Las venas abiertas de América Latina y cuando la zquierda del FITU no sabe caracterizar hoy

  

Por Raúl Valle

Una de las paradojas de la izquierda argentina es que buena parte de sus corrientes más visibles, incluyendo al FIT-U, denuncia con energía a Milei, a los ministros, a los gobernadores peronistas y a los jueces del régimen, pero casi no utiliza las categorías leninistas de régimen social ni la noción de dictadura del capital para pensar lo que ocurre dentro de las fábricas, de las escuelas, de las universidades y de los barrios. Dicho de otro modo, el foco queda puesto en los “responsables políticos” que ocupan temporalmente los cargos del Ejecutivo, el Parlamento o el Poder Judicial, como si el problema fueran solo los inquilinos del Estado y no la estructura de propiedad y de poder material que esos funcionarios apenas administran. La consecuencia es una crítica que personaliza el poder, pero que raramente nombra a la oligarquía financiera concreta que manda, fondos como BlackRock, Vanguard o State Street, que concentran participaciones en bancos, petroleras, mineras, empresas tecnológicas y medios de comunicación en la Argentina y en el mundo.

El caso de BlackRock es ilustrativo y ayuda a ver de qué hablamos cuando decimos dictadura del capital y no simplemente “mala política”. A fines de 2025, el fondo dirigido por Larry Fink administraba del orden de los 11 a 12 billones de dólares en activos de terceros, y hacia 2026 se lo ubicaba ya por encima de los 14 billones de dólares bajo gestión, una cifra equivalente a más de diez veces el PBI anual de América Latina. Distintos relevamientos críticos muestran que BlackRock tiene participaciones en grandes bancos, en empresas energéticas y extractivistas y que llegó a ser accionista relevante de YPF con un porcentaje cercano al 5,5–6 por ciento, al mismo tiempo que posee posiciones accionarias en conglomerados mediáticos y plataformas digitales que operan en Argentina. Es decir, es acreedor del Estado, accionista de empresas estratégicas y actor con peso en el sistema de medios que pauta agendas y silencios.

Si lo miramos desde la óptica leninista, esto es la definición viva de capital financiero, fusión de bancos y capital industrial en grupos monopolistas que controlan miles de millones y penetran todas las esferas de la vida social. Sin embargo, la crítica habitual de buena parte de la izquierda parlamentaria se detiene en Milei, en Caputo o en el peronismo, pero rara vez avanza hasta señalar, con nombre y datos, a esa oligarquía financiera que alquila los ministerios, diseña el endeudamiento y condiciona el menú de políticas posibles. No es solo un problema teórico, quien se anima a nombrar a BlackRock como lo que es, un actor central de la dictadura del capital en la Argentina, se enfrenta no solo al aparato del Estado, sino también al entramado mediático y a las instancias de visibilidad que siguen bajo control del capital financiero y de las grandes corporaciones. Que una izquierda que aspira a disputar el poder se autocensure frente a esta realidad es, en sí mismo, un síntoma de hasta qué punto la dictadura del capital ha colonizado el sentido común, incluso en franjas que se reivindican marxistas.

A partir de este cuadro, conviene introducir un antecedente decisivo, porque ayuda a ver que la supuesta oposición entre libre mercado y Estado es un engaño ideológico. La crisis capitalista de 2008 en Estados Unidos fue una crisis de sobreacumulación y especulación financiera que estalló primero en el mercado hipotecario, pero enseguida reveló un problema mucho más profundo del capitalismo contemporáneo. Durante años, bancos, aseguradoras y fondos habían inflado una gigantesca burbuja con hipotecas de baja calidad, transformadas luego en títulos financieros vendidos como activos seguros por todo el sistema. Cuando comenzaron los impagos masivos, esos papeles se derrumbaron, quebró Lehman Brothers, se paralizó el crédito y toda la estructura económica quedó al borde del colapso.

