Altamira y Política Obrera: el llamado a votar a Lula y la política del olvido conveniente

 

Por Raul Valle

En la segunda vuelta presidencial brasileña del 30 de octubre de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva ganó con el 50,85% de los votos frente al 49,15% obtenido por Jair Bolsonaro, según datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Lo que gran parte de la izquierda latinoamericana presentó como una victoria democrática era en realidad el producto de una arquitectura política profundamente contradictoria. Para llegar a esa segunda vuelta y conquistar el margen mínimo que le otorgó la presidencia, Lula no articuló un frente de las clases trabajadoras sino una coalición de centroderecha y derecha tradicional que incluyó al PSDB de Geraldo Alckmin, quien se convirtió en su vicepresidente, y al MDB, el partido de Michel Temer. Ese detalle no es menor, fue precisamente Michel Temer quien encabezó el gobierno golpista que derrocó a Dilma Rousseff en 2016, luego de que el Senado la destituyera con 55 votos contra 22 en un proceso que la mayoría de la izquierda latinoamericana denominó golpe parlamentario. Lula selló así una alianza política orgánica con las mismas fuerzas que habían ejecutado el desplazamiento de su propia compañera de partido y que durante años lo mantuvieron encarcelado bajo causas que la Justicia brasileña terminó anulando por parcialidad del juez Sergio Moro. La candidatura de Lula fue, desde su inicio, la de un frente policlasista cuyo núcleo central residía en la recuperación del Estado por parte del PT y sus aliados, no en ningún programa de transformación estructural del régimen capitalista brasileño.

Ese dato sobre la naturaleza del frente lulista no fue ignorado por la izquierda argentina, fue procesado políticamente con el argumento del frente antifascista ante Bolsonaro. En Argentina, la respuesta mayoritaria del espacio del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad fue de apoyo o acompañamiento al voto a Lula, lógica que reproduce un patrón más amplio de esas corrientes ante los balotajes latinoamericanos. La Izquierda Socialista, que forma parte del FITU, tiene antecedentes documentados, en el balotaje argentino de noviembre de 2023, IS declaró públicamente que buscaba "acompañar a esos millones que, con la nariz tapada, van a votar a Massa", llamando de hecho a votar contra Milei mediante el voto al candidato peronista. El MST adoptó una posición similar aunque con distinta formulación, declaró no votar en blanco ni hacer campaña en ese sentido, lo que equivalía a una orientación implícita al voto a Massa. Esa lógica del "mal menor" ante la derecha extrema es la misma que en Brasil operó frente a Bolsonaro. La continuidad postestalinista que no está en el FITU, sino tras Kicillof del PC y el PCR mantuvo su histórica política de apoyo a los frentes burgueses de izquierda bajo el argumento de frenar a la derecha, y el PTS, desde su centrismo trotskista, operó con la misma premisa, se declaró "neutro" ante esos frentes pero los "estudió" con la misma metodología que aplicó en Argentina en 2023, cuando comprendió el voto a Massa sin llamar abiertamente a darlo, reservándose el autobombo de no haber capitulado. En el contexto actual de cara a 2027, Kicillof aparece como el eje articulador de un nuevo frente amplio opositor que estaría incorporando sectores de la UCR, con figuras como Federico Storani que ya han declarado públicamente su voluntad de construir una alianza "a lo Lula" para enfrentar a Milei, mientras Kicillof avanza en la presidencia del PJ bonaerense y construye acuerdos que llegan hasta sectores del PRO disidentes del macrismo duro.

El resultado concreto de aquella coalición electoral de 2022 quedó grabado en las condiciones de vida de la clase obrera brasileña. El gobierno de Lula entre 2023 y la actualidad dejó una huella política precisa, la reforma laboral de 2017, aprobada bajo el gobierno golpista de Michel Temer, no fue derogada. El vicepresidente Alckmin declaró en enero de 2023 que el gobierno no tenía intención de revocar las reformas laborales ni previsionales de Bolsonaro, contradiciendo lo enunciado en campaña. Esa reforma, la ley 13.467, había modificado cerca de 200 artículos de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), transfiriendo a la negociación individual entre empleador y empleado derechos que antes eran irrenunciables por ley, habilitando el trabajo intermitente, los bancos de horas y la reducción de vacaciones. Lula la heredó y la sostuvo. Desde finales de 2024, el índice de desaprobación del gobierno de Lula según el instituto AtlasIntel escaló al 53%, producto de la inflación alimentaria, el trabajo precario y las jornadas extenuantes que el propio modelo económico reproduce. Es en ese contexto de crisis política que en abril de 2026 Lula envió al Congreso con urgencia constitucional un proyecto para eliminar la escala 6x1 y reducir la jornada a 40 horas semanales sin rebaja salarial, medida que el Palacio del Planalto presentó como "cuestión de dignidad" pero que el mercado y los analistas leen directamente como una maniobra de supervivencia electoral. El resultado de ese vaciamiento de contenido obrero es que Flávio Bolsonaro, senador del PL e hijo mayor del expresidente encarcelado, lidera las encuestas de la derecha para las presidenciales de 2026 y aparece empatado con Lula en los escenarios de segunda vuelta según datos de Genial/Quaest, montado sobre una base evangélica, redes sionistas y la estructura del bolsonarismo que Lula nunca desarticuló porque para obtener gobernabilidad política necesitaba del Centrão.

