Flotilla 2026: el gesto y la estrategia

Por Raúl Valle

La nueva flotilla rumbo a Gaza, con una delegación argentina integrada por referentes de derechos humanos, periodismo militante e izquierda clasista, zarpa en un escenario radicalmente distinto al de las primeras experiencias. Ya no se trata sólo de un bloqueo permanente y ofensivas periódicas, estamos ante un genocidio sostenido contra el pueblo palestino y una escalada bélica que se ha convertido en guerra regional. Israel ha atacado a gran escala contra Irán, roto altos el fuego con bombardeos masivos sobre el Líbano, y endurecido su estructura interna para debilitar contrapesos institucionales y habilitar castigos extremos. La flotilla, que durante años navegó en un mar bloqueado pero relativamente estable, se interna ahora en un teatro de guerra abierto. Durante más de quince años, estas misiones combinaron desafío civil al bloqueo y gesto humanitario. En 2010, el asalto al Mavi Marmara mostró que Israel estaba dispuesto a asesinar en aguas internacionales; desde entonces, todas las flotillas fueron interceptadas a distancia, desviadas a puertos israelíes, con tripulaciones detenidas y barcos confiscados. La Global Sumud Flotilla de 2025 llevó esa lógica al extremo, decenas de barcos, cientos de activistas, una campaña masiva. El resultado fue el mismo: la armada israelí la detuvo lejos de la costa, con cañones de agua y maniobras de choque. Lo que antes podía presentarse como exploración de los límites del bloqueo terminó de probar que no hay resquicio legal ni moral que obligue al Estado sionista a permitir el paso. 

Lo que ha cambiado desde entonces es la escala y el carácter de la violencia. Sobre Gaza se despliega un genocidio, decenas de miles de muertos, barrios arrasados, hospitales destruidos, hambre y enfermedad como armas. Además, Israel ha extendido la guerra a Irán con ataques sobre objetivos civiles, y ha roto los altos el fuego con el mayor bombardeo coordinado contra el Líbano en años. Esta combinación de genocidio interno, proyección militar externa y deriva autoritaria dibuja una situación cualitativamente distinta, la flotilla ya no se enfrenta a un bloqueador duro pero contenido por cierta diplomacia, sino a una potencia que actúa fuera del derecho internacional y rompe acuerdos cuando le conviene. En ese contexto, la delegación argentina expresa un compromiso real. No es gente que se quede en el comunicado, son militantes dispuestos a asumir el riesgo de entrar en una zona peligrosa, donde ya hubo ataques y donde la detención, el maltrato o la muerte no son abstractos. Ese valor no hay que negarlo. Pero la pregunta que importa no es si "está bien" poner el cuerpo, sino qué hace la política con ese gesto. ¿Se lo integra en una estrategia que multiplique su efecto, o se lo deja suspendido como expresión de una solidaridad que no logra transformarse en poder? Aquí entra el problema de fondo de la izquierda que ha hecho de la flotilla su táctica central. Corrientes como Izquierda Socialista, el MST, el Partido Obrero y el PTS, que en su tradición teórica colocan en el centro a la clase trabajadora, los sindicatos y la juventud, han convergido en presentar la participación en la flotilla como síntesis de su internacionalismo. 

Desde 2025 vienen promoviendo estas delegaciones, reivindicando su carácter humanitario y traduciendo buena parte de su esfuerzo militante en visibilizar la travesía. El problema es que lo hacen después de una experiencia que mostró que la flotilla no llega, que es detenida cada vez más lejos, y ahora en un escenario donde Israel además bombardea Irán y el Líbano. Insistir en la misma táctica, sin un cambio sustantivo del contexto ni de la correlación de fuerzas, ya no puede leerse como "prueba" sino como perseverancia en una forma de acción que el enemigo ha aprendido a neutralizar. La cuestión no es sólo de resultados, sino de lugar en la estrategia. Una flotilla puede ser una táctica extrema de denuncia y solidaridad, pero no puede reemplazar la construcción de fuerza donde realmente se puede afectar la maquinaria bélica. Por eso, desde Argentina, la tarea tiene que reorientarse hacia los frentes donde realmente podemos golpear al genocidio desde nuestro territorio. 

