CABA: por una Ciudad de Trabajadores

Por Raúl Valle

La Ciudad de Buenos Aires sigue siendo presentada por su burguesía como la vitrina del orden, la modernización y la buena administración. Sin embargo, debajo de esa escenografía del burócrata tecnocrático en decadencia, lo que aparece es una ciudad atravesada por una crisis social profunda, donde el trabajo se precariza, la vivienda se vuelve inaccesible, la representación política tradicional de la derecha pierde consistencia y el aparato estatal se reorganiza cada vez más abiertamente en función de la renta, la especulación y el disciplinamiento. Lo que el intendente de CABA ofrece hoy no es una solución al derrumbe argentino sino una versión particularmente concentrada de sus contradicciones, en el distrito más rico del país, con la mayor densidad de servicios, infraestructura y recursos, se expande un modelo que vuelve cada vez más difícil vivir para quienes producen, enseñan, cuidan, transportan, construyen y sostienen la ciudad todos los días.

Ese punto de partida obliga a mirar primero el mundo del trabajo, porque allí aparece una de las claves del proceso. De acuerdo con los informes del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, elaborados sobre la base de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde la asunción de Javier Milei en la Nación y de Jorge Macri en la Ciudad, CABA perdió 2.482 empleadores registrados y 75.526 puestos de trabajo formales, lo que equivale a una caída de alrededor del 2,03 por ciento en el número de empleadores y del 3,5 por ciento en el empleo registrado. No se trata de un goteo marginal sino de una hemorragia concentrada en ramas estratégicas, la administración pública, defensa y seguridad social perdió 33.339 puestos; transporte y almacenamiento, 14.662; industria manufacturera, 14.282; y construcción, 9.430, sectores que en conjunto explican cerca del 95 por ciento de la destrucción total del empleo registrado. A esto se suma que distintos relevamientos periodísticos construidos sobre estadísticas oficiales ubican la desocupación porteña en torno al 7,3 por ciento, con unas 126.000 personas desocupadas, mientras la confianza del consumidor cayó casi 6,7 por ciento en la Ciudad en los últimos meses. Así, la “ciudad eficiente” se revela como una ciudad donde el capital necesita una fuerza de trabajo más barata, más insegura y más obediente, mientras el Estado local acompaña el ajuste con reducción de planteles, paralización de obra y tercerización de funciones.

Y es precisamente sobre ese suelo de degradación laboral donde se vuelve más visible el segundo gran problema, la vivienda. Cuando cae el salario real, cuando el empleo se vuelve más frágil y cuando aumentan la incertidumbre y el endeudamiento, el alquiler deja de ser simplemente un gasto alto y se transforma en un mecanismo de expulsión social. En CABA, esa contradicción se expresa de forma clara. Según relevamientos citados por el investigador Fernando Álvarez, de la Fundación Tejido Urbano, el 12,6 por ciento de los departamentos de la Ciudad está vacío, al mismo tiempo que cerca del 40 por ciento de los hogares depende del alquiler para habitarla. Es decir, sobran metros cuadrados para la especulación y faltan soluciones para la vida. Otros informes sobre crisis habitacional difundidos en marzo de 2026 señalaron, además, la existencia de unas 70.000 unidades desocupadas de manera estructural en CABA y un aumento del 391 por ciento en los alquileres durante los últimos dos años, con valores que se multiplicaron por 4,91. No hay aquí una escasez “natural” de vivienda: hay una organización mercantil del espacio urbano que orienta el stock construido a la reserva de valor, la renta y la valorización financiera, antes que a la satisfacción de una necesidad social básica.

Las consecuencias sociales de esta lógica capitalista ya no pueden ocultarse detrás de renders, obras cosméticas, inauguración de o slogans de marketing urbano. El propio Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad registró 5.176 personas en situación de calle en noviembre de 2025, un 27,8 por ciento más que el año anterior, cuando había contabilizado 4.049. Al mismo tiempo, el tercer censo popular de personas en situación de calle, elaborado por organizaciones sociales y difundido en 2025, elevó esa cifra a 11.892 personas, más del doble del dato oficial. Es decir, además de la crisis misma existe una disputa sobre su visibilización y sobre el modo de medirla. Según esos relevamientos, más de dos tercios de quienes están en esa situación dijeron llevar allí más de un año y la mitad más de tres, mientras los motivos principales señalados fueron problemas laborales o económicos y conflictos familiares. No se trata entonces de una anomalía individual sino de una consecuencia estructural del encarecimiento del suelo urbano, la insuficiencia de ingresos y la ausencia de una política pública que trate la vivienda como derecho y no como negocio. La crisis del trabajo desemboca así, casi sin mediaciones, en la crisis del habitar.

