Kast y Milei, dos lúmpenes que llevan el saqueo a dos manos

 

Por Raúl Valle

La denominada integración histórica entre Javier Milei y José Antonio Kast se fundamenta en dos pilares materiales: un corredor binacional de cobre y litio que atraviesa la cordillera de los Andes, y una convergencia política que despoja a la soberanía de todo contenido efectivo, desde el subsuelo hasta las Islas Malvinas. Esta fórmula alude a decisiones concretas adoptadas entre el 5 y el 6 de abril de 2026 en Buenos Aires, primero en la Casa Rosada y luego en reuniones con empresarios, donde ambos presidentes sellaron una agenda que combina compromisos con la inversión minera, la facilitación de las exportaciones a través de los puertos chilenos, la modernización de los cruces fronterizos y un discurso común sobre la libertad económica y el fin del estatismo. Detrás de esa retórica se despliega una historia de renuncias, Chile, que en 1982 que con Pinochet colaboró ​​con la ofensiva británica contra Argentina en las Malvinas, y Argentina, que hoy acepta el argumento de la voluntad de los kelpers para definir el futuro de las islas. En esa confluencia de fechas, lugares y decisiones, se condensa la lógica de la nueva integración: la cordillera se convierte en una autopista de minerales estratégicos para las potencias, mientras que la soberanía se vacía de todo contenido material.

El primer pilar se refiere a una red concreta de proyectos, empresas y territorios. En Chile, el cinturón cobrero del norte opera bajo el control de gigantes como BHP (australiana), Anglo American (británica), Glencore (suiza), Teck (canadiense), Freeport-McMoRan (estadounidense), Antofagasta Minerals (chilena con una fuerte presencia en Londres) y la estatal Codelco. En cuanto a la estrategia, la alianza Codelco-SQM (chilena, con la participación de Tianqi, China) proyecta litio hasta 2060. En Chile, la minería de cobre a gran escala tiene un núcleo estatal relevante, Codelco es cien por ciento pública y, según sus informes oficiales, contribuye con varios puntos del PIB en superávits fiscales durante los ciclos de precios altos; el sector minero en su conjunto representa entre el diez y el quince por ciento del PIB, según la situación. No se trata, entonces, de un mercado libre, sino de un Estado emprendedor que se asocia con capital privado para organizar una extracción más eficiente, garantizando volúmenes, infraestructura y estabilidad a las multinacionales. Por parte argentina, los proyectos de cobre en San Juan, Catamarca y La Rioja se reparten entre Glencore (Suiza), Lundin Mining (Canadá), BHP (Australia), Barrick Gold (Canadá), Pan American Silver (Canadá) y socios locales, mientras que el triángulo de litio en Salta, Jujuy y Catamarca está en manos de Rio Tinto (Reino Unido-Australia), Arcadium Lithium (Australia-Estados Unidos), Ganfeng Lithium (China), Zijin Mining (China) y Lithium Americas (Canadá-Estados Unidos). A diferencia del esquema estatal chileno, la participación directa del Estado argentino en la propiedad minera es prácticamente nula: el sector representa varios puntos del PIB, pero opera bajo control casi totalmente privado, con las provincias y la Nación limitadas a recaudar bajas regalías e impuestos reducidos por regímenes de promoción. La integración que Milei y Kast elogian se traduce en cruces fronterizos digitalizados, acuerdos sobre el uso de puertos chilenos como salida natural para la producción argentina y marcos regulatorios coordinados que garantizan la seguridad jurídica a las propias empresas transnacionales.

El segundo pilar, la convergencia política que renuncia a la soberanía real, se fundamenta en dos momentos históricos. Por un lado, la Guerra de las Malvinas de 1982, cuando la dictadura de Augusto Pinochet proporcionó inteligencia, apoyo logístico y coordinación militar a Gran Bretaña, contribuyendo a la derrota de Argentina y consolidando la ocupación británica. Por otro lado, las declaraciones de Javier Milei y su entorno, incluido su futuro canciller durante la campaña, que reconocieron que los habitantes de las Malvinas habían desempeñado un papel decisivo en la definición del estatus de las islas, retomando así el núcleo del argumento británico sobre la autodeterminación de una población implantada en un territorio usurpado. Esta combinación genera una paradoja: en 2026, Chile declara formalmente su apoyo a la soberanía argentina sobre las Malvinas mediante comunicados conjuntos, mientras que Argentina adopta el lenguaje jurídico-político de Londres, y ambos países fortalecen sus vínculos con las capitales de los mismos países que ocupan las islas, controlan rutas marítimas clave y dominan el negocio del cobre y el litio desde Londres, Toronto, Nueva York o Pekín. La renuncia a la soberanía no se limita a las Malvinas: se traslada a la clandestinidad, de modo que la soberanía ya no consiste en decidir sobre el territorio, sino en gestionar las condiciones para que otros lo exploten.

