¿Qué hacen en Fate?

 Por Raúl Valle

La acumulación originaria, para la tradición marxista, no es solo un capítulo de museo: es el nombre de la violencia fundante del capital, el despojo que separa a los productores de sus medios de vida para convertirlos en una clase de desposeídos obligada a vender su fuerza de trabajo. Esa violencia no quedó enterrada en los cercamientos ingleses o en el saqueo colonial del siglo XVI; se reactualiza cada vez que el capitalismo, en crisis, necesita abrir una nueva frontera de saqueo: guerra, endeudamiento, privatizaciones, fracking, megaminería, monocultivo, gentrificación de barrios y expulsión de comunidades. En esa clave, la acumulación originaria es un proceso vivo, una forma permanente del capitalismo imperialista.

Partir de esta idea permite también aclarar un punto decisivo: no se trata de “suplantar” al sujeto revolucionario de la clase trabajadora por otro sujeto “indígena” o “territorial”. Se trata, por el contrario, de hacer reaparecer a las comunidades originarias como parte de esa clase, como una de sus fracciones más golpeadas y, al mismo tiempo, más estratégicas. Los pueblos originarios no son un “sector externo” a la clase obrera, ni una minoría cultural que solo podría sumarse al programa socialista “más adelante”, cuando pase por el ritmo del trabajo asalariado urbano. Son obreros, desocupados, precarizados, pequeños productores arruinados, trabajadores de la construcción, del agro, del cuidado; son una fracción de la clase sometida a un doble mecanismo de opresión: como clase explotada y como pueblos despojados de su territorio y su cultura. Ocultar esto bajo fórmulas abstractas, tratarlos como pasivos o incapaces de adherir a un programa revolucionario, es una forma de racismo teórico: se los reconoce en el discurso, pero se los coloca fuera del centro de la estrategia, como si su lucha solo pudiera entrar por la puerta de una consigna democrática (“respeto a las comunidades”) y nunca por la puerta grande de la revolución.

Cuando la izquierda acepta, explícita o implícitamente, que las comunidades originarias solo “entran” en el programa si pasan por el filtro del trabajo formal urbano, o si sus reclamos se reducen a derechos democráticos bajo el Estado, comete una doble amputación. Por un lado, mutila la composición real de la clase trabajadora, que en un país como Argentina está atravesada por la herencia indígena y campesina en todas sus capas. Por otro lado, renuncia a ver que la resistencia de esas comunidades a la desposesión es, hoy, uno de los lugares privilegiados donde se enfrenta la acumulación originaria en acto. Así, se mantiene un discurso obrerista en la superficie, pero en la práctica se relega a los pueblos originarios al papel de “objeto” de solidaridad, nunca de **sujeto** que reorganiza el programa y las prioridades.

El gobierno de Milei radicaliza esta contradicción. La “motosierra” no es solo recorte de salarios, despidos y reformas laborales: es también venta, remate y privatización de todo lo que el capital considera “excedente”. La política de vender terrenos del Ejército y activos del Estado forma parte de una misma lógica: liquidar patrimonio público, liberar suelo, puertos y enclaves estratégicos para el negocio inmobiliario, el agronegocio, la extracción y la especulación. La tropa cobra sueldos de hambre, vive en condiciones miserables, mientras la oficialidad y los altos mandos se integran a la casta de privilegiados: generales y almirantes que, además de cobrar salarios de privilegio, gestionan prebendas, sobres, retiros de lujo y puertas giratorias con empresas de seguridad, logística y contratistas del propio Estado. El Ejército se vacía como fuerza “nacional” y se reconfigura como un aparato administrativo de negocios: custodia de enclaves extractivos, fuerza de choque interna, gestor de tierras “sobrantes” que se pueden vender al capital.

Este vaciamiento no es un capricho de Milei: es funcional al lugar subordinado que el imperialismo asigna a la Argentina. El remate de tierras y activos militares debe leerse junto con el avance de la OTAN hacia el sur, el rol de Inglaterra en Malvinas y el papel de Israel como brazo armado del sionismo y del capital occidental. La presencia militar británica en las islas no es simbólica: asegura el control de un triángulo estratégico que enlaza Atlántico Sur, pasaje hacia el Pacífico y Antártida, con todo lo que eso implica en términos de hidrocarburos, pesca, rutas marítimas y futuros recursos antárticos. Israel, por su parte, no solo es el ariete del genocidio en Palestina: actúa también como proveedor de tecnología militar, inteligencia, cibercontrol y doctrinas de “guerra interna” exportadas al mundo, incluida América Latina. El vínculo entre estos aparatos y la OTAN no es una teoría conspirativa: es la forma concreta en que se organiza hoy el dominio militar sobre regiones enteras para garantizar, en el largo plazo, el libre acceso imperialista a recursos y corredores estratégicos.