Pero esa crisis material no se desarrolla en el vacío, también reorganiza el campo político. Durante casi veinte años, el PRO construyó en CABA una hegemonía sostenida por una combinación relativamente estable entre clases medias acomodadas, grandes desarrolladores, empresarios de servicios, aparato mediático que miente porque en cada campaña electoral promete una nueva línea de subte que nunca ejecuta, mientras chamuya con una promesa de gestión eficiente. La irrupción de Milei trastocó ese equilibrio. Una parte del electorado que antes se reconocía en el macrismo migró hacia una derecha más agresiva, más desreguladora y más brutal en el plano discursivo, que capitalizó el malestar con la política tradicional y ofreció una versión anticorrupción, un ajuste a la casta, y un castigo y demolición del populismo kirchnerista que terminó engañando al votante medio porque se transformó en una cueva de corruptos y sostenidos por la CGT peronista y una parte necesaria e importante de los gobernadores, senadores y diputados peronistas que le votaron la reforma laboral, la ley de glaciares y otras leyes capitalistas. El problema para Jorge Macri es que, lejos de constituirse como un contrapeso, el PRO porteño fue integrándose de hecho al nuevo esquema político, acompañando en términos generales el rumbo del ajuste y saqueo nacional y reproduciendo a escala local una ciudad-empresa capitalista alineada con la racionalidad mileísta. Esa integración licúa su identidad, el macrismo ya no aparece como una derecha con perfil propio sino como una administración territorial de un bloque más amplio que lo desborda por derecha y le erosiona representación en su propio bastión.

En ese marco, el discurso libertario de la lucha contra la “casta” empieza a mostrar toda su inconsistencia. Porque mientras se agita una retórica moralizante contra el gasto público y la corrupción política, el funcionamiento concreto del bloque gobernante reproduce viejas y nuevas formas de privilegio, arbitrariedad y negocios selectivos. El cinismo es evidente, se deja correr una crisis habitacional que empuja a miles de familias al hacinamiento, la informalidad o la calle, pero al mismo tiempo se despliegan políticas focalizadas y beneficios orientados a sectores específicos, en especial allí donde la vivienda puede operar como mecanismo de construcción de lealtades. En lugar de discutir un parque público de vivienda, un impuesto fuerte a la vivienda ociosa, regulación estricta de alquileres o recuperación de tierras para uso social, lo que predomina es la administración segmentada del acceso, articulada con el capital inmobiliario ligado al narcotráfico y con prioridades compatibles con la reproducción de la represión. La corrupción, en este punto, no es apenas un delito eventual; es una modalidad de gobierno de la ciudad, una forma de organizar el vínculo entre poder político, suelo urbano, crédito y negocios privados.

Esa lógica aparece con nitidez en la política de créditos habitacionales impulsada por el gobierno porteño. Presentados por la administración de Jorge Macri como respuesta al drama de la vivienda, los nuevos créditos para clase media y sectores específicos incluyen tasas subsidiadas y plazos extendidos, y contemplan también líneas dirigidas a policías y burócratas del PRO y UCR y otros grupos definidos por la gestión local. En apariencia, se trata de una política expansiva; en la práctica, bajo condiciones de salarios licuados, precios inmobiliarios dolarizados y empleo inestable, el acceso efectivo queda reservado a quienes conservan formalidad, ingresos relativamente altos y capacidad de ahorro. Dicho de otro modo, se trata de créditos para quienes todavía pueden demostrar solvencia dentro de un mercado estructuralmente excluyente, no para quienes hoy padecen con mayor fuerza la crisis habitacional. La vivienda deja así de ser pensada como derecho social universal y pasa a operar como dispositivo de selección de clase, algunos sectores integrables reciben herramientas financieras; la mayoría trabajadora sigue enfrentando alquileres imposibles, oferta restringida y un horizonte de compra completamente vedado. Allí donde debería haber política habitacional integral, aparece una combinación de punteros macristas, crédito segmentado, marketing y subordinación al mercado.