Desde una perspectiva marxista, la actual posibilidad de articulación entre sectores de derecha, tal como la expresan Milei y Kast, no es un fenómeno espontáneo ni puramente coercitivo, sino que se ha producido históricamente a partir de dos experiencias políticas específicas en Argentina. La primera es la experiencia peronista del Frente con sectores de centroizquierda y derecha durante el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), donde la coalición Frente de Todos integró sectores del peronismo de centroizquierda, centro y derecha interna, presentándose explícitamente como el mal menor ante la posibilidad de un segundo gobierno de Mauricio Macri. Esta lógica, en la práctica, desmovilizó la confrontación de clases, legitimó la continuidad de las deudas con el FMI y no revirtió las principales medidas de ajuste heredadas, allanando el camino para que una nueva derecha como la de Milei se presentara como una solución más pura y antiestatal. La segunda experiencia es la de sectores de centroizquierda que, bajo el argumento de defender las instituciones o evitar un mal mayor, votaron a favor de leyes clave durante el gobierno de Macri y posteriormente durante el gobierno de Milei, facilitando así al gobierno de derecha. Un ejemplo paradigmático es la Ley Glaciar (Ley 26.639): en 2016, durante el gobierno de Macri, varios bloques de centroizquierda (partidos socialistas, ciertas facciones del radicalismo e incluso algunos legisladores peronistas no kirchneristas) votaron a favor de opiniones o artículos que flexibilizaban las protecciones, registrándose treinta y seis votos a favor del oficialismo y catorce abstenciones de sectores del peronismo federal y del Frente Renovador, mientras que el bloque Frente para la Victoria votó en contra por mayoría. Aún más relevante, entre 2024 y 2025, con el gobierno de Milei, sectores de la centroizquierda parlamentaria (como el interbloque Unión por la Patria en su ala dialogista o fuerzas provinciales como el Movimiento Popular Neuquino) votaron a favor de leyes RIGI y leyes mineras que abren la Sierra a la explotación sin control ambiental. Según datos del Honorable Senado de la Nación, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (2024) obtuvo treinta y ocho votos afirmativos, incluyendo los de senadores del PRO, la UCR y al menos tres senadores de espacios de centroizquierda provinciales, mientras que la oposición más consistente apenas alcanzó veintisiete votos negativos. En el caso específico de la protección de glaciares, el presupuesto asignado a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas para monitoreo se redujo en un setenta y dos por ciento en términos reales entre 2023 y 2025 (de mil doscientos millones a trescientos treinta y seis millones de pesos, según el Presupuesto Nacional 2025), con votos favorables de los bloques de centroizquierda que acompañaron la ley de ajuste de leyes. Esta dinámica muestra que cuando sectores de centroizquierda o del mal menor,El peronismo, al aceptar gobernar o legislar dentro del marco del capital, termina facilitando la acumulación de poder en la derecha, de modo que la unidad entre Milei y Kast es posible porque el terreno político fue pagado previamente por aquellos que, desde una supuesta moderación, legitimaron la idea de que no hay alternativa al orden extractivista y neoliberal.

Esta arquitectura de explotación binacional tiene una forma económica concreta con magnitudes cuantificables. Codelco declara anualmente superávits operativos de miles de millones de dólares con altos márgenes, basados ​​en alianzas con empresas privadas. Anglo American y BHP acumulan miles de millones en ganancias anuales impulsadas por el precio del cobre. SQM ha registrado ganancias netas trimestrales superiores a los 400 millones a 500 millones de dólares durante los picos de precios del litio. Glencore, además de controlar minas, actúa como comerciante global, capturando ganancias extraordinarias en corretaje, mientras promueve proyectos de cobre en Argentina por más de diez mil millones de dólares. Rio Tinto ingresó al litio argentino con una inversión inicial de dos mil setecientos millones de dólares y expectativas de extracción durante décadas. Arcadium Lithium declara ingresos cercanos a los dos mil millones de dólares anuales. Ganfeng y Zijin están expandiendo su cartera en el Cono Sur como parte del impulso de China por los minerales críticos. En conjunto, estos flujos de ganancias suman decenas de miles de millones de dólares en pocos años, concentrados en empresas con sede en Australia, el Reino Unido, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Chile y China, mientras que la porción que permanece en las arcas públicas del Cono Sur es comparativamente pequeña: las regalías mineras en Argentina no superan el tres por ciento del valor en boca de la mina, y en Chile alcanzan hasta el catorce por ciento, pero con amplias exenciones.

