Capital financiero transnacional, medios de comunicación y la explicacion del giro a la derecha del electorado argentino

 

Por Raúl Valle

El giro electoral de la sociedad argentina hacia la ultraderecha en las elecciones presidenciales de 2023 no puede comprenderse como un fenómeno espontáneo ni como una simple reacción emocional de las masas. Es el resultado de un largo proceso en el que confluyen tres vectores que se alimentan mutuamente, el agotamiento material y hegemónico del kirchnerismo en sus cuatro etapas de gobierno, la continuidad estructural del endeudamiento externo —que atraviesa tanto a la centroizquierda como a la derecha— y la presencia operativa del capital financiero transnacional, encarnado paradigmáticamente en el mayor fondo de inversión del mundo, como acreedor, accionista y condicionante de las políticas económicas de los sucesivos gobiernos. La victoria de Javier Milei en noviembre de 2023 no fue la causa sino el resultado visible de ese proceso acumulado.

El fondo de inversión BlackRock —con más de 14 billones de dólares bajo gestión— no llegó a Argentina con Milei. Su historia en el país arranca con el gobierno de Mauricio Macri. En octubre de 2016, su CEO Larry Fink visitó la Casa Rosada y expresó interés en invertir en energía, particularmente en Vaca Muerta, y en el mercado inmobiliario. En mayo de 2018, en plena crisis cambiaria, el fondo compró junto a Templeton los bonos BOTES 2023 y 2026 emitidos por el entonces secretario de Finanzas Luis Caputo. En enero de 2019, abrió oficialmente su primera oficina en Buenos Aires bajo la dirección de Francisco Rosemberg, argumentando que las reformas del mercado de capitales impulsadas por Macri habilitaban una economía más abierta. La derrota de Macri en octubre de 2019 marcó un punto de inflexión: esa oficina fue cerrada a menos de dos años de su apertura. El regreso del peronismo con Alberto Fernández supuso un cambio de clima para el capital financiero transnacional, aunque —como se verá— el kirchnerismo tampoco rompería con la lógica del endeudamiento estructural.

El 1 de febrero de 2024, apenas semanas después de que Milei asumiera la presidencia, el mandatario mantuvo una videoconferencia con Fink y la calificó como un éxito total. En marzo de ese año, el fondo anunció la reapertura de su oficina en Buenos Aires, en el barrio de Catalinas Norte. El regreso coincidió con la apertura desregulatoria impulsada por el nuevo gobierno: el fondo posee el 5,67% de las acciones de YPF, tiene posiciones en TGS, opera en el sector del litio a través de NewCo —junto con Vanguard, JPMorgan y HSBC— y es accionista de los cuatro bancos privados más grandes del país, Santander-Río, BBVA, Galicia y Macro. El economista Horacio Rovelli lo describió sin rodeos, el poder de Caputo es el que le da ese fondo, y el gobierno se ha subordinado completamente. La trayectoria —presente con Macri, retirado con Fernández, regresado con Milei— funciona como un termómetro preciso del ciclo político-económico argentino.

La dimensión mediática del capital financiero transnacional no puede omitirse en el análisis del giro ideológico. A nivel global, el fondo es uno de los principales accionistas institucionales de los grandes conglomerados informativos, posee alrededor del 5% de Fox Corporation, el 4,85% de CNN, el 6,21% de CBS y el 4,36% de ABC-Disney, siendo junto a Vanguard el bloque accionario que controla más del 90% del ecosistema informativo estadounidense. En España tiene participaciones en Telefónica, Atresmedia y el Grupo Prisa, dueño de El País y la Cadena SER. En América Latina es accionista de América Móvil, el mayor conglomerado de telecomunicaciones regional. En Argentina, la presencia en el ecosistema mediático opera de manera estructural antes que directa, el fondo tiene participación accionaria en Telecom Argentina, empresa que en 2025 compró Telefónica Argentina por 1.245 millones de dólares y se consolidó como la columna vertebral del Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país. Esta conexión accionaria no equivale a dictado editorial, pero sí sitúa al capital financiero transnacional en la estructura de propiedad del principal polo mediático argentino, que incluye el diario Clarín, el canal de noticias TN, la señal El Trece y Radio Mitre, entre otros medios de alcance masivo.

