La Compañía, la CIA y Trump: tres frentes que Milei no puede controlar

Por Raúl Valle  

Hay una paradoja en el centro de la política argentina de 2026, el gobierno de Javier Milei, que se proclama baluarte del Occidente liberal contra el “socialismo” y el “colectivismo”, es a la vez blanco de una operación de desinformación rusa y socio incómodo de un Donald Trump que se hunde en sus propias contradicciones. Mientras Moscú financia portales y contenidos para desgastarlo, Washington le aplica aranceles similares a los del resto del mundo y sus acuerdos comerciales se empantanan en los tribunales. El bloque que nació con la llegada de Trump al poder en 2016 prometía “cambiar el mundo desde la derecha”, pero hoy lo atraviesan la guerra fratricida, la guerra comercial, los litigios judiciales, la popularidad en caída y una paradoja que pocos anticiparon, la misma maquinaria rusa de desinformación que ayudó a llevar a Trump a la Casa Blanca ahora opera contra varios de esos líderes. La lógica es simple, Vladimir Putin nunca fue un aliado ideológico de la ultraderecha occidental, sino un sponsor circunstancial. Respaldó a Viktor Orbán en Hungría, a Marine Le Pen en Francia y alimentó a la AfD en Alemania mientras esos movimientos erosionaban a la Unión Europea y a la OTAN desde adentro; cuando Milei se alineó abiertamente con Washington y Kyiv, dejó de ser funcional a esa estrategia y pasó a convertirse en objetivo.  

La historia de la operación rusa en la Argentina no empieza con la descubrimiento público de abril de 2026, sino en 2025, cuando la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) identificó a un ciudadano ruso radicado en el país como jefe de una célula local de desinformación vinculada al Kremlin. Se trata de Lev Konstantinovich Andriashvili, señalado como integrante de “La Compañía”. Según la investigación, su tarea era recibir fondos desde Moscú, armar una red de colaboradores locales, impulsar contenidos en redes sociales, infiltrar ONG y organizaciones civiles y recolectar información política útil para los intereses rusos. Su esposa, Irina Iakovenko, también rusa, fue ubicada como su colaboradora directa.  

La detección de Andriashvili no sorprendió a quienes siguen de cerca el espionaje ruso en el país. El antecedente más llamativo es el de Artiom y Anna Dultsev, una pareja de agentes del SVR —el servicio de inteligencia exterior ruso— que vivió entre 2012 y 2017 en Belgrano con identidades argentinas completamente fabricadas. Él se presentaba como “Ludwig Gisch”, experto en informática; ella, como “María Rosa Mayer Muños”, al frente de una galería de arte online. Tuvieron dos hijos nacidos en Buenos Aires, Sofía y Danya, que crecieron sin saber que sus padres eran espías ni que sus propios documentos eran parte de una operación encubierta. En 2017 la familia se mudó a Eslovenia usando esas mismas identidades argentinas para infiltrarse en estructuras de la Unión Europea y la OTAN. Cayeron en diciembre de 2022, detenidos por los servicios eslovenos en coordinación con agencias occidentales, y el caso dejó en evidencia que pasaportes argentinos habían servido durante años como llave de acceso al corazón del sistema de seguridad europeo.  

El episodio tuvo su epílogo en agosto de 2024, cuando los Dultsev fueron incluidos en el mayor canje de prisioneros entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría, junto al periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich y el exmarine Paul Whelan. El avión aterrizó en Moscú con cámaras en vivo y Putin los recibió en la pista, con flores y promesa de condecoraciones. Pero la escena más reveladora no fue el gesto hacia los espías, sino hacia sus hijos, adolescentes que creían ser argentinos, que no hablaban ruso, que nunca habían pisado Rusia y no sabían quién era el hombre que los saludaba en español. Ese momento condensó la lógica de largo plazo del espionaje ruso: la disposición a construir vidas completas —documentos, familias, rutinas de barrio— como piezas de una estrategia de infiltración paciente, diseñada para revelarse recién cuando estalla otra crisis.  

Andriashvili e Iakovenko son, en esa línea de tiempo, el capítulo más reciente. La SIDE los vinculó con “La Compañía” y con el “Proyecto Lakhta”, el paraguas operativo creado por Yevgeny Prigozhin para campañas globales de desinformación. El escándalo estalló en abril de 2026, cuando un consorcio internacional de medios publicó 76 documentos internos rusos que detallan la operación de influencia en múltiples países, incluida la Argentina. Los papeles muestran que, entre junio y octubre de 2024, se pagaron más de 250 artículos en al menos 23 medios digitales locales, con un presupuesto de 283.000 dólares.  

