1 de mayo en Argentina 2026: el día en que murió la dirección histórica de la CGT peronista

Por Raúl Valle

El 1 de mayo no nació para festejar el trabajo en abstracto ni para bendecir la paz social entre explotadores y explotados. Nació como jornada internacional de lucha de la clase obrera contra la explotación capitalista, por la reducción de la jornada laboral, por la organización independiente de los trabajadores y en memoria de los mártires de Chicago. En Argentina, esa tradición fue asumida por el movimiento obrero clasista, socialista y anarquista antes de ser deformada por la burocracia sindical peronista, que reemplazó una fecha de combate por una liturgia de conciliación de clases. El peronismo no tomó el 1 de mayo para profundizar su contenido de clase sino para vaciarlo, transformándolo en día del trabajo, en jornada institucional, en escenografía estatal y en cobertura ideológica de la subordinación obrera al capital. 

Si hay una medida seria para evaluar a una dirección sindical, esa medida es el salario real, el empleo y la capacidad efectiva de defender las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y el balance histórico es terminante: el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos nunca recuperó el nivel de 1974. Distintos estudios muestran que ese año fue el punto más alto del salario real en la historia contemporánea argentina y que, medio siglo después, el ingreso obrero sigue aproximadamente 30 por ciento por debajo de aquel nivel. No se trata de un retroceso momentáneo sino de una derrota histórica prolongada. Pasaron la dictadura, el alfonsinismo, el menemismo, el kirchnerismo, el macrismo, el Frente de Todos y ahora Milei, y en todos los casos la clase trabajadora terminó pagando la crisis. La tendencia general fue la caída del salario, la pérdida de derechos, la transferencia de ingresos al capital y la administración sindical de esa derrota. 

Los datos más recientes lo confirman con brutal claridad. El informe de CIFRA de marzo de 2025 muestra que, desde la asunción del actual gobierno, los salarios reales sufrieron una caída inicial superior al 15 por ciento; que en diciembre de 2024 el salario registrado promedio seguía por debajo de noviembre de 2023; y que, medido con una canasta de consumo más realista, la pérdida rondaba el 9 por ciento para el promedio registrado y era todavía mayor en el sector público. El mismo informe señala que, sumando mes a mes la pérdida acumulada, los asalariados resignaron el equivalente a 1,6 salarios en trece meses y, en el sector público, hasta 2,6 salarios. Esto no es una falla técnica ni un error de cálculo. Es una política social deliberada: descargar la crisis sobre quienes viven de su trabajo y preservar la rentabilidad empresaria y financiera. Y esa política solo puede avanzar porque cuenta con direcciones sindicales dispuestas a aceptar techos salariales, licuación inflacionaria, fragmentación de convenios, tercerización y precarización creciente. 

La CGT actual no es una desviación ni una crisis pasajera. Es la forma histórica que asumió la burocracia sindical peronista para garantizar la gobernabilidad del capital sobre el trabajo. Su propia historia oficial reconoce la reunificación de 2016 bajo un triunvirato, y desde entonces la forma triunviral no expresó democracia sindical sino equilibrio de aparato, reparto de poder entre fracciones burocráticas y subordinación al Estado. Los triunviros de hoy son herederos directos de las conducciones anteriores, delegados de una misma estructura que pactó con todos los gobiernos que ajustaron salarios, habilitaron tercerizaciones, fragmentaron convenios, reconvirtieron derechos en privilegios segmentados y adaptaron al sindicalismo a las necesidades de la acumulación capitalista. No surgieron de asambleas soberanas ni de procesos de autoorganización desde abajo. Surgieron de congresos regimentados, listas únicas, acuerdos de cúpula y negociaciones permanentes con el poder político.

Por eso no alcanza con hablar de traición como si se tratara de una suma de desvíos personales. Hay que hablar de función social. La dirección de la CGT actúa como mediadora entre el capital, el Estado y la clase obrera para garantizar que el ajuste pase, que la bronca se contenga y que la organización independiente no desborde. Esa es la razón por la cual pudo convivir con privatizaciones, apertura importadora, flexibilización laboral, impuesto al salario, inflación confiscatoria, monotributización, precarización, desindustrialización y destrucción del empleo sin romper jamás de manera consecuente con el orden social que dice representar. Su función histórica no fue derrotar la ofensiva patronal sino administrarla, dosificarla y, cuando fue necesario, legitimarla en nombre del mal menor, la gobernabilidad o la defensa de un supuesto modelo nacional.  