El mecanismo por el cual esta propiedad accionaria incide en el discurso público no requiere instrucciones directas a los periodistas. Opera a través de lo que Gramsci llamó hegemonía, la naturalización de ciertos marcos interpretativos como sentido común. Los medios concentrados tendieron a valorar positivamente las políticas que generaban un clima favorable para los inversores internacionales —apertura de mercados, reducción del gasto público, desregulación, seguridad jurídica— . El gobierno de Milei reforzó ese alineamiento de un modo proactivo, eliminó la pauta publicitaria oficial a los medios críticos y redirigió el gasto comunicacional del Estado hacia empresas como YPF, Aerolíneas y el Banco Nación, mientras desregulaba el sector para permitir mayor concentración. En ese discurso, el ajuste fiscal, las privatizaciones y la subordinación al capital externo dejaron de presentarse como opciones políticas y pasaron a ser la única salida racional frente al caos kirchnerista, preparando culturalmente el terreno para el voto de ruptura radical.

El kirchnerismo construyó su legitimidad inicial sobre la ruptura simbólica con el Fondo Monetario Internacional. En enero de 2006, Néstor Kirchner anunció la cancelación de los 9.810 millones de dólares que Argentina le adeudaba al organismo, presentándola como el inicio de una era de soberanía financiera, financiada con reservas del Banco Central y recursos de organismos públicos. La reducción de la deuda fue efectiva en los primeros años —entre 2004 y 2006 cayó de 164.600 a 107.800 millones de dólares— y el canje de 2005 implicó una quita cercana al 70% con acreedores privados. Paralelamente, el gobierno abrió una vía de financiamiento alternativa mediante la emisión de títulos como los Boden 2012 y 2015, comprados de manera directa por el gobierno de Hugo Chávez entre 2005 y 2008 por montos significativos y a tasas elevadas para la Argentina. Ese mecanismo no rompió con la lógica del endeudamiento, simplemente la reacomodó, sustituyendo deuda con el FMI por nueva deuda en dólares colocada a un costo financiero propio del ciclo neoliberal.

En los hechos, el “desendeudamiento” supuso un cambio de acreedores más que una superación estructural del problema. El pago al FMI se hizo utilizando reservas y recursos de la seguridad social, ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, junto con entes como el PAMI, fueron obligados a absorber títulos públicos, convirtiéndose en prestamistas del propio Estado. Dicho de otro modo, se pagó deuda externa con ahorros jubilatorios y fondos destinados a prestaciones sociales, mientras se creaba una creciente deuda interna e intraestatal, opaca y difícil de auditar. Al finalizar la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2015, la deuda pública totalizaba alrededor de 240.665 millones de dólares, es decir, unos 80.000 millones más que al cierre del mandato de Néstor, y el oficialismo reivindicaba con orgullo su condición de “pagador serial”. Así, el kirchnerismo pagó deuda a niveles históricos récord sin acompañar esa política con una revisión integral del endeudamiento como condicionante estructural de la economía argentina, ni con una auditoría que transparentara quiénes se beneficiaron con ese ciclo de canjes, recompras y colocaciones.

