Dictadura capitalista en la fábrica, por qué experimentarla requiere una superación para la clase trabajadora

  

Por Raúl Valle

La situación nacional y económica bajo el régimen de Milei se encuentra marcada por una ofensiva estructural del capital sobre el trabajo en un marco de estancamiento productivo, caída pronunciada del salario real y reconfiguración regresiva del régimen laboral. En los últimos años se consolidó una combinación de alta inflación, pérdida acumulada del poder adquisitivo en el orden de decenas de puntos porcentuales para amplias franjas asalariadas, y un nivel de informalidad que ronda a casi la mitad de la fuerza de trabajo, mientras crece el desempleo encubierto vía subocupación y changas. En este contexto, el capital busca recomponer su tasa de ganancia reduciendo costos laborales, elevando la productividad por la vía de la intensificación del trabajo, y avanzando sobre las regulaciones que aún limitan la flexibilidad patronal, lo que explica el papel central que asume la reforma laboral dentro del programa económico en curso.

La reforma laboral en discusión fue votada con la complicidad necesaria del peronismo, y no es un hecho aislado, sino una pieza de un paquete más amplio de reformas pro mercado, que incluye desregulación, apertura, incentivos impositivos al capital y ajuste fiscal. De hecho, ya funciona con el disimulo de la dirección de la CGT, que había precarizado a la juventud y ya había perdido al 60% de los trabajadores que están en monotributo. Su eje es la descentralización de la negociación colectiva hacia acuerdos por empresa, por encima o en contra de los convenios de actividad, lo que implica fragmentar aún más la fuerza de negociación de la clase trabajadora. En el plano concreto, esto permite que cada empresa imponga condiciones específicas según la relación de fuerzas interna, desarmando las defensas comunes construidas durante décadas. Se trata de aumentar la tasa de explotación mediante una combinación de plusvalía absoluta (extensión o reorganización de la jornada, turnos más largos, menos pausas) y plusvalía relativa (más productividad con menos plantilla y polivalencia funcional).

En este marco, el caso reciente de PepsiCo, presentado hace unos días en el simposio de "Marval" por el discurso empresario como “caso de éxito”, anticipa en la práctica los mecanismos que la reforma busca generalizar. La empresa exhibe como logro un aumento de aproximadamente un 6% en la eficiencia operativa y una caída del ausentismo de niveles cercanos a 18% a alrededor del 3%, asociado a un cambio profundo en la organización del trabajo. Ese “éxito” se apoya en la implementación de turnos de 12 horas, en esquemas de 4 días de trabajo por 3 de descanso, junto con la creación de equipos de operarios polivalentes o “volantes” que pueden ser desplazados entre distintos puestos según la necesidad productiva. Lejos de una mejora neutral, este modelo reduce tiempos muertos, concentra más trabajo en menos horas de descanso efectivo y da a la empresa una flexibilidad que se traduce en mayor intensidad de explotación y en un control más fino sobre los cuerpos y los tiempos de la fuerza de trabajo.

Un aspecto decisivo de este proceso es la forma de negociación y de representación. PepsiCo utilizó un comité de “operarios senior” seleccionado por la propia empresa para legitimar los cambios, lo que en los hechos supone un bypass de la representación sindical tradicional y de las comisiones internas surgidas de elecciones democráticas. La patronal se construye sus propios interlocutores “de confianza” y presenta esa relación directa como más “moderna” y eficiente, mientras debilita la posibilidad de que la clase trabajadora negocie colectivamente a partir de sus organismos propios. El resultado es una mayor subordinación directa al mando del capital, sin mediaciones fuertes, y un ataque indirecto pero muy concreto a las comisiones internas y a los delegados combativos, que son desplazados por canales de “diálogo” controlados desde arriba.

Esta dinámica tiene un antecedente central en el cierre de la planta de PepsiCo en Florida, partido de Vicente López, en la localidad de Munro, ocurrido en 2017, cuando la empresa decidió cerrar esa fábrica y trasladar la producción a Mar del Plata. Bajo el sindicato STIA, se hicieron los “despidos voluntarios” (en realidad, retiros inducidos). Bajo el discurso de la “racionalización” y la “eficiencia”, ese traslado significó la destrucción de cientos de puestos de trabajo en una planta con peso histórico en la zona norte. La multinacional aprovechó el contexto para reestructurar su mapa productivo, concentrando la producción en una nueva planta, tecnológicamente más avanzada y con condiciones laborales más manejables desde el punto de vista patronal, mientras dejaba en la calle a una masa de trabajadores con arraigo territorial y experiencia de organización.