Frente a ese cuadro, el dato específico sobre Política Obrera y Jorge Altamira es documentable con precisión. Altamira publicó el 12 de octubre de 2022 una nota en politicaobrera.com titulada "El voto por Lula", y el 29 de octubre de ese año, dos días antes de la segunda vuelta, respondió en un video titulado "¿Puede explicar la posición de Política Obrera sobre el voto a Lula en Brasil?". En ese material, Altamira explicitó que "no es indiferente que triunfe Bolsonaro para mí trabajador", que por eso "acompañamos ese trabajador advirtiendo en el voto que nuestra política y nuestro método son diferentes", y que el llamado a votar a Lula "no significa ningún apoyo político". También Marcelo Ramal, otro cuadro central de Política Obrera, publicó un texto mostrando el "carácter peligroso" del proceso, pero igualmente dentro del marco del voto condicionado a Lula. Es decir, Política Obrera llamó a votar a Lula en la segunda vuelta de 2022, con la cobertura argumental de que ese voto era una "maniobra política" y no un "apoyo político", distinción que desde el punto de vista del marxismo revolucionario carece de base material concreta, un llamado a votar es un llamado a votar, independientemente de los adjetivos con que se lo califica.

Lo que sigue a ese llamado es quizás más significativo que el llamado mismo. En el período 2024-2025, Altamira y Política Obrera construyeron una crítica al gobierno de Lula de consistencia analítica creciente. En agosto de 2025, en una entrevista con Código Plural, Altamira caracterizó que el FITU "se ha convertido en un segundo violín del justicialismo" y que la barrera entre Política Obrera y el FITU "es infranqueable". Sin embargo, en esas mismas críticas y en los materiales públicos de Política Obrera sobre Brasil, la referencia al llamado previo a votar a Lula brilla por su ausencia. Gabriel Solano, muchas veces  ex-legislador y dirigente nacional del Partido Obrero, publicó en abril de 2026 una crítica directa al "modelo Brasil" que propone el peronismo para Argentina, señalando con precisión que "en Brasil gobierna Lula, pero la reforma laboral de Temer y el ajuste siguen intactos", lo cual es políticamente correcto y analíticamente sólido. El problema es que Solano forma parte de la organización del PO oficial que degeneró y lo expulsó a Altamira con 250 cuadros y que en octubre de 2022 llamó a votar a ese gobierno cuya continuidad hoy denuncia. En Política Obrera no hay en sus intervenciones públicas ninguna referencia a ese llamado, ninguna autocrítica, ninguna explicación de por qué Política Obrera orientó el voto a Lula si ya entonces era previsible, por la composición misma del frente electoral, que no habría derogación de la reforma de Temer ni ruptura con el Centrão. El silencio de Solano, también, sobre ese antecedente es tan elocuente como el de Altamira, ambos critican con rigor el resultado, ambos omiten su propio rol en haber orientado a la vanguardia a votar por ese resultado. La ironía política es contundente, si reconocer ante sus partidos que cada uno llamó a votar a un gobierno burgués que luego sostuvo la reforma laboral de Temer y alcanzó el 53% de desaprobación obrera implica un costo político que se prefiere evitar, entonces el silencio se convierte en una táctica de adaptación y ocultamiento que tiene nombre preciso en la tradición marxista, es centrismo y oportunismo post facto. No se trata de ninguna táctica revolucionaria. Se trata de adaptar la caracterización a la coyuntura para no quedar expuesto ante el propio partido y ante la vanguardia, lo cual es exactamente lo opuesto a la transparencia política que el marxismo revolucionario exige de sus organizaciones.

