Tierra, Pueblos Originarios y Clase Obrera ante el saqueo. Las posiciones de la Izquierda: PO, MST, IS, PTS y PCR ante el despojo colonial

Por Raúl Valle

Las palabras del rey Felipe VI, que reconocen "muchos abusos" durante la conquista española de América, reabren una cuestión que las potencias coloniales, las repúblicas oligárquicas y los Estados capitalistas modernos han intentado sepultar durante siglos: si los pueblos originarios pueden reclamar una indemnización por el despojo, el exterminio y la destrucción social que sufrieron como condición de posibilidad de la riqueza europea y la formación de los Estados-nación americanos. La experiencia histórica comparada demuestra que la respuesta jurídica ha sido limitada, fragmentaria y profundamente desigual porque el derecho internacional admite ciertos mecanismos de restitución, pero los Estados responsables han trabajado sistemáticamente para impedir que el colonialismo y la expansión violenta del capital sean reconocidos como una deuda material exigible.

En el caso de España y México, el reconocimiento de Felipe VI no constituye una disculpa formal de la Corona, y ese límite no es secundario sino fundamental, porque sin una admisión política y legal expresa resulta extremadamente difícil fundamentar una reclamación de indemnización que obligue al Estado español a reparar el daño histórico. El gobierno español ya había respondido en 2019 que la conquista no podía juzgarse con criterios contemporáneos, estableciendo así la doctrina defensiva clásica de las potencias coloniales: admitir el dolor pero negar la responsabilidad material. Existen instrumentos sobre derechos indígenas como el Convenio 169 de la OIT o las normas internacionales sobre patrimonio cultural, pero su eficacia se centra en derechos vigentes en los Estados actuales o en restituciones culturales específicas, no en la reparación integral de la violencia colonial originaria.

Los precedentes de otros países demuestran que cuando se han realizado reparaciones parciales, estas no fueron el resultado de un acto moral de los poderosos, sino de relaciones de fuerza, litigios prolongados y conflictos persistentes. En Estados Unidos, la Comisión de Reclamaciones Indígenas creada en 1946 permitió demandas de las tribus por tierras expropiadas y cuando cerró en 1978 había pagado alrededor de 1.300 millones de dólares, cifra que estudios posteriores consideran ínfima comparada con la magnitud del robo territorial y demográfico. El acuerdo Cobell v. Salazar en 2009 resolvió una demanda colectiva de 500.000 demandantes con 1.400 millones de dólares y otros 2.000 millones para la recompra y consolidación de tierras indígenas, mientras que en 2016 el gobierno federal resolvió otros 492 millones con 17 naciones nativas por la mala gestión de recursos naturales, pero esos pagos se formularon como incumplimientos fiduciarios o contractuales del Estado federal, no como una reparación integral por el genocidio, la conquista o la acumulación capitalista construida sobre la destrucción indígena.

El modelo relativamente más avanzado sigue siendo el de Nueva Zelanda, donde el Tribunal de Waitangi ha tramitado desde 1985 las demandas históricas del pueblo maorí y el Estado ha pagado miles de millones en indemnizaciones, emitido disculpas formales y devuelto territorios sagrados, incluso sin cuestionar la esencia misma de la estructura de propiedad capitalista. En África, la demanda de reparación tiene hoy un contenido político más amplio, ya que vincula el colonialismo, el saqueo económico y la subordinación internacional.

El gobierno de Milei ofrece un ejemplo extremo de despojo contemporáneo: la ofensiva contra la Ley 26.160 y las garantías mínimas de protección territorial, la autorización de desalojos y la agresiva expansión de la agroindustria, la megaminería y el fracking en territorios indígenas demuestran que la denominada "cuestión originaria" no es un vestigio del pasado, sino un frente central de la acumulación capitalista actual. Al mismo tiempo, el colapso de los salarios reales, la pobreza estructural y la precariedad generalizada sumen a amplios sectores de la clase trabajadora en la inseguridad alimentaria, la migración forzada y el endeudamiento cotidiano. En este contexto, la lucha de las comunidades por la tierra, la reparación y la autodeterminación no puede considerarse una reivindicación sectorial o culturalista, sino una forma avanzada de resistencia al saqueo que converge objetivamente con las luchas de maestros, jubilados, obreros industriales y trabajadores precarios por salarios, vivienda y servicios públicos.

El reto estratégico consiste en integrar estas experiencias en un mismo movimiento mediante organismos autoorganizados y un programa que señale al mismo enemigo, el bloque social y político que expulsa a las personas de sus territorios, el mismo que explota y disciplina a la fuerza laboral urbana. Lejos de haber sido un episodio aislado en el nacimiento del capitalismo, el proceso de despojo violento que Marx denominó "originario" reaparece hoy con nuevas formas y escalas como uno de los mecanismos permanentes mediante los cuales el capital reconstituye su dominio. Nuestra contribución, en debate con las corrientes del FIT-U y el PCR, consiste en insistir en algo que muchos dan por sentado: la acumulación originaria no se cerró en los albores del capitalismo europeo, fue necesaria entonces pero se reactualiza una y otra vez como condición de la reproducción ampliada del capital en sus crisis agudas, en sus fronteras y en cada nueva ola de expansi

Sobre esta cuestión el debate es inevitable, porque corrientes como el Partido Obrero, el PTS, el MST o el IS tienden a archivar este problema o a relegarlo a un momento histórico pasado, o como el PCR reducen el proceso de lucha a un indigenismo nacional-popular sin ruptura programática, o lo abordan con un análisis mecanicista eurocéntrico donde la incorporación de los pueblos originarios al Estado moderno y al mercado laboral aparece casi como un paso progresivo inevitable. En todos estos casos, los pueblos originarios son relegados a un sujeto secundario, primero deben convertirse en trabajadores plenos bajo el mando del capital y del Estado nacional, solo entonces y en un futuro indefinido serán admitidos en el escenario de la revolución social.