Lo decisivo fue la respuesta del Estado norteamericano. Frente al derrumbe, intervino de manera masiva para rescatar a los grandes monopolios financieros e industriales. El programa TARP, aprobado en octubre de 2008, fue autorizado inicialmente por 700.000 millones de dólares y finalmente comprometió alrededor de 448.000 millones, con desembolsos efectivos por más de 440.000 millones. De ese total, unos 250.000 millones se destinaron a estabilizar bancos, aproximadamente 82.000 millones al rescate de la industria automotriz, cerca de 70.000 millones a salvar a la aseguradora AIG y unos 27.000 millones a reactivar mercados de crédito. Citigroup recibió 45.000 millones de dólares y garantías estatales sobre activos por más de 300.000 millones. Bank of America recibió otros 45.000 millones. AIG fue sostenida con casi 68.000 millones desde TARP y con una asistencia mucho mayor de la Reserva Federal, hasta redondear un paquete cercano a los 150.000 millones. General Motors y Chrysler absorbieron cerca de 80.000 millones, y solo GM recibió alrededor de 51.000 millones, al punto que el Estado terminó tomando una participación mayoritaria en la empresa. La Reserva Federal, además, abrió programas de préstamos de emergencia a una escala gigantesca: en su pico, esos mecanismos superaron el billón de dólares en asistencia simultánea, y reconstrucciones posteriores elevaron el volumen acumulado movilizado por la Fed a más de 16 billones de dólares. Es decir, cuando crujió el capital privado, el libre mercado desapareció y el Estado acudió al rescate masivo de bancos, aseguradoras y monopolios industriales.

Por eso 2008 es un caso ejemplar de capitalismo monopolista de Estado en sentido leninista. Cuando el capital obtiene ganancias, proclama la libertad de empresa; cuando entra en crisis, convoca al Estado para que compre activos podridos, rescate bancos, sostenga automotrices y socialice las pérdidas mediante deuda pública, déficit, desempleo y ajuste posterior sobre la población trabajadora. Esa experiencia no fue una excepción, sino una demostración en laboratorio del carácter real del imperialismo contemporáneo, no existe libre empresa pura, sino fusión entre capital financiero, monopolios industriales y aparato estatal. Y precisamente por eso tiene más sentido entender qué significa, desde el marxismo, la famosa libertad de empresa.

La llamada libertad de empresa es la forma jurídica bajo la cual se consagra la dictadura del capital sobre el trabajo, no un espacio neutro de iniciativa individual. La propiedad privada de los medios de producción y la libre circulación de capitales autorizan a una minoría propietaria a decidir qué se produce, cómo, para quién y bajo qué condiciones laborales. En la Argentina, esa libertad significa que un puñado de conglomerados locales y extranjeros orientan la estructura productiva, presionan por devaluaciones, capturan subsidios públicos y usan al Estado para garantizar contratos, exenciones e incluso represión cuando hace falta disciplinar. La dictadura del capital no suprime las instituciones representativas, las usa como mediaciones para negociar entre fracciones burguesas, manteniendo intocable el lucro empresarial mientras la vida de las mayorías funciona como variable de ajuste. Cuando, ayer, declaró a los medios un vocero del Instituto Republicano Internacional declara que “no existe la libre empresa” en China porque las compañías serían brazos del Estado-partido, lo que en realidad está haciendo es defender su propia versión de libertad de empresa: exigir que los Estados se subordinen al capital privado imperialista occidental, en lugar de a otro Estado capitalista rival.

