“Radiografía semanal de un gobierno que colapsa, sostenido por la casta y el ajuste”

Por Raúl Valle

La semana que cierra el 8 de marzo de 2026 dejó al gobierno de Javier Milei expuesto en todos sus flancos, y lo que revela no es solo la acumulación de crisis sino algo más profundo, la confirmación de que este gobierno, que llegó al poder con el discurso de destruir la casta, se sostiene precisamente gracias a ella, a los gobernadores y bloques “dialoguistas” que le garantizan las leyes, a la burocracia sindical que contiene la bronca obrera, al aparato represivo que se despliega cada vez que los trabajadores se movilizan y al paraguas geopolítico de Donald Trump y el FMI que le dan oxígeno financiero a cambio de una subordinación total. En una misma semana se combinan el relato mentiroso de la estabilización, el avance del ajuste sobre el trabajo, el alineamiento bélico con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y una ofensiva reaccionaria contra derechos conquistados, que golpea en particular a las mujeres trabajadoras a las puertas de un nuevo 8 de marzo.

En el plano económico, el corazón de la mentira oficial sigue siendo la situación de las reservas del Banco Central. El gobierno agita como bandera que el BCRA compró más de 3.000 millones de dólares en lo que va del año, que encadenó más de 40 ruedas diarias con saldo positivo y que las reservas brutas treparon por encima de los 46.000 millones. Esos datos alimentan tapas y placas en las redes, pero omiten el dato clave, las reservas netas, medidas con el criterio que toma el FMI, siguen profundamente en rojo, con un agujero de más de 10.000 millones de dólares a fin de 2025 y metas pactadas con el Fondo que el propio organismo considera lejos de cumplirse. La diferencia no es técnica, mientras se muestran las reservas brutas –que incluyen encajes, swaps en yuanes, oro y depósitos que no se pueden usar libremente– se oculta que, descontadas las obligaciones, el Central sigue sin poder despegar de un terreno negativo que lo deja atado de pies y manos. El relato de “orden monetario” se sostiene sobre el mismo mecanismo que las viejas tablitas, atraso cambiario, recesión y endeudamiento, con el riesgo latente de una nueva corrida como nos comentó un compañero.

Esa fragilidad de base convive con una inflación que no cede en los bolsillos populares. El índice de precios volvió a acercarse al 3% mensual en enero y febrero, pero los alimentos, que son el 40% del gasto en los hogares pobres, crecieron varios puntos por encima, con saltos por encima del 4% mensual y un acumulado interanual superior al 30%. La canasta básica total ya supera holgadamente el 1,3 millón de pesos para una familia tipo, mientras que millones de trabajadores y trabajadoras registran salarios de 700.000 u 800.000 pesos, es decir, por debajo o apenas pegados a la línea de pobreza. El salario real privado volvió a caer más de un punto solo en enero y los haberes mínimos de las jubiladas y jubilados acumulan una pérdida mayor al 5% en menos de un año. Desde que comenzó el experimento Milei, se destruyeron cerca de 300.000 puestos de trabajo registrados y cerraron más de 20.000 empresas, fundamentalmente pymes industriales y comerciales, con una caída de más de 60.000 empleos en la industria y más de 70.000 en la construcción. En ese contexto, el riesgo país volvió a tocar máximos del año –por encima de los 570 puntos– y los bonos argentinos se hundieron al calor de la guerra en Medio Oriente, mostrando que la famosa “confianza de los mercados” es tan efímera como el tweet de moda.

El frente internacional es un capítulo aparte y refuerza la dimensión más peligrosa del proyecto. En esta semana se consolidó el alineamiento de Milei con la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán, en el marco de una guerra regional que ya se cobró miles de vidas. Argentina se colocó como el único país de América Latina que apoyó públicamente los ataques, mientras se multiplican las denuncias por bombardeos masivos sobre objetivos civiles, escuelas, centros de salud y viviendas. En Irán se cuentan por centenares los muertos y miles los heridos, con escenas de hospitales colapsados, niñas asesinadas en sus aulas y destrucción de infraestructura básica. El cierre parcial del estrecho de Ormuz y el encarecimiento del petróleo ya impactan en los mercados y amenazan con reavivar presiones inflacionarias globales. El gobierno de Milei, lejos de tomar distancia o reclamar un alto el fuego, reforzó su discurso belicista, ordenó elevar el nivel de alerta interna, avanzó con la militarización de objetivos sensibles y mantuvo firme la decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. El precio de ese alineamiento no es abstracto: una crisis mayor en Medio Oriente puede disparar el costo de la energía, deteriorar aún más los términos de intercambio de la Argentina, complicar las exportaciones y forzar nuevas exigencias del FMI, que ya condiciona el programa local. Además, convierte al país en objetivo político en un mundo donde la guerra y el terrorismo se alimentan mutuamente.