Sino nos referimos a saqueo, sucede en el marco de una situación internacional extraordinaria, y necesitamos una correcta caracterización de laTercera Guerra Mundial en desarrollo, donde todos los integrantes del FITU están más perdidos que Adán en el día de la madre:

La “tercera guerra mundial” en curso es la forma actual de la reorganización violenta del orden capitalista bajo la batuta del imperialismo decadente encabezado por Trump y apoyado en el enclave sionista en Medio Oriente. No es una guerra clásica entre bloques equivalentes, sino una guerra prolongada por petróleo, gas, rutas y territorios estratégicos, la OTAN usa el conflicto con Rusia para romper la dependencia europea del gas ruso y sustituirla por una dependencia más cara y subordinada del GNL estadounidense. En paralelo, la presión sobre China, el cerco a Rusia, la guerra híbrida contra Irán y el hostigamiento a Venezuela y Cuba buscan impedir que surjan polos de acumulación o resistencia que negocien recursos estratégicos por fuera de la tutela de Washington. 

Esto sucede porque el mperialismo decadente es la fase en la que el capitalismo, llegado a su etapa de monopolios y oligarquías financieras, ya no impulsa ampliamente las fuerzas productivas, no puede es su contradicción, cuando el capital es enemigo del capital, su esencia pasa a ser una fuerza reaccionaria  que las frena y las destruye mediante guerras, crisis recurrentes y saqueo de naciones enteras. Esa decadencia no elimina el dominio burgués, lo extrema, el Estado se consolida como dictadura del capital, es decir, como aparato político, jurídico y represivo al servicio de una minoría propietaria capitalista que gobierna la sociedad para garantizar la valorización de sus monopolios, aun a costa de la miseria, la barbarie y la destrucción de sus propias bases materiales.

El expansionismo sionista actúa como enclave adelantado de esta ofensiva, Israel combina ocupación territorial, limpieza étnica y control de agua y gas en el Mediterráneo oriental, con la guerra permanente contra el pueblo palestino y la destrucción de Gaza, para extenderse a Libia y zonas limítrofes, y como laboratorio de destrucción de fuerzas productivas y expulsión de población. No estamos ante una simple guerra interimperialista simétrica, como lo analiza todo el FITU; el motor central es la ofensiva del imperialismo norteamericano y sus aliados —con el sionismo como pieza clave— contra Estados y pueblos que se ubican, con todos sus límites, fuera de la disciplina directa de Washington: Rusia, China, Irán, Venezuela, Cuba. Rusia y China son potencias capitalistas con oligarquías propias y regímenes antiobreros, pero no imperialismos plenamente hegemónicos; su dependencia tecnológica y de mercados los empuja a negociar en términos desiguales entre la fracción de su burguesía capitalista con el capital occidental, mientras buscan márgenes de autonomía en la periferia. 

El imperialismo, encabezado por Estados Unidos bajo la conducción de Trump, intenta “reconvertir” a Rusia y China usando sanciones, bloqueo tecnológico y guerra económica para degradar selectivamente sus fuerzas productivas y reordenar su lugar en el sistema mundial. En el caso de Rusia, el objetivo es desgastar su estructura industrial‑energética, limitar su capacidad de exportar petróleo y gas en términos autónomos y forzarla a reinsertarse como proveedor más débil y controlado. Con China, la ofensiva se concentra en el corazón de su desarrollo tardío (chips, alta tecnología, telecomunicaciones), buscando frenar su salto cualitativo y mantenerla en una posición subordinada en la jerarquía tecnológica global.

Esto no es simplemente “competencia” entre iguales, ni una acumulación originaria clásica, sino una forma contemporánea de acumulación por desposesión, lo que estamos analizando y damos como aporte: es  destrucción y bloqueo de fuerzas productivas ajenas, apropiación de tierras, mercados, rutas y patentes, y disciplinamiento de burguesías “tardías” para que acepten un rol degradado en la división internacional del trabajo. Rusia y China son grandes potencias capitalistas dominadas por oligarquías financieras propias, con regímenes bonapartistas pero no ya neutrales y antiobreros, pero no imperialismos hegemónicos; el núcleo de la ofensiva es obligarlas a ajustar su desarrollo a las necesidades de valorización del capital comandado desde el centro imperial, mientras el costo real lo pagan sus propias clases trabajadoras y los pueblos oprimidos sobre los que se descargan las guerras, las crisis y los ajustes.