El gobierno de Alberto Fernández constituyó la cuarta etapa del kirchnerismo y representó, paradójicamente, la más profunda claudicación ante los condicionamientos financieros internacionales. Al asumir en diciembre de 2019, recibió una deuda de 323.065 millones de dólares heredada de Macri, resultado directo del préstamo extraordinario del FMI de 44.500 millones otorgado en 2018. En enero de 2022, anunció un acuerdo de refinanciación con el organismo que fracturó al propio gobierno, Cristina Kirchner y sectores del Frente de Todos rechazaron el acuerdo, que implicó la supervisión del FMI sobre la política fiscal y monetaria del país. Al finalizar el mandato en noviembre de 2023, la deuda pública totalizaba 425.294 millones de dólares, un aumento del 31,6% en cuatro años. El cuarto kirchnerismo no solo no redujo la deuda sino que la aumentó, legitimó la presencia del FMI como tutor económico y destruyó la credibilidad del propio relato fundante del movimiento. El análisis del CADTM resulta contundente, kirchnerismo y macrismo son las dos caras de una misma moneda, donde los gobiernos de turno terminan trabajando en tándem al servicio del ciclo de endeudamiento externo.

Al finalizar la gestión de Fernández, la inflación acumulada anual de 2023 había llegado al 211,4%, la más alta en tres décadas, licuando salarios, jubilaciones y ahorros de los sectores medios y populares. La pobreza subió al 41,7% de la población, con 19,5 millones de personas pobres y 5,4 millones de indigentes. El dato estructuralmente más revelador es que ese deterioro no se debió al desempleo —apenas 5,7%— sino a la precarización laboral y a la inflación, el 33% del trabajo asalariado no estaba registrado y el 63% de los empleos creados en 2023 fueron informales. Los trabajadores precarizados, desprotegidos del sistema sindical y sin acceso a paritarias, fueron los más golpeados y los más permeables al discurso antisistema. En ese contexto, el kirchnerismo no pudo retener a los sectores que había incorporado como sujeto político, y los jóvenes sin trayectoria laboral formal se desplazaron hacia opciones de ruptura radical. El giro a la derecha no puede explicarse como manipulación mediática ni como irracionalidad popular, es la consecuencia lógica de un ciclo en el que el capital financiero transnacional anticipó y condicionó el proceso, los medios concentrados construyeron el marco interpretativo favorable, y el kirchnerismo entregó el poder habiendo reproducido exactamente las condiciones materiales que alimentaron el descontento. 

Tanto el kirchnerismo como el mileísmo son dos variantes de gestión de un mismo régimen capitalista en declinación. Expresan respuestas diferentes —una más estatista y “progresista”, otra abiertamente ajustadora y reaccionaria— frente a la misma crisis estructural: una economía dependiente, endeudada y organizada en función de la ganancia de una minoría social, a costa de la degradación sistemática de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

El fracaso del “capitalismo en serio” kirchnerista y el ajuste salvaje del mileísmo no son anomalías sino dos momentos de una misma deriva, la imposibilidad del capitalismo argentino de ofrecer una salida duradera a la desocupación, la pobreza, la vivienda, la salud y la educación. Por arriba, la disputa gira en torno a quién administra el ajuste y a qué fracción del capital se privilegia; por abajo, el resultado es el mismo: salarios pulverizados, precarización laboral, entrega de recursos naturales y subordinación al capital financiero internacional.

De allí se desprende una conclusión estratégica, no se trata de elegir entre una administración “más amable” del ajuste o una versión brutal del mismo programa, sino de superar políticamente a ambas variantes por izquierda. Eso implica la construcción de un partido de trabajadores, independiente del Estado y de todas las fracciones de la burguesía, capaz de unificar las luchas parciales (salariales, sindicales, ambientales, feministas, territoriales) en una perspectiva de poder propio. Ese partido necesita, a su vez, una prensa socialista que intervenga cotidianamente en la conciencia de millones, que desnude el carácter de clase de cada gobierno, que denuncie el endeudamiento y la entrega, y que plantee un programa de transición, ruptura con el FMI y el pago de la deuda, nacionalización del sistema financiero y del comercio exterior, control obrero de las palancas estratégicas de la economía y planificación democrática al servicio de las necesidades sociales y no el lucro capitalista.