La cifra sorprende por lo baja: menos de 300.000 dólares para financiar cientos de notas destinadas a erosionar sistemáticamente a un gobierno durante varios meses. La comparación histórica ayuda a dimensionar la escala. Entre 1970 y 1973, la CIA destinó millones de dólares a la campaña de desestabilización contra el gobierno de Salvador Allende en Chile, financiamiento para el diario El Mercurio, apoyo a partidos opositores, fondos para huelgas de camioneros y una ofensiva de propaganda diseñada para empujar el país al colapso. En los años 50, la llamada Operación Mockingbird reclutó a centenares de periodistas y utilizó decenas de grandes medios como vehículos de influencia, según las investigaciones del Senado estadounidense. Frente a esos antecedentes, el presupuesto destinado a la Argentina por La Compañía parece una operación de bajo costo y alto rendimiento. El modelo no se apoya en grandes inversiones, sino en la explotación de vulnerabilidades preexistentes, un ecosistema de medios digitales precarizados, redacciones con presupuestos mínimos, periodistas mal pagos y una polarización extrema que amplifica contenidos tóxicos casi por inercia. El dinero ruso opera como lubricante de un engranaje que ya estaba girando. Y, aun así, lo invertido en el país fue apenas una fracción de los 7,3 millones de euros que La Compañía habría gastado entre enero y octubre de 2024 en más de 30 países.  

La genealogía de La Compañía conduce directamente al Proyecto Lakhta. Fue ese esquema el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó en 2018 por interferir en las elecciones presidenciales de 2016. En el plano militar, el mismo entramado se apoyó en el Grupo Wagner, fundado por Dmitry Utkin, exoficial del GRU con simbología nazi tatuada en el cuerpo. Wagner le permitió a Putin desplegar operaciones armadas en Chechenia, Siria o Ucrania sin asumirlas formalmente. Tras la muerte de Prigozhin y Utkin en un accidente de avión en 2023, las unidades de combate pasaron al Ministerio de Defensa ruso y las operaciones de influencia quedaron bajo control del SVR, el servicio de inteligencia exterior. El aparato se reordenó, pero no se desmanteló: lo que antes se conocía como Proyecto Lakhta hoy funciona bajo la marca de La Compañía, integrado de lleno a la estructura estatal rusa.  

La interferencia en las elecciones estadounidenses de 2016 fue el momento de mayor convergencia entre el Kremlin y la ultraderecha occidental. La Internet Research Agency —la “fábrica de trolls” de San Petersburgo— gastó millones en publicidad digital, creó granjas de cuentas falsas que simulaban ser activistas locales, organizó actos políticos dentro de Estados Unidos y llegó a interactuar con figuras vinculadas a la campaña de Trump, según determinó el fiscal especial Robert Mueller. El objetivo declarado fue dañar a Hillary Clinton, profundizar la polarización y favorecer al candidato republicano. En 2023, el propio Prigozhin admitió públicamente haber fundado y dirigido la IRA (Internet Research Agency).  

Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023 como una nueva pieza de esa constelación. En febrero de 2026, Milei y Trump firmaron un acuerdo que eliminaba más de 1.800 aranceles y ofrecía a Estados Unidos prioridad sobre el litio, el cobre y otros minerales críticos argentinos, junto con facilidades regulatorias e impositivas para sus empresas. A cambio, Argentina alineaba su política comercial y minera con la estrategia de Washington y aceptaba un lugar subordinado en la cadena de valor de los “minerales estratégicos”. Ese esquema dependía casi por completo de la capacidad de Trump de subir y bajar aranceles por decisión propia, usando normas de “emergencia económica” pensadas para situaciones puntuales. Ese uso fue impugnado por empresas y cámaras comerciales dentro de Estados Unidos y terminó en los tribunales. Cuando la justicia –y luego la Corte Suprema– dictaminó que el presidente no podía seguir usando esas herramientas para rediseñar la política arancelaria permanente sin pasar por el Congreso, el andamiaje legal que sostenía el acuerdo se vino abajo. Sin ese poder discrecional sobre los aranceles, las rebajas prometidas quedaron congeladas, sujetas a revisión o directamente se cayeron, y el “acuerdo histórico” dejó de tener efecto real, en los hechos, el paquete se desarmó jurídicamente. En la Argentina, esta crisis de continuidad casi no se debatió; mientras el mecanismo legal que hacía posible el trato se derrumbaba en Estados Unidos, el gobierno siguió presentándolo como un triunfo cuando el acuerdo ya había dejado de existir en términos concretos.

La popularidad de Trump cayó de manera sostenida, golpeada por la inflación, la incertidumbre económica y los frentes judiciales abiertos. Los fallos que cuestionaron la legalidad de los aranceles “trumpianos” dejaron el acuerdo en un limbo jurídico, y la tan anunciada lluvia de beneficios comerciales para la Argentina nunca llegó en la medida prometida.  