Este tablero tiene prolongación directa en el sur del continente. En Malvinas, el proyecto petrolero Sea Lion, controlado por capital británico e israelí, avanza sobre aguas usurpadas, apoyado en la extensión británica sobre la plataforma continental y en la proyección militar hacia el Atlántico Sur. Simultáneamente, la presencia de tropas y acuerdos “logísticos” con Estados Unidos en Tierra del Fuego y Ushuaia apuntan a un dispositivo de control del Pasaje de Drake y de la futura disputa por la Antártida.  América Latina es tratada como protectorado; reserva de litio, petróleo, agua y biodiversidad, terreno de ensayo de reformas laborales regresivas y colonización interna sobre territorios y comunidades originarias. Gobiernos alineados con Trump, como Milei, habilitan flexibilización y precarización, recortan derechos y consolidan una nueva “casta” empresaria‑financiera mediante privatizaciones y regímenes como el RIGI, mientras trabajadores y pueblos originarios pagan con expulsión, sobreexplotación y represión. De ahí que la tarea estratégica no sea optar por uno u otro bloque estatal, sino construir una política independiente de la clase trabajadora y los pueblos oprimidos: enfrentar las agresiones del imperialismo y sus enclaves, apoyar las resistencias de Palestina, Venezuela, Cuba y las luchas indígenas y obreras del continente, y a la vez combatir a las oligarquías locales, ya sean rusas o chinas desde una perspectiva internacionalista de poder obrero y socialismo. 

Definimos que el capital imperialista apela cada vez más abiertamente al saqueo, la conquista territorial y el pillaje de pueblos enteros como recursos para su propia reproducción, el FITU y un sector de la  izquierda demuestra su completa ceguera ante el contenido histórico de este escenario: por un lado define la guerra como una contienda bélica interimperialista, no discierne una ofensiva de rapiña, dominación y guerra contra naciones, territorios y masas oprimidas por qué no encuentra el sujeto para enfrentar el saqueo presente porque los coloca como una reminiscencia pasiva del pasado, como origen de la acumulacion originaria. Nuestra perspectiva es exactamente la opuesta: la violencia sistemática contra los pueblos oprimidos, las comunidades originarias indígenas y el despojo territorial son formas actuales de acumulación originaria, y por lo tanto su lucha no es complementaria ni ornamental, sino constitutiva de cualquier estrategia revolucionaria que pretenda confrontar seriamente al régimen saqueador. No se trata de reemplazar al trabajador como sujeto revolucionario sino ubicar su justo lugar, en un proceso reconocido y activo en un marco político.

Rosa Luxemburgo en "La acumulación de capital" argumentó que la violencia y la represión son esenciales para la acumulación, ya que el capital necesita apropiarse permanentemente de espacios no capitalistas, subordinarlos y destruir sus formas previas de reproducción. Massimo De Angelis, retomando esta línea, propone que la acumulación originaria no debe entenderse como un momento cerrado del pasado, sino como una lógica que se actualiza constantemente donde el capital encuentra límites a su expansión y busca recrear condiciones de explotación mediante el despojo. David Harvey desarrolló esta continuidad bajo la categoría de acumulación por despojo, entendida como privatización de bienes comunes, comercialización de territorios, apropiación de recursos naturales, liberalización de mercados y conversión de espacios públicos y comunitarios en fuentes de rentabilidad.

Autores como Stéfano Varese, reflexionando específicamente sobre la realidad latinoamericana e indígena, subrayan que el neoliberalismo convierte la tierra, el agua, el aire, los minerales, los paisajes e incluso a las propias personas en objetos de mercantilización, y que este saqueo colonial recae con particular fuerza sobre los territorios indígenas porque allí persisten bienes comunes y formas de vida aún no completamente absorbidas por la lógica mercantil.

Pablo Rieznik desarrolló esta teoría en sus textos sobre "El Capital" y en obras como "Un mundo maravilloso: capitalismo y socialismo en el siglo XXI", insistiendo en que el capitalismo nace de una gran confiscación histórica, una expropiación violenta de campesinos, artesanos y poblaciones preexistentes, la destrucción de sus modos de vida y su conversión forzada en proletarios. Habla de la acumulación originaria como una gran confiscación y una expropiación y exterminio de las poblaciones preexistentes, citando literalmente el capítulo 24 de Marx para enfatizar que el origen del capital reside en la conquista, el saqueo y el genocidio, no en los ahorros honestos de una burguesía trabajadora. Esto se relaciona directamente con la colonización de América, el exterminio indígena, la esclavitud y la formación del mercado mundial como condiciones necesarias del capital.

Al mismo tiempo, en su lectura general de la historia del capitalismo, Rieznik propone que esa violencia no es un momento muerto sino que reaparece cada vez que el capital enfrenta límites a su valorización, expulsiones, privatización de bienes comunes, destrucción de formas precapitalistas. Allí tenemos nuestro puente teórico con el indigenismo en el que estamos trabajando: la masacre y el despojo de los pueblos originarios no son errores del pasado sino momentos recurrentes de acumulación, expresados hoy en el extractivismo minero, la soja, el petróleo y la enajenación de la tierra. Rieznik no desarrolló una política específica hacia los pueblos originarios, pero su contribución va al meollo del asunto demostrando que la acumulación originaria es genocidio y despojo de poblaciones preexistentes, y que sin asumir esto no existe un marxismo serio.

El FIT-U caracteriza el régimen de Milei casi exclusivamente en términos de ajuste o reforma, cuando en realidad la dinámica principal es la de un saqueo que combina reforma laboral, entrega de tierras, megaminería, leyes represivas, fracking y subasta de bienes comunes. Por eso no basta con hablar en abstracto ni con idealizar la centralidad de la clase trabajadora en un solo aparato o partido sin tendencias opositoras; lo que se necesita es una centralidad concreta en un partido con tendencias ya presentes en su prensa y documentos de todo el movimiento combativo de trabajadores y obreros, de la juventud precaria y de las comunidades originarias que están en la primera línea de la defensa del territorio, articuladas en una misma estrategia de poder contra el régimen saqueador.