En ese contexto, la venta de terrenos militares, el desguace de las capacidades propias y la subordinación a la “cooperación” con potencias de la OTAN y con Israel significan, en la práctica, entregar el control del sur y de la puerta antártica a los mismos que ocupan Malvinas y que bombardean Gaza. Se desmonta la capacidad de decisión territorial mientras se refuerza el rol del país como plataforma extractiva: petróleo y gas offshore, megaminería en cordillera, fracking en la Patagonia, agronegocio en la pampa y el norte, litio en el NOA. La extranjerización de la tierra, de las empresas y del propio aparato militar no es una suma de hechos aislados, sino un proceso estructural de sometimiento al imperialismo: concentración de la propiedad, vaciamiento del Estado como herramienta soberana, conversión de las Fuerzas Armadas en gestoría de negocios y policía interna. La acumulación originaria reaparece aquí como desposesión territorial planificada al servicio de un capital extranjero y local asociado.

Para la clase trabajadora y para las comunidades originarias, esto tiene consecuencias directas. Por un lado, la “motosierra” desgarra las condiciones de vida: inflación, tarifazos, despidos, caída del salario, destrucción de la salud y la educación públicas. Por otro, las mismas políticas que empobrecen la ciudad abren la puerta a la devastación del campo y del territorio: fracking que envenena el agua, desmontes que arrasan bosques, proyectos mineros que contaminan ríos y suelos, desalojos que expulsan campesinos e indígenas. Los trabajadores urbanos pagan el precio en salarios y servicios; los pueblos originarios y las comunidades rurales lo pagan en tierra, agua y vida comunitaria. La cadena es una sola; las formas en que se siente, distintas. Y sin embargo, la izquierda muchas veces interviene como si se tratara de dos problemas separados: “el ajuste” por un lado, “la cuestión indígena” por el otro.

Justamente ahí se vuelven visibles los límites de las corrientes que dicen representar una salida de clase. No se trata de negar sus aportes en la lucha, sino de señalar que la falta de una teoría viva de la acumulación originaria lleva a ocultar o subestimar a las comunidades originarias como parte del sujeto revolucionario. Cuando una corriente centra su programa frente al fracking en impuestos y regalías, en cómo debe el Estado provincial o nacional apropiarse de la renta, está aceptando como inevitable el saqueo que la comunidad rechaza. Cuando otra diluye la figura del trabajador en movimientos policlasistas que giran alrededor de figuras mediáticas, pierde de vista que el sujeto se forja en la resistencia concreta al despojo, no en la construcción de “imágenes” para la televisión. Cuando otras se pliegan al mal menor, llamando a votar a un peronismo que garantiza extractivismo a cambio de migajas, contribuyen a formatear a las masas dentro de los límites del régimen y del imperialismo.

La tarea que se abre para quienes luchan por una salida de clase es clara: no se trata de reemplazar al trabajador por la “comunidad” como sujeto, sino de reconocer que, en la Argentina real, el trabajador y la comunidad originaria, el obrero precarizado y el mapuche que resiste a un pozo, el docente del conurbano y la mujer indígena que enfrenta un desalojo, forman parte de una misma clase oprimida. Reaparecer a las comunidades originarias como clase —no como adorno cultural, no como “tema humanitario”, no como objeto de tutela— es una condición para que la clase trabajadora en su conjunto pueda pensarse a sí misma como fuerza capaz de detener el saqueo imperialista y de reorganizar la vida social sobre nuevas bases. Mientras la teoría siga escondiendo a estos sujetos, mientras los trate como pasivos, atrasados o incapaces de adherir a un programa revolucionario salvo que pasen por el molde estrecho del “obrero industrial”, la política seguirá encontrando una y otra vez el mismo límite: quedará encerrada en el círculo del ajuste, la reforma y la “motosierra”, reaccionando a los golpes del capital pero sin tocar la raíz de la acumulación originaria que lo alimenta.

En términos de programa, esto implica dejar de hablar de acumulación originaria solo cuando se enseña el capítulo XXIV de El capital, y empezar a nombrarla cuando se discuten los conflictos reales del presente: explicar que los desalojos, la militarización de la Patagonia, la campaña antimapuche y el avance de Vaca Muerta son parte de una nueva ronda de acumulación originaria en beneficio del capital nacional y extranjero. ��� Al hacerlo, el pueblo mapuche deja de aparecer como “objeto” de solidaridad y emerge como parte del sujeto revolucionario que Marx tenía en mente: la masa de expropiados y explotados que, al luchar por su territorio y sus medios de vida, pone en cuestión la base misma del capitalismo