En ese cuadro, Gerardo Martínez ocupa un lugar emblemático. Como dirigente histórico de la UOCRA y pieza central de la burocracia cegetista, se presenta una y otra vez como hombre de diálogo, defensor del empleo y garante de la paz social. Pero los hechos muestran otra cosa. El propio Martínez reconoció que la paralización de la obra pública bajo el gobierno de Milei significó la pérdida de más de 60 mil puestos de trabajo en la construcción. Esa cifra por sí sola desnuda la magnitud del derrumbe. Mientras se destruyen decenas de miles de empleos, los responsables sindicales siguen integrados al régimen político, negociando reformas y conteniendo la respuesta obrera. No estamos ante una contradicción individual sino ante el balance de toda una estrategia: dialogar con todos los gobiernos, ceder ante todas las patronales y después lamentar las consecuencias como si fueran inevitables. Un dirigente que admite una masacre social de esa magnitud y sigue atado a la gobernabilidad del ajuste ya no representa una defensa deformada de los trabajadores; representa su derrota organizada. (Perfil, 14 febrero de 2026)  

La crisis laboral debe medirse más allá de la desocupación abierta. El dato oficial más sólido muestra una desocupación de 7,5 por ciento en el cuarto trimestre de 2025, pero esa cifra convive con una informalidad laboral del 43 por ciento de la población ocupada, una subocupación demandante del 7,8 por ciento y la expansión del cuentapropismo y del monotributo como formas de inserción laboral precaria. Esto significa que la crisis no se expresa solo en el desempleo abierto sino también en una masa cada vez mayor de trabajadores con ocupación inestable, jornadas insuficientes, ingresos intermitentes, ausencia de derechos y formas de autoempleo de pura subsistencia. El problema no es solo cuántos aparecen como desocupados en la estadística oficial, sino cuántos viven realmente de un empleo degradado, sin continuidad, sin convenio, sin protección y sin horizonte. Lo más riguroso, entonces, es afirmar que en Argentina existe un bloque social masivo de fuerza de trabajo sobrante, semisobrante o precarizada, compuesto por desocupados, subocupados, informales, tercerizados, monotributistas sin estabilidad y cuentapropistas empobrecidos. Esa es la base material de la ofensiva capitalista contemporánea. 

Ese fenómeno no apareció con Milei, aunque con Milei se profundizó brutalmente. La expansión del trabajo precario, la tercerización, la contractualización flexible y la figura del monotributista como máscara legal de relaciones laborales degradadas fueron políticas transversales a varios gobiernos. Durante años se consolidó un mercado de trabajo fracturado, donde una parte de la clase obrera conserva convenios y representación, mientras otra parte creciente queda por fuera de las protecciones históricas del sindicalismo tradicional. La burocracia peronista no combatió esa fractura, la administró. Allí donde había que organizar a los tercerizados, pactó. Allí donde había que unificar efectivos y precarizados, dividió. Allí donde había que enfrentar al Estado y a las patronales, negoció. Esa es la verdad material de la conciliación de clases, no unir a la clase trabajadora, sino regular su fragmentación en beneficio del capital.  

Por eso el peronismo no celebra realmente el 1 de mayo como día de lucha obrera. Lo reinterpreta para volverlo compatible con el orden capitalista. Lo transforma en día del trabajo para borrar el contenido político e internacionalista de la fecha. Esa operación expresa una ideología precisa: la idea de que capital y trabajo pueden convivir armónicamente bajo arbitraje estatal, como si la explotación fuera un exceso corregible y no la base misma del sistema. Incluso en los momentos en que la participación asalariada en el ingreso fue más alta, esa relación siguió inscripta en un régimen de mando patronal dentro de la fábrica, de disciplina sobre la fuerza de trabajo y de subordinación obrera al capital. Más tarde, cuando la participación salarial cayó, el peronismo sindical no rompió con ese orden sino que lo siguió administrando. El recorrido histórico desde el mito del 50 por ciento hasta la aceptación del impuesto al salario, la licuación paritaria y la tolerancia frente a la tercerización muestra que la conciliación de clases no fue una táctica transitoria sino una identidad estructural. (2026,CIFRA; estudios sobre distribución del ingreso)  

