La banca pública en modo saqueo: paro, cierre de tesoros y retiro del Banco Nación en el interior

Por corresponsal 

El paro de 24 horas anunciado por La Bancaria en los tesoros regionales del Banco Central volvió a poner en primer plano un conflicto que excede lo gremial. La medida aparece en un contexto de reestructuración de la banca pública, con cierre de dependencias, reducción de personal y concentración de servicios en menos puntos del país. Lo que está en discusión no es solo una jornada de protesta, sino el alcance de un modelo que achica la presencia estatal en el sistema financiero.

Los tesoros regionales del Banco Central son las sedes donde se guarda, clasifica y distribuye el dinero físico que después llega a bancos, cajeros automáticos y transportadoras de caudales. Son una pieza clave para que el efectivo circule en cada región. Cuando se paraliza esa estructura, se resiente el abastecimiento de billetes, sobre todo en las provincias y en las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos.

La decisión de cerrar parte de esos tesoros regionales fue presentada oficialmente como una forma de reducir costos y reorganizar la operatoria. Pero en los hechos implica menos puestos de trabajo, menos capacidad logística y una mayor fragilidad en la distribución de efectivo. En un país donde el uso del dinero físico sigue siendo central para amplios sectores sociales, esa reducción de infraestructura no es un dato menor.

Al mismo tiempo, el Banco Nación avanzó con un plan de cierre y fusión de sucursales que reduce su red de atención en distintas localidades. La orientación es la misma: menos estructura física, menos personal y más digitalización. En las grandes ciudades eso puede amortiguarse por la existencia de otras entidades y más conectividad, pero en el interior el impacto es mucho más fuerte, porque muchas veces la sucursal del Nación cumple una función social que ningún banco privado está dispuesto a cubrir.

La combinación de ambas medidas produce un efecto concreto. Por un lado, hay menos sucursales del principal banco público para atender a jubilados, trabajadores, pequeños comercios y productores. Por otro, hay menos centros del Banco Central para distribuir efectivo en el territorio. El resultado es una banca pública más concentrada, más chica y menos presente allí donde el mercado financiero privado encuentra menos rentabilidad.

En ese marco, el paro bancario no solo expresa una defensa de puestos de trabajo. También expone qué ocurre cuando se desarma una red material que sigue siendo decisiva para la vida cotidiana. La circulación del dinero no depende solo de aplicaciones y transferencias, depende también de sucursales, depósitos, trabajadores y logística. Cuando alguno de esos engranajes se corta, el problema deja de ser técnico y se vuelve social.

A quién beneficia este proceso también empieza a quedar claro. Beneficia al Estado capitalista en su objetivo de ajustar gastos y mostrar ahorro fiscal, pero también a los grandes bancos privados y a las fintech, que ganan espacio a medida que la banca pública se retira de zonas menos rentables y empuja a más usuarios hacia canales digitales o servicios privados.

Los perjudicados, en cambio, son los trabajadores bancarios, las economías regionales y los sectores que todavía dependen del efectivo y de la atención presencial. En definitiva, el ajuste sobre sucursales y tesoros regionales no solo reduce costos, también redefine quién gana espacio en el sistema financiero argentino. Y en esa disputa, lo que retrocede no es solo empleo estatal, sino la capacidad de la banca pública para funcionar como un servicio accesible en todo el territorio soberano.