo que reordena el mapa de alianzas del Golfo y fortalece a nuevas potencias compradoras como China en detrimento de la vieja primacía financiera de Estados Unidos.  

La OPEP nace en 1960 como cartel de productores para coordinar volúmenes de extracción y así recuperar la capacidad de fijar precios frente a las grandes petroleras occidentales. Arabia Saudita se convierte en el líder de facto por su tamaño en reservas y, sobre todo, por su enorme capacidad ociosa: los barriles que puede sumar o sacar del mercado de forma relativamente rápida para subir o bajar el precio del crudo según le convenga. Esa posición le otorga el rol de “productor oscilante”, algo así como un “banco central del petróleo” que puede disciplinar a otros miembros del cartel que intenten desviarse de los acuerdos. La primera gran demostración de fuerza de la OPEP fue el embargo de 1973–74, cuando los países árabes del cartel dispararon el precio, provocando recesión e inflación en las economías centrales y dejando claro que el control de la llave del petróleo podía usarse como arma política.  

Estados Unidos respondió entendiendo que no podía controlar el volumen, pero sí la moneda en que se fijaba y pagaba ese petróleo: en 1974 cierra con la monarquía saudita el acuerdo que institucionaliza el sistema del petrodólar. El pacto es preciso: Riad vende su petróleo exclusivamente en dólares, recicla una porción significativa de esos ingresos en bonos del Tesoro y otros activos financieros estadounidenses, y a cambio recibe protección militar, armamento de punta y cobertura política. De ese modo se monta el circuito del “reciclaje de petrodólares”: el resto del mundo necesita dólares para comprar energía, eso sostiene la demanda mundial de la moneda estadounidense, y esos mismos dólares retornan a Estados Unidos financiando su déficit fiscal y externo. Durante medio siglo, la combinación de OPEP disciplinada y petrodólar consolidó la posición del dólar como dinero mundial de facto y le dio a Arabia Saudita un peso desproporcionado en el sistema interestatal.  

En la última década, sin embargo, ese esquema empezó a agrietarse. Por un lado, la OPEP se reconfiguró como OPEP+, incorporando a Rusia y otros aliados, lo que complicó la coordinación interna y relativizó el liderazgo saudí. Por otro lado, grandes compradores como China comenzaron a presionar para pagar una parte creciente del crudo en sus propias monedas o mediante acuerdos bilaterales, buscando escapar de la mediación obligatoria del dólar. El punto de inflexión fue la decisión saudí, en 2024, de no renovar el acuerdo de petrodólar de 1974, abriéndose formalmente a aceptar otras divisas (como el yuan) en sus contratos de venta de crudo. Eso significa que uno de los anclajes que obligaba estructuralmente a demandar dólares –la compra de energía– comienza a debilitarse, aunque el dólar continúe siendo predominante en el comercio mundial.  

En ese contexto se entiende mejor por qué Arabia Saudita decide salir de la OPEP. Por un lado, el reino busca liberarse de las cuotas y recortes coordinados que limitan su capacidad de maximizar ingresos fiscales en momentos de precios altos, fuera del cartel puede bombear tanto como quiera, negociar descuentos selectivos y usar su producción como instrumento de política bilateral con las grandes potencias. Por otro lado, la dirección saudí ve que una OPEP debilitada por las tensiones internas y por la salida de actores como Emiratos deja de ser un instrumento efectivo para controlar el mercado; la racionalidad capitalista indica entonces que es mejor replegarse a acuerdos ad hoc con los compradores estratégicos que más importan, China, India, el bloque BRICS ampliado. La salida es también un mensaje geopolítico: Riad quiere mostrar que ya no está dispuesto a subordinarse completamente a un mecanismo nacido en los años 60 y muy asociado al viejo equilibrio entre Estados Unidos y las monarquías del Golfo.  

Arabia Saudita dirige su negocio petrolero hacia relaciones energéticas más flexibles con Asia, especialmente China, que ya es el mayor importador mundial de crudo. Vender a Pekín en yuanes, o en canastas de monedas, le permite al reino diversificar sus ingresos, reducir la dependencia del dólar y, al mismo tiempo, insertarse en la estrategia china de internacionalización de su moneda. Segundo, fortalece los vínculos con Rusia y otros productores que también están en disputa con el sistema financiero dominado por Washington, explorando fórmulas de coordinación por fuera de la OPEP formal (acuerdos de precios piso, swaps de crudo, proyectos conjuntos de refino y petroquímica). Tercero, intenta convertir sus reservas en palanca para el proyecto de diversificación económica interna (el famoso “Vision 2030”), presentándose como hub financiero, logístico y tecnológico del Golfo que ya no depende exclusivamente de la renta petrolera clásica, sino de asociarse con capitales de China, India y otras potencias emergentes.  

En este reordenamiento aparece el rol de Trump, hoy presidente de Estados Unidos, como figura que acelera y dramatiza todas estas tensiones. Trump llega a la Casa Blanca con una visión abiertamente transaccional de la relación con las monarquías del Golfo, deja claro que la protección militar estadounidense no es un compromiso estratégico abstracto, sino un servicio que se paga con contratos de armas, inversiones y alineamiento geopolítico. Exige más compras de armamento a Riad, más inversión saudí en proyectos dentro de Estados Unidos y más colaboración en su agenda contra Irán, incluso a costa de desestabilizar la región. Al mismo tiempo, su discurso nacionalista económico lo lleva a reclamar precios del petróleo más bajos para beneficiar a la industria y a los consumidores estadounidenses, lo que choca directamente con la necesidad saudí de sostener precios altos para financiar su presupuesto. Esa contradicción empuja a Riad a buscar márgenes de maniobra fuera de la camisa de fuerza de la OPEP y del pacto tácito con Washington, si Estados Unidos presiona por petróleo barato pero no garantiza obediencia ni seguridad absolutas, la monarquía busca nuevas combinaciones donde pueda jugar a varias bandas (China, Rusia, BRICS+) y usar el petróleo como arma de negociación.  