La cuestión de la tierra es decisiva en este debate porque muestra de forma cuantificable cómo la soberanía territorial se convierte en una mercancía. Datos oficiales recientes indican que en Argentina existen alrededor de 266,6 millones de hectáreas rurales, de las cuales más de 13,2 millones están en manos extranjeras, es decir cerca del cinco por ciento de la superficie rural. Informes periodísticos y académicos publicados en 2026 resumen esta magnitud como más de trece millones de hectáreas en manos extranjeras, con Estados Unidos, países europeos y otras capitales transnacionales entre los principales propietarios. La legislación que establece un límite del quince por ciento a la propiedad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental ya está vigente, con al menos treinta y seis departamentos que superan ese umbral especialmente en áreas de alto valor estratégico. No se trata entonces de una abstracción académica sobre soberanía, sino de una transferencia efectiva del control territorial sobre superficies gigantescas que concentran agua dulce, minerales, ingresos agrícolas, corredores logísticos y biodiversidad.

La enajenación de tierras no es solo un problema nacional en el sentido jurídico, el caso del pueblo mapuche trasciende el territorio argentino chileno porque constituye sobre todo una modalidad concreta de subordinación del territorio a la acumulación transnacional en la que la tierra deja de ser un sustento para la reproducción social de comunidades y poblaciones para convertirse en un activo financiero, una reserva extractiva o un enclave de valorización. Esta dinámica es inseparable de la ofensiva contra los pueblos originarios, ya que las comunidades indígenas suelen ubicarse precisamente en zonas estratégicas para el capital minero, energético, forestal, inmobiliario y turístico. El despojo de tierras indígenas y la venta de territorio a capitales extranjeros no son procesos paralelos, sino dimensiones articuladas de una misma reorganización del espacio bajo el dominio del capital imperialista en decadencia.

En ese movimiento, la acumulación originaria se extiende al presente como acumulación por desposesión: se expulsa a las comunidades, se criminaliza la resistencia, se transfiere la tierra a grandes propietarios locales y extranjeros y se reescriben las normas para asegurar la explotación intensiva de los recursos, con el Estado capitalista como garante. Pero la actualización contemporánea de la acumulación originaria no solo afecta a las comunidades originarias, también se proyecta sobre la clase trabajadora en su conjunto porque cada ciclo de desposesión territorial reconfigura los salarios, el empleo, el acceso a la vivienda y el consumo popular. La comercialización de la tierra urbana y rural, la reducción de las políticas públicas, la expansión de la informalidad laboral y la pérdida de ingresos reales forman parte del mismo movimiento mediante el cual el capital recupera la tasa de ganancia descargando el costo de la crisis sobre los trabajadores empleados, precarios y desempleados, así como sobre las comunidades.

Los datos recientes sobre la situación social argentina son elocuentes: informes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA indican que la inseguridad alimentaria afecta a alrededor del quince por ciento de los trabajadores asalariados, incluyendo una fracción significativa de los que tienen empleo formal, y estudios posteriores muestran que más de ocho de cada diez trabajadores sufren algún tipo de vulnerabilidad alimentaria durante su jornada laboral, con un porcentaje que directamente no come durante el día. Es decir, el deterioro de la reproducción laboral ya no se expresa únicamente en estadísticas generales de pobreza, sino en algo más elemental: la imposibilidad de alimentarse adecuadamente incluso trabajando. La vivienda muestra una tendencia similar: diversas encuestas sitúan el déficit habitacional de Argentina en más de tres millones de viviendas, con estimaciones que lo elevan a cerca de cuatro millones, al tiempo que señalan la parálisis de miles de viviendas sociales con alto grado de avance y la existencia de millones de inquilinos en condiciones de gran vulnerabilidad.

Cuando se concentra la tierra, se enajena el territorio, se privatizan los bienes comunes y se dirigen los recursos hacia circuitos extractivos, el efecto no recae únicamente sobre quienes son desalojados directamente, depende también del precio de la vivienda, de la composición del empleo, del salario indirecto proporcionado por las políticas públicas, de los alimentos disponibles y del tiempo de vida que la clase trabajadora debe dedicar a sobrevivir. La pérdida del territorio indígena y la precarización laboral son momentos de una misma totalidad social: el capital reorganiza el espacio para apropiarse de la riqueza y al mismo tiempo abarata y deteriora las condiciones de reproducción de quienes viven para trabajar. Stéfano Varese aporta un elemento decisivo al señalar que la acumulación por desposesión no solo destruye los recursos económicos, sino redes sociales, culturales y ecológicas enteras. Donde avanza el saqueo, sostiene, hay pueblos debilitados, desiertos sociales y riqueza concentrada que ni siquiera se redistribuye hacia abajo porque tiende a reinvertirse en la propia reproducción de la clase dominante.

En ese sentido, el gobierno de Milei y la política de Bullrich contra el pueblo mapuche no son un accidente ideológico, sino un momento político de la acumulación capitalista contemporánea. La derogación de las leyes que protegen a las comunidades originarias, el vaciamiento del INAI, la criminalización de las comunidades como terroristas y la normalización de la venta de millones de hectáreas a capitales extranjeros forman parte de la misma lógica que Marx identificó como acumulación originaria y que Rosa Luxemburgo, Pablo Rieznik, Harvey, De Angelis o Varese actualizaron como despojo recurrente. La novedad no reside en la violencia, la novedad radica en que esta violencia opera sobre una clase trabajadora que al ver cómo se saquean los territorios pierde vivienda, salario, estabilidad e incluso la posibilidad de alimentarse adecuadamente. El punto de partida es comprender que la cuestión indígena no es un asunto sectorial ni un apéndice culturalista, sino un aspecto estructural de la formación capitalista dependiente. Sin una continua desposesión originaria no existe reproducción ampliada del capital en países como Argentina.

