La desocupación asciende a más del %15 de trabajadores. Llega casi al %25.

 

Por Raúl Valle

La economía argentina bajo el gobierno de Milei no puede leerse como un fenómeno aislado ni como un experimento ideológico caído del cielo. Es el resultado de una secuencia histórica donde las contradicciones del capitalismo periférico argentino se acumularon durante décadas hasta producir un punto de quiebre que este gobierno administra con una lógica bien definida, ajuste sobre las mayorías, transferencia de ingresos hacia el capital financiero y extractivo, y disciplinamiento estatal de cualquier resistencia. Esa lógica tiene antecedentes concretos, beneficiarios identificables y consecuencias que los números ya confirman.

El punto de partida es el Producto Bruto. Milei asumió en diciembre de 2023 con una mega-devaluación inmediata, licuación del gasto público y recesión deliberada como política de shock. El PBI cayó entre 1,7 y 2,8% en 2024, con destrucción masiva de actividad económica en todos los sectores vinculados al mercado interno. Sobre esa base deprimida, en 2025 se registró un rebote de 4,4% que el gobierno celebró como "éxito del modelo", pero que cualquier análisis serio reconoce como efecto estadístico de arrastre, cuando el piso es un pozo, cualquier recuperación parcial parece un salto. Ese crecimiento no redistribuyó ingresos hacia la clase trabajadora sino que consolidó un patrón primario-financiero donde los sectores que traccionaron fueron la agroindustria, la minería, el litio, el petróleo y el sistema financiero, mientras la industria manufacturera, la construcción y el mercado interno continuaron en niveles deprimidos. La pobreza, que llegó a superar el 50% en el pico del ajuste, apenas cedió, dejando a la mitad de la población fuera de la "recuperación" que los indicadores macroeconómicos proclaman.

La industria es la fotografía más clara de ese proceso. En 2024, la producción industrial cayó hasta 20 y 21% interanual en algunos meses, el peor registro desde la pandemia, con cierres de plantas, reducción de turnos y destrucción de empleo industrial calificado en rubros como automotriz, metalmecánica y textiles. La construcción se derrumbó alrededor del 30% interanual durante el primer año del gobierno, arrastrando consigo cemento, acero, insumos y empleo en obra pública. La capacidad instalada quedó por debajo de los niveles necesarios para sostener cualquier proyecto de industrialización sostenida. Lo que el "rebote" de 2025 no reconstruyó es esa estructura productiva, hay menos fábricas, más concentración empresarial, mayor dependencia de importaciones en tecnología y bienes de capital, y una economía que se reorienta definitivamente hacia la extracción y las finanzas. En ese contexto, los capitales que entran no vienen a desarrollar el país, vienen a extraer recursos naturales con baja o nula transferencia tecnológica, a operar en el negocio financiero de corto plazo y a capturar rentas en sectores estratégicos. BlackRock y los grandes fondos de inversión transnacional no financian cadenas de valor industriales con encadenamiento local; financian proyectos extractivos, deuda soberana y activos financieros, y retiran sus ganancias con la misma velocidad con que las depositan. El Estado bajo Milei los recibe con desregulación masiva, incentivos tributarios y garantías legales, mientras recorta educación, salud y vivienda.

