Milei ante el espejo de Menem: la lumpenburguesía libertaria y la nueva escala de corrupción

 

Por Raúl Valle

El gobierno que llegó al poder declarándole la guerra a la casta y prometiendo terminar con la corrupción del régimen ha puesto en pie, en tiempo récord, un entramado delictivo que condensa en pocos años la descomposición acumulada de décadas de capitalismo argentino. Una radiografía de la continuidad política es el menemismo que fue la gran corrupción orgánica de una fracción consolidada de la burguesía privatizadora en los ’90, y el mileísmo que ahora expresa, también, la corrupción frenética de una lumpenburguesía financiera, narco y digital, que saquea un Estado en ruinas al mismo tiempo que predica la santidad del mercado. Menem hizo escuela en el arte de convertir privatizaciones, endeudamiento y contratos en mecanismos sistemáticos de enriquecimiento de la clase capitalista; Milei se propone como su heredero declarado y al mismo tiempo como su redención moral, pero en la práctica condensa en un solo mandato una densidad de escándalos económicos, políticos y sexuales que pone de manifiesto una nueva etapa de putrefacción del régimen.

El mapa delictivo libertario es el mejor inodoro del relato anticasta. En la cúspide del gobierno aparece la criptoestafa $Libra que estalló el 14 de febrero de 2025, cuando Milei promocionó desde su cuenta oficial de X una memecoin cuyo precio se disparó y se desplomó en cuestión de horas, dejando a decenas de miles de pequeños ahorristas con pérdidas mientras un grupo reducido de tenedores iniciales retiraba ganancias millonarias. desde entonces, causas judiciales en Argentina y Estados Unidos investigan si el presidente, su hermana y un núcleo de operadores financieros montaron un esquema de pump and dump aprovechando la investidura presidencial, transformando esa “recomendación” de inversión en un negocio directo de la lumpenburguesía cripto. También, el caso de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, con un salto patrimonial en dólares, compra de propiedades y viajes al exterior que no guardan relación con ingresos declarados, al punto de que la justicia debió levantar el secreto bancario y fiscal de él, su esposa y un grupo de presuntas “prestamistas”. La misma lógica se expresa en la trama de los créditos hipotecarios UVA del Banco Nación, mientras 10 millones de hogares sufren déficit habitacional, funcionarios, tuiteros y legisladores libertarios accedieron a créditos de alto monto, incluyendo un préstamo de 270.000 dólares al secretario de Finanzas, Federico Furiase, para una tercera vivienda, en base al tráfico de influencias y a normativas hechas a medida, derogadas solo cuando el escándalo ya era público. A esto se suma la venta de candidaturas en plena campaña de 2023, con lugares en las listas ofrecidos entre 10.000 y 100.000 dólares, una admisión descarnada de que la representación política es, para esta camarilla, una mercancía más.

En el corazón del ajuste social, la corrupción libertaria se cobra su cuota de vidas. El Ministerio de Capital Humano se vio envuelto en la retención de unas 6.000 toneladas de alimentos en depósitos de Buenos Aires y Tucumán, mientras el hambre se generalizaba; esas partidas fueron luego manejadas discrecionalmente a través de la Fundación CONIN, dirigida por el reaccionario Abel Albino, mostrando que la motosierra a la asistencia social no es más que el traspaso de recursos a un entramado clerical y privado. El mismo mecanismo se repite en el PAMI, donde una licitación para la compra de pañales y otras prestaciones quedó al descubierto por sobreprecios gigantescos, de cientos de millones de dólares, y en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde el pago de medicamentos con sobreprecios dio lugar a un fraude de decenas de millones de pesos que, según las propias líneas de investigación judicial, incluía un porcentaje de comisión que habría ido al entorno de Karina Milei. La corrupción no es un exceso moral sobre un Estado sano, sino la forma concreta que asume el vaciamiento de derechos elementales de jubilados, personas con discapacidad y pacientes pobres para convertirlos en fuente de renta de una capa parásita de empresarios amigos y operadores políticos.

A este cuadro se suma la dimensión internacional del saqueo. Funcionarios que se presentaban como apóstoles de la eficiencia y las inversiones libres de corrupción aparecen con patrimonios offshore cuidadosamente ocultos. El caso de Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía y hombre de confianza de Caputo, es emblemático, debió admitir que no había declarado siete departamentos en Miami y dos sociedades radicadas en Wyoming y Delaware, por los cuales pagaba impuestos en Estados Unidos pero que no figuraban en sus declaraciones juradas ni ante el fisco argentino. La escena es tan pedagógica, quienes predican la sacralidad de la propiedad privada y el orden fiscal son, en los hechos, profesionales de la evasión y la falsedad ideológica, protegidos por un gobierno que, mientras tanto, persigue a los trabajadores informales y criminaliza la supervivencia en la economía popular. Las “valijas voladoras” que entran desde Estados Unidos sin control, el uso de sociedades pantalla y el financiamiento opaco de grandes actos oficiales completan un paisaje donde la frontera entre Estado y delito se diluye en nombre de la libertad de empresa.