El problema de gran parte de la izquierda argentina, incluyendo al PO, MST, IS y PTS, radica en que abordan esta cuestión con un doble unilateralismo, por un lado reducen el conflicto indígena a una variante de la cuestión campesina o la opresión democrática en general, diluyendo su especificidad histórica; por otro lado, desconfiando del indigenismo como posible fuente de desviaciones pequeñoburguesas, terminan relegando la lucha de las comunidades a la periferia de su programa y su agitación. Esto conduce a su intervención práctica en casos como la criminalización mapuche, el desmantelamiento del INAI o la derogación de la ley de emergencia territorial, oscilando entre el apoyo episódico y una lectura meramente democrática, sin integrarlos como un eje permanente de la estrategia de poder.

En el Partido Obrero las limitaciones no radican tanto en sus declaraciones como en la estrategia que desarrolla. Suele intervenir eficazmente en conflictos específicos, apoya los bloqueos mapuches en Vaca Muerta, exige la liberación de los presos mapuches en Villa Mascardi, defiende la Ley 26.160 y denuncia la criminalización promovida por Bullrich y Milei. Sin embargo, continúa tratando la cuestión indígena como un problema democrático o agrario subordinado a la cuestión obrera, y no como un eje estructural del régimen saqueador. Esto se observa claramente en Santa Cruz y el Chaco. En Santa Cruz el PO propone aumentar las regalías mineras para financiar salarios y el presupuesto, aceptando la continuidad de la megaminería metalífera que destruye territorios y afecta directamente a las comunidades nativas, en lugar de proponer la prohibición de dicha actividad y la expropiación de las corporaciones bajo control obrero y comunitario. En el Chaco, donde la memoria del genocidio napalpí coexiste con desmontes, avance de la soja y expulsión de los pueblos qom y moqoit, su intervención se centra en denunciar a gobiernos y empresarios pero sin una política sostenida que también confronte la habilitación de negocios inmobiliarios y de tierras que se extienden sobre barrios populares y comunidades indígenas.

En el PTS la debilidad no reside en el discurso sino en la práctica. Habla de un partido obrero, pero su estructura concreta se asemeja cada vez más a un aparato propagandístico electoral, un frente que integra a peronistas priorizando la figura del referente mediático sobre la de los cuadros obreros con peso real en los lugares de trabajo. En el terreno de los movimientos, se apoya en un frente policlasista donde la unidad del movimiento suele pesar más que la delimitación de clase frente al kirchnerismo, las ONG o la pequeña burguesía progresista. La cuestión indígena se inserta en este esquema, se acompañan las luchas mapuches y se repudian los ataques racistas, pero más como un punto de la agenda que como un eje estratégico vinculado a la crítica de la acumulación por desposesión y el saqueo territorial. En el plano parlamentario su intervención oscila entre la denuncia y la adaptación, como en el caso Libra donde la participación en una comisión investigadora culmina en un informe enviado a la justicia sin traducirse en una campaña de movilización.

El MST también tiene profundas limitaciones frente al indigenismo, vinculadas a su orientación general hacia el peronismo progresista y el extractivismo con impuestos. Su decisión de convocar a votar o acompañar críticamente a Massa y al peronismo en las elecciones, es decir a una fuerza que promueve la reforma laboral, leyes represivas y la continuidad del modelo sojero minero, socava por completo la credibilidad de cualquier discurso en defensa de los pueblos y territorios indígenas. En el plano económico ambiental, el MST esgrime una crítica al extractivismo pero la articula en torno a la consigna que paguen los que se enriquecieron, promoviendo impuestos especiales y mayores regalías a las empresas mineras como eje central de su propuesta. Esto desplaza el debate desde la necesidad de la megaminería hacia la cuestión de cuánto se le cobra al explotador, aceptando de hecho que la actividad continúe. La confluencia con Izquierda Socialista en materia agraria refuerza esta lógica, desdibujando el papel protagónico de la agroindustria sojera en la deforestación, el acaparamiento de tierras y el avance sobre comunidades indígenas y campesinas.

En el caso del PCR, la adaptación se produjo a través del frente con el kirchnerismo y el bloque Soy. En 2008 presentó la huelga patronal como una rebelión chacarera, exaltando a los campesinos pobres y de clase media y ocultando que la verdadera dirección del conflicto estaba en manos del complejo exportador sojero. Esta orientación se consolidó luego con su integración al Frente de Todos, aceptando ser el brazo izquierdo de una coalición que mantenía el pago al FMI y el modelo extractivo sojero. Durante los gobiernos kirchneristas la extranjerización no se desarmó sino que se consolidó, como revela el Observatorio de Tierras de la UBA CONICET: casi el cinco por ciento del territorio argentino está en manos extranjeras, más de trece millones de hectáreas, una superficie similar a la de toda Inglaterra. La Ley de Tierras de 2011 estableció un límite del quince por ciento por provincia y departamento, pero no obligó a los grandes terratenientes ya instalados a desinvertir, simplemente congeló un mapa donde millones de hectáreas estratégicas ya estaban en manos extranjeras. Casos emblemáticos como el del grupo Benetton con unas novecientas mil hectáreas en la Patagonia nunca fueron cuestionados a fondo.