En ese conflicto, el papel de la burocracia sindical de la alimentación, vinculada al peronismo, fue determinante. Lejos de organizar una lucha de conjunto para defender todos los puestos de trabajo, el sindicato actuó como un engranaje más de la operación empresarial, promoviendo retiros “voluntarios” y acuerdos individuales, y desalentando cualquier perspectiva de resistencia prolongada. La burocracia no operó como representante de los intereses de clase de los trabajadores, sino como una capa social integrada al aparato del Estado y funcional a la acumulación capitalista, que administra la fuerza de trabajo para asegurar la “gobernabilidad” de las reestructuraciones y lograr la derrota de la izquierda y los trabajadores dentro de las unidades productivas. En los hechos, el sindicato “salvó” a la empresa de una confrontación abierta, obligó a amplios sectores a aceptar retiros y facilitó que la patronal destruyera los puestos de trabajo en Munro para relocalizar la producción donde le resultaba más rentable.

Sin embargo, ese proceso estuvo lejos de ser lineal, solo la izquierda resistió el vaciamiento y el traslado a Mar del Plata. En Munro se constituyó una verdadera vanguardia obrera de hombres y mujeres que se negó a aceptar pasivamente el cierre. Ocupó la planta, enfrentó el desalojo, buscó la solidaridad de otras fábricas, del movimiento estudiantil y de organizaciones de izquierda, y puso en discusión no solo el despido en sí, sino el derecho de la empresa a cerrar una planta rentable para aumentar su tasa de ganancia. Esta vanguardia vivió en la práctica lo que significa disputar el control de la producción, organizar guardias, decidir colectivamente sobre el uso de las instalaciones, sostener asambleas permanentes, construir vínculos con el barrio y con otras luchas. Aunque el desenlace fue adverso en términos inmediatos, esa experiencia dejó un sedimento político y organizativo que se proyecta sobre nuevos conflictos y sobre el presente debate de la reforma laboral.

La reforma laboral y el “modelo PepsiCo” buscan también golpear de lleno a las comisiones internas combativas. A la negociación empresa por empresa con comités armados a medida de la patronal se suma una política consciente de contratación pensada para desorganizar la resistencia, se incorpora mano de obra lejos de sus lugares de vivienda y de sus barrios, fragmentando los vínculos territoriales y las identidades culturales que actúan como soporte de la solidaridad de clase. Al cortar la continuidad histórica entre fábrica, barrio y comunidad, se busca que cada trabajador se viva como un individuo aislado, sin una red social inmediata que pueda sostener un conflicto prolongado.

En esa ingeniería social de la fuerza de trabajo, ocupa un lugar importante la proletarización de mujeres en situación de alta vulnerabilidad, jóvenes, muchas veces solteras, con hijes pequeños, con pocas redes de contención y una necesidad urgente de ingreso. La empresa se apoya en esa necesidad para imponer turnos extenuantes, polivalencia funcional y un clima de disciplina reforzada, bajo la amenaza permanente del despido. Estas trabajadoras son tratadas como fuerza de trabajo descartable, reemplazable en cualquier momento, y sometidas a una doble carga, la explotación intensificada dentro de la fábrica y el trabajo de cuidados en el hogar. Esta superexplotación feminizada se utiliza como palanca para bajar condiciones al conjunto de la plantilla, reforzando desigualdades y divisiones que debilitan la resistencia colectiva.

Para garantizar este régimen, se despliega una agencia de “recursos humanos” que pasa de ser un área administrativa a convertirse en un verdadero aparato represivo interno. Protocolos rígidos, juntas médicas privadas para controlar licencias, cuestionamiento de ausencias por enfermedad o donación de sangre, evaluaciones permanentes de “compromiso” y “actitud” funcionan como mecanismos disciplinarios que buscan impedir cualquier reclamo, limitar la organización y sofocar toda forma de democracia obrera dentro de la fábrica. El resultado es la consolidación de un régimen laboral que se acerca a formas de semiesclavitud moderna, jornadas extendidas, tiempo de descanso comprimido, salarios que no cubren una vida digna, amenaza constante de reemplazo y vigilancia ideológica sobre la conducta de los trabajadores.

Frente a esta realidad, hacia afuera la empresa y el propio régimen económico ofrecen un “pluralismo” que se limita al consumo. El trabajador es disciplinado como productor, pero interpelado como consumidor, se le promete una variedad de bienes y servicios, una pseudo libertad de elección en el mercado, aun cuando sus salarios de hambre limiten brutalmente esa capacidad de consumo. De este modo, se intenta sustituir objetivos de vida ligados a la participación colectiva, a la organización y a la transformación social, por un horizonte centrado en la compra de objetos cada vez más superficiales y efímeros. Ya no se trata de estructurar al trabajador con una vivienda y un automóvil, un horizonte lejano que en esta época se torno imposible, sino en su reemplazo por el alquiler y el colectivo, y de vez en cuando un Uber, por una compensación consumista, restringida y endeudada, que pretende anestesiar el conflicto, mientras el temor al descarte y despido por parte del patrón, el capataz y la empresa aumenta la soledad y la vulnerabilidad subjetiva.