La trama libertaria no se limita al plano económico. Una de sus marcas de época es la densidad de delitos sexuales y de pedofilia en su elenco político, que no puede ser reducida a la anécdota de “manzanas podridas”. El caso de Germán Kiczka, exdiputado provincial de La Libertad Avanza en Misiones, detenido tras estar prófugo y llevado a juicio por tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil y abuso sexual agravado, con más de 600 archivos de pornografía infantil en sus dispositivos, expone la naturalización de la violencia sobre los cuerpos de niñas y niños en los círculos oficialistas. Del otro lado del país, un dirigente del Partido Liberal aliado al oficialismo en Corrientes fue apresado por explotación sexual infantil con más de 400 fotos y decenas de videos de abusos a menores y mayores; a la vez, en el conurbano bonaerense, candidatos locales de La Libertad Avanza debieron renunciar tras ser imputados por acoso sexual digital a menores. No se trata del azar, el mismo espacio que reivindica una “teoría libertaria del delito” que relativiza la evasión fiscal y el tráfico de influencias como legítima defensa del emprendedor también construye listas que incluyen abusadores condenados, mostrando una continuidad profunda entre la impunidad económica y la impunidad sexual de la clase dominante.

Esta selección de personal político, que combina estafadores financieros, contrabandistas de valijas, gestores de sociedades offshore, funcionarios que se enriquecen con el hambre y abusadores sexuales, encuentra su cemento ideológico en el discurso libertario sobre el delito. La idea de que la corrupción es solo aquello que involucra “fondos públicos” permite presentar criptoestafas, evasión masiva, explotación de menores y violencia sexual como problemas privados, ajenos a la responsabilidad del Estado, mientras se demoniza a quien investiga, denuncia o regula como parte de la “casta”. El mileísmo no niega la existencia de la corrupción; la teoriza a su favor. La “teoría libertaria del delito” convierte la evasión y el tráfico de influencias en actos de resistencia del emprendedor, y al aparato judicial en un servicio más para comprar impunidad. Es el reverso exacto del discurso, cuanto más hablan de libertad, más consolidan un régimen en el que la única libertad efectiva es la de la lumpenburguesía de sacar tajada sin límite. Un antecesor este delincuente es el economista Juan Alemann que pedía dar legalidad a los fondos financieros de los narcos.

Frente a esto, la comparación con el menemismo ilumina una tendencia capitalista. Menem operó como gerente político de una reconfiguración estructural del capitalismo argentino, privatizaciones, apertura, endeudamiento, reprimarización; la corrupción fue el lubricante necesario de ese proceso, con un partido de masas como el peronismo sirviendo de armazón. Milei gobierna sobre las ruinas de ese ciclo, con un Estado disminuido, una economía estancada y una burguesía fragmentada y colonizada; su experimento libertario necesita niveles aún más concentrados de corrupción y saqueo para sostenerse, porque ya no se apoya en un proyecto de expansión sino en la rapiña de lo que queda. No estamos ante un “desborde moral” ni ante una excepción extravagante, sino ante una forma superior de la descomposición del régimen social en su conjunto.

La conclusión para la clase obrera no puede ser el regreso nostálgico a un capitalismo “ordenado”, una “casta honesta” o un menemismo prolijo. La corrupción libertaria es estructural, es la forma actual de la dominación de una burguesía históricamente agotada, que solo puede reproducirse mediante el saqueo del Estado, la superexplotación del trabajo y la impunidad sobre los cuerpos. Oponerle a Milei un simple discurso moral de “Ficha Limpia” o de buena administración es, en el mejor de los casos, preparar el terreno para un recambio dentro de la misma clase dirigente, que administre con mejores modales los mismos mecanismos de pillaje. La tarea es otra, partir del repudio creciente a la corrupción libertaria para desarrollar una comprensión de clase de su carácter estructural y, sobre esa base, organizar una intervención independiente de la clase obrera, que plantee no el recambio de gestores del Estado burgués, sino la conquista del poder político por los explotados, para poner fin al régimen de la lumpenburguesía en su conjunto.