Te explico la interna peronista y una alternativa

 

Por Raúl Valle

El kirchnerismo contempla la caída de Javier Milei en las encuestas con la misma actitud con que un náufrago observa pasar un bote: no como un aprendizaje sino como una salvación que llega desde afuera, sin que haya que hacer nada distinto a lo de siempre. El deterioro del gobierno libertario, acelerado desde el escándalo de Manuel Adorni en marzo de 2026 —dos propiedades no declaradas, viajes en avión privado incompatibles con su salario, un departamento en Caballito de 230.000 dólares comprado con un préstamo de las propias vendedoras, dos jubiladas— hizo caer la imagen positiva de Milei siete puntos en un mes, dejando al presidente con 59% de imagen negativa en abril de 2026. A eso se suma el caso $LIBRA, una criptomoneda fraudulenta que el propio Milei promovió públicamente y que destruyó los ahorros de miles de inversores, y los sobreprecios denunciados en la ANDIS. El mismo presidente que se presentó como el verdugo de "la casta" gobierna hoy rodeado de los mismos vicios estructurales que dijo venir a extirpar, apenas con otro vocabulario. Pero la pregunta que urge no es si Milei cae o no, sino a qué manos cae, y si esas manos tienen algo diferente para ofrecerle al pueblo trabajador argentino. La historia reciente es devastadora en ese sentido.

Para entender lo que le espera al pueblo si el kirchnerismo retorna, hay que detenerse en lo que fue el cuarto gobierno de ese espacio, el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner entre 2019 y 2023, sin eufemismos ni condescendencia. La coalición denominada Frente de Todos nació de un acuerdo frágil en el que CFK cedió la presidencia a Alberto para suavizar la imagen del espacio y recuperar los votos de centro perdidos desde 2015. El resultado fue catastrófico para la clase trabajadora: el gobierno cerró con 19,5 millones de pobres —41,7% de la población—, acumulando 3,5 millones de nuevos pobres respecto al fin del macrismo y dejando a 6,5 millones de niños en situación de pobreza. La inflación alcanzó el 211,4% en 2023, los salarios reales de los trabajadores privados cayeron un 14,7% ese año y los informales vieron sus ingresos reducidos un 31%. Más del 27% de los ocupados quedaron en la categoría de "trabajador pobre", una categoría que hasta hace poco parecía un oxímoron. La ruptura interna fue tan profunda que la propia CFK atacó públicamente al presidente que ella misma había ungido, mientras escándalos como el vacunatorio VIP —en el que el ministro de Salud Ginés González García organizó un circuito paralelo para vacunar a amigos y funcionarios en plena pandemia— cristalizaban ante las clases populares la certeza de que el kirchnerismo reserva para sí los privilegios que niega al pueblo. Todo ello se desarrolló mientras más de 22 exfuncionarios kirchneristas que estaban detenidos por causas de corrupción recuperaron la libertad apenas Alberto Fernández llegó al gobierno, en lo que nadie en la prensa bien pensante llamó lo que era: el uso del Estado para blindar a los propios.

La corrupción kirchnerista no fue un accidente ni la desviación de algunos individuos dentro de un proyecto honesto. Fue un sistema, una forma organizada de acumulación privada de plusvalía estatal que benefició fracciones del capital y a la propia burocracia política. La condena firme de CFK a seis años de prisión por la causa Vialidad —adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, ratificada por la Cámara de Casación en noviembre de 2024— no es un hecho aislado. El juicio por la causa Cuadernos, iniciado en noviembre de 2025, involucra a 87 imputados, 22 exfuncionarios y 65 empresarios, acusando a CFK de ser la jefa de una asociación ilícita que recibió 17,2 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos públicos durante sus ocho años de gobierno, con 204 actos de corrupción atribuidos a su persona y 540 hechos investigados en total. Amado Boudou, vicepresidente entre 2011 y 2015, fue condenado a cinco años y diez meses por el caso Ciccone. Julio De Vido, ministro de Planificación por doce años, fue condenado por la Tragedia de Once y por la compra fraudulenta de trenes a España y Portugal. José López fue detenido cuando intentaba esconder bolsos con millones de dólares en un convento. Alberto Fernández fue procesado por irregularidades en la contratación de seguros estatales. Más de cuarenta funcionarios del espacio fueron investigados o condenados. Este es el historial del partido que hoy se postula como alternativa a Milei. Y lo hace sin haber juzgado internamente ninguno de estos hechos, sin haber expulsado a nadie, sin haber formulado siquiera un mea culpa de cara a los trabajadores que traicionó.

