Kast y Milei, dos lúmpenes a dos manos con el saqueo

Por Raúl Valle  

La denominada “integración histórica” entre Javier Milei y José Antonio Kast se asienta en dos pilares materiales: un corredor binacional de cobre y litio que atraviesa la cordillera de los Andes, y una convergencia política que vacía de todo contenido efectivo la autonomía nacional, desde el subsuelo hasta las Islas Malvinas. Esta fórmula se concretó entre el 5 y el 6 de abril de 2026 en Buenos Aires —primero en la Casa Rosada y luego en reuniones con empresarios—, donde ambos mandatarios sellaron una agenda que combina inversión minera a gran escala, facilitación de exportaciones a través de puertos chilenos, modernización de cruces fronterizos y un discurso compartido sobre libertad económica y fin del estatismo. Detrás de esa retórica se esconde una historia de renuncias cruzadas: Chile, que en 1982 colaboró activamente con Pinochet en la ofensiva británica durante Malvinas, y Argentina, que hoy acepta el argumento de la “voluntad de los kelpers”. Así, la cordillera deja de ser frontera para convertirse en autopista de minerales estratégicos hacia las potencias globales, mientras el control nacional se reduce a simple gestión administrativa de la explotación ajena.

El primer pilar es la red concreta de proyectos y empresas transnacionales. En Chile, el cinturón cobrero del norte está dominado por BHP (australiana, facturación anual aproximada de 55 mil millones de dólares), Anglo American (británica, 18,5 mil millones), Glencore (suiza, 247 mil millones, principalmente por trading), Teck (canadiense), Freeport-McMoRan (estadounidense) y Antofagasta Minerals (chilena con fuerte presencia en Londres), junto a la estatal Codelco. El sector minero aporta entre el 10% y el 14% del PIB chileno y más del 50% de las exportaciones. En Argentina, los proyectos de cobre en San Juan, Catamarca y La Rioja, y el triángulo de litio en Salta, Jujuy y Catamarca, están en manos de Glencore (suiza), Lundin Mining (canadiense), BHP (australiana), Barrick Gold (canadiense, 17 mil millones), Rio Tinto (británica-australiana, 57,6 mil millones), Arcadium Lithium, Ganfeng (china), Zijin (china) y Lithium Americas (canadiense-estadounidense). A diferencia del modelo chileno, aquí la participación estatal es prácticamente nula. El sector opera bajo control privado casi absoluto, con regalías que no superan el 3% del valor en boca de mina y regímenes como el RIGI que reducen aún más la recaudación, aportando prácticamente nada al presupuesto nacional.

Estos flujos generan decenas de miles de millones de dólares anuales que viajan hacia sedes en Australia, Reino Unido, Suiza, Canadá, Estados Unidos y China. La promesa de desarrollo local nunca se materializa, la automatización, la subcontratación y el régimen fly-in fly-out limitan el empleo a puestos precarios y temporales, sin generar trabajo efectivo ni estable para los lugareños ni para los trabajadores de las zonas cercanas a las mineras. El uso intensivo de agua agrava el impacto sobre comunidades agrícolas, ganaderas y salares (Cauchari-Olaroz, proyectos de Barrick), aumentando la dependencia de un sector volátil y multiplicando los conflictos socioambientales.

El segundo pilar es la renuncia compartida al control efectivo del territorio. En 1982, Pinochet aportó inteligencia y logística a Gran Bretaña; hoy Milei y su entorno reproducen el argumento británico de la autodeterminación de los kelpers. La paradoja de 2026 resulta evidente, Chile declara formalmente su apoyo al reclamo argentino sobre Malvinas en comunicados conjuntos, mientras ambos países estrechan lazos con las mismas potencias que controlan las islas, las rutas marítimas y el negocio de los minerales críticos. La independencia nacional ya no significa decidir sobre lo propio, sino administrar las mejores condiciones para que otros lo exploten.

Esta articulación de las derechas no surgió espontáneamente. Se preparó durante años mediante la lógica del “mal menor”: el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) integró peronismo de centroizquierda, centro y derecha interna, desmovilizó la confrontación de clases y mantuvo la dependencia con el FMI; luego, bloques de centroizquierda y peronismo dialoguista votaron a favor de la Ley de Bases y de la reforma de la Ley de Glaciares (aprobada en el Senado en febrero de 2026 con 40 votos a favor y 31 en contra), al tiempo que se recortaba drásticamente el presupuesto de monitoreo glaciar. 

Un actor central y activo de este saqueo es el propio peronismo. Ya en su cuarto gobierno de mandato kirchnerista entregó autodeterminación económica a las mineras transnacionales mediante acuerdos, desregulaciones y concesiones que abrieron paso al extractivismo actual. Hoy, bajo el gobierno de Milei, actúa como garante parlamentario y político del mismo modelo. 

Eduardo Enrique “Wado” de Pedro sintetiza este recorrido traicionero. Hijo de militantes desaparecidos y fundador de La Cámpora, pasó de la bandera de los derechos humanos a convertirse en operador técnico indispensable del kirchnerismo, articulador con gobernadores, empresas y embajadas mientras el discurso oficial seguía invocando autonomía popular y pueblo. Ya como senador, se pronunció contra la reforma de la Ley de Glaciares, pero al mismo tiempo avaló, dentro del dispositivo político del peronismo, acuerdos con capitales extranjeros y proyectos presentados como “inversiones estratégicas” que sostienen el mismo esquema extractivista que la reforma profundiza. No se trata de un desvío individual, sino de la expresión orgánica de un progresismo peronista que agotó su ciclo histórico.

Milei presenta la minería como salvación nacional y Kast vende el modelo chileno como ejemplo de “control autónomo”. En ambos casos, el Estado —empresario en Chile, desregulador en Argentina— administra el mismo saqueo de clase. 

Desde la perspectiva de los trabajadores y las comunidades afectadas, la respuesta no puede limitarse a gestos simbólicos. Los mineros chilenos de Codelco y de las grandes privadas, junto a las asambleas de San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, poseen la capacidad material para cuestionar la subordinación en la cadena de valor global. Se requieren encuentros intercordilleranos, campañas que muestren con claridad quién gana y quién pierde con cada proyecto, y plataformas comunes que articulen la defensa del agua, el territorio y las condiciones laborales con la disputa real por el control democrático de la producción. 

Es hora de movilizarse para derogar la reforma de la Ley de Glaciares, echar a Milei y a Kast, y convocar una asamblea constituyente que responda desde el punto de vista de los trabajadores. Con los trabajadores y las trabajadoras argentinas llamamos a las trabajadoras y los trabajadores chilenos a hacer lo mismo, unir fuerzas por encima de la cordillera contra el saqueo común.

La unidad de la derecha solo puede ser enfrentada con una unidad superior de los explotados: una que rompa definitivamente con la lógica del mal menor y avance hacia la autoorganización y el control social de los recursos estratégicos.