Venta de órganos de cuerpos palestinos por el Estado de Israel: denuncias y memoria de un crimen colonial vigente

 

Por Raúl Valle

En la Palestina de 2025 y 2026 el punto de partida ya no es solo la muerte masiva producida por el aparato militar israelí, sino el destino de los cuerpos después de la muerte. En el marco de treguas parciales y acuerdos de intercambio, Israel devuelve a Gaza y Cisjordania decenas de cadáveres de palestinos asesinados durante la ofensiva. Los equipos médicos que los reciben describen cuerpos con disparos a quemarropa, huesos aplastados por blindados, marcas de esposas o sujeciones, señales claras de tortura y, en un número importante de casos, cavidades torácicas abiertas quirúrgicamente, esternones serrados y ausencia completa de corazón, pulmones, hígado o riñones, con el interior rellenado con algodón. Autoridades sanitarias de Gaza señalan que esas características no se corresponden con el tipo de lesiones habituales por bombardeo o derrumbe, sino con intervenciones realizadas en entornos médicos controlados. Estas denuncias se han difundido a través de comunicados oficiales palestinos y han sido recogidas por medios como France 24, que informó sobre la entrega de 120 cuerpos sin identificar, por cadenas como CNN, que cubrieron el trabajo de forenses palestinos intentando identificar esos cadáveres numerados, y por diarios como Ara, que publicó los testimonios del director de patología de Gaza explicando que muchos cuerpos devueltos llegan sin pulmones, corazón o córneas. Paralelamente, organizaciones como Euro-Med Human Rights Monitor documentan el estado de los cuerpos entregados mediante el Comité Internacional de la Cruz Roja, subrayando la presencia simultánea de signos de tortura, ejecuciones y extracción de órganos.

El canal público español RTVE, cuando recapitula en 2024 las polémicas anteriores, reconoce que el Ministerio de Sanidad de Israel, a través del entonces responsable del instituto forense, admitió que en los años noventa se extrajeron órganos de cadáveres palestinos sin autorización familiar. En el terreno histórico, el diario sueco Aftonbladet fue en 2009 el que publicó la investigación de Donald Boström, “Nuestros hijos son saqueados de sus órganos”, que desató un conflicto diplomático entre Suecia e Israel y obligó a este último a pronunciarse sobre prácticas de extracción en el pasado. Más recientemente, medios como el catalán Ara y portales anglófonos como Novara Media han dedicado artículos específicos a las acusaciones de robo de órganos por parte del ejército israelí en el marco de los acuerdos de alto el fuego de octubre de 2025, destacando que las autoridades de Gaza denuncian la desaparición de hígados, riñones, cócleas y córneas en los cuerpos devueltos. Al mismo tiempo, agencias y portales como SANA, Resumen Latinoamericano o Al Mayadeen desarrollan crónicas que detallan las mutilaciones observadas y recogen la demanda de una investigación internacional independiente. Incluso Euro-Med, en informes disponibles en varios idiomas, sostiene que Israel sigue siendo uno de los principales centros mundiales del comercio ilegal de órganos humanos, y que los hallazgos en Gaza refuerzan esta caracterización.

Desde el punto de vista del derecho internacional, la mutilación de cadáveres, la extracción de órganos sin consentimiento y la retención de cuerpos violan normas básicas del derecho humanitario y de los derechos humanos. Los convenios de Ginebra prohíben expresamente los tratos degradantes con los muertos y exigen su identificación y devolución digna a las familias. Las legislaciones sobre trasplantes y tráfico de órganos establecen la necesidad del consentimiento libre e informado y tipifican penalmente la extracción o el comercio de órganos sin autorización. En paralelo, la arquitectura de justicia internacional se ha ido pronunciando cada vez con más dureza sobre el conjunto de crímenes cometidos por Israel. En 2024 la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, describió la destrucción de Gaza como un proceso sistemático que habría causado decenas de miles de muertos, la mayoría civiles, entre ellos miles de niños, y señaló el uso de la fuerza letal, los desplazamientos forzados y la imposibilidad de enterrar a los muertos como componentes de un régimen de terror. 

En 2024 y 2025 la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado concluyó que Israel comete crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo exterminio, uso del hambre como arma y castigo colectivo, y en 2025 un informe de esa misma comisión determinó que se han cumplido al menos cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención contra el Genocidio, es decir, que se configura un crimen genocida en curso. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, en sus informes anuales, coinciden en caracterizar la conducta de Israel como un régimen de apartheid y de limpieza étnica acelerada. Se describen en un contexto en el que la vida palestina carece de garantías mínimas y donde la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición de personas son prácticas extendidas. En 2026, un nuevo informe de Albanese ante el Consejo de Derechos Humanos documentó detenciones masivas, torturas sistemáticas y miles de desaparecidos, e instó a activar mecanismos de jurisdicción universal y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes.