Con este prisma, la relación Milei–Trump aparece más nítida, no como extravagancia personal, sino como forma concreta de un protectorado. La alianza entre el libertarismo de Milei y el nacionalismo económico de Trump produce un tipo particular de dependencia, Argentina como protectorado de la potencia imperial, bajo una retórica de libre mercado. En la segunda presidencia de Trump, la Casa Blanca relanza una guerra arancelaria generalizada, con un arancel mínimo de 10 por ciento a todas las importaciones y tasas mucho más altas sobre China y otros competidores, presentando esas medidas como un programa de “independencia económica” para reindustrializar Estados Unidos. Paralelamente, el gobierno republicano impulsa un respaldo financiero y político clave para Milei, con un nuevo programa con el FMI que implica reformas estructurales salvajes a cambio de decenas de miles de millones de dólares en desembolsos entre 2025 y 2026, orientados principalmente al pago de vencimientos y no a inversión productiva. Ese parche imperial no resuelve el problema estructural, la Argentina de Milei destruyó buena parte de su aparato productivo y primarizó aún más su economía, de modo que cada dólar que entra sale casi de inmediato para pagar intereses de deuda y remisión de utilidades. La idea de “America First, not America Alone” se traduce, en nuestro caso, en “Argentina adentro, pero abajo”, el experimento libertario se sostiene siempre que refuerce la arquitectura imperial y no la cuestione. En un protectorado no hace falta una ocupación militar abierta, basta con controlar la moneda, la deuda, el acceso a mercados y la orientación de las reformas estructurales.

Desde aquí se entiende mejor por qué el papel del embajador yanqui, Peter Lamelas, deja de ser un detalle y se vuelve pieza estructural. En este esquema, la figura del embajador estadounidense se acerca a la del procónsul clásico de los imperios. Visitas a provincias estratégicas, reuniones con gobernadores, recorridas por bases operativas regionales y proyectos de seguridad muestran una injerencia directa sobre nodos claves del territorio. El propio Instituto Republicano Internacional se jacta de haber organizado en Buenos Aires una cumbre con dirigentes de al menos nueve países latinoamericanos para coordinar marcos regulatorios y leyes que limiten la penetración china y alineen a la región con la estrategia de Washington, presentando a la Argentina de Milei como “vanguardia” del giro pro libre mercado y pro Estados Unidos. En paralelo, el puente aéreo entre Buenos Aires y Estados Unidos evidencia la jerarquía de esa subordinación: desde su asunción en diciembre de 2023 hasta comienzos de 2026, Milei acumuló del orden de 14 a 16 viajes oficiales y semioficiales a territorio estadounidense, convirtiéndolo en el destino más visitado por un presidente argentino desde 1983, con una frecuencia aproximada de una gira cada 50 días. Es un presidencialismo de viaje permanente hacia la metrópoli, la Argentina se gobierna mirando a Washington y Miami, mientras el embajador y enviados especiales recorren provincias, revisan proyectos de seguridad, acuerdan sobre litio y energía y tejen una red de mandos indirectos sobre el Estado nacional y los Estados provinciales.

Si avanzamos un poco más, vemos que la supuesta coherencia ideológica se rompe por completo: el libertarismo se aplica acá, pero el estatismo se reserva para allá. Mientras se exige a países como Argentina una apertura total, privatizaciones y reducción brutal del gasto social, las potencias aplican políticas de fuerte intervención estatal para salvar a sus propios capitales. Tras la crisis de 2020, la Unión Europea discutió y utilizó instrumentos que permiten el ingreso directo del Estado en el capital de empresas estratégicas, autorizando recapitalizaciones y nacionalizaciones parciales como salvataje. A la vez, la política económica de Trump se basa en aranceles generalizados de al menos 10 por ciento sobre todas las importaciones, sumados a barreras específicas todavía más altas para China y otros socios comerciales, con el objetivo declarado de proteger la industria estadounidense y reforzar cadenas de suministro domésticas. Esto no es una anomalía, sino la forma normal en que el capital imperialista gestiona sus crisis: socializa pérdidas a través del Estado, mediante rescates, compras de acciones y subsidios, y protege sus mercados internos, mientras exige a la periferia apertura incondicional, disciplina fiscal y renuncia a políticas de desarrollo autónomo.

