Generales en rebelión: la guerra de Trump que inquieta a la Casa Blanca y a la Rosada

 

Por Raúl Valle

En Washington se ha abierto en los últimos meses una grieta poco habitual en la relación entre la Casa Blanca y las Fuerzas Armadas. En plena guerra contra Irán, el gobierno de Donald Trump afronta la renuncia de altos funcionarios de seguridad y la remoción abrupta de mandos militares de primera línea. El dato más significativo es la salida del general Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército, obligado a pasar a retiro antes de terminar su mandato, junto con otros generales responsables de áreas clave de la campaña. A ello se suma la dimisión de Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, quien hizo pública su discrepancia con la forma en que la administración justificó el conflicto, al señalar que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos. El cuadro que emerge es el de un presidente que interviene de manera directa y agresiva en la cadena de mando, mientras una fracción del aparato de seguridad se distancia y advierte sobre los riesgos de la escalada.  

No se trata solo de nombres propios, sino de un estilo de gobierno. Trump se ha apoyado de forma creciente en órdenes ejecutivas y decisiones unilaterales para conducir tanto la política interna como la externa. La guerra con Irán no fue la excepción, se lanzó sin un debate amplio en el Congreso y con justificativos que más tarde comenzaron a ser cuestionados por profesionales del propio sistema de inteligencia. La remoción de generales en plena campaña y las renuncias de funcionarios de seguridad expresan, por arriba, un desacuerdo sobre la forma y los objetivos del uso de la fuerza. Por abajo, en el sistema político, la acumulación de choques alimenta las versiones sobre la posibilidad de que, ante un eventual fracaso en el frente militar y un mayor desgaste interno, sectores del establishment evalúen utilizar el juicio político para Trump como mecanismo de corrección. No sería un gesto de ruptura con la lógica imperial, sino un intento de preservar la estabilidad del régimen y de la guerra bajo otra conducción más previsible para los grandes intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos.  

Este estilo de mando por decreto y de confrontación con otros poderes del Estado no es exclusivo de Washington. En Argentina, la presidencia de Javier Milei ha seguido un camino análogo en el terreno institucional, con el uso de decretos de necesidad y urgencia de alcance masivo y proyectos de ley ómnibus que buscan reescribir buena parte del marco regulatorio sin construir consensos sólidos en el Parlamento. La diferencia es que, mientras Trump, un outsider pero dentro de un partido histórico, se apoya en un sistema político y un aparato estatal consolidados desde hace décadas, Milei, otro lumpen outsider, pero llega desde los márgenes de la política tradicional como panelista mediático, impulsado por sectores del capital financiero y local (Grupo de Massa) e internacional (Black Rock) que ven en su figura la oportunidad de aplicar un programa de ajuste y desregulación de una profundidad inédita desde el retorno de la democracia. Esa condición de outsider, sin anclaje propio en el aparato estatal ni en estructuras partidarias tradicionales, lo hace a la vez más funcional a intereses muy concentrados y vulnerable a los cambios de humor de esas mismas fracciones.  

En el campo de la defensa militar, la orientación del gobierno argentino combina un discurso de “modernización” con decisiones que reconfiguran en profundidad el perfil del país. La compra de dos docenas de cazas F‑16 usados a Dinamarca, por una cifra del orden de cientos de millones de dólares y con fuerte participación estadounidense en el financiamiento y el soporte, se ha presentado como la principal adquisición militar de las últimas décadas. Se trata de aeronaves con varias décadas de servicio, retiradas en Europa y reemplazadas allí por modelos más modernos, que llegan a la Fuerza Aérea mientras se mantiene bajo reserva buena parte de los detalles de la operación y del paquete de armamento asociado. Hubo una queja de un sector de pilotos que objetaron el uso de las naves áreas para la defensa de Malvinas. Paralelamente, el gobierno impulsa la creación de fondos especiales para reequipamiento militar, alimentados con recursos provenientes de privatizaciones y ventas de activos públicos y fábricas militares, lo que refuerza una estrategia que subordina el desarrollo de capacidades propias a compras externas concentradas en proveedores de las grandes potencias. Es decir la entrega de la defensa militar a los yanquis.