Javier Milei intentó derogar la Ley de Tierras Rurales con el DNU 70/2023, eliminando de un plumazo los límites a la compra de tierras por extranjeros. Posteriormente hubo fallos judiciales que suspendieron parcialmente dicha derogación, pero la orientación del gobierno es clara: convertir tierras, aguas y territorios estratégicos en mercancía liberada para el capital extranjero, profundizando la extranjerización en un mapa que ya había sido ampliamente cedido.

Ante estos límites, no basta con idealizar el indigenismo en abstracto, como lo hicieron en el pasado experiencias como la del PRT de Santucho. Si bien el PRT no era una organización indigenista en el sentido clásico, en algunas interpretaciones tendió a enfatizar sus raíces campesinas y las luchas del interior rural como una forma de nueva subjetividad revolucionaria. El problema no radicaba en priorizar la cuestión campesina o indígena, sino en hacerlo mediante una estrategia foquista que situaba a la vanguardia armada como detonante de un proceso que la propia clase no había hecho suyo. La operación de Monte Chingolo el 23 de diciembre de 1975 es el símbolo extremo de esa lógica: un intento de tomar un batallón de arsenales lanzado en condiciones de enorme aislamiento político y con un nivel de infiltración de los servicios de inteligencia que convirtió el ataque en una masacre previsible. La derrota militar no solo diezmó la organización, sino que reafirmó una línea que priorizaba las acciones espectaculares sobre la construcción paciente del poder desde abajo.

La lección que deja esa experiencia es clara: ni el foquismo aislado de la organización de masas, ni los frentes populares que subordinan a la clase trabajadora a proyectos ajenos pueden ser la vía estratégica del marxismo.

Cuando se analiza la práctica de la izquierda parlamentaria no basta con decir que denuncia, sino que hay que ver qué propone contra el saqueo específico. En diciembre de 2025 el Partido Obrero presentó un proyecto para aumentar del tres al quince por ciento las regalías que pagan las empresas mineras en Santa Cruz. La iniciativa no surgió aisladamente, los medios señalaron que la izquierda propone que las mineras hagan un aporte extraordinario para paliar la crisis económica. Por su parte, el MST salió a criticar el proyecto pero desde una posición que también centra el debate en los porcentajes de regalías, aceptando de antemano que el debate gira en torno a cuánto se cobra y no a si la actividad debe continuar.

El problema no está en usar cifras para denunciar el saqueo, sino en el marco estratégico. Cuando toda la lucha se ordena a que las mineras paguen más, la megaminería metalífera se acepta como un dato estructural de la economía provincial. Santa Cruz seguiría basando su presupuesto en una actividad que destruye glaciares, consume millones de litros de agua en zonas áridas y deja enormes pasivos ambientales. Eso es administrar mejor el extractivismo, no confrontarlo. Una izquierda consecuente debería partir de esos mismos datos para llegar a otra conclusión: la prohibición de la megaminería, la expropiación sin indemnización de las empresas, el control obrero y comunitario de los recursos y una transición productiva planificada para que ningún trabajador pague el costo de salir del saqueo.

A partir de esta doble crítica, a la subestimación de la cuestión indígena en la izquierda democratizante y a las ilusiones foquistas del guevarismo argentino, es posible esbozar un programa marxista para el indigenismo, entendido no como una moda identitaria sino como expresión concreta de la lucha de clases y de los pueblos oprimidos contra la acumulación por desposesión del imperialismo en decadencia. Nuestra perspectiva es que la violencia sistemática contra los pueblos originarios y el despojo territorial son formas actuales de acumulación originaria, y por lo tanto su lucha es constitutiva de cualquier estrategia revolucionaria que pretenda enfrentar seriamente al régimen saqueador, más aún en el contexto de una Tercera Guerra Mundial en curso que se libra como una guerra de saqueo y conquista de territorios, recursos y pueblos.

Un programa coherente debe partir del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios como naciones oprimidas dentro del Estado argentino, con derecho a la autodeterminación en el marco de un gobierno socialista, a la identidad cultural, lingüística y política, y a la propiedad comunitaria inalienable de sus territorios ancestrales. Esto no se entiende como una concesión democrática del Estado burgués, sino como parte de un programa de transición hacia una república de trabajadores y pueblos donde la forma estatal misma se replantee en términos de plurinacionalidad real y poder popular. Implica defender en lo inmediato todas las conquistas parciales, pero yendo más allá proponiendo la restitución de los territorios usurpados, la nulidad de los títulos fraudulentos y la expropiación sin indemnización de los grandes terratenientes y grupos extranjeros sobre las tierras reclamadas por las comunidades.

El vínculo explícito entre la lucha indígena y la de la clase obrera urbana y rural debe traducirse en consignas que unifiquen las reivindicaciones de los pueblos originarios, tierra, territorio y autodeterminación, con las de la clase trabajadora, tierra para quien la trabaja, vivienda digna para la clase obrera, expropiación de latifundios y tierras extranjeras. Esta articulación debe reflejarse en organismos de frente único, coordinadoras, asambleas, frentes territoriales, donde confluyan sindicatos combativos, movimientos piqueteros, trabajadoras mujeres, organizaciones indígenas y otras expresiones populares para elaborar conjuntamente reclamos y planes de lucha.