Si bajamos estos procesos al terreno argentino en 2025–2026, la foto material es brutal. El sector manufacturero se hundió alrededor de un 9,5 por ciento en 2024 y continuó retrayéndose en 2025, con caídas interanuales de la producción industrial en torno al 0,6 por ciento en noviembre y una utilización de la capacidad instalada de apenas 57–58 por ciento, uno de los peores registros de los últimos años. La industria opera por debajo de tres quintos de su potencial mientras las importaciones se disparan, en 2025, el volumen de las importaciones aumentó del orden del 30 por ciento, triplicando el aumento de las cantidades exportadas, que solo crecieron cerca de un 10 por ciento. En valores, las exportaciones rondaron los 87.000 millones de dólares, pero las importaciones se ubicaron en casi 76.000 millones y crecieron por encima del 20 por ciento interanual, con una avalancha de bienes de consumo y vehículos que golpea la producción local. Es decir, el dogma de apertura destruye empleo industrial y consolida un patrón primario-exportador, mientras los dólares que entran se van en pagos de deuda, remisión de utilidades y más importaciones, y no en inversión productiva.

En este contexto, la guerra imperialista deja de ser un fenómeno externo y se revela como la culminación lógica de este régimen. La guerra imperialista actúa como un mecanismo concentrado de socialización de pérdidas del capital. Los Estados de las grandes potencias utilizan conflictos abiertos y guerras comerciales para destruir capital sobrante, reordenar zonas de influencia y justificar enormes presupuestos militares que alimentan al complejo industrial-militar. Los gigantescos programas de rescate y estímulo de la crisis 2020–2021 profundizaron la subordinación de los Estados al capital financiero, preparando el terreno para salidas basadas en la confrontación geopolítica y la militarización. La guerra de aranceles que impulsa Trump, con amenazas y aplicación de tarifas contra las principales economías del mundo, es parte de esa dinámica: un instrumento de coerción económica que redistribuye renta a favor de corporaciones estadounidenses y castiga a rivales y dependientes. Los ejercicios militares, las tensiones en Asia y los despliegues en zonas estratégicas se justifican con el discurso de la seguridad regional y la defensa de la democracia, pero en la realidad garantizan el control sobre rutas marítimas, cables submarinos, recursos energéticos y minerales críticos. El costo se descarga sobre los pueblos, inflación, recortes, precarización y endeudamiento crónico en el centro y en la periferia, con países como Argentina atrapados en una economía de guerra permanente sin haber decidido nada.

En este tablero aparece la figura de China, presentada como amenaza, y conviene mirar el relato con atención para ver la inversión ideológica. La entrevista de ayer en Infobae con Randy Scheunemann, vicepresidente del Instituto Republicano Internacional, sostiene que el avance chino sobre América Latina responde a una estrategia deliberada para condicionar la soberanía regional a través de inversiones, tecnología e infraestructura crítica. Allí se afirma que “no existe tal cosa como una compañía china” independiente del Partido Comunista y que firmas como Huawei serían en realidad brazos de la inteligencia de Beijing, capaces de acceder a todas las comunicaciones de un país si controlan la red 5G o cables submarinos. Se menciona el proyecto Chile-China Express, un cable de casi 20.000 kilómetros entre Valparaíso y Hong Kong, denunciado por autoridades estadounidenses como amenaza para la seguridad regional. Se agrega que China refina alrededor del 70 por ciento de los minerales estratégicos más importantes del mundo, domina más del 80 por ciento del procesamiento de tierras raras y más del 60 por ciento del litio de grado batería, lo que le otorga una capacidad enorme de presión sobre países productores del triángulo del litio, donde Argentina, Bolivia y Chile concentran más de la mitad de las reservas mundiales. Desde un enfoque marxista, esto muestra un capitalismo de Estado chino que disputa posiciones a Estados Unidos, pero también deja en evidencia la doble vara: se condena en China la fusión Estado-capital que en Estados Unidos se celebra como patriotismo económico.

