Estados Unidos en modo colapso: la era Trump como laboratorio del desastre.

 

Por Raúl Valle

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial transformó el panorama judicial de Donald Trump y, con él, el equilibrio institucional del propio régimen norteamericano. Por primera vez, el máximo tribunal afirmó que un presidente goza de inmunidad penal absoluta por sus "actos oficiales" en el marco de sus atribuciones e inmunidad presunta por el resto de los actos vinculados al cargo, creando así un amplio margen de protección para el jefe del Ejecutivo. 

Cualquier ciudadano común que usara presión, engaño o violencia para impedir la certificación de unas elecciones, manipular a los funcionarios electorales o utilizar el aparato estatal en su propio beneficio se enfrentaría a graves cargos, desde conspiración y obstrucción hasta fraude o incluso terrorismo interno, con la posibilidad de largas penas de prisión. Por otro lado, cuando ese mismo tipo de conducta se media mediante el uso de los poderes "oficiales" de la presidencia, la nueva doctrina permite al presidente invocar inmunidad y obliga a los jueces inferiores a depurar las acusaciones, eliminar actos completos del relato acusatorio y, en muchos casos, impedir que dichos actos se utilicen siquiera como prueba de intención criminal.

De esta manera, la Corte no sólo relaja la responsabilidad de un individuo específico, Trump, sino que altera la regla básica no escrita de la democracia liberal estadounidense: la idea de que el presidente está sujeto a la ley como cualquier otro ciudadano.

Esta armadura choca con la trayectoria histórica de la propia corte. En el caso de Nixon y Watergate, la Corte Suprema fue el freno institucional, en 1974 ordenó la entrega de las cintas, rechazó un privilegio ejecutivo absoluto y dejó claro que el presidente debía someterse al proceso judicial. Esa decisión se interpretó como un momento pedagógico para el sistema, el mensaje era que ni siquiera el ocupante de la Casa Blanca podía usar el aparato estatal para encubrir crímenes sin enfrentar consecuencias. Ahora, ante un intento de revertir unas elecciones certificadas y una movilización violenta que buscaba interrumpir la transición pacífica del poder, el mismo organismo se coloca al otro lado del mostrador. En lugar de fortalecer los límites del Ejecutivo, diseña un escudo conceptual que sirve para debilitar los casos penales en curso y desalentar futuras investigaciones. El contraste ilustra por qué muchos juristas y analistas hablan de una ruptura de continuidad, más que de una simple "deriva conservadora", la Corte abandona el papel de garante de la legalidad frente a los abusos del Ejecutivo y adopta el papel de arquitecto de una nueva forma de impunidad presidencial.

El caso de Trump deja al descubierto la asimetría. Se trata de un líder que ya ha sido condenado penalmente en Nueva York por graves delitos relacionados con la ocultación de pagos durante la campaña, y que también enfrenta múltiples demandas por fraude civil, documentos clasificados y ataques al proceso electoral. Sin embargo, las decisiones judiciales que le afectan muestran una enorme cautela a la hora de traducir esas responsabilidades en una pena de prisión efectiva. En el caso del dinero oculto, el juez optó por una figura de "libertad incondicional" que confirma la condena pero evita la prisión y cualquier otra sanción concreta, una salida que difícilmente se le ofrecería a un acusado pobre y sin poder político. Paralelamente, los casos federales más sensibles —aquellos que giran en torno al intento de subvertir el resultado de 2020 y el manejo ilegal de documentos ultrasecretos— se diluyen entre recursos, debates técnicos y la necesidad de revisar cada acto a la luz de la nueva doctrina de inmunidad. La combinación es clara: un ciudadano común, por una fracción de esa conducta, habría sido juzgado y probablemente encarcelado; El presidente, por el contrario, se beneficia de una arquitectura jurídica a su medida que transforma su situación procesal en algo excepcional.

Para calibrar el daño institucional conviene mirar hacia atrás. Watergate, Irán‑Contras, el escándalo de Teapot Dome, el caso Lewinsky o los indultos polémicos de finales del siglo XX representaron crisis severas, pero ninguna combinó la magnitud de los hechos imputados, el grado de involucramiento directo del presidente y una cobertura tan explícita desde la cúpula judicial. En Watergate, la trama de espionaje y encubrimiento terminó con la renuncia del presidente bajo el peso de la evidencia y de las decisiones de la justicia. En Irán‑Contras, la violación abierta de la ley para financiar a una guerrilla aliada generó comisiones, procesamientos y un consenso posterior sobre la ilegalidad de lo ocurrido, aunque la cúspide política se salvara por decisión de fiscales y por indultos. Teapot Dome evidenció una corrupción sistémica en el manejo de recursos energéticos, pero el sistema reaccionó con condenas a altos funcionarios. Incluso en el caso Lewinsky, donde el origen fue un escándalo sexual, la discusión pública giró en torno al perjurio y a la obstrucción de la justicia, con un impeachment que, aunque terminó en absolución, reafirmó que mentir bajo juramento podía tener consecuencias. En todos estos episodios, los poderes del Estado, con todas sus limitaciones, cumplieron al menos parcialmente la función de control. La novedad del momento Trump es que el máximo tribunal, lejos de intentar contener el abuso, lo encuadra dentro de una categoría protegida: el ámbito de los “actos oficiales” inmunes.