El mercado de trabajo concentra las consecuencias más visibles de ese modelo. El dato oficial del INDEC para el cuarto trimestre de 2025, publicado en marzo de 2026, ubica la tasa de desocupación en 7,5%, el nivel más alto desde la pandemia, representando 1,7 millones de personas. Cuando Milei asumió esa tasa era 5,7%, lo que significa que bajo su gobierno el desempleo oficial creció 1,8 puntos porcentuales. Pero el 7,5% captura solamente a quienes en la semana de referencia no trabajaron ni una hora, buscaron activamente empleo y estaban disponibles de inmediato, una definición metodológica que en un mercado laboral normal es razonable, pero que en la Argentina de 2026 produce una distorsión masiva. El propio INDEC registra simultáneamente 3,2 millones de "ocupados demandantes de empleo" —personas que tienen alguna inserción pero buscan otro trabajo— y 2,2 millones de subocupados que trabajan menos de 35 horas semanales, universos que no ingresan en la tasa oficial. Cuando se incorporan esos grupos al cálculo, junto con quienes dejaron de buscar trabajo por desaliento, la tasa de desocupación ampliada asciende al 15,3%, casi el doble del dato oficial. Si además se mide la presión total sobre el mercado de trabajo sumando desocupados, subocupados y ocupados que buscan más empleo, la proporción alcanza el 24% de la población económicamente activa. En términos sectoriales, la construcción lidera con 19,3% de desocupación, seguida por comercio con 16%, servicio doméstico con 11,3% e industria manufacturera con 9,7%. Entre los menores de 29 años la informalidad roza el 60%, y entre las mujeres jóvenes el 57,9%.

El instrumento que permite esa brecha estadística entre el dato oficial y la realidad es el monotributo, y en su versión más degradada, el monotributo social. Lo que en décadas anteriores era la changa —el trabajo discontinuo, estacional, sin relación de dependencia, sin convenio colectivo— fue primero absorbido estadísticamente por el monotributo y después por el monotributo social, sin que la naturaleza precaria de esa inserción laboral cambiara en nada. La changa no desapareció, se formalizó ficticiamente bajo un régimen tributario. Un plomero que trabaja quince días al mes, un costurero a destajo, un repartidor de delivery, una trabajadora de limpieza con clientes dispersos, todos pueden ser monotributistas de categoría A o B, figurar en el padrón de ARCA como "ocupados" y ser contabilizados como tales en la Encuesta Permanente de Hogares. Ese mecanismo encierra dos tipos de desocupación simultánea. La primera es la desocupación transitoria, el trabajador que alterna períodos de actividad con períodos sin actividad porque su inserción es por encargo, por obra o por demanda esporádica, sin que sus semanas inactivas registren en ninguna estadística porque "está inscripto" en el régimen. La segunda es la desocupación objetiva, el trabajador que definitivamente no consigue trabajo pero mantiene activa la inscripción en el monotributo social porque no factura, no cancela la baja y sigue computado como ocupado en el padrón. El 90% de los titulares del monotributo social que no facturan, documentado por la propia AFIP, es la expresión más contundente de este segundo caso, son desocupados objetivos a los que el Estado viste con ropa de emprendedores.

El monotributo social no categoriza la actividad por tipo industrial ni por complejidad técnica, mete en el mismo saco estadístico a un mecánico calificado que perdió su empleo en una fábrica, a un vendedor ambulante, a quien reparte comida en bicicleta y a quien hace tareas de limpieza tres veces por semana. Esa inespecificidad es funcional, borra la distinción entre trabajo industrial calificado destruido y changas como Uber, comidas rápidas, otras de subsistencia generadas, produciendo la ilusión de que hay dinamismo emprendedor donde hay pérdida de derechos. Entre 2023 y 2025 se perdieron 270.800 empleos asalariados registrados —192.000 privados y 78.800 públicos— y en ese mismo lapso el número de monotributistas creció en 137.400, de modo que por cada empleo formal destruido solo se creó medio monotributo y de calidad infinitamente inferior. Al cierre de 2025 el total de monotributistas en todas las modalidades llegó a 4.740.923 personas, de las cuales solo 2.378.015 aportaban efectivamente a la seguridad social, dejando a casi 2,4 millones sin cobertura previsional real. La ilusión jubilatoria que ofrece el monotributo social es particularmente clarificadora, el aporte implícito en ese régimen, proyectado a 30 años de contribución, no alcanza para acceder a una jubilación mínima por el sistema contributivo, con lo cual el trabajador paga por una promesa de vejez que el propio sistema hace materialmente imposible. Las obras sociales disponibles para esa categoría son entidades de prestación mínima, con cartillas médicas limitadas y al borde del colapso: en abril de 2026 la propia CGT reconoció públicamente que el sistema de obras sociales está en situación "casi terminal", con 11 millones de beneficiarios que no generan los recursos para cubrir su propia cobertura, porque el aporte de un monotributista cubre apenas una fracción del costo real del Plan Médico Obligatorio.