Si ese sesgo no es nuevo, es porque descansa sobre una historia más larga de mercantilización del suelo urbano. La Ciudad fue gobernada durante años como una plataforma de valorización inmobiliaria, y eso se expresó en la venta sistemática de inmuebles y terrenos públicos, en convenios urbanísticos favorables a los grandes desarrolladores y en una transferencia sostenida de capacidad de decisión desde lo público hacia intereses privados. Un primer capítulo de ese proceso fue la enajenación de grandes predios estatales y ferroviarios para desarrollos de alta renta, sin que esa transformación implicara una expansión equivalente de vivienda social o equipamiento urbano orientado a necesidades populares. Un segundo capítulo se vio en los convenios y excepciones que permitieron aumentar alturas, densidad y constructibilidad a cambio de contraprestaciones limitadas, reconfigurando barrios enteros al compás de la valorización del metro cuadrado. Un tercer capítulo aparece en el destino de superficies estratégicas como el Parque de la Ciudad y otros predios de alto valor, donde la tendencia dominante fue segmentar, concesionar o preparar suelo para negocios privados antes que reservarlo para equipamientos colectivos, espacios públicos o soluciones habitacionales de escala, donde muchos contó con la convivencia del peronismo. La crisis de vivienda, entonces, no se entiende como un accidente externo al modelo de ciudad; es el resultado coherente de una planificación subordinada a la renta.

En ese punto, la figura del propio Jorge Macri agrega una condensación particularmente elocuente. Según reconstrucciones periodísticas recientes y la información judicial reactivada tras el fallo de la Corte Suprema de febrero de 2026, se reabrió la causa por presunto lavado de dinero vinculada a la compra de un inmueble en Miami. La operación, según la investigación, se realizó en 2011 mediante la sociedad Icon Unit 1704 LLC, constituida en Florida por Jorge Macri y su entonces esposa poco antes de la compra del departamento en el edificio Icon de Brickell Avenue, por un valor de 402.963 dólares. Los fondos provinieron de dos préstamos, uno del BAC Florida Bank por aproximadamente 219.000 dólares y otro de la sociedad uruguaya Fawsley S.A. por cerca de 184.000 dólares. Distintas notas periodísticas agregan que el departamento fue vendido al año siguiente por 502.630 dólares, lo que implicó una ganancia de alrededor del 25 por ciento, utilizada luego para cancelar parte del financiamiento y adquirir otra propiedad en Miami a través de otra sociedad. Aun cuando la causa deba seguir su curso y la responsabilidad penal no esté definida, el episodio es políticamente revelador: quien gobierna la ciudad de los alquileres imposibles y la gente sin techo aparece ligado a un circuito de sociedades, préstamos y operaciones inmobiliarias dolarizadas en el exterior.

Todo esto se inscribe, además, en una disputa más amplia por la hegemonía derechista en la Ciudad. Lo que hoy se observa no es una contraposición sustantiva entre PRO y libertarios, sino una pelea por quién administra mejor el mismo programa de fondo, ajuste, reordenamiento represivo, desregulación y ciudad para el capital. El PRO procura preservar el control de la maquinaria estatal porteña, de sus redes de gestión y del entramado de negocios sedimentado a lo largo de casi dos décadas. El mileísmo, en cambio, busca acelerar el ritmo, colonizar áreas claves, radicalizar el discurso y presentarse como la nueva síntesis de la derecha porteña, aprovechando el desgaste del macrismo ante la profundización de la crisis social. Las tensiones por los créditos, los alineamientos legislativos, la agenda de orden y seguridad y el reparto de posiciones no expresan proyectos antagónicos, sino conflictos internos en el seno de un mismo campo social y político. Para quienes viven de su trabajo, esa interna sólo cambia la administración el ataque a los trabajadores y las trabajadoras.

De ahí que la conclusión no pueda ser apenas moral o electoral. CABA no atraviesa un problema de mala comunicación, ni una suma de errores de gestión aislados. Lo que existe es un patrón de ciudad que expulsa progresivamente a quienes la sostienen, combinando destrucción de empleo, caída del salario real, crisis de alquileres, vacancia especulativa, venta de tierra pública y segmentación del acceso a la vivienda. En el distrito más rico del país, vivir, estudiar, alquilar, formar una familia o simplemente permanecer se vuelve un privilegio de clase cada vez más restringido, mientras el resto es empujado hacia la periferia, el endeudamiento, el hacinamiento o la calle. Jorge Macri no aparece, entonces, como un accidente dentro de ese paisaje, sino como una expresión coherente de su lógica, un administrador de la ciudad-mercancía, vinculado política y simbólicamente al mundo de la renta, la valorización inmobiliaria y el disciplinamiento social. Plantear una Ciudad de Trabajadores significa invertir radicalmente esa orientación, detener la venta de tierra pública, gravar la vivienda ociosa, construir vivienda social a escala, regular alquileres, proteger empleo, ampliar servicios y democratizar el uso del suelo para que Buenos Aires deje de ser una plataforma de negocios, donde viven bien los burócratas del PRO-UCR, los dirigentes peronistas multimillonarios como Cristina y los corruptos libertarios con tres casas con plata del estado y con su policía también corrupta, entonces, luchemos para que nuestra ciudad sea habitable para quienes la hacen existir todos los días.