El control obrero y comunitario de los bienes comunes, el agua, los bosques, los minerales, la energía, debe oponerse a la lógica extractivista que impone renta al territorio. Cualquier emprendimiento energético, minero o agroindustrial en territorio indígena solo podrá realizarse si cuenta con el consentimiento de las comunidades, bajo control de los trabajadores y los pobladores, y orientado a las necesidades sociales no al lucro privado. La consigna no a la extranjerización de la tierra y los bienes comunes, nacionalización sin indemnización de las grandes empresas agropecuarias, mineras y energéticas bajo gestión obrera y comunitaria debe ocupar un lugar central.

La alianza estratégica entre movimiento obrero y movimiento indígena debe evitar la subordinación del indigenismo a frentes populares que lo integran como folclore mientras sostienen al capitalismo. El socialismo debe defender la autonomía y autodeterminación de las organizaciones indígenas frente a la cooptación estatal y las ONG, pero al mismo tiempo plantear una perspectiva de poder conjunto, no se trata de apoyar desde afuera la causa indígena, sino de construir un bloque histórico entre trabajadores, pueblos originarios y otros sectores oprimidos que tenga como horizonte la ruptura revolucionaria con el orden existente.

La política de memoria y reparación no puede limitarse a los símbolos. La exigencia de reconocimiento de los genocidios de la Campaña del Desierto, Napalpí y otros, la anulación de los homenajes oficiales a figuras como Roca, la incorporación de la historia indígena en la educación deben ir de la mano con medidas materiales: restitución de tierras con herramientas, tractores, ganado y semillas, reparación colectiva, inversiones en salud, educación y vivienda en territorios indígenas, y sanción a los responsables de la represión y la criminalización.

Finalmente, un programa para el indigenismo debe partir de la premisa de que el socialismo no es posible dentro de las fronteras nacionales ni sobre la base del saqueo territorial. Si la acumulación originaria es un proceso que se repite en el presente, el socialismo no puede concebirse como una mera estatización de las relaciones capitalistas, sino como una transformación radical de la relación sociedad naturaleza, de las formas de propiedad y del modo de vida. Esto implica aprender de las tradiciones de las comunidades indígenas donde han desarrollado efectivamente prácticas de solidaridad, lucha, reciprocidad y relación no mercantil con el territorio, y articularlas con la planificación democrática y la autoorganización obrera y socialista.

La crítica al PO, al MST, al IS y al PTS, al nacionalismo del PCR y a la experiencia foquista del PRT debe conducir a un marxismo que no reduzca la revolución a un solo partido o a la simple suma de corporaciones sindicales, sino que la piense como una construcción de poder desde abajo, con los trabajadores, con libertad de tendencias, y donde la cuestión indígena sea una dimensión constitutiva de una ruptura latinoamericana con el capitalismo dependiente. La lucha de los pueblos originarios por la tierra, la reparación y la autodeterminación no es una causa sectorial, sino una de las expresiones más avanzadas de resistencia a la barbarie del capital, junto a la de los jubilados, los obreros y los maestros.

A la luz del programa de transición de Trotsky se trata de articular esas luchas parciales como puente entre las necesidades inmediatas y la lucha por el poder, vinculando la defensa del territorio y la autodeterminación indígena con las condiciones de vida de toda la clase trabajadora: salarios, vivienda, alimentación, servicios públicos. Comprender que el capital que expulsa a los mapuches de sus territorios es el mismo que mantiene a los trabajadores de Argentina en la precariedad exige una alianza de obreros, campesinos y pueblos oprimidos bajo un programa común de ruptura con el imperialismo.

De ahí la necesidad de un partido obrero independiente, con libertad de tendencias, para recuperar los sindicatos como órganos de lucha e impulsar un congreso de autoorganización de la clase obrera y las comunidades originarias que sobre la base de reivindicaciones transitorias unifique esas resistencias en una perspectiva de poder obrero y socialismo. La incipiente Tercera Guerra Mundial se manifiesta en nuestro país como una guerra de saqueo y conquista de territorios, recursos y pueblos, comenzando por los pueblos originarios y extendiéndose a toda la clase trabajadora sometida a la precarización, la indigencia y la represión.

El conjunto de la Ley de Bases, el RIGI, la reforma laboral, la ley de destrucción de glaciares, la baja de la edad de imputabilidad y todo el entramado represivo forman parte de una misma ofensiva de guerra social contra los de abajo. En ese marco el peronismo no actúa como dique sino como socio menor del régimen, con senadores y diputados que votaron las leyes clave de Milei, mientras sus gobernadores se convierten en los principales impulsores del saqueo minero y la entrega de territorio a las multinacionales. Las cúpulas de las fuerzas armadas están políticamente integradas a ese dispositivo como parte de un gobierno cívico militar fáctico, garantizando la subordinación geopolítica a la OTAN y a los intereses de Estados Unidos mientras queda anulada cualquier defensa efectiva de la soberanía sobre Malvinas.

Los generales y altos mandos participan de negocios millonarios con la venta de activos del Estado que incluye terrenos militares, edificios públicos y predios ferroviarios. El caso más emblemático es el predio del Regimiento de Patricios en Palermo donde funcionan los hipermercados Jumbo y Easy, subastado y adquirido por Eduardo Costantini en 127 millones de dólares. A esa operación se suman la venta del edificio del Comando de Ciberdefensa en Puerto Madero, terrenos en La Plata y Neuquén, y la prevista subasta del predio donde funciona el Parque de la Costa en Tigre. En paralelo, gremios denuncian el cierre de plantas productivas en las fábricas militares de Río Tercero y Puerto San Martín, lo que genera preocupación en especialistas que advierten que sin capacidad de reaprovisionamiento el país no podría sostener un conflicto bélico por más de 48 horas.