Este proceso no nació con Milei. Se construyó metódicamente durante el cuarto gobierno kirchnerista, cuando la recuperación postpandemia no generaba empleo formal al ritmo que el discurso oficial necesitaba y el monotributo fue consagrándose como variable de ajuste estadístico. Entre 2021 y 2023, la expansión del monotributo social fue usada implícitamente para mostrar "inserción laboral" en sectores populares mientras el empleo industrial no recuperaba los niveles de 2011 a 2015. Milei recibió ese instrumento ya rodado y lo profundizó o "rollea'' con mayor velocidad y sin ningún pudor. La tercerización es el engranaje que conecta ambas puntas, la empresa que descarta asalariados y los recontrata como monotributistas proveedores de servicios no destruye empleo en el registro estadístico, simplemente transforma su naturaleza jurídica. El trabajador pierde convenio colectivo, aportes patronales plenos, indemnización, licencias y obra social de calidad; el empleador paga menos y contabiliza menores costos laborales; el Estado recauda menos en seguridad social; y las estadísticas muestran "ocupación" donde hay precarización estructural.

La conexión entre tercerización y sindicalismo peronista no es accidental. La CGT no llega al presente como víctima de un proceso externo, llega como coautora de las condiciones que lo hicieron posible, con una genealogía ideológica precisa. La doctrina peronista del trabajo establece que el conflicto capital-trabajo es superable mediante la armonización, que la empresa es una comunidad organizada y que el sindicato es el intermediario legítimo que convierte la tensión de clases en negociación institucional. Esa premisa naturaliza la existencia del patrón como actor necesario del proceso productivo y coloca al sindicato en el rol de administrador de la relación, no de cuestionador de ella. Mientras hubo industrialización expansiva y excedentes para repartir, ese modelo generaba resultados materiales que reproducían la identidad peronista del trabajador fabril. Cuando la industrialización se contrajo desde los años setenta en adelante, la burocracia sindical mantuvo su estructura de poder a través de las obras sociales, los hoteles, los fondos de turismo, las cajas de jubilación y eventualmente las empresas tercerizadoras, ya no como representante de avances de la clase trabajadora sino como administradora de los retrocesos de manera controlada. El pasaje de burocracia sindical a fracción burguesa directa tiene nombres, apellidos y balances contables. El caso Moyano es el más documentado, con un holding de empresas vinculadas al transporte donde se emplean trabajadores en las mismas condiciones que el sindicato debería combatir, pero no es la excepción. Las tercerizaciones en ferroviarios, construcción, petroleros y gastronómicos operaron en muchos casos con cooperativas y empresas intermediarias donde los propios dirigentes sindicales o sus entornos participaban del negocio. El asesinato de Mariano Ferreyra en 2010 —militante baleado por una patota sindical peronista mientras reclamaba que los tercerizados del ferrocarril fueran incorporados al convenio— es el extremo más trágico y visible de esa dinámica, el dirigente defiende la tercerización porque la tercerización es su negocio, y reprime la lucha de los propios trabajadores a los que formalmente representa.

