El gobierno perdió 270.800 empleos registrados y lo festeja con una estadística que miente

 

Raúl Valle

El diario La Nación publicó el 31 de marzo de 2026 una nota titulada “Cayó la pobreza en el segundo semestre de 2025 y cerró el año en 28,2%, el dato más bajo en siete años”, que opera como una pieza de campaña electoral más que como un ejercicio periodístico serio. Para sostener su título triunfalista, el diario omite sistemáticamente los indicadores estructurales que desmienten cualquier lectura optimista sobre la situación de la clase trabajadora argentina.

La primera distorsión es metodológica. El INDEC calcula la pobreza con una estructura de consumo que data de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares de 2004/2005. Marco Lavagna renunció a la dirección del organismo en medio de tensiones por la negativa del gobierno a actualizar esos ponderadores, una decisión que condena las estadísticas oficiales a la obsolescencia . El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que sí ajusta por los cambios en la estructura de gastos de los hogares, estimó que la pobreza real en el segundo semestre de 2025 se ubica en el 36,2% —ocho puntos porcentuales por encima del dato oficial— y advirtió que tres cuartas partes de la caída registrada por el INDEC se explican por esta distorsión metodológica y no por una mejora real.

Pero hay algo más grave, el propio Salvia, director de la UCA, declaró en marzo de 2026 que “la pobreza está aumentando”, quebrando la tendencia a la baja que el gobierno intenta instalar en pleno calendario electoral. La canasta básica alimentaria aumentó un 37% interanual, muy por encima del índice general de precios, lo que significa que los sectores más vulnerables enfrentan una inflación superior a la que publica el INDEC.

Mientras La Nación celebra un dato de pobreza que ningún organismo independiente convalida, el mercado laboral muestra cifras que no admiten otra lectura que la del desastre. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la Argentina destruyó 270.800 empleos asalariados registrados: 192.000 en el sector privado y 78.800 en el sector público . La sangría se aceleró durante 2025: en los primeros nueve meses del año, con un PBI que crecía al 5,2% interanual, se perdieron 112.400 puestos asalariados registrados, rompiendo la correlación histórica entre crecimiento económico y generación de empleo . El comercio y la industria concentraron dos tercios de las pérdidas, con 4.928 y 4.850 puestos menos respectivamente solo en noviembre de 2025 .

El fenómeno más revelador es la transformación de la estructura del empleo. Por cada diez asalariados registrados que salieron del sistema, se crearon apenas cinco nuevos monotributistas —una “tasa de reemplazo” del 50%—, lo que evidencia que no solo se pierde calidad del empleo sino también cantidad neta de trabajadores con cobertura social plena . En junio de 2025, esa relación llegó a su punto más crítico: ocho monotributistas por cada diez asalariados perdidos . Los asalariados privados representaban en noviembre de 2023 el 50,1% del total de trabajadores registrados; dos años después, su participación cayó al 49,1%, mientras que los monotributistas pasaron del 16% al 17,3% .

Pero incluso esta foto es incompleta porque no captura el fenómeno más reciente. El presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), Jorge Colina, señaló que “en 2025 se observó que todo el aumento del cuentapropismo fue informal. O sea, no hubo inscriptos en el monotributo, lo que implica que son personas que trabajan y cobran en negro por sus servicios” . La formalización vía monotributo se agotó: los nuevos trabajadores independientes ni siquiera llegan a ese régimen simplificado. El único empleo que crece es el cuentapropismo informal: changas, repartos en plataformas, oficios precarios, vendedores ambulantes, trabajadores que salen a generar ingresos por su cuenta porque las empresas no contratan, ni siquiera en negro .

El propio gobierno de Milei parece dispuesto a profundizar esta tendencia. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluye una cláusula que exige “armonizar la tasa del monotributo y mejorar la transición de los pequeños contribuyentes al sistema tributario general”, un eufemismo que encubre la eliminación del régimen simplificado . De concretarse, unos 4,7 millones de monotributistas —2,8 millones de ellos en la categoría más baja— pasarían a tributar como autónomos, con costos que se multiplicarían por tres ($37.000 a $100.000 mensuales solo en aportes jubilatorios, sin contar IVA y Ganancias), empujando a la informalidad a millones de trabajadores que hoy, al menos, tienen cobertura de obra social y acceso a una jubilación futura .

El ajuste sobre los trabajadores registrados también se profundiza. Los salarios del sector privado registrado aumentaron apenas 25,6% en 2025 contra una inflación del 31,5%, con una pérdida de poder adquisitivo del 5,9% en el acumulado anual . Los trabajadores registrados llevan cinco meses consecutivos perdiendo contra la inflación, y desde septiembre de 2025 acumulan una caída del 2,3% de su salario real. Pero el ajuste más brutal es sobre los estatales: la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exige en la paritaria de marzo de 2026 una recomposición del 45,3% del poder adquisitivo perdido durante la gestión de Milei . Según cálculos de la junta interna de ATE en el INDEC, el salario mínimo necesario para cubrir la canasta básica total debería ser de $2.213.476, mientras que el salario mínimo vital y móvil actual es de apenas $322.200 .

El propio gobierno reconoce indirectamente esta crisis cuando convoca a paritarias para los trabajadores del Estado, después de haber mantenido un congelamiento que llevó los salarios públicos a niveles de pobreza. La paritaria de empleados de comercio, uno de los gremios más grandes del país, cerró en marzo de 2026 un aumento del 5% para abril, mayo y junio —2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio—, muy por debajo de las proyecciones inflacionarias para el primer semestre . El acuerdo incluyó además una suma fija no remunerativa de $120.000, que no impacta en el básico ni en la antigüedad, una fórmula que licúa derechos consolidados bajo la apariencia de mejora salarial .

La reforma laboral que el gobierno impulsa en el Congreso no modifica este diagnóstico. Según Colina, la iniciativa “está pensada para las grandes empresas y en todo caso para las medianas, pero a las micropymes no les está dando nada”, a pesar de que el 80% de los asalariados informales trabaja en micropymes . La evidencia histórica es contundente: entre 1997 y 2003, con políticas de flexibilización laboral similares a las que propone Milei, la Argentina destruyó 23.033 empresas y la desocupación creció del 8,6% al 21,5% . En cambio, entre 2003 y 2015, con políticas de recomposición del salario mínimo, ampliación de derechos y estímulo al mercado interno, se crearon 212.267 empresas y 2.883.000 puestos de trabajo registrados .

La nota de La Nación del 31 de marzo de 2026 debe ser leída por lo que es:,una operación de prensa que, bajo la cobertura de un dato estadístico aislado, intenta construir una narrativa de éxito económico que los indicadores estructurales desmienten punto por punto. La pobreza no bajó a 28,2% en términos reales; la informalidad alcanza niveles récord; el único empleo que crece es el cuentapropismo no registrado; los salarios perdieron contra la inflación; los trabajadores públicos perdieron más del 45% de su poder adquisitivo; el salario mínimo es un tercio de lo que debería ser para no ser pobre; y la reforma laboral que se avecina amenaza con expulsar del sistema a millones de monotributistas. Ese es la situación de la clase trabajadora argentina a dos años del gobierno de Milei, y ningún titular triunfalista podrá ocultarlo por mucho tiempo.