Se podría adherir a la campaña de boicot contra las empresas cómplices del genocidio en Gaza y el régimen sionista dejando de comprar productos de gaseosa, Coca‑Cola (y sus marcas como Fanta, Sprite, Powerade), cadenas de comida rápida como McDonald’s y Burger King, y tecnología de corporaciones como HP, Intel y Motorola, usando el “no compres” como una forma concreta de solidaridad con el pueblo palestino.

Pero lo principal es el boicot a Mekorot, la empresa israelí de agua que opera en al menos doce provincias y es la principal interesada en quedarse con la privatizada AySA. Mekorot aplica el apartheid hídrico sobre el pueblo palestino, robándole el agua en Cisjordania. Boicotearla es golpear al régimen sionista en un punto sensible de su infraestructura de dominación, a la vez que se defiende el agua como bien público en la Argentina. También hay que exponer a otros grupos locales cómplices, como Cresud (holding con operaciones en Israel) y ECIPSA (inmobiliaria cordobesa que invierte en colonias), y desenmascarar la hipocresía de grandes grupos económicos que, como el que compró Telefé, priorizan sus negocios con el régimen israelí. También contra Black Rock que es uno de los grandes dueños silenciosos de la economía argentina, tiene participaciones relevantes en deuda soberana, en bancos y en empresas estratégicas de energía, alimentos y servicios, interviniendo de hecho en las condiciones de vida y de trabajo en el país. Ese mismo fondo, a escala global, financia con miles de millones de dólares a empresas de armas y a la deuda de Israel, transformando el ahorro de millones de personas en capital disponible para el genocidio en Gaza y para la guerra regional que el régimen israelí despliega sobre Palestina, el Líbano y contra Irán. Y más, tirar abajo los acuerdos que atan a Argentina al régimen israelí es una tarea central si se quiere dejar de ser cómplice del genocidio y de la guerra regional. Eso implica, en primer lugar, cuestionar y romper el Acuerdo Mercosur–Israel, que consagra a Israel como socio privilegiado en comercio e inversiones, y, en segundo lugar, anular el Memorándum de Entendimiento firmado por el gobierno de Milei que “consolida” la alianza estratégica en defensa, seguridad, turismo e inversiones bajo la retórica de la lucha por la libertad, se trata de continuar la lucha contra el régimen de Milei. 

El segundo frente es el universitario, las casas de estudio argentinas mantienen convenios con instituciones israelíes que forman parte del aparato militar y de colonización. La tarea concreta es presionar a los consejos directivos para que rompan esos vínculos y declaren sus facultades como "Espacios Libres de Apartheid", una línea con antecedentes recientes. El tercer frente es la defensa de los perseguidos judiciales por solidaridad con Palestina. El gobierno de Milei y la derecha judicial, alineados con el sionismo internacional, están criminalizando a los luchadores contra el genocidio, con causas como las de Vanina Biasi y Alejandro Bodart. Salir a las calles, a los juzgados, a los sindicatos y a las asambleas populares para exigir el archivo de esas causas y denunciar la persecución es una acción directa que afecta la impunidad del Estado sionista en nuestro país. 

Ninguna de estas líneas reemplaza el coraje de quienes se suben a un barco. Pero tienen una ventaja estratégica, no dependen de que Israel nos deje pasar. Dependen de nuestra propia capacidad de organización cotidiana en los barrios, las facultades, los movimientos de defensa de los bienes comunes y los tribunales. Decir esto no es cerrar una puerta, sino abrir otra. No se trata de oponer "barcos sí" a "barcos no", sino de afirmar que, en el nuevo contexto de guerra regional y genocidio continuado, la flotilla desarmada ha dejado de ser una táctica capaz de alterar el curso de los acontecimientos y se ha convertido, en el mejor de los casos, en un gesto de enorme coraje con muy poca eficacia. La responsabilidad de una izquierda que se reclama marxista es no detenerse en el gesto, por más conmovedor que sea, sino asumir la tarea más difícil, organizar a la clase trabajadora y a los pueblos para que, en los puertos, en las fábricas, en las calles y en las instituciones, se desate una huelga social contra la guerra y contra los gobiernos que la sostienen. Sólo desde ahí, desde esa perspectiva de huelga general en la logística y de levantamiento de los pueblos contra sus propias autoridades beligerantes, la solidaridad con Palestina y con los pueblos que sufren la guerra podrá dejar de ser un grito impotente y empezar a convertirse en una fuerza que pese realmente sobre quienes hoy se sienten impunes.