En el terreno nuclear y tecnológico, las señales también apuntan a una reorientación profunda. Proyectos como el reactor modular CAREM, orgullo de la ingeniería local, han sufrido recortes presupuestarios, despidos y paralizaciones que ponen en cuestión su continuidad como emprendimientos estatales de punta. Al mismo tiempo, se avanzó en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales Atucha I y II y Embalse, abriendo la puerta a la participación de capitales privados en un área que históricamente se consideró estratégica. En paralelo, se revisaron o congelaron acuerdos con otros países para la construcción de nuevas centrales y se reforzaron los vínculos con Estados Unidos en materia de cooperación nuclear, en un esquema que tiende a reemplazar la apuesta por una industria propia por la inserción subordinada en cadenas de valor definidas desde el exterior. El resultado combinado es un debilitamiento de la capacidad estatal para planificar de manera autónoma el desarrollo nuclear y de defensa, y un fortalecimiento de la dependencia tecnológica y financiera.  

El paralelismo entre Washington y Buenos Aires, sin embargo, tiene un límite. En Estados Unidos, la crisis entre el presidente y una parte del alto mando militar se procesa dentro de una estructura institucional capaz de activar recursos como comisiones investigadoras, audiencias públicas, causas judiciales y, llegado el caso, procedimientos de destitución. En Argentina, la tensión central no se da entre el Ejecutivo y los militares, sino entre el programa del gobierno y la resistencia social y política que generan medidas que afectan el empleo, los salarios y los derechos básicos, incluidos los de los propios trabajadores de sectores estratégicos como la defensa, la industria y la tecnología. Si en Washington la discusión gira en torno al alcance de la autoridad presidencial sobre la guerra, en Argentina el eje pasa por la capacidad del Poder Ejecutivo de gobernar casi exclusivamente por decreto en materia económica, laboral, energética y de seguridad, aun frente al rechazo de amplios sectores de la sociedad y a los límites que marcan la justicia y el Congreso.  

Desde el punto de vista de las mayorías trabajadoras, este panorama plantea desafíos específicos. En Estados Unidos, la explicación de la crisis no puede quedar atrapada en la superficie del enfrentamiento personal entre Trump y ciertos generales. Lo que aparece allí es una disputa sobre cómo preservar mejor los intereses estratégicos del país, hasta dónde escalar el conflicto con Irán, cómo administrar el costo político y económico de la guerra y qué margen de maniobra conceder a un presidente que, en nombre de la seguridad nacional y el control de la lucha de clases interna, tiende a desbordar los mecanismos de control tradicionales. La eventual utilización del juicio político, en ese contexto, sería un intento de ordenar la casa y de recomponer la imagen internacional de Estados Unidos, no una ruptura con la política exterior que ha sostenido sucesivas administraciones.  

En Argentina, la discusión adopta otro tono, pero también obliga a mirar más allá de la figura presidencial. Milei canaliza un programa de recomposición capitalista que se traduce en flexibilización laboral, apertura irrestricta de la economía, reducción del gasto social y una masiva transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados. Ese programa se asienta sobre la estructura cotidiana de poder en los lugares de trabajo, donde la democracia formal se detiene en la puerta de la fábrica, del supermercado, del call center o del hospital. Allí rige una disciplina férrea: se suspende toda participación real y se instala la dictadura del capital, del empresario, del gerente, del capataz y el buche, en la que el trabajador no decide qué producir, ni cómo, ni en qué condiciones; donde opinar sobre la organización del trabajo puede implicar sanciones, persecución o despido; donde las jerarquías empresariales encarnan una autoridad sin contrapesos efectivos. La ofensiva del actual gobierno refuerza esa lógica al intentar debilitar la legislación laboral, limitar la acción sindical y achicar los espacios de negociación colectiva, al mismo tiempo que desmantela capacidades nacionales de soberanía en áreas estratégicas como la industria, los recursos naturales, la salud, la tecnología, la ciencia y la educación. La estrategia combina el ataque a los medios de producción y a la fuerza de trabajo con el desarme de la defensa y de los desarrollos tecnológicos propios, sustituyéndolos por importaciones y compra de equipamiento militar usado, financiadas y condicionadas desde el exterior, con escaso impacto sobre la soberanía productiva y tecnológica pero con efectos claros: asegurar nuevas fuentes de ganancia para la clase capitalista.