Sobre ese telón de fondo se desarrolla una ofensiva interna contra el trabajo y las libertades democráticas. La reforma laboral, aprobada en el Senado y Diputados con los votos decisivos de bloques ligados a gobernadores peronistas y “federales”, consagra una batería de medidas antiobreras, limita el derecho de huelga ampliando los servicios mínimos hasta el 75% en sectores claves, tipifica los bloqueos como “injuria grave” para justificar despidos sin indemnización, flexibiliza las jornadas, habilita bancos de horas y recorta la ultraactividad de convenios, entre otras regresiones. Es una ley redactada a medida de las cámaras patronales que se sostiene en un dato político incómodo para el discurso opositor, sin el quórum y el voto de diputados y senadores que se presentaron a elecciones como peronistas, no habría pasado. La “casta” que Milei dice combatir no solo sigue sentada en sus bancas sino que es el soporte material de su programa de ajuste.

La verificación más concreta de esta orientación se dio en el conflicto de Fate, que se transformó en un símbolo de época. El grupo empresario abandonó la planta de San Fernando con un cartel como única explicación, dejando 920 puestos de trabajo en la cuerda floja, millones de litros de solventes y químicos peligrosos sin control técnico y una comunidad entera al borde de una catástrofe ambiental. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero la audiencia terminó en media hora, sin compromiso alguno de la patronal ni del gobierno, y con una represión brutal sobre las y los trabajadores del SUTNA que se movilizaron a la Secretaría, gases y balas de goma incluídos. En respuesta, el sindicato convocó a un paro de 24 horas en las tres fábricas de neumáticos –Fate, Pirelli y Bridgestone–, mostrando que el conflicto puede escalar hacia una huelga general de rama que paralice la producción de neumáticos en todo el país, con fuerte impacto sobre la industria automotriz. Lo notable es que, frente a un ataque semejante, la CGT mira para otro lado, SMATA se mantiene en silencio y la conducción de la UOM intenta apagar incendios, cuando no directamente recurre a métodos patoteriles, como se vio en Zárate-Campana con denuncias de fraude, fraude, violencia y quema de urnas en las elecciones seccionales. Esa combinación –ataque patronal, represión estatal, pasividad o complicidad de las burocracias y respuesta de un sindicalismo combativo que convoca plenarios y acciones comunes– es radiografía fiel de la Argentina 2026.

La pelea por el salario y las condiciones laborales recorrió también la educación. En Catamarca, la docencia lanzó 48 horas de paro al inicio de clases, reclamó un 30% de aumento y anunció otras 72 horas de huelga frente a una propuesta oficial que mantiene los sueldos muy por debajo de la canasta básica. El gobierno provincial respondió con conciliación obligatoria, pero el conflicto continúa abierto, mostrando el desgaste de un modelo que pretende “ordenar las cuentas” a costa del bolsillo docente. En la provincia de Buenos Aires, la paritaria cerró con un 7,5% en dos meses para un universo que ya arrastra una pérdida de poder adquisitivo de dos dígitos respecto de la inflación real, llevando el salario de un maestro de grado apenas por encima de la línea de pobreza. Baradel y la conducción de SUTEBA presentaron el acuerdo como un avance, mientras sectores de base y de izquierda lo denuncian como otro ajuste encubierto. En todos estos casos, la burocracia sindical funciona como una válvula de contención del malestar, no como un instrumento para derrotar el ajuste.