A eso se suma la curva de pérdida de votos que, leída en perspectiva dialéctica, es en realidad la curva del aprendizaje popular. En 2011, CFK obtuvo casi 12 millones de votos en primera vuelta, el cénit del kirchnerismo. Para 2015, la derrota ante Macri señaló el agotamiento del modelo. En 2017, Bullrich derrotó a la propia CFK en el bastión bonaerense. En 2019, el espacio recuperó el gobierno con el 48% de los votos, un porcentaje construido sobre el voto de castigo al macrismo, no sobre confianza genuina. En 2021, el quiebre: las PASO de medio término mostraron al Frente de Todos caído del 48% al 32% en solo dos años. En la provincia de Buenos Aires, la derrota fue de 18 puntos. Casi 897.000 votantes peronistas simplemente se quedaron en casa y 405.000 migraron directamente a Juntos por el Cambio. En 2023, la debacle se completó: el kirchnerismo-peronismo obtuvo apenas el 27% de los votos en las PASO, perdiendo aproximadamente 6,7 millones de votos respecto a 2019, y Massa perdió el ballotage frente a Milei. En 2025, Fuerza Patria fue derrotado nuevamente en las legislativas. A comienzos de 2026, las encuestas mostraban al peronismo en 32% de intención de voto frente al 43% de Milei. Solo el colapso del oficialismo por sus propios escándalos comenzó a revertir esa tendencia. Pero esa reversión no expresa una reconversión del kirchnerismo: expresa el hartazgo del pueblo ante un gobierno que resultó ser tan corrupto y más incompetente que los anteriores. El pueblo trabajador no abandona al kirchnerismo por un capricho ideológico. Lo abandona porque comprende, por experiencia propia y repetida, que ese espacio vuelve para gestionar el capitalismo en crisis, con algunos paliativos asistenciales, sin tocar los intereses del capital concentrado ni los de la burocracia estatal y sindical que lo sostiene.

Esa comprensión popular se vuelve más nítida cuando se observa cómo están fracturadas las fracciones kirchneristas hoy, cuáles son sus intereses materiales concretos y cómo votaron las leyes más importantes del período. El cristinismo duro, conducido por CFK desde la prisión domiciliaria y por su hijo Máximo Kirchner en el terreno, representa los intereses del empresariado ligado a la obra pública estatal y al aparato de La Cámpora que durante los gobiernos kirchneristas colonizó Aerolíneas Argentinas, Intercargo, organismos de la ANSES, el CNRT, y administró participaciones accionarias del fondo de jubilaciones en empresas como Telecom, Banco Macro, Banco Galicia, Siderar, Molinos, TGS y otras tres docenas de compañías. En el Senado bonaerense el cristinismo controla 15 de los 24 senadores del bloque, frente a apenas 6 del kicillofismo y 3 del massismo. El kicillofismo, encarnado en Axel Kicillof y su Movimiento Derecho al Futuro, busca base propia en la burguesía industrial bonaerense y los intendentes del conurbano, sin diferir programáticamente en nada sustancial. El massismo representa sectores de la burguesía industrial y las cámaras empresariales, y tiene en su haber haber gestionado la peor inflación de la historia reciente del país. Y los gobernadores peronistas del interior —Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones— son quienes con mayor franqueza muestran la naturaleza del espacio: en febrero de 2026, tres senadores de este sector abandonaron el bloque kirchnerista para votar directamente con Milei, y sus representantes legislativos apoyaron la reforma laboral y la ley de glaciares —que habilita la explotación minera en zonas periglaciares beneficiando a multinacionales del sector— cuando los intereses de los empresarios mineros y agroindustriales de sus provincias así lo requirieron. El kirchnerismo mayoritario votó en contra de la reforma laboral y de la baja de la edad de punibilidad, pero la paradoja es que Sergio Uñac, el candidato presidencial que el Instituto Patria está promoviendo para 2027, votó a favor de la ley de glaciares junto con Milei. Mientras tanto, toda la fracción kirchnerista debate exclusivamente quién encabeza la fórmula, no qué hacer con la deuda externa, con los 9 millones de trabajadores informales ni con la reforma laboral que Milei logró aprobar.