Esa tensión entre lo que se dice y lo que se hizo tiene un espejo inmediato en el proceso argentino, que reproduce la lógica brasileña con una especificidad que lo hace más grave, no menos. En Brasil, el frente electoral de Lula con Temer y el PSDB fue armado desde afuera del aparato del Estado. En Argentina, lo determinante, en cambio, es que son diputados y senadores del propio peronismo y el kirchnerismo quienes votaron con sus propias manos las leyes capitalistas del gobierno de Milei. La reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado en febrero de 2026 con 42 votos a favor fue aprobada con el respaldo de 7 senadores de extracción peronista, entre ellos legisladores ligados a los gobernadores Jaldo (Tucumán), Figueroa (Neuquén), Sáenz (Salta), Passalaqua (Misiones) y Llaryora (Córdoba). En la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado con 135 votos a favor y 115 en contra, y una fracción del peronismo aportó tanto el quórum como votos positivos. Axel Kicillof, que se postula como alternativa nacional opositora a Milei, construye ese liderazgo desde la gobernación bonaerense mientras el peronismo en el Congreso nacional entrega derechos laborales conquistados en décadas. La alianza que Kicillof promueve con la UCR y sectores del PRO tiene la misma consistencia que la alianza de Lula con el MDB de Temer, busca la gobernabilidad capitalista mediante un frente amplio que subordine a la clase obrera a una conducción política burguesa bajo la retórica del antiderechismo. La diferencia con Brasil es que aquí el peronismo ya votó las leyes de Milei antes de armar ese frente. Son inviables.

En ese mismo período, el PTS y su política expresan una deformación diferente a la de Política Obrera, aunque igualmente reveladora. El PTS ha construido su política sobre la base del autobombo permanente, Prensa Obrera publicó en septiembre de 2025 un artículo titulado "El PTS en su laberinto de oportunismo y autoconstrucción" donde documenta que el PTS orienta sus construcciones sindicales hacia agrupamientos de la burocracia peronista kirchnerista, denominándolos "interlocutores" de futuros reagrupamientos, mientras critica al Partido Obrero por hacer exactamente eso mismo. Más grave aún es lo que una publicación de la LIS-ISL sobre la conferencia internacional de la Fracción Trotskista que dirige el PTS señaló en 2024, el informe político de Emilio Albamonte a la conferencia sostenía caracterizaciones "muy parciales y unilaterales" sobre la naturaleza del gobierno de Milei, minimizando el "giro profundo hacia la derecha" que significó la victoria electoral de 2023 mediante el argumento de que Milei no habría "cumplido" su programa de manera integral (?). Si el gobierno que aprobó la reforma laboral más regresiva desde la restauración democrática en 2026 con 213 artículos en 122 páginas, que redujo el gasto social en un 30,1% interanual en su primer año y que despidió a más de 35.000 trabajadores de la administración pública no es un giro a la derecha porque no "cumplió" todo su programa, entonces la capacidad analítica del PTS para leer la realidad de la lucha de clases está en crisis terminal. Se trata de un centrismo que inventa categorías para proteger su aparato político, su construcción electoral y su autoimagen de partido revolucionario ante la militancia, y que en ese proceso arrastra al FITU hacia una política de contención del movimiento obrero dentro de los marcos del régimen burgués.

El cuadro que emerge de la articulación de estos procesos no es tranquilizador para ninguna de las corrientes involucradas, y no lo puede ser. Política Obrera llamó a votar a Lula en 2022 y hoy, tanto Altamira como Solano, critican a ese gobierno sin mencionar su propio llamado. El FITU en su conjunto operó con la lógica del frente antifascista que subordina la independencia de clase a la gestión del miedo. El peronismo y el kirchnerismo votan las leyes de Milei y simultáneamente arman un frente "a lo Lula" para 2027. El PTS caracteriza que Milei no fue un giro a la derecha y llama autobombo a quien lo señale. En Brasil, Flávio Bolsonaro lidera las encuestas con base evangélica y sionista mientras el gobierno de Lula llega a las elecciones de 2026 con 53% de desaprobación y sin haber derogado una sola reforma estructural del bolsonarismo. Los datos son los que son. Lo que falta en todo este espacio político no es capacidad analítica individual sino voluntad colectiva de decirle la verdad a la vanguardia sobre los propios errores, las propias capitulaciones y los propios llamados a votar candidatos burgueses. Sin esa transparencia no hay partido revolucionario posible. Hay aparato.