En paralelo, la SIDE con informes de la CIA, seguía el rastro de La Compañía. La denuncia formal contra la red encabezada por Andriashvili ingresó a la Justicia Federal en octubre de 2025. Fuentes oficiales admiten que agencias de inteligencia estadounidenses habían alertado a Buenos Aires sobre la operación rusa antes de que se completara la investigación local, pero cuando las alarmas se encendieron buena parte del daño ya estaba hecho, artículos pagos publicados, perfiles falsos con audiencia consolidada, narrativas prorrusas instaladas en nichos específicos de la opinión pública. A diferencia del espionaje clásico, donde neutralizar al agente suele bastar para desactivar la operación, la desinformación digital deja una huella difícil de borrar. Los contenidos quedan indexados, se replican, circulan por canales de mensajería y redes sociales mucho después de que se apague la estructura original que los impulsó.  

El caso argentino se inscribe en un mapa más amplio. En Europa, Orbán fue acusado de filtrar información confidencial de la Unión Europea al Kremlin. Steve Bannon intentó articular una red de ultraderechas nacionalistas que, en varios momentos, corrió en paralelo con los intereses de Moscú. La ultraderecha global funciona como un archipiélago antes que como un bloque, comparte consignas y estética, pero sus intereses nacionales divergen. Trump puede estar dispuesto a negociar con Putin; Milei, al menos en su discurso, se ubica del lado opuesto y busca asociarse con Estados Unidos y con Ucrania. Esas diferencias explican por qué el Kremlin decide cuándo un líder es un aliado táctico y cuándo se convierte en un estorbo.  

Milei, hoy, aparece atrapado entre esos dos fuegos. Del lado ruso, enfrenta una campaña de desinformación documentada, relativamente barata y persistente, diseñada para explotar las fragilidades económicas, políticas y mediáticas del país. Del lado estadounidense, su principal socio atraviesa una crisis de legitimidad y de gestión que limita su capacidad de ofrecer respaldo concreto. El acuerdo comercial estrella muestra fisuras, siguen los aranceles para Argentina, y la promesa de un salto exportador se diluye en la práctica. El Presidente apostó su capital político a un alineamiento ideológico contundente con la “ultraderecha global” y con Washington, pero esa apuesta lo dejó expuesto. Mientras Milei se alineaba con Trump, atacaba a la Unión Europea, despreciaba a los organismos multilaterales y se peleaba con gobiernos como el de Lula, ayudaba a agrandar las grietas dentro del bloque que, en teoría, enfrenta a Rusia. Esa prédica de ultraderecha ruidosa, anti “globalista” y corrosiva para las instituciones liberales le servía objetivamente al Kremlin, porque debilitaba la coordinación entre sus adversarios sin que hiciera falta ningún vínculo directo con Moscú, el desorden interno en Occidente es, en sí mismo, una ventaja estratégica para Putin, y lo golpea a Milei ahora porque dejó de servirle, y Trump no logra —ni necesariamente prioriza— sostenerlo como esperaba.  

Frente a este escenario, no alcanza con denunciar las operaciones de desinformación ajenas, hace falta construir una voz propia de la clase trabajadora. Un periódico socialista, hecho y sostenido por trabajadores, no es un suplemento “militante” al margen de la realidad, sino una herramienta para disputarla. Mientras gobiernos, servicios de inteligencia y grupos económicos utilizan los medios como armas en su guerra de posiciones, un diario obrero puede poner el foco donde casi nadie mira, en quién paga cada operación, quién gana con cada crisis y quién pierde todos los días en el puesto de trabajo, en el barrio, en la escuela y en el hospital.

En un país atravesado por la propaganda cruzada y por un entramado de servicios de inteligencia, operadores políticos y medios de comunicación funcionales a los mismos intereses capitalistas, un periódico de trabajadores no es un accesorio menor, es la posibilidad de que la clase obrera cuente la historia desde su propio lado. John Reed se metió en los comités y en las calles de la Revolución Rusa para narrar cómo pensaban y decidían obreros y soldados, no solo los jefes de despacho. Rodolfo Walsh convirtió la investigación y la palabra escrita en arma contra dictaduras y servicios, desde las ejecuciones clandestinas hasta el plan económico que condenaba al hambre a millones. Ese es el hilo que hay que retomar, un periodismo que no se limita a reproducir lo que hace y dice el poder, sino que escucha, registra y organiza la experiencia de los de abajo. Estar al servicio de la clase trabajadora hoy significa que sean las y los laburantes quienes tomen la palabra, denuncien lo que ocurre en sus trabajos y barrios, desenmascaren operaciones, señalen responsables y construyan su propia lectura del país y del mundo. Cuando esa práctica se concentra en un periódico de combate, deja de ser una suma de voces sueltas y se vuelve lo que hace falta ahora: un instrumento para disputar quién manda, contra qué intereses se alinean los servicios y sus medios de comunicación funcionales, y al servicio de qué clase social se ejerce efectivamente el poder en la Argentina y en el mundo.