A esta degradación del trabajo se suma la entrega creciente de la soberanía económica a través de la deuda y la valorización financiera. A fines de 2025, la deuda externa bruta argentina alcanzó el récord histórico de 320.305 millones de dólares, el mayor nivel desde que existe la serie oficial iniciada en 1994. Bajo el gobierno de Milei, el stock de deuda externa bruta aumentó en más de 34 mil millones de dólares. Esa deuda no es una abstracción técnica. Es una relación de subordinación material del país al capital financiero internacional y local. Condiciona el presupuesto, orienta la política económica, impone disciplina social y justifica cada ajuste sobre salarios, jubilaciones, obra pública, salud, educación y derechos laborales. Mientras se exige sacrificio al pueblo trabajador, el régimen garantiza extraordinarias transferencias hacia el sector financiero mediante tasas reales positivas, negocios con deuda pública, bicicleta financiera, arbitraje cambiario y mecanismos permanentes de apropiación del excedente social. Cuando hablamos de entrega de soberanía, hablamos de esto: del sometimiento del trabajo nacional a la lógica de valorización del capital financiero. (2026,EFE; BCRA; INDEC)  

Hay que nombrar a los beneficiarios concretos de este régimen. Ganan los bancos, los fondos de inversión, los acreedores de la deuda pública, los grandes grupos exportadores, las fracciones concentradas del capital y los intermediarios financieros que viven de las tasas, de los bonos, del arbitraje y de la cobertura. Pierden los asalariados, los jubilados, los precarizados, los desocupados y las familias obreras que sostienen con su deterioro cotidiano la recomposición de la tasa de ganancia. La burocracia sindical no enfrenta a esos ganadores. Negocia con el poder político que los representa y traduce las exigencias del capital en lenguaje de responsabilidad institucional. Por eso su realismo siempre es realismo para aceptar la ofensiva patronal y derrotismo para la clase trabajadora.  

La conclusión política no puede ser abandonar toda forma sindical, pero sí discutir sin concesiones el papel real de los sindicatos existentes. El sindicato, como herramienta histórica de defensa obrera, sigue siendo necesario porque la clase trabajadora necesita organización permanente en el lugar de trabajo, capacidad de negociación colectiva, representación, fondos de lucha, continuidad organizativa y construcción de poder material. Pero el sindicato burocratizado, estatizado, cerrado a la democracia de base y subordinado al Estado deja de ser una herramienta de combate y se convierte en un obstáculo. El problema no es sindicato sí o no. El problema es qué sindicato, bajo qué dirección, con qué métodos y al servicio de qué estrategia. Allí donde sea posible, hay que recuperar sindicatos, seccionales, comisiones internas y cuerpos de delegados para un programa clasista, antiburocrático y de independencia política. Allí donde el aparato bloquee toda expresión opositora, las autoconvocatorias, coordinadoras y asambleas por fuera de la estructura aparecen como respuestas reales de una clase que busca defenderse cuando sus direcciones oficiales ya no la representan. La autoconvocatoria no reemplaza mecánicamente a la organización estable, pero tampoco puede ser despreciada cuando surge de la necesidad objetiva de luchar contra direcciones integradas al orden existente.  

En este 1 de mayo, la pregunta no es si la CGT va a sacar otro documento vacío ni si el peronismo volverá a hablar en nombre de los trabajadores mientras pacta con quienes los hunden. La pregunta es si la clase trabajadora va a seguir entregando su destino a una dirección que la condujo durante décadas de retroceso salarial, precarización, endeudamiento, pérdida de soberanía y desorganización, o si va a retomar la tradición del 1 de mayo como jornada de independencia política, lucha de clases y reorganización desde abajo. La muerte de la dirección histórica de la CGT peronista no es un hecho biológico ni un simple recambio de nombres. Es su quiebra política frente a la historia.  

 Si el salario real nunca recuperó 1974, si las conducciones sindicales pactaron con todos los gobiernos del ajuste, si la precarización partió en dos a la clase trabajadora, si la informalidad ya alcanza al 43 por ciento de los ocupados y si la deuda récord vuelve a subordinar el país al capital financiero, entonces la crisis no es solo económica. Es una crisis de dirección política y sindical. La tarea ya no puede ser presionar a la burocracia para que haga lo que no quiere hacer, sino construir una alternativa obrera independiente, clasista, socialista y democrática desde los lugares de trabajo. El debate estratégico es cómo articular recuperación sindical, democracia de base, coordinación de autoconvocados, organización de precarizados y programa socialista para que el 1 de mayo vuelva a ser una fecha de combate y no una ceremonia de rendición.