Sin embargo, dentro de este cuadro profundamente regresivo, hay un elemento positivo y estratégico que emerge de las luchas como la de Munro y de las resistencias que se van dando en distintos puntos del país, los trabajadores comienzan a hacer su propia experiencia en la producción, ya no solo como engranajes o espectadores, sino como sujetos pensantes que intervienen en los procesos de decisión. Cuando se organizan asambleas, se discuten ritmos de trabajo, se cuestionan turnos de 12 horas y se plantean alternativas a los cierres y traslados, los trabajadores dejan de mirar la fábrica “desde afuera” y empiezan a comprenderla como un espacio que ellos mismos hacen funcionar y que, por eso mismo, pueden y deben gobernar. Esa participación democrática, por incipiente que sea, rompe con la idea de que la fábrica es un territorio exclusivo de la gestión patronal y abre el terreno para otra concepción del trabajo.

En la medida en que esta experiencia se masifica, los trabajadores toman conciencia de que dentro de la fábrica viven bajo una verdadera dictadura capitalista, un régimen donde la decisión está concentrada en pocas manos, donde la voz obrera es silenciada y donde la amenaza del despido, el disciplinamiento y la represión están siempre presentes. Y aquí hay una buena claridad para seguir luchando, porque experimentar esta dictadura desde dentro, sufrirla en carne propia y a la vez organizarse para enfrentarla, permite desnaturalizarla, romper con la idea de que “siempre fue así” o de que es un orden inevitable. Al vivir la dictadura del capital en la práctica cotidiana, los trabajadores descubren que no es un estado de naturaleza, sino una relación de fuerza que puede ser desafiada, y que cada pequeño acto de resistencia colectiva –una asamblea, una negativa a hacer horas extra no pagas, una discusión sobre los ritmos– les devuelve un poder que el capital les había ocultado. Esa toma de conciencia es la base para construir alternativas reales. Nombrar esta dictadura no es sólo una denuncia moral, es reconocer que en ese espacio se juega una relación de poder que no puede ser resuelta solo con “buenas prácticas” empresariales o diálogos formales. Al mismo tiempo, participar activamente en la producción permite ver con mayor claridad cómo se genera la plusvalía, qué parte del valor producido vuelve al trabajador en forma de salario y qué parte es apropiada por el capitalista como ganancia, bonificación o renta.

Esa comprensión colectiva es el punto de partida para plantear que no se trata únicamente de un problema de propiedad privada en abstracto, sino de esa defensa cerrada que hacen los capitalista y operadores de la propiedad privada en abstracto, pasar rápido de ese punto a la responsabilidad y capacidad de los propios trabajadores en esa propiedad privada en concreto para planificar el trabajo, recuperar la plusvalía y discutir la propiedad misma de la fábrica. Si los trabajadores saben cómo producir, si son ellos quienes sostienen la continuidad del proceso productivo, si su intervención puede mejorar la organización del trabajo, ¿por qué el excedente social que generan se acumula en manos de una minoría?, ¿por qué las decisiones estratégicas –cierre, traslado, cambio de turnos, incorporación de tecnología– quedan en manos de quienes no ponen su cuerpo en la línea de producción? A partir de estas preguntas, la crítica a la dictadura capitalista en la fábrica se transforma en una reflexión sobre quién debe decidir qué se produce, cómo y para quién, es decir, su respuesta superadora.

En este punto, la discusión va más allá de la mera defensa de derechos laborales existentes. La cuestión central se convierte en si el futuro del trabajo y de la producción puede seguir siendo decidido por directorios y fondos de inversión que buscan maximizar la tasa de ganancia, o si debe pasar a manos de quienes producen la riqueza, a través de mecanismos de democracia obrera y planificación consciente. La propiedad privada de los medios de producción aparece entonces no sólo como una forma jurídica injusta, sino como un obstáculo concreto para garantizar empleo estable, salarios que permitan vivir, condiciones de trabajo saludables y una orientación socialmente racional de la producción. Frente a un sistema que combina explotación intensificada adentro y consumismo pobre hacia afuera, la experiencia de lucha de los trabajadores abre la posibilidad de pensar otra organización del trabajo y de la vida.

La conclusión que se desprende de este recorrido es que la misma ofensiva capitalista que busca consolidar una dictadura empresarial en la fábrica, apoyada en una burocracia sindical peronista recompuesta como aparato del capital, está generando en su interior una respuesta que, aunque todavía minoritaria, tiene un enorme potencial, el crecimiento programático de una vanguardia obrera y de izquierda, que se descubre como sujeto capaz de comprender, disputar y reorganizar la producción. Cuando esa comprensión deja de ser patrimonio de unos pocos y se vuelve experiencia compartida, los trabajadores no sólo resisten la reforma laboral y los cierres, sino que empiezan a cuestionar la legitimidad misma del poder capitalista sobre la fábrica y la sociedad. En esa tensión entre la radicalización del mando capitalista y la maduración de una conciencia obrera que se sabe responsable de planificar el trabajo y la vida, se juega buena parte del rumbo que tomará la situación nacional e internacional en la realidad actual.