La doctrina de inmunidad que la Corte construyó para blindar a Trump no opera en el vacío: se superpone con una práctica cada vez más abierta de uso unilateral de la fuerza y de violación del derecho internacional, muchas veces sin autorización formal del Congreso. En ese marco se inscriben episodios como el secuestro extraterritorial de dirigentes de otros países, operaciones encubiertas para capturar o eliminar a líderes considerados enemigos y guerras de hecho que nunca pasaron por un debate parlamentario serio. La lógica es siempre la misma: el presidente decide, invoca vagamente la “seguridad nacional” y, a partir de ahí, todo se mueve en un terreno de secretismo, memorandos clasificados y justificaciones retroactivas donde ni el Congreso ni los tribunales llegan a ejercer un control real. Cuando además la Corte les dice a los presidentes que por buena parte de esos “actos oficiales” no pueden ser perseguidos penalmente, lo que se consolida es la figura de un mandatario que puede mandar a matar, a secuestrar o a bombardear sin temor a rendir cuentas.

La construcción de un poder presidencial capaz de raptar a un jefe de Estado extranjero, como en la hipótesis de capturar a Nicolás Maduro, o de ordenar el asesinato de la máxima autoridad religiosa y política de un país como Irán, sin un mandato explícito del Congreso ni una amenaza inminente que lo justifique, implica un salto cualitativo en la degradación del orden jurídico internacional y de la propia Constitución estadounidense. No se trata solo de la violación de la soberanía de otros Estados, sino de un mensaje interno: el presidente puede convertir a Estados Unidos en un Estado canalla sin que sus propios mecanismos institucionales lo detengan. El precedente del asesinato con drones de altos cargos extranjeros, las operaciones encubiertas en terceros países y las “guerras por delegación” gestionadas desde la Casa Blanca con fuerzas especiales y contratistas privados son parte de esa misma tendencia a militarizar la política exterior por decisión personal del Ejecutivo, sin declaración formal de guerra ni control democrático efectivo.

Las guerras sin una autorización clara del Congreso completan el panorama. Durante décadas, los presidentes han utilizado resoluciones generales y antiguas —como las votadas tras el 11-S— o poderes de "comandante en jefe" para lanzar operaciones militares que, en la práctica, son guerras: bombardeos prolongados, ocupaciones de facto, campañas con drones en varios continentes. En teoría, la Constitución reserva al Congreso la facultad de declarar la guerra; en la práctica, la Casa Blanca convierte cada vez más ese acto en un procedimiento indispensable. Cuando un presidente como Trump recibe además de la Corte Suprema la promesa de que todo lo que haga con el uniforme oficial está protegido contra la ley penal, esa tendencia se vuelve aún más peligrosa: si el jefe del Ejecutivo sabe que difícilmente tendrá que afrontar cargos por decisiones militares o de seguridad, la tentación de forzar los límites crece, y con ella, el riesgo de crímenes de guerra o actos de agresión impunes.

La combinación de inmunidad interna y violencia externa desenfrenada produce un daño institucional que ya no es solo norteamericano, sino global. Internamente, la idea de "controles y equilibrios" carece de contenido: ni el Congreso, ni los tribunales inferiores, ni la opinión pública pueden detener a un presidente que se ha mostrado dispuesto a falsificar elecciones, desobedecer las normas y empujar al país a aventuras militares. Externamente, erosiona lo poco que quedaba del prestigio estadounidense como defensor del "orden internacional basado en normas": ¿con qué autoridad puede Washington denunciar violaciones de derechos humanos o agresiones de otros Estados si su propio aparato institucional le firma cheques en blanco a su presidente para secuestrar, asesinar y bombardear sin control? Cada operación de este tipo deja cicatrices irreparables en los países víctimas, pero también socava la legalidad que el propio Estados Unidos dice defender.

En ese contexto, el caso Trump no es una simple desviación ni una anomalía personal, es la condensación de un proceso de décadas en el que el poder presidencial se expandió, las guerras dejaron de pasar por el Congreso y la justicia se volvió cada vez más complaciente con los abusos del Ejecutivo. La novedad es que, con un presidente abiertamente dispuesto a llevar esa lógica al extremo, la Corte Suprema decidió no poner límites, sino diseñar la armadura que necesitaba. 

El resultado es un régimen donde la ley se aplica estrictamente a los de abajo y con infinita indulgencia a quienes controlan el aparato militar, policial y de inteligencia más poderoso del planeta. Desde cualquier punto de vista democrático, este es el daño más grave en la historia institucional estadounidense, la consagración legal de un poder presidencial capaz de violar derechos dentro y fuera de su territorio sin temor a responder ante la justicia.