Sin embargo, la promesa de más trabajo y desarrollo para los territorios donde operan estas minas no se cumplió en la escala anunciada. La expansión de la producción no se ha traducido en un aumento proporcional del empleo directo: muchas minas han aumentado sus volúmenes con plantillas similares o incluso menores, gracias a la automatización, la digitalización, la subcontratación y la proliferación de trabajadores temporales. Donde se prometieron miles de empleos estables, quedaron cientos de puestos directos bien remunerados y una amplia gama de empleos precarios en seguridad, servicios, transporte y hostelería. El uso intensivo del agua para la extracción de litio en salares y cuencas cerradas, y para la extracción de cobre a gran escala, ha afectado gravemente a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas, a los horticultores, a los regantes y a las economías regionales que dependen de ríos y acuíferos ya sobreexplotados. En proyectos como Cauchari-Olaroz o los extensos salares con presencia de Arcadium y Ganfeng, las comunidades denuncian el descenso del nivel freático y su impacto en los pastos y cultivos; En las zonas auríferas y cobrizas donde operan Barrick Gold, Shandong Gold y otros socios, proliferan los conflictos por la contaminación y la competencia por el agua. El resultado final es regresivo: menor diversificación económica, mayor dependencia de un único sector consolidado y mayor vulnerabilidad a los precios internacionales.

En este contexto, los gobiernos construyen una narrativa legitimadora que oculta la naturaleza estructural del saqueo. Milei insiste en que Argentina finalmente se está convirtiendo en una potencia minera capaz de competir con Chile y Perú, promete que las inversiones servirán para pagar la deuda y sacar a millones de la pobreza, y exhibe su cercanía con los gerentes de Glencore, Lundin, Rio Tinto, Arcadium y Ganfeng como prueba de la confianza de los mercados. Kast, por otro lado, afirma que el modelo chileno es un ejemplo de cómo un Estado puede asociarse con gigantes como BHP, Anglo American, Teck, Freeport-McMoRan, Antofagasta o SQM sin renunciar supuestamente al control nacional. Pero en la práctica, tanto del lado chileno como del argentino, la orientación es la misma: el Estado no se opone al saqueo, lo administra. En Chile, un aparato empresarial estatal se asocia con capital transnacional para extraer y exportar al máximo; En Argentina, un Estado que se presenta como mínimo es responsable de desmantelar regulaciones, garantizar contratos y ofrecer un régimen de privilegios fiscales y cambiarios a las mismas corporaciones. Cambia la forma institucional, pero no el contenido de clase de la política.

Desde la perspectiva de los trabajadores y las comunidades, la integración histórica entre Milei y Kast no puede abordarse únicamente con gestos simbólicos o críticas parciales al extractivismo. La magnitud del saqueo —económico, ambiental y soberano— exige una respuesta que trascienda las fronteras estatales y las ramificaciones sectoriales. Los trabajadores mineros de Chile, con su influencia en Codelco y en las grandes empresas privadas (BHP, Anglo American, Glencore, Teck, Freeport-McMoRan, Antofagasta), tienen la capacidad de cuestionar desde dentro el papel subordinado que desempeñan sus empresas en la cadena de valor global y de proponer que toda inversión esté sujeta a un plan de desarrollo discutido democráticamente, rompiendo la ilusión de que la estatalidad chilena por sí sola garantiza la soberanía popular. Los trabajadores y las asambleas de las provincias argentinas donde avanzan los proyectos de cobre y litio (San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja), atravesadas por Rio Tinto, Glencore, Lundin, Barrick, Pan American, Arcadium, Ganfeng o Zijin, pueden, si se articulan, detener o reorientar un modelo que hoy se impone bajo la lógica del RIGI, el endeudamiento y la urgencia fiscal. Pero esta unidad no surgirá espontáneamente: requiere encuentros intercordilleranos entre sindicatos, asambleas ambientalistas y organizaciones de base; campañas informativas que muestren quién gana y quién pierde con cada proyecto; y plataformas comunes que vinculen la defensa del agua, el territorio y las condiciones laborales con la disputa por los ingresos y el control de la producción. Las montañas, convertidas por los gobiernos en un corredor de exportación para capitales australianos, británicos, suizos, canadienses, estadounidenses, chilenos y chinos, también pueden convertirse en el eje de una articulación de luchas. Si los trabajadores argentinos y chilenos interpretan esta integración histórica no como una promesa de prosperidad, sino como la formalización del mismo saqueo —con un Estado empleador en Chile y un Estado privatizador en Argentina, ambos al servicio del capital—, pueden transformar esa interpretación en fuerza material: huelgas coordinadas, demandas de nacionalización bajo control social, rechazo compartido de los regímenes de privilegio fiscal (RIGI, exenciones) y la construcción de otra posible integración, basada en la planificación democrática de los recursos y la satisfacción de las necesidades de quienes viven y trabajan a ambos lados de la sierra. La lección estratégica es clara: la unidad de la derecha (Milei-Kast) solo puede ser contrarrestada por una unidad de los explotados que no reproduzca la lógica del mal menor ni la colaboración de clases, sino que avance hacia la autoorganización y el control efectivo de los recursos estratégicos.