Sobre este trasfondo, la crisis que hoy se expresa en el centro del sistema aparece como parte de una crisis más amplia del capitalismo contemporáneo. La dificultad para sostener tasas de ganancia elevadas sin recurrir a endeudamiento masivo, políticas de ajuste y guerras recurrentes convive con una creciente deslegitimación de las élites políticas y económicas. En Estados Unidos, las desigualdades sociales se han profundizado al punto de que una parte significativa de la población vive con ingresos estancados o a la baja, mientras una minoría concentra una porción creciente de la riqueza. En Europa, distintos gobiernos de derecha dura han apostado a fórmulas similares de concentración ejecutiva y reformas regresivas, con resultados desiguales y un creciente rechazo en la calle y en las urnas. En países dependientes como Argentina, los planes de ajuste se superponen a economías ya frágiles, con ciclos de crisis recurrentes que golpean de lleno a los sectores populares.  

En este contexto, los choques al interior de las clases dominantes y las maniobras institucionales para corregir rumbos, como podría ser un eventual juicio político en Estados Unidos o un recambio anticipado de gobiernos en otras latitudes, difícilmente alcancen para restablecer un equilibrio duradero. A medida que se intenta trasladar el costo de la crisis sobre quienes viven de su trabajo, aumentan las posibilidades de respuestas desde abajo, huelgas, movilizaciones, campañas por derechos básicos, formas nuevas de organización en los barrios y en los lugares de trabajo. No hay una línea recta entre crisis económica y explosión social, pero la experiencia histórica indica que, cuando se acumulan frustraciones y se deterioran de manera persistente las condiciones de vida, la distancia entre gobernantes y gobernados se ensancha y los mecanismos tradicionales de contención se vuelven menos eficaces.  

En Estados Unidos, esa tensión se percibe en la combinación de malestar social, desocupación, ataques a inmigrantes, la guerra, y polarización política, con una parte de la población que se vuelca hacia opciones de extrema derecha y otra que busca respuestas en movimientos como el "No King" que cuestionan, con distintos matices, el statu quo. En América Latina, las grandes movilizaciones de los últimos años contra reformas laborales, previsionales o educativas, así como las protestas contra el costo de vida, muestran que amplios sectores no están dispuestos a aceptar pasivamente las consecuencias de la crisis. Argentina no ha sido ajena a estas dinámicas, las jornadas de protesta contra medidas de ajuste, las luchas docentes y de otros gremios, las experiencias de organización en fábricas y empresas recuperadas son señales de una conflictividad que, aun con altibajos, permanece.  

La crisis sistémica del capitalismo, que tiene en Estados Unidos a su escenario más visible pero que recorre buena parte del planeta, anticipa un período en el que se intensificarán los choques entre las masas trabajadoras y sus burguesías. El resultado no está escrito de antemano. Dependerá de la capacidad de las clases dominantes para reorganizar su dominio y de la capacidad de los sectores subalternos para dotarse de organizaciones, programas e instrumentos que les permitan ir más allá de la resistencia fragmentaria. Lo que sí parece claro es que las purgas en el Pentágono, los decretos presidenciales que desbordan congresos y constituciones, las guerras que se multiplican, las políticas que desmantelan capacidades industriales y de defensa y las reformas de ajuste que se repiten no son episodios desconectados, sino síntomas de un mismo proceso de agotamiento. En la medida en que se hagan más evidentes, también crecerá la posibilidad de que una parte creciente de la sociedad cuestione no solo a tal o cual dirigente, sino el sistema que hace de estas crisis una constante.