Estas prácticas no son un agregado morboso a la guerra, sino una expresión coherente del régimen de ocupación y genocida. La noción de necropolítica indica que el poder colonizador decide no solo quién puede vivir y quién debe morir, sino también cómo se administra esa muerte. En Palestina, esa administración incluye desde los bombardeos deliberados a infraestructura civil hasta el uso del hambre como arma, pero también la expropiación del cuerpo muerto. El colonizado no solo pierde la tierra, la casa y la vida; pierde también el derecho a disponer de sus restos y a llorar a sus muertos. A su vez, el capitalismo contemporáneo ha convertido a los órganos en mercancías escasas que circulan en un mercado global profundamente desigual, donde los cuerpos empobrecidos y racializados son la fuente principal de “donaciones”. En ese cruce, el cuerpo palestino ocupa un lugar extremo, sometido a un régimen de ocupación permanente, precarizado, criminalizado, atrapado en una franja bloqueada donde incluso la atención médica básica está negada, aparece al mismo tiempo como objetivo de exterminio y como posible reserva anatómica. La medicina, especialmente en su dimensión militar y forense, deja de ser neutral. Los hospitales militares, los institutos de patología, los bancos de órganos y los laboratorios de investigación se vuelven engranajes del mismo aparato que bombardea, encierra y desaparece. En este sentido, la extracción de órganos sin consentimiento puede leerse como la culminación de una lógica que ya trata a la fuerza de trabajo palestina como superflua y a sus cuerpos como descartables, listos para ser usados y desarmados.

Los antecedentes históricos refuerzan esta interpretación. En las décadas de 1980 y 1990, el Instituto Forense israelí de Abu Kabir, bajo la dirección de Yehuda Hiss, practicó la extracción sistemática de órganos y tejidos de cadáveres sin consentimiento de las familias. Allí se recolectaban córneas, piel, válvulas cardíacas, huesos y otros materiales de cuerpos de ciudadanos israelíes y palestinos, incluidos niños y jóvenes, que luego se destinaban a hospitales, centros de investigación y facultades de medicina, incluso en ámbitos vinculados al ejército. Hiss lo reconoció en entrevistas con la antropóloga Nancy Scheper-Hughes, y el propio Ministerio de Salud israelí admitió que esas prácticas se llevaron a cabo, situando oficialmente su final hacia finales de los noventa. Medios como RTVE y diversos diarios latinoamericanos informaron en su momento que Israel había usado órganos de muertos palestinos sin autorización familiar. El escándalo no se tradujo en una condena penal ejemplar, Hiss fue apartado de la dirección, pero continuó vinculado al instituto, síntoma de la impunidad estructural. En 2009, el artículo de Donald Boström en Aftonbladet, que denunciaba jóvenes palestinos muertos con signos de autopsias no consentidas, reabrió el debate y provocó una crisis diplomática, con Israel acusando de antisemitismo al diario sueco y a su periodista. Lejos de refutarlas con transparencia y acceso a los registros, las autoridades se limitaron a minimizar las acusaciones, al tiempo que volvían a reconocer, de manera genérica, las extracciones del pasado.

Entre ese pasado y las devoluciones de cuerpos de 2025 y 2026 hay una continuidad que los organismos internacionales empiezan a registrar de forma fragmentaria. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU recoge testimonios sobre fosas comunes, cuerpos con tiros en la cabeza y el cuello y enterramientos masivos alrededor de hospitales en Gaza, mientras pide acceso pleno a los sitios de exhumación y a los centros de detención. La relatora especial sobre Palestina insiste en que el número de desaparecidos y de cuerpos no identificados se ha disparado, y en que Israel mantiene un control total sobre la circulación de cadáveres, lo que impide a las familias y a peritos independientes conocer la verdad sobre lo que se hace con los muertos. Euro-Med Human Rights Monitor, por su parte, describe en sus informes que entre los 120 cuerpos devueltos en octubre de 2025 muchos presentan marcas inequívocas de tortura, ejecuciones sumarias y manipulación post mortem, y califica la situación de “evidencia clara” de violaciones extremas del derecho internacional humanitario. Amnistía Internacional y Human Rights Watch, aunque centradas en los bombardeos y el bloqueo, mencionan la retención de cuerpos como parte de una política sistemática de castigo colectivo y deshumanización. Todo esto configura un cuadro donde la extracción de órganos se inserta en una política más amplia de administración colonial de la muerte.

En este contexto, hablar de “venta de órganos de cuerpos palestinos por el Estado de Israel” es una clarificación política que busca nombrar el núcleo de esa estructura, la apropiación de partes del cuerpo de los colonizados como recurso para el aparato médico del ocupante y para un mercado global de órganos del que Israel ha sido señalado repetidas veces como uno de los nodos principales del genocidio sionista. La ausencia de investigaciones judiciales exhaustivas, de acceso a registros de trasplantes y de transparencia institucional no niega la realidad de los cuerpos devueltos mutilados, de las confesiones pasadas de responsables forenses, de los testimonios actuales de médicos palestinos ni de las denuncias formuladas por organismos internacionales. Al contrario, refuerza la idea de que el blindaje jurídico y mediático es parte del crimen. Lo que falta no es motivo para sospechar, sino una correlación de fuerzas internacional capaz de quebrar ese blindaje. De ese modo, la lucha por la verdad sobre los órganos robados se conecta con la lucha más general contra el genocidio en Gaza y el régimen de apartheid y colonización de todo el territorio palestino, se trata de impedir que el capitalismo colonial siga transformando hasta los restos de los mártires en mercancía, al mismo tiempo que se construyen herramientas jurídicas y políticas para que, una vez más, no sea el verdugo quien tenga la última palabra sobre el cuerpo del pueblo palestino. Sino una gran movilización política en Argentina para que Netanyahu vaya preso y a perpetua, y se destruya y disuelva el estado genocida de Israel.