En paralelo, la interna del propio gobierno se hizo más visible que nunca. La apertura de sesiones ordinarias, que Milei pretendía convertir en un relanzamiento político, terminó exhibiendo la fractura con su vicepresidenta. Las acusaciones de “golpismo”, las alusiones a dirigentes que sueñan con el sillón de Rivadavia, los gestos hostiles de Karina Milei en el recinto y las respuestas públicas de Victoria Villarruel mostrando que no piensa renunciar de aquí a 2027, mostraron a un oficialismo partido en dos, con dos proyectos de derecha que compiten entre sí. Mientras tanto, encuestas recientes muestran que el presidente conserva un núcleo de apoyo significativo, cercano al 45-50% según la medición, pero también una imagen negativa que supera el 50%, un país polarizado y una oposición peronista que, lejos de ofrecer una alternativa de ruptura, se dedica a sostener la “gobernabilidad” con votos clave en el Congreso.

En este entramado, las mujeres trabajadoras se encuentran en el ojo de la tormenta. No solo porque cargan con la mayor parte del impacto del ajuste –a través de salarios más bajos, trabajos informales, cuidado no pago y recortes en políticas sociales– sino también porque el programa de Milei se orienta, en los hechos, a desarmar conquistas históricas del movimiento de mujeres. En el terreno económico, las cifras son contundentes, la brecha salarial de género ronda el 25% en promedio, pero en sectores feminizados como el empleo doméstico, la salud y la educación supera el 30%. Más del 60% de las mujeres ocupadas se concentra en trabajos informales, precarios o de baja remuneración, y la pobreza tiene rostro femenino, en los hogares monoparentales encabezados por mujeres, las tasas de pobreza y de indigencia superan el promedio general en 5 a 10 puntos. Los recortes en programas como la AUH, la Tarjeta Alimentar, los refuerzos a comedores y los subsidios a los servicios públicos golpean de lleno a quienes sostienen cotidianamente la reproducción de la vida en los barrios.

Pero la ofensiva no es solo económica. En estos meses, el gobierno avanzó en el desmantelamiento de instituciones y políticas de género construidas al calor de décadas de lucha: vaciamiento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, reducción a su mínima expresión del presupuesto destinado a programas de prevención y atención de violencia de género, congelamiento o recorte de dispositivos como la Línea 144, refugios y equipos territoriales. En un país donde cada año se registran entre 250 y 300 femicidios, donde una mujer es asesinada cada 30 a 35 horas y donde miles de denuncias quedan sin respuesta efectiva, la decisión de desfinanciar estas políticas equivale a una condena silenciosa sobre las más vulnerables. A eso se suma la ofensiva ideológica contra la ESI –educación sexual integral–, que fue clave para prevenir abusos, embarazos no deseados y violencias en las escuelas, y los intentos de sectores aliados al gobierno por cuestionar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sancionada en 2020, una conquista que redujo muertes y complicaciones graves por abortos inseguros. Si el ajuste, la represión y la reforma laboral avanzan, lo que está en juego también son los cuerpos y las vidas de las mujeres trabajadoras: menos recursos para escapar de situaciones de violencia, más presión para aceptar empleos ultra precarios, más carga de tareas de cuidado ante el desmantelamiento de jardines, escuelas y hospitales.

A las puertas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, esta radiografía semanal adquiere un sentido particular. No se trata solo de recordar la historia de las 129 obreras textiles asesinadas en Nueva York ni de repetir consignas de ocasión. Se trata de asumir que el programa de Milei –y de quienes lo sostienen en el Congreso, en las gobernaciones, en la CGT y en las embajadas– amenaza con hacer retroceder décadas de lucha del movimiento de mujeres y diversidades. Se puede perder el derecho a decidir, se puede perder la ESI en las aulas, se puede perder el ya escaso presupuesto para refugios y políticas contra la violencia, se puede perder aún más salario en trabajos feminizados, se puede perder incluso la vida en un sistema de salud recortado y mercantilizado. Pero también se puede ganar algo decisivo, la comprensión de que la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras no se juega en los despachos ni en los acuerdos de cúpula, sino en la calle, en la organización independiente, en la unidad con las luchas obreras como la de Fate, las docentes de Catamarca, las estatales, las precarizadas, contra la guerra. En ese sentido, el 8M que se abre después de esta semana no es un ritual, sino una oportunidad para que la bronca y la experiencia acumulada se conviertan en fuerza consciente frente a un gobierno que colapsa pero que solo caerá si quienes lo padecen toman en sus manos la tarea de terminar con el ajuste, la guerra y la alianza entre Milei, la casta y el FMI.