Mientras tanto, la guerra de baja intensidad con Irán se traduce en bombardeos y sabotajes sobre pozos, tanques, terminales y plantas de procesamiento de Aramco, la empresa estatal saudita. Ya hubo antecedentes contundentes, en 2019, ataques con drones y misiles sobre Abqaiq y Khurais paralizaron temporalmente cerca de la mitad de la producción saudí, alrededor de 5% de la oferta mundial, con una suba instantánea del barril en el orden del 15–20%. Más recientemente, ataques sobre instalaciones clave sacaron de servicio unos 550.000 barriles diarios, alrededor de 6% de la producción saudí, demostrando de nuevo la vulnerabilidad estructural del sistema. Cada golpe recorta la oferta física disponible, genera pánico en los mercados, dispara una “prima de riesgo” en los precios, encarece el transporte, las naftas y el gasoil, y alimenta la inflación global. Esa dinámica se agrava cuando se percibe que el estrecho de Ormuz –por donde pasa alrededor de un quinto del crudo y del gas licuado del mundo– puede convertirse en teatro de guerra abierta.  

Sobre ese cuadro militar se proyecta la estructura social y política del propio reino saudita, que es una monarquía parasitaria e inventada por el imperialismo inglés en la primera mitad del siglo XX. El Estado saudita surge de la articulación entre la familia Al Saud y el wahabismo, consolidado por la intervención británica que vio en esa alianza una pieza útil para controlar el corazón de la península Arábiga y, posteriormente, sus recursos petroleros. No se trata de una burguesía nacional surgida de un desarrollo industrial y de un movimiento popular, sino de una dinastía rentista cuya riqueza proviene casi exclusivamente de la renta petrolera, distribuida hacia una casta cortesana y una burocracia ligada a las transnacionales y a los servicios de inteligencia occidentales.  

Esa naturaleza parasitaria se refleja también en el plano militar y social. Arabia Saudita no tiene un ejército nacional enraizado en una tradición de defensa popular, sino una fuerza armada artificial, fuertemente dependiente de armamento importado, asesores occidentales y contingentes de personal militar extranjero, incluidos mercenarios provenientes de países como Colombia, reclutados para hacer el trabajo sucio en conflictos regionales. Del mismo modo, la estructura productiva y social del país se asienta sobre una masa de trabajadores inmigrantes –asiáticos y africanos en su mayoría– que sostienen la construcción, los servicios y la infraestructura sin acceso a derechos plenos ni ciudadanía, configurando un régimen de superexplotación que no genera una base popular capaz de defender una “soberanía nacional” real. No hay, en términos marxistas, un pueblo armado y organizado dispuesto a la defensa sacrificada de un proyecto nacional propio, sino una población fragmentada entre una elite rentista local y una mayoría de trabajadores migrantes precarizados.  

Irán, en cambio, combina una estructura estatal autoritaria y reaccionaria con una base social muy distinta, una población fundamentalmente nacional, atravesada por una revolución reciente en términos históricos y un aparato de fuerzas armadas e instituciones como la Guardia Revolucionaria que se auto perciben como vanguardia sacrificada y mesiánica de un proyecto político‑religioso. Esa diferencia es clave, mientras la monarquía saudita se sostiene gracias al paraguas militar de Estados Unidos y a una economía de renta sin base popular movilizada, el régimen iraní se apoya en una combinación de legitimidad ideológica, aparato armado propio y una tradición de resistencia ante invasiones y sanciones. En un choque prolongado, esto significa que Irán puede sostener una guerra asimétrica de desgaste –con drones, milicias aliadas y ataques selectivos– mucho más tiempo y con más resiliencia que una monarquía que depende de mercenarios y de la lealtad volátil de su aparato militar.  

Cuando se combinan estos elementos –salida saudí de la OPEP, ruptura progresiva con el petrodólar, reorientación del negocio hacia Asia y BRICS, guerra de sabotajes con Irán, rol transaccional y errático de Trump, fragilidad social y militar del reino– el resultado para el precio del petróleo es un cóctel explosivo. Por un lado, hay shocks de oferta concretos por infraestructura dañada que empujan el barril para arriba. Por otro, la descoordinación entre productores, al debilitar el poder de la OPEP como cartel, hace que nadie sea capaz de estabilizar el mercado. Además, la prima de riesgo político se incrementa al saberse que las instalaciones críticas del Golfo y las rutas de exportación están permanentemente bajo amenaza de ataque. Y finalmente, la disputa monetaria (dólar contra otras monedas) introduce un nivel adicional de incertidumbre sobre cómo se financiará y se pagará el comercio energético global.  

Todo esto expresa la crisis de la forma concreta que adoptó la dominación imperialista a partir de la segunda posguerra, un dólar hegemónico respaldado por la monopolización del comercio de energía y una red de monarquías parasitarias funcionales a ese orden. La descomposición actual no implica automáticamente un orden más justo, sino una transición caótica donde distintas fracciones del capital (estadounidense, chino, europeo, ruso, del Golfo) compiten por capturar la renta petrolera en condiciones de inestabilidad interimperialistas y climática. Para la clase trabajadora mundial, eso se traduce en una especie de “impuesto de guerra energético” cobrado vía aumento de combustibles, transporte y alimentos, mientras las decisiones de un puñado de familias reales, gobiernos imperialistas y altos mandos militares se dirimen en los mercados de futuros y en los campos petroleros bombardeados. Se denomina la Barbarie.