Frente al mileísmo, la CGT cumple la función de una válvula reguladora del conflicto social. En junio de 2024, durante la protesta contra la Ley de Bases, retiró su columna cuando empezó la represión, abandonando a otros manifestantes en la calle. La Ley de Bases misma fue aprobada con los votos de gobernadores peronistas que negociaron fondos de coparticipación a cambio del apoyo legislativo al ajuste. El paro general de mayo de 2024 fue organizado para un día de bajo impacto real y levantado sin condiciones concretas cumplidas. Esa secuencia de retórica combativa, movilización contenida y negociación silenciosa no es una anomalía táctica, es el patrón estructural de la burocracia sindical como fracción del capital, que interviene en el conflicto para que el conflicto no supere los límites del sistema. El último paro de la CGT fue el jueves 19 de febrero de 2026, un paro general de 24 horas, sin movilización central, convocado contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, coincidiendo con su tratamiento en la Cámara de Diputados y con un fuerte impacto en el transporte y los principales servicios en todo el país.

Al mismo tiempo que la CGT llamaba al paro general del 19 de febrero de 2026 contra la reforma laboral, la conducción peronista evitaba movilizar con toda su fuerza legislativa y territorial, y sus diputados y senadores terminaron aportando o facilitando los votos mínimos pero necesarios para que el oficialismo alcanzara los 135 votos y aprobara la ley en Diputados. El mileísmo, a su vez, usa a la CGT como enemigo retórico que legitima su relato anti-casta, mientras en la práctica esa misma estructura garantiza que las bases no desborden los canales institucionales de la protesta. Son dos aparatos que se necesitan mutuamente aunque su discurso oficial sea de confrontación.

Esa lógica alcanza su máxima expresión en la relación entre el mileísmo y el peronismo como proyecto político más amplio. El kirchnerismo 2019–2023 recibió el gobierno con capacidad de construir una mayoría social alternativa y la utilizó para reproducir la inflación, el déficit y la precariedad heredada de Macri, agregando deuda, atraso cambiario y descrédito institucional. El voto a Milei en el ballottage de 2023 no fue mayoritariamente ideológico en su origen, fue la expresión de un hartazgo material con cuatro años de deterioro sostenido del salario real bajo una conducción que se autopercibía como popular mientras la pobreza escalaba y un giro a la derecha por falta una de alternativa de la izquierda parlamentaria que no estuvo a la altura de las circunstancias. Una vez instalado el gobierno, cada intento de rearticulación peronista terminó siendo funcional al relato oficial. Cuando el peronismo moviliza jubilados, Milei señala a "los que vaciaron la ANSES" y convierte la movilización legítima en confirmación de su narrativa. Cuando el kirchnerismo activa figuras radicalizadas, el mileísmo recuerda exactamente cuál fue el resultado de esas gestiones entre 2019 y 2023. Cuando los gobernadores peronistas hacen oposición retórica y luego votan el ajuste, la contradicción se vuelve indefendible para su propia base.

La conclusión estructural es que el mileísmo no es una irrupción externa al sistema político argentino sino su producto interno más lógico, el resultado antitético dentro del sistema de un peronismo que agotó su capacidad redistributiva real y conservó solamente su aparato burocrático y su retórica. Mientras la CGT sea simultáneamente sindicato y empresa capitalista, mientras los gobernadores peronistas sean simultáneamente oposición retórica y socios legislativos del ajuste, y mientras el kirchnerismo no tenga nada cualitativamente nuevo para ofrecer a sus propias bases, cada aparición suya en el escenario político actuará como recordatorio negativo que consolida la base social de Milei. La represión que este gobierno despliega contra la protesta no necesita justificarse en abstracto, le basta con señalar al peronismo como el responsable de la crisis que "obligó" al ajuste, y eso le alcanza mientras el peronismo no rompa con la lógica de clase que lo ata a la administración del capitalismo dependiente en lugar de cuestionarlo. El Estado que Milei conduce no se achicó, se reconfiguró, recortando en lo social y reforzando en lo represivo, porque sin el disciplinamiento de la protesta el ajuste es inviable, y sin el ajuste colapsa el acuerdo con el capital financiero internacional que es el eje real de toda la estrategia. El peronismo es inviable porque voto la reforma laboral y fue cómplice en arruinar a los trabajadores con Milei. La salida es por Izquierda que lucha contra la dictadura del capital en la fabrica y cuando sale de ella.