Milei se arrastra tras los genocidas

Por Raúl Valle

Javier Milei intenta generar apoyo político para una medida que, en términos legales, está destinada a la derrota para indultar o beneficiar a los genocidas en un país con leyes, tratados y fallos muy claros contra la impunidad por crímenes de lesa humanidad.

Sabe que la justicia probablemente detendrá el intento, pero aun así impulsa el debate porque le sirve para marcar territorio ideológico, tensar el consenso sobre la memoria, la verdad y la justicia, y fidelizar a su núcleo. La operación parece más una guerra cultural que una política de Estado sostenible; busca traspasar los límites de lo que se puede decir, reinstaurar el negacionismo y obligar a todo el liderazgo a pronunciarse a favor o en contra de beneficiar a los represores.

Al observar la región, Milei encuentra espejos incómodos pero útiles para su narrativa, y el caso de Alberto Fujimori en Perú es el ejemplo más evidente. Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, y sin embargo, en 2017 recibió un indulto humanitario y un derecho de gracia que buscaba poner fin a su proceso penal, otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Dicho indulto fue duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos y por las propias víctimas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a los tribunales peruanos revisar la medida, considerándola un posible obstáculo al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Años después, el asunto continuó oscilando entre el Tribunal Constitucional y la justicia ordinaria, hasta el punto de que la Comisión Interamericana tuvo que intervenir de nuevo cuando se ordenó la liberación de Fujimori, dejando al Perú atrapado en una crisis de legitimidad institucional y en el constante desgaste de su sistema judicial.

Ese camino debería ser una advertencia, pero el mileísmo lo interpreta casi al revés, el movimiento de derechos humanos ve un ejemplo de cómo la impunidad desintegra un país, mientras que el gobierno ve la prueba de que las instituciones pueden ser forzadas al máximo y ganar tiempo político, aunque la justicia corrija después. Lo mismo ocurrió en otros episodios latinoamericanos donde se intentó proteger a genocidas y represores con leyes de amnistía, puntos finales o decisiones judiciales favorables. El costo siempre fue muy alto en términos de confianza social, aislamiento internacional y conflicto interno, y muchas de esas medidas terminaron siendo anuladas o vaciadas por la presión de las víctimas y las organizaciones internacionales. Lejos de traer la paz, la impunidad prolongó el conflicto y profundizó la deslegitimación de las élites políticas.

En Argentina, el margen es aún menor para Milei, ya que la Ley 27.156 prohíbe explícitamente los indultos, las amnistías o las conmutaciones de penas por crímenes de lesa humanidad, y dicha prohibición se sustenta en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, el Estatuto de Roma y la Convención Americana. Además, la propia Corte Interamericana, en casos como Barrios Altos y La Cantuta, dejó claro que los Estados no pueden utilizar los indultos ni beneficios equivalentes para anular condenas por graves violaciones de derechos humanos. Por esa razón, cualquier intento de indultar a genocidas en Argentina se vería acompañado de una solicitud de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, y tendría que enfrentarse a una jurisprudencia muy consolidada en su contra.

En ese contexto, Milei juega a otra cosa, incluso si sufre una derrota judicial, quiere ganar la batalla del sentido común. Quiere que lo que ha sido un mínimo desde 1983 se vuelva debatible, que los delitos de terrorismo de Estado sean imprescriptibles, no amnistiables y merezcan un castigo efectivo. Quiere plantear la cuestión de si "no es hora de dejar atrás los juicios", como afirman los abogados de los represores de Justicia y Concordia, y usar esa discusión para dar órdenes a sus tropas y acudir a la oposición, obligándola a definirse.

Al mismo tiempo, envía una señal brutal al exterior, un gobierno dispuesto a colisionar con el sistema interamericano para dar rienda suelta a genocidas convictos, justo cuando el mundo observa con lupa las regresiones en materia de derechos humanos. La referencia a Fujimori y otros casos de impunidad en la región no los legitima, sino que los expone.

Demuestra que el proyecto no es "liberalismo y modernidad", sino la vieja receta latinoamericana de indultar a los poderosos que cometieron los peores crímenes, aunque los tribunales luego establezcan un límite. Y deja claro que, aun sabiendo que se encamina hacia una derrota legal, Milei está dispuesto a arrastrar al país a esa confrontación para consolidar un bloque político que naturaliza la impunidad y degrada la memoria de las víctimas.