Esa reforma laboral, la Ley 27.802, es el campo de batalla donde se revela con mayor crudeza el rol de la Confederación General del Trabajo en todo este proceso. La CGT convocó cuatro paros generales durante la gestión de Milei, incluyendo la huelga del 19 de febrero de 2026, en la que trenes, aviones y colectivos se detuvieron por 24 horas. Pero cada uno de esos paros tuvo el mismo formato: sin movilización, sin ocupaciones, sin escalada, calculado para demostrar peso institucional sin amenazar el orden. La decisión de no movilizar al Congreso mientras los diputados votaban la reforma laboral no fue un error táctico: fue una definición política consciente, tomada por una conducción que priorizó el diálogo con senadores, gobernadores e intendentes sobre la presión directa de los trabajadores en la calle. Y cuando la ley se aprobó igual —135 votos a favor y 115 en contra en Diputados, 42 a favor y 30 en contra en el Senado— la CGT anunció que recurriría a la vía judicial, exactamente el camino que le permitía canalizar el conflicto hacia los tribunales y retirarse del terreno de la lucha. La cautelar obtenida suspendiendo 43 artículos de la ley fue celebrada como un éxito de la línea dialoguista. Pero lo que la cautelar no suspendió es lo que ya venía ocurriendo de hecho: las empresas aplicaban el artículo 247 para reducir indemnizaciones al 50% invocando fuerza mayor, las tercerizaciones proliferaban encubiertas bajo el monotributo, el fraccionamiento de vacaciones se imponía en fábricas y comercios. La reforma laboral le puso nombre legal a una contrarrevolución que los propios sindicatos peronistas habían permitido crecer durante décadas. Porque la verdad más incómoda de este panorama es que la CGT fue, en los hechos, copartícipe de la precarización que hoy denuncia. La tasa de informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, el nivel más alto desde 2008: cuatro de cada diez trabajadores operan fuera del marco legal, sin contrato, sin aportes, sin derechos. Más de 9 millones de personas trabajan en la informalidad, y el 40% de esos informales vive en hogares pobres. La central obrera que hoy se presenta como defensora de los trabajadores es la misma que durante los gobiernos kirchneristas firmó los convenios colectivos que habilitaron las tercerizaciones, no organizó a los monotributistas que en realidad son asalariados encubiertos, no convocó huelgas generales por las condiciones de los trabajadores de plataformas, de la construcción, del trabajo doméstico o de los jornaleros rurales, y dedicó sus energías a administrar las obras sociales sindicales y las cajas del sistema como parte del andamiaje de poder del peronismo. La CGT no defendió a los trabajadores que la abandonaron; fue parte del sistema que los expulsó al reino de la informalidad. Hoy prepara su celebración del 1.º de Mayo de la mano de una multisectorial que incluye a la Iglesia y a las pequeñas y medianas empresas, actores que son en muchos casos los principales empleadores de trabajo en negro. El sello de esa alianza dice todo sobre para quiénes trabaja la burocracia sindical.

Frente a ese cuadro, la izquierda que se reivindica anticapitalista y trotskista tiene una responsabilidad histórica que no puede eludir con gestos parlamentarios. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad existe, tiene representación legislativa, propone jornada de seis horas, reparto del trabajo, salarios y jubilaciones al nivel de la canasta familiar, prohibición de despidos, emergencia laboral y nacionalización del comercio exterior y la banca. Votó en contra de la reforma laboral, de la ley de glaciares y de la baja de la edad de punibilidad. Son posiciones correctas. Pero la construcción de una alternativa real de los trabajadores no puede quedarse en el resultado electoral ni en el número de bancas. La experiencia del movimiento obrero en sus momentos de mayor desarrollo histórico mostró que un partido de trabajadores sin arraigo en las estructuras de base de la clase es un partido de trabajadores solo en el nombre: la política obrera se construye en el comité de base del taller, en la asamblea del barrio, en la organización de los trabajadores informales que hoy no tienen quién los represente, no en el prime time televisivo ni en la foto de la lista electoral. Las direcciones de la izquierda parlamentaria argentina corren hoy el riesgo de volverse también ellas mediáticas y electoralistas, visibles cada dos años en las pantallas, ausentes en los comités donde los trabajadores informales, los tercerizados y los precarizados toman decisiones sobre su vida. Si la base de esa izquierda lucha y es golpeada, si los activistas sindicales son despedidos y perseguidos, si los trabajadores del conurbano se hunden en la pobreza mientras sus representantes cuentan votos y posiciones en las listas, entonces la brecha entre la dirección y la base reproduce, en escala menor, el mismo divorcio que destruyó al kirchnerismo. La salida para el pueblo trabajador argentino no viene del retorno del kirchnerismo fracturado, ni de la continuidad de un gobierno libertario que resultó ser tan corrupto como sus predecesores. Viene de construir un partido de trabajadores con programa propio, con raíces en los lugares de trabajo y en los barrios, con comités de base que tomen decisiones colectivas, con una dirección que rinda cuentas ante su clase y no ante las encuestas. Ese partido no existe todavía en la forma que la situación exige. Construirlo es la tarea urgente de quienes comprenden que ni el peronismo ni el libertarismo representan, ni pueden representar, los intereses del pueblo que trabaja.