Se cierra el diario La Nación?

 

Atentados 11 de septiembre de 2001

Por Raúl Valle

La pregunta no debe leerse como una provocación sensacionalista, sino como el punto de partida para pensar una crisis más amplia, la de un diario histórico de la clase dominante que atraviesa transformaciones de negocio, pérdida de centralidad social y desgaste político en un país donde el pasado reciente sigue siendo un campo de batalla. La Nación no es solo una empresa periodística; es una institución de la hegemonía, una máquina de producción de sentido que durante más de un siglo ayudó a naturalizar el orden social de los vencedores. Por eso, cuando su legitimidad entra en tensión, no estamos ante un problema de “marca” solamente, sino ante una señal de crisis de una forma histórica de intervenir sobre la política argentina.

Hay que empezar por el momento en que el diario condensó de manera más clara su posición: la editorial “No más venganza” de 2015. Allí La Nación intentó clausurar la discusión sobre el terrorismo de Estado bajo el lenguaje de la reconciliación, pero lo que efectivamente hizo fue tocar una fibra sensible de la sociedad argentina, la impunidad de los genocidas, la relativización de los juicios por delitos de lesa humanidad y la vieja tentación de reponer una narrativa simétrica entre víctimas y victimarios. El repudio fue fuerte porque no fue una polémica aislada de opinión, sino una intervención sobre la memoria colectiva en un país donde la dictadura no fue una guerra entre dos bandos equivalentes, sino un plan sistemático de exterminio. Esa editorial marcó un punto de inflexión porque mostró, al mismo tiempo, el alcance y el límite del poder simbólico del diario, todavía podía provocar, pero ya no podía hacerlo sin pagar un costo político visible.

A partir de ahí, el problema se amplía. La Nación ya no depende del mismo modo de la venta en papel ni de la autoridad casi automática que antes le garantizaba un lugar privilegiado en el espacio público. La erosión del kiosco, la migración hacia suscripciones digitales y la necesidad de retener lectores obligan a pensar su línea editorial también como una estrategia de supervivencia económica. Un diario que necesita fidelizar suscriptores no puede darse el lujo de acumular costos reputacionales indefinidamente, sobre todo si quiere seguir siendo una referencia para sectores medios y altos que demandan una imagen de seriedad, equilibrio y respeto institucional. Por eso el cambio en la editorial en este 24 de marzo de 2026, fue mucho más prudente. Ahí La Nación habló de “una mirada comprensiva e integral” del pasado trágico y, aunque no renunció a su idea de revisar críticamente los años setenta, ya no se plantó con el golpe como lo hizo en 2015; el cambio está en que pasa del choque frontal al relativismo encubierto y a una formulación que intenta sonar equilibrada, institucional y menos agresiva. No parece una conversión política sincera, sino una adaptación a un escenario donde el negacionismo abierto se volvió demasiado costoso y donde la conmemoración de la memoria democrática exige otro registro.

Ese giro se vuelve más comprensible si se lo conecta con el presente político. La crisis de Milei, o más precisamente la crisis de su promesa de orden, va dejando al desnudo el carácter destructivo de su programa, ajuste, saqueo, desregulación, transferencia regresiva de ingresos, deterioro del tejido social y una apuesta abierta a disciplinar a la sociedad en nombre del mercado. Pero esa crisis no se despliega en el vacío. El peronismo también llega debilitado, sin haber logrado reconstruir una herramienta política capaz de organizar una respuesta coherente frente a la ofensiva reaccionaria. Entre el derrumbe del experimento libertario y el desgaste del peronismo como canal histórico de representación popular, se abre un vacío que vuelve más intensa la disputa por la historia, la memoria y el sentido de lo común. En ese vacío, una editorial de La Nación no es un hecho menor, es parte de la pelea por quién interpreta la crisis y con qué lenguaje.

A eso se suma una situación estructural más grave, el aumento de la deuda externa, el saqueo imperialista y la fragilidad económica que vuelve a colocar al país bajo presión. Cuando la deuda crece y la economía se subordina a la lógica del ajuste permanente, el margen de maniobra de cualquier gobierno se achica, y la disputa política se endurece. En ese marco, el diario histórico de la elite no solo informa sobre la crisis, intenta administrar su sentido. A veces lo hace con terrorismo de estado, como en 2015; otras, con prudencia calculada, como en el 24 de marzo más reciente. Pero el fondo permanece, la defensa de un orden social que necesita estabilidad institucional para sostener relaciones de dominación y de dependencia.

Si uno se pregunta entonces por la posibilidad de que La Nación “se cierre” o “quiebre”, la respuesta no puede ser literal ni inmediata. Lo más serio es pensar que lo que está en crisis no es solo una empresa, sino una forma de autoridad histórica. El diario puede seguir existiendo, pero ya no en las condiciones del capital simbólico de antes. Su “quiebre” más profundo sería este: la pérdida de la capacidad de hablar como si expresara naturalmente a la nación entera. En la Argentina actual, atravesada por el ajuste, la disputa por la memoria, el desgaste de las representaciones tradicionales y la presión de una crisis económica que puede agravarse, La Nación enfrenta el problema de seguir siendo un actor influyente sin el mismo consenso que lo sostuvo durante décadas. Y esa es, en el fondo, la clave de toda la polémica, no solo qué dice el diario, sino qué lugar conserva para poder seguir diciéndolo.

Es necesario un diario de Trabajadores y el Pueblo Plebeyo.