Por eso, cuando el Instituto Republicano Internacional se presenta como defensor de instituciones y marcos regulatorios transparentes frente a la subversión china, conviene ver qué pasa en casa. La narrativa del IRI propone fortalecer instituciones para resistir a Beijing y presenta a Estados Unidos como socio que ofrece acuerdos comerciales limpios y sometidos a control parlamentario. Sin embargo, la realidad del vínculo Washington–Buenos Aires bajo Milei es un entramado creciente de viajes presidenciales, cumbres y pactos bilaterales donde los términos se acuerdan entre el Ejecutivo argentino y altos funcionarios y empresarios norteamericanos, muchas veces por fuera de todo debate público. Desde diciembre de 2023 hasta mediados de 2025, la deuda externa bruta saltó a un récord del orden de los 305.000 millones de dólares y hacia fines de 2025 trepó por encima de los 320.000 millones, nuevo máximo histórico. Es decir, en menos de dos años de gobierno libertario, la deuda externa aumentó en torno a 15.000 millones de dólares adicionales y se consolidó como mecanismo estructural de extracción de valor y subordinación.

Mientras tanto, se acelera la subasta del país. El gobierno prepara y ejecuta nuevas privatizaciones para 2025–2026, esperando obtener unos 2.000 millones de dólares por la venta y concesión de empresas públicas como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Nucleoeléctrica Argentina, Intercargo y operadoras ferroviarias, en el marco de compromisos asumidos con el FMI. Gobernadores y funcionarios nacionales se lanzan a buscar inversiones en minería, energía y agro, ofreciendo exenciones, estabilidad fiscal por décadas y facilidades para remitir utilidades, profundizando la extracción de capital por la vía de regalías bajas, fuga de dividendos y sobreexplotación de recursos naturales. Desde diciembre de 2023 hasta comienzos de 2026, además, el número de fondos y vehículos financieros que operan en el país crece: informes de mercado muestran un aumento en las carteras de fondos internacionales que compran deuda, acciones y participan en proyectos de Vaca Muerta, litio y privatizaciones, aun cuando la economía real se contrae y la industria opera a poco más de la mitad de su capacidad. Es el corazón del modelo Milei–Trump, destrucción de empleo industrial, apertura de importaciones, privatización de activos públicos y crecimiento de la deuda, para garantizar la rentabilidad de capitales financieros y extractivos anclados en Wall Street y en las principales plazas del Norte.

Si juntamos todos estos hilos, lo que aparece es un cuadro coherente de Argentina como protectorado en medio de una disputa inter-imperialista (la izquierda argentina, incluido al FIT-U no caracteriza a China como imperialista) por recursos, infraestructura y decisiones estratégicas. De un lado, Estados Unidos, con Trump, sus aranceles, sus salvatajes y su red de organismos como el IRI, que en nombre de la solidaridad democrática impulsa marcos legales para blindar la hegemonía del capital occidental y bloquear la presencia china. Del otro, un capitalismo de Estado chino que usa su poder sobre minerales críticos, infraestructura digital y proyectos de conectividad para proyectar influencia y disputar eslabones clave de las cadenas de valor, sin dejar de ser un régimen basado en la explotación del trabajo y la competencia capitalista. En el medio, un gobierno como el de Milei, que viaja a Estados Unidos más que a cualquier país vecino y celebra el respaldo de Trump a su ajuste, resignando márgenes de soberanía mientras presenta esa subordinación como ingreso al Primer Mundo. La dictadura del capital adopta así formas específicas en la periferia: libertad de empresa para las potencias, disciplinamiento y endeudamiento para los pueblos, embajadores que actúan como procónsules y presidentes que, entre selfie y selfie con su referente imperial, venden ríos, montañas, petróleo y litio a cambio de una promesa de estabilización que nunca llega.