La situación del personal subalterno militar es crítica: un soldado voluntario percibe entre 622.720 y 672.914 pesos mensuales, muy por debajo de la canasta básica, mientras unos 18.000 efectivos han solicitado el pase a retiro voluntario desde diciembre de 2023. Ese contraste entre una tropa empobrecida y una oficialidad con sueldos privilegiados asociada a negocios millonarios revela que el aparato castrense se ha convertido en cómplice del saqueo territorial y operador inmobiliario del capital. Su integración dócil a la estrategia militar de la OTAN y la renuncia práctica a cualquier política de recuperación de Malvinas colocan a las fuerzas armadas al servicio de la entrega y no de la defensa de los intereses populares.

Esta crisis del aparato militar no es un fenómeno aislado, sino una expresión concentrada de la forma actual de dominación en un país dependiente. La misma estructura que condena a la tropa a salarios de hambre es la que sostiene un gobierno que liquida el patrimonio estatal, entrega el territorio a las multinacionales y descarga sobre la juventud, los pueblos originarios y la clase trabajadora el peso de la guerra social del capital. La fractura entre base empobrecida y elite enriquecida funciona como laboratorio de lo que el régimen prepara para el conjunto de los explotados: una mayoría precarizada y descartable administrada por elites asociadas al ajuste, la represión y el extractivismo.

La reconfiguración del aparato represivo tiene su complemento en la reestructuración de los servicios de inteligencia: el gobierno de Milei disolvió la AFI y creó una nueva SIDE en paralelo al acuerdo de cooperación con la CIA y el Mossad para tareas de inteligencia sobre terrorismo y narcotráfico en la Triple Frontera, una cobertura perfecta para profundizar la injerencia extranjera. El ejecutivo avanzó en una trama más amplia de alineamiento con Israel, convenios con la fundación ILAN para trasladar el modelo israelí de innovación a programas de tecnología, educación y gestión estatal, y los llamados Acuerdos de Isaac para profundizar la cooperación política, económica, de seguridad y cultural con Tel Aviv. Este paquete consolida una cesión de soberanía en materia de inteligencia, seguridad y orientación ideológica de las políticas públicas, alineando la agenda argentina con las prioridades geopolíticas de Washington y del gobierno israelí.

De este modo el Estado argentino aparece cada vez menos como un mediador nacional y cada vez más como una sucursal local del dispositivo de seguridad y control de las grandes potencias, donde se combinan inteligencia, fuerzas armadas, justicia, sistema educativo y aparato ideológico al servicio de la guerra, el saqueo y la disciplina social. En esa configuración cualquier promesa de corrección interna del régimen desde las instituciones existentes se revela como una ilusión reaccionaria. Frente a este bloque, Milei, el peronismo cómplice de la reforma laboral, las cúpulas militares privilegiadas, el capital imperialista, la salida no puede ser el retorno al viejo equilibrio peronista ni la adaptación a su juego parlamentario.

De ahí la necesidad de un partido de trabajadores independiente, con libertad de tendencias y fracciones, que combine las demandas inmediatas de la clase, salario igual a la canasta familiar indexado, reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial, prohibición de despidos, reapertura de fábricas bajo control obrero, con un programa de ruptura con la deuda, el RIGI, la reforma laboral y todo el régimen de saqueo. Que coloque en el horizonte la huelga general política como herramienta para unificar las luchas contra el ajuste, las leyes antiobreras, la ofensiva represiva, el avance sobre los glaciares, la megaminería y la cesión del territorio, apoyándose en un congreso de autoorganización de la clase trabajadora y las comunidades originarias que articule esas resistencias en una perspectiva de poder obrero y socialismo.

Recuperar los sindicatos como organismos de lucha, romper su subordinación a la burocracia y al Estado, e impulsar un congreso de autoorganización de la clase obrera y las comunidades originarias es el eje para unificar la resistencia contra el despojo territorial, la ofensiva extractivista y la guerra social. Esta orientación exige también transformar el papel de la izquierda en el país: mientras el peronismo vota la reforma laboral que destruye conquistas y el FIT-U permanece anclado en una lógica de aparato y electoralismo impotente, es necesario abrir comités de base en cada fábrica, taller, escuela, facultad, hospital y barrio, comités abiertos donde todos los luchadores y todas las corrientes de la izquierda puedan confluir, debatir y decidir planes de lucha, coordinar huelgas, piquetes y boicots.

Esos comités no deben ser meras vidrieras electorales, sino organismos vivos de frente único y democracia obrera donde se elaboren campañas por el aumento general de salarios, contra la reforma laboral, por la derogación de las leyes represivas, la defensa de los glaciares y los bienes comunes, y la resistencia a la guerra y al saqueo imperialista. Solo una izquierda que eche raíces de ese modo en las masas, que combine la lucha contra el ajuste con la lucha contra el saqueo y la guerra, que enfrente tanto a Milei como al peronismo cómplice y a la cúpula militar asociada al imperialismo, podrá comenzar a forjar instituciones obreras con poder propio